LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

 

 

Hace 150 años, en 1872, un filósofo del derecho, Rudolf von Ihering, publicaba "La lucha por el Derecho”, no sólo su obra más conocida, sino hasta el día de hoy una de las obras jurídicas más célebres y difundidas de la historia. En ella, parte afirmando:

“Todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación”.

En sociedades complejas como la nuestra, la democracia, como sistema político basado en la soberanía popular, la igualdad política de sus ciudadanos, el voto igualitario y universal, la participación ciudadana de manera representativa, pero también de manera directa, el respeto a los derechos humanos, etc., sólo puede estructurarse de manera clara y estable mediante leyes. Dicho de otro modo, si bien la democracia es más que eso, no puede ser menos. Normas de derecho definen las instituciones políticas de un Estado, las organizan y las limitan, también señalan como participan los ciudadanos, cómo se protegen los derechos fundamentales, etc.

Así las cosas, la historia de nuestro país parece haberse escrito para ratificar, en todas sus partes y desde todas las perspectivas, la aseveración de Von Ihering. Todo nuestro sistema jurídico, incluyendo nuestro sistema democrático, parcial, imperfecto, defectuoso y todo, no ha sido una dádiva de quienes han ostentado el poder. La lucha por la democracia, por un efectivo gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha sido un constante y permanente esfuerzo por irla conquistando, mantenerla, y por supuesto ampliarla. Una lucha que se ha dado en todos los frentes posibles, electoral, político, económico, sindical, ideológico. En algunos casos la lucha ha sido pacífica, en su mayoría no. Huelgas, tomas, manifestaciones callejeras, han sido las más de las veces las últimas herramientas de la lucha a las que ha recurrido el pueblo cuando ve que sus demandas no son escuchadas. La oligarquía nacional por su parte, aquella elite económica que pierde privilegios cada vez que el pueblo logra más conquistas, no sólo ha usado la mentira, el cohecho, el fraude, el miedo, sino que no ha trepidado en llenar nuestra historia de masacres y así son varios miles de personas asesinadas en estas luchas.

Ayer ocupamos todas las formas de lucha, incluidas las armas, contra una tiranía que violaba, asesinaba y torturaba, en defensa de la libertad y la democracia. Hoy estamos ante un momento histórico en la lucha por más y mejor democracia. Tenemos la posibilidad real de poner fin a uno de los peores engendros de esa dictadura, una Constitución antidemocrática, que teme al pueblo, escrita para perpetuar la explotación y el apoderamiento de las riquezas en beneficio de unos pocos, cuyo principal objetivo parece que hubiera sido transformar los derechos de las personas (educación, salud, previsión, …) en mercancías, para el mayor enriquecimiento de quienes podía negociar con ellos. Y como ya lo adelantara von Ihering, una vez más será necesario “arrancar” derechos a quienes se resisten el cambio, y para ello no vacilan en mentir, amenazar, intimidar, y utilizar la más amplia gama de medios de comunicación para lograr engañar.

Frente a l constitución del dictador se levanta una constitución no sólo originada con el más profundo proceso democrático que jamás haya existido en nuestro país, sino que además mejora y aumenta, como tampoco habíamos conocido nunca, el ejercicio de la propia democracia.

Desde luego nunca debemos dejar de valorar el proceso por el que llegamos a esta posibilidad. En primer lugar una sublevación popular como no había habido en décadas, en la que millones de persona expresaron en las calles su descontento con un sistema que los explotaba, los oprimía, los vejaba en su dignidad, se burlaba de ellos. Un procedimiento “arrancado” a la fuerza a quienes hasta hace poco se habían negado precisamente a ello, con paridad de género y presencia de los pueblos originarios. Por si fuera insuficiente, con un texto cuyo articulado fue aprobado, uno a uno, por más de los dos tercios de los convencionales elegidos democráticamente para redactarla.

Por primera vez en nuestra historia se nos propone una Constitución que consagra una democracia inclusiva y paritaria, que se ejerce en forma directa, representativa, comunitaria, con iniciativa popular de ley, con una organización territorial con altos índices de autonomía, que presenta serios resguardos y sanciones contra la corrupción política, que reconoce el trabajo doméstico, que protege el medio ambiente y obliga al Estado a adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los efectos provocados por la crisis climática y ecológica, que define como bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y los humedales, el aire y la atmósfera, la alta montaña, los bosques nativos. Y todo esto, acompañado, además de los derechos tradicionalmente garantizados en este tipo de textos, por nuevos derechos individuales y sociales, como a una vivienda digna, una educación laica y gratuita, un sistema de seguridad social efectivamente social, …

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Hoy la lucha por la democracia continúa,… y nuestro mayor esfuerzo debe estar centrada en lograrun triunfo abrumador del APRUEBO.

Santiago 7 de agosto de 2022.

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ALGUNAS RAZONES PARA EL APRUEBO DE SALIDA

 

ALGUNAS RAZONES PARA EL APRUEBO DE SALIDA

 

 

La Comisión Constituyente aún no ha terminado su trabajo, pero claramente ya es posible pronunciarse sobre éste, por cuanto los aspectos principales ya están resueltos. Atendido esto, y aun cuando hay innumerables motivos para votar Apruebo, en mi opinión hay tres tipos de razones que vale la pena destacar.

1.    Nuevo texto

En primer lugar, el contenido logrado por el nuevo texto. Desde luego no hay posibilidades de exponer todo lo que este contiene, y aún cuando hay cosas que no comparto plenamente, en lo central, se trata de un texto que logra plasmar los principales anhelos de la ciudadanía.

El primer tema a destacar es que desaparece el Estado subsidiario y se reemplaza por un Estado solidario. La consagración constitucional de un estado subsidiario, que estableció la Constitución del Dictador, significa que entrega a la iniciativa privada la satisfacción de las necesidades básicas. El Estado sólo puede intervenir en aquellas áreas donde no pueden o no quieren hacerlo los particulares. Ello significa que áreas como vivienda, salud, educación, pensiones, quedan entregadas al libre flujo de la oferta y la demanda, con mínimas posibilidades de intervención estatal, especialmente referidas al control.

En segundo lugar, en este nuevo texto se establecen verdaderos derechos para las personas. O dicho de otro modo, la Constitución de la dictadura, bajo el acápite de derechos constitucionales, lo que en verdad estableció fueron una serie de privilegios para quienes dependiendo de su patrimonio personal o familiar tenían el poder para dárselos. El derecho a la educación se convirtió en el derecho a la libertad de educación, es decir, de los empresarios para crear jardines, colegios o universidades y el de los apoderados para “elegir”, si tienen plata para optar a uno u otro. Con el derecho a la salud pasa algo similar. Quien tiene recursos elije una Isapre, quien no los tiene, debe conformarse con esa opción “subsidiaria” que es FONASA. Con el derecho a la seguridad social la situación es aún peor. Primero porque no es “social”, sino capitalización individual en la cual cada uno se defiende con sus propios recursos. Y segundo, porque aquí ni siquiera hay una posibilidad de elegir la opción subsidiaria, un sistema estatal. Aquí la única alternativa es elegir quien te asalta, si una AFP u otra.

A ello podemos agregar que por primera vez vamos a tener un estado multinacional, intercultural, ecológico, descentralizado, con democracia paritaria, y la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos como sus fundamentos. 

En definitiva, el texto de la Nueva Constitución consagra una serie de normas que va a hacer muy bien a nuestro pueblo.

2.    Un proceso ejemplarmente democrático

La segunda razón es que esta Nueva Constitución es resultado de un proceso tan profundamente democrático como no ha habido ninguno en la historia de nuestro país, y probablemente pocos en el mundo. Como es sabido, su origen se remonta al estallido social, en donde el pueblo, en las calles, exigió la elaboración de una nueva constitución. ¡Y vaya que costó caro!

Como una alternativa para detener la revuelta social hubo un acuerdo sobre la manera esencial de llevar a cabo el proceso por un grupo de partidos y personas. Dicho acuerdo debió ser democratizado más, incorporándose paridad entre los elegidos y reservando asientos especiales para representantes de los pueblos indígenas. Más tarde una abrumadora mayoría aprobó la necesidad de una Nueva Constitución y que ésta fuera redactada por constituyentes elegidos especial ente para ello.

Mas adelante, y de la manera más democrática conocida en nuestro país, se eligió a las personas que el pueblo considerá idóneas para redactar un nuevo texto.

Durante el proceso de redacción se recibieron miles de propuestas de la ciudadanía, de instituciones, como de especialistas, en las diversas materias, las que fueron consideradas por las diferentes comisiones

Por último, todas las normas aprobadas lo fueron con dos tercios o más de los votos de los constituyentes.

Atendido lo anterior, y si sólo debiéramos reconocer ese ejercicio democrático, deberíamos votar Apruebo.

 

3.    La “alternativa”

Y la tercera razón para aprobar este nuevo texto, es que si se rechaza, lo que queda vigente es la constitución del Dictador. No hay otra alternativa.

La misma derecha que no quería cambiarla, que enterró el proceso empezado en el último gobierno de Bachelet, que votó rechazo para no cambiarla, que puso un altísimo quorum a los constitucionalistas para aprobar cada norma, hoy nos quieren hacer comulgar con ruedas de carreta, para lo cual nos mienten doblemente: “rechazar para mejorar”.

En primer lugar, nos mienten porque esta última opción no existe. Sólo hay dos alternativas. La norma constitucional es clarísima sobre el plebiscito de salida, o esta Nueva Constitución, o la del dictador. Por lo demás, si de reformas se trata, la Nueva Constitución también establece un mecanismo que permite modificarla

Y en segundo, nos mienten porque no existe tampoco un acuerdo sobre lo que puede significar “mejorar” una constitución. ¿Quién define lo que significa “mejorar”? ¿Los parlamentarios que el pueblo despreció mayoritariamente en el plebiscito de entrada para que cumplieran esa función? ¿Una “comisión de expertos”? ¿Acaso no intervino ya una gran cantidad de expertos en la redacción del nuevo texto?

En verdad esa inexistente alternativa es sólo un esfuerzo más de quienes no desean perder sus privilegios, …y de quienes están dispuestos a servir para ello.

Como millones de chilenos, el próximo 4 de septiembre voy a votar APRUEBO.

 

Santiago 21 de junio de 2022

 

 

 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

 

 

El gravísimo nivel de delincuencia con que el gobierno anterior entregó al país, constituye sin duda una de las mayores preocupaciones de los habitantes y deberá ser uno de los aspectos centrales con los que deberá lidiar el actual gobierno. La calidad de vida de millones de habitantes se ha visto alterada sustancialmente por el miedo. El asalto, los portonazos, el robo, las balaceras, el “ajuste de cuentas”, son algunas de las manifestaciones más visibles de una situación de inseguridad como no habíamos tenido antes.

Abandonadas las viejas manifestaciones sobre un posible “criminal nato”, hoy no cabe duda que el delincuente “no nace, se hace” y en ese sentido, son las características específicas de una determinada sociedad las que explican su nivel y modalidad. Y en nuestro país no hay duda que ha influido un tipo de sociedad en que millones de personas, especialmente de jóvenes, no sólo carecen de futuro, sino aún de presente. Falta de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, de pensiones adecuadas, en definitiva, de condiciones de vida digna, acompañadas por el abuso y aún por la verdadera burla, (“compren flores”, “levántense más tempranos para tener pasajes más baratos”, “no vayan a hacer vida social a los servicios de salud” o clases de ética como sanción) de quienes ostentan el poder económico, político y social, han resultado un caldo de cultivo para todo tipo de manifestaciones anómicas. También ha contribuido un sistema jurídico penal ineficiente, una corrupción policial enorme y una falta de voluntad política sistemática para enfrentar el problema desde una perspectiva global.

Dentro de estas manifestaciones, la criminalidad organizada emerge como un factor relativamente nuevo en nuestra sociedad, y probablemente uno de los más peligrosos.

En 1995, Naciones Unidas organizó, en El Cairo, el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Entre los temas relevantes que consideró este Congreso estaba el de la delincuencia organizada, aspectos que por lo demás venía tratándose ya desde congresos anteriores. En aquella oportunidad nos correspondió redactar una de las ponencias de nuestro país, y asistir a dicho evento en representación de Chile. Uno de los aspectos que se debatió, hasta el último minuto de la ponencia que presentábamos, era la existencia o no en nuestro país de organizaciones criminales. Pero el debate no fue técnico, sino más bien político. ¿Afectaba la imagen de Chile el reconocer la existencia de dicho tipo de manifestación delictual?

Hoy esta discusión carece de sentido. Nadie duda de la existencia en nuestro país de dicho tipo de organizaciones. Y si ayer el tema se refería exclusivamente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, hoy no cabe duda que además de ellas, tenemos otras que se dedican al negocio de las armas, el tráfico y la trata de personas, el robo de vehículos de alto precio para sacarlos del país y venderlos fuera, las redes de prostitución y aún algunos hacen referencia al sicariato y la eliminación de cadáveres.

Sin duda el problema necesita una solución global, a mediano y largo plazo, que aborde tanto sus factores predisponentes como aquellos que pueden estimarse desencadentes. Pero también es necesario enfrentar, con urgencia, líneas de intervención a corto plazo.

La criminalidad organizada es, por definición, una actividad con fines de lucro, es decir, en definitiva, un negocio. Ya sea que se venda una mercadería -ilícita como la droga o las armas, o más barata como los bienes robados- o que se preste un “servicio” -ilícito como el tráfico y la trata de personas- lo cierto es que siempre es un negocio. Hacernos cargos de esa realidad es la primera condición para enfrentarlo.

Atendido lo anterior, hay algunos aspectos en donde centrar el enfrentamiento que debieran considerarse: la eliminación o reducción de la mercadería que se vende o el servicio que se presta, la disminución sustancial de los beneficios que el delito reporta, y la eliminación o disminución de los factores que permiten la mantención y desarrollo de la actividad.

Respecto de lo primero, es absolutamente razonable que discutamos seriamente la posibilidad de legalizar el consumo y venta al menos de la marihuana. La política de “guerra a la droga”, impulsada y orientada desde los Estados Unidos, centrada en combatir la “oferta”, olvidando definitivamente la “demanda”, (el mayor consumidor de drogas del mundo es precisamente Estados Unidos y allí no hay “guerra a la droga”), ha traído un costo brutal en vidas humanas, (solo la invasión norteamericana a este país para secuestrar a Noriega significó más de 3.000 muertos), recursos económicos, (aviones, autos, armas, policías, jueces, fiscales, cárceles, gendarmes, …) destrucción del medio ambiente (sólo en Colombia el año 2012 se fumigaron aéreamente 100.549 ha., especialmente con herbicidas que contenían glifosato), violaciones masivas a los derechos humanos, etc. etc. etc. para los países del sur del río Bravo, especialmente México, Colombia, Guatemala, Bolivia y Perú, y ha fracasado rotundamente. Hace tiempo que es tiempo de repensar este enfoque.

Por otro lado, la política irracional mantenida en materia de migración, en donde se ofrecieron puertas abiertas para recibir migrantes venezolanos (incluso se les ofreció una visa especial, la pomposamente llamada “Visa de Responsabilidad Democrática”) y luego se procedió el cierre de las fronteras a su ingreso legal, han potenciado su entrada ilegal y así el tráfico de personas. Criminalidad organizada esta última que potencia además la trata de personas, el tráfico internacional de productos ilegalmente adquiridos, como vehículos, amén de las crisis humanitarias que hemos visto en el norte de nuestro país. Se hace imprescindible encausar por vías legítimas la migración, como requisito indispensable para combatir no sólo el ingreso ilegal, sino particularmente el tráfico y la trata de personas.

Por otro lado, tratándose de un negocio, la pérdida de las utilidades es uno de los más eficientes mecanismos para la eliminación o disminución significativa de éste. No sólo desmotiva a seguir en él, sino que además hace desaparecer los recursos que permiten su continuidad. La lucha contra el “lavado de activos” entrega resultados ridículos en nuestro país. Cada vez que las policías incautan una cantidad de drogas que consideran importante, le entregan a la prensa la supuesta cifra de dinero que ella representa. Siempre son cientos de millones. Y cuando se trata de incautaciones de dinero o bienes, las cantidades son verdaderamente risibles. Así, la PDI señalaba en un reporte que aún es posible leerlo en su página, que durante el año 2020 había incautado $693.216.848 en que el tráfico de drogas era el delito base, y ni un solo peso incautado por tráfico de armas, por ejemplo. Carabineros entrega cifras que tampoco resultan estimulantes al respecto. En verdad un solo narcotraficante de poca envergadura maneja esas cifras.

Dado que las utilidades de cualquier negocio se mueven en dinero efectivo o mediante la banca, y las distintas áreas del crimen organizado mueven miles de millones de pesos, no debiera resultar tan difícil un mayor control. O el principio “conozca a su cliente”, (una de las primeras reglas a nivel internacional, destinado a combatir el crimen organizado) que obliga a los bancos y entidades financieras a conocer las actividades económicas que realizan sus clientes y que explican las operaciones bancarias que realizan, pareciera no estarse cumpliendo. Y las compras en dinero efectivo que debieran producir sospechas (autos de lujo, joyas, viajes, etc.) tampoco están siendo detectadas. O peor aún, quienes terminan beneficiándose con el lavado de activos, instituciones como la banca, financieras, y locales de venta de bienes de lujo, no están cooperando.

Por último, hay dos mecanismos que permiten el mantenimiento del crimen organizado, las armas y la corrupción.

Claramente el tema de las armas está desbordado. Cada año hay una mayor presencia de armas de fuego en poder del crimen organizado. Llama la atención el tipo de proyectiles utilizados, su calibre y su sofisticación, decía el Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico del año 2020.

Y en Chile, como en toda Latinoamérica, la guerra a las drogas ha tenido mucho que ver en el aumento de la violencia y el acrecentamiento de la presencia de armas. Y como un verdadero deja vu, Estados Unidos tiene también mucho que ver en esto, pues la gran mayoría de las armas que llegan a nuestros países han sido traídas, legal o ilegalmente desde allá.

En esta materia, los resultados también se muestran insignificantes. Hace sólo unos días que Carabineros dio cuenta que en los cuatro primeros meses del año se incautaron 1008 armas de fuego, 697 armas cortas, 139 largas y 172 hechizas, adaptadas o modificadas. Es decir, poco más de 3.000 al año. Y aunque obviamente las cifras de armas ilegales que hay en nuestro país no son precisas, todas las estimaciones hablan de varios cientos de miles. El Diario Financiero señalaba en enero del 2021 que expertos del Ejecutivo entregaban un rango: entre 250 mil y 500 mil. Y no puede extrañar, ¡Si hasta de los recintos militares se las roban!

Por último, recordemos también que el otro gran mecanismo que permite la mantención del crimen organizado es la corrupción. Y ésta ya la tenemos aquí enquistada en nuestra realidad, en muy diferentes ámbitos. En julio del 2021 el ex alcalde de San Ramón, municipalidad símbolo de lo que se ha dado en llamar “narcopolítica”, ingresaba a la cárcel por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En enero de este año CIPER, con el significativo título de “Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones”, denunciaba que entre el 2014 y el 2016, 55 carabineros (una investigación anterior sólo había identificado a 40) fueron investigados internamente por nexos con el narcotráfico. En marzo de este mismo año la Fiscalía Regional de Aysén solicitaba 8 años de cárcel para la jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto, acusaba de entregar datos a su hijastro sobre la indagatoria que seguía el Ministerio Público por sus actividades como narcotraficante.

 

 

Santiago 5 de mayo de 2022

DEREHOS SOCIALES Y NUEVA CONSTITUCIÓN

 

Si hacemos un muy breve retorno a ese octubre de 2019, podemos ver con facilidad que entre las peticiones más recurrentes de la ciudadanía estaban pensiones justas, vivienda, educación laica, gratuita y de calidad, prestaciones oportunas de salud, descanso, derecho a huelga, en definitiva, ciertos “derechos” que hoy, en el debate nacional identificamos como “sociales”. 

La Convención Constituyente (C.C.) ha avanzado, en los últimos días de manera muy acelerada, en la consagración de numerosos de esos derechos en el texto que se propondrá para su aprobación. Y esta situación ha hecho a la derecha aumentar la presión y la propaganda del “rechazo” a límites pocas veces vistos. Basta leer El Mercurio de cualquier día desde hace ya varias semanas. En verdad esta situación les complica por varias razones. Desde luego, porque su consagración hará exigible al Estado la implementación de estos derechos subjetivos, lo que obligará a una repartición más equitativa de las riquezas de nuestro país, y consecuentemente disminuirá el nivel de apropiación que los poderosos hacen día a día de ella. Además, razonablemente aumentará la injerencia del pueblo, más sano, más informado, con más tiempo libre, mejor asociado, en las decisiones que el país deba tomar. Por otro, la concreción de los anhelos más sentidos por la población en el texto constitucional que se redacta, facilita las posibilidades de un triunfo más amplio del Apruebo de Salida, que es en verdad el verdadero temor que en estos momentos moviliza a todos los sectores que ven amenazados sus privilegios, y que, si bien comprende esencialmente a la oligarquía, y por cierto a quienes son, conscientes o no, sus lacayos, también lo hace con quienes sin ser parte de ella, se han beneficiado con el modelo.

La lucha contra la Nueva Constitución es para la derecha, en este ámbito, más compleja. No resulta fácil, sin asumir un alto costo político, salir pidiendo que no se consagren los sentidos derechos demandados por la inmensa mayoría de los chilenos, por lo cual, la estrategia para combatirlos tiene que ser especialmente diseñada. De partida, varios de ellos han sido votados a favor por sus representantes, pero de inmediato han salido a cuestionar algún aspecto de ellos, buscando generar un manto de dudas sobre todo los supuestos intereses de los convencionales, atribuyéndoles por ejemplo querer simplemente sancionar una determinada ideología. En esta línea si bien son innumerables los discursos que los partidarios del rechazo han presentado, probablemente uno de los más llamativos ha sido el atribuir estas intenciones a quienes no quisieron aprobar que el derecho a la vivienda sancionado fuera “derecho a la vivienda propia”.

Otra línea argumental señala que la incorporación de esas normas no solucionarán los problemas (como si alguien hubiera dicho una cosa similar), pero sobre todo, que dichas normas resultan imposibles de cumplir. A partir de esta argumentación, en los últimos días ha surgido una nueva, desarrollada recientemente por Alejandro Vigo, académico de la Universidad de los Andes (¡cómo no!), quien en una entrevista publicada por El Mercurio hace sólo unos días (22.04.2022, CC 2), bajo el sugerente título “El anzuelo totalitario es decirles que no le están dando totalitarismo, le están dando derechos”, sostiene básicamente que una constitución no garantiza nada, y por el contrario, en este caso, otorga poder al Estado para inmiscuirse en todo, y a partir de eso, promover gobiernos totalitarios.  Textualmente señala “…se presenta como dispositivo de garantía algo que no puede producir ninguno de esos resultados, pero entretanto habilita al poder para intervenir en todos los aspectos de la vida.” Y como prueba irrefutable de su verdad agrega “¿Por qué son los gobiernos más autoritarios los que más proclaman derechos?”  Esta misma argumentación ha sido reiterada hoy, domingo 24, por Javier Macaya, presidente de la UDI.

En verdad es obvio que ante situaciones como los derechos sociales no es la norma la que resuelve un problema determinado, sino la implementación práctica de ella la que lo hace, (siempre y cuando dicha norma efectivamente muestre caminos adecuados). Pero de ahí a sostener que la norma constitucional nada aporta en la solución del problema, hay una enorme distancia. 

Largo sería aquí desarrollar las principales funciones de un texto constitucional, pero bástenos recordar que una regla de esa envergadura tiene al menos funciones simbólicas, educativas y normativas. Es decir, de partida, al incorporarse ciertos derechos dentro de la norma nacional de mayor jerarquía, ya se está resaltando la importancia de ellos y particularmente de lo relevante que son para tener condiciones básicas de vida digna. Por otro lado, enseña, en este caso, cuales se consideran las condiciones mínimas para una vida digna, a un amplio sector de la población, pues el texto de la constitución trasciende los espacios de abogados, jueces y especialistas en derecho, mas que ningún otro. Y si además resulta aprobado en un plebiscito con participación obligatoria, su lectura y análisis será aun mayor. No sólo eso, en los años sucesivos a su aprobación, debiera transformarse en un texto de estudio obligatorio para nuestros estudiantes de enseñanza media. Y sabido es que la familiarización con contenidos de esta naturaleza puede cambiar radicalmente la perspectiva de exigencias hacia los gobiernos y las instituciones por parte de la población.

Y por último, y por cierto no es menor, obliga al aparato del Estado, con todas sus instituciones, a dar cumplimiento a aquello que los ciudadanos le demandaron al aprobar ese determinado texto.

Y en cuanto a que serían los países totalitarios los que más derechos consagran, olvida el profesor de la Universidad de los Andes que los derechos sociales propuestos para nuestra nueva carta fundamental no fueron inventados por “países totalitarios”, sino que han ido ganándose en la lucha histórica de los pueblos por conseguir condiciones de vida más dignas, y que hoy son considerados tan esenciales que en su mayoría forman parte de ese cuerpo socio histórico de valores conocido como “Derechos Humanos”.

Recordemos que si bien en un primer momento se dio especial énfasis a los derechos esencialmente civiles y políticos, ya el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) señalaba que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez….”,  y que más adelante, esto es, hace ya más de 48 años, el 3 de enero de 1976, entraba en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que entre otras cosas reconocía en su Preámbulo que “…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

En verdad, en estas materias, la Convención Constituyente no está haciendo nada especial, nada extraordinario, simplemente está consagrando en nuestro ordenamiento nacional, a nivel constitucional, derechos sociales que la humanidad viene reconociendo desde hace décadas. Y si alguien le parece novedoso o sorprendente, ello sólo se debe a que llevamos 40 años con la Constitución de la dictadura, que hasta hoy no sólo no los reconoce explícitamente, sino que los niega como derechos, en algunos casos de manera directa, como varios de los derechos sindicales, o de manera indirecta, como con la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, pues al entregarlos al mercado, dejaron de ser “derechos”, para ser simples mercancías al alcance de quien las pueda pagar. Y si a eso agregamos un estado “subsidiario”, esto es que no puede intervenir allí donde lo hacen los particulares, la condición de “derecho” desaparece totalmente. 

En los próximos meses tendremos la oportunidad histórica de cambiar esa triste realidad, para nosotros y para quienes vendrán masa adelante.

YO, APRUEBO DE SALIDA.

Fernando García Díaz

SISTEMA JUDICIAL: EL MITO SANGRIENTO

 

Entre los múltiples mitos que el capitalismo ha ido atribuyendo al Estado, está el de la supuesta imparcialidad del Poder Judicial. Según la clásica teoría de separación de los poderes, de la cual Montesquieu es uno de sus precursores, éstos debían ser independientes entre sí, y además especializados. El Poder Judicial además debía tomar sus decisiones atendiendo exclusivamente a criterios de objetividad, sin influencias de sesgos, prejuicios o intereses extrajurídicos.

La alegoría de la justicia, una dama con los ojos vendados que en una mano sostiene una balanza y en la otra una espada destaca la supuesta imparcialidad. La venda impide ver a quienes litigan –y por tanto inclinarse en favor de uno de ellos por razones ajenas al juicio- y la balanza debe pesar, con absoluta objetividad, las diferentes pruebas rendidas, a fin de que el fiel se incline hacia donde aquellas efectivamente tenían mayor “peso”.

Es cierto que la idea de una justicia imparcial es bastante más antigua que el capitalismo, pero es sólo con éste que la función jurisdiccional se atribuye a un supuesto poder autónomo, independiente e imparcial.

La verdad es que el “sistema jurídico” en su conjunto, esto es el sistema normativo (leyes, reglamentos, decretos, etc.), el sistema judicial (jueces, ministros, fiscales, abogados, etc.), y el sistema de cumplimientos de sentencia (policías, gendarmes,…), como el sistema administrativo que acompaña todo esto (notarios, conservadores, receptores,…) deben resultar funcionales al sistema político capitalista, es decir, a quienes son dueños de la riqueza, a los poderosos, más allá por supuesto de los casos individuales que simplemente confirman la regla. (Y por cierto de que algunos de sus funcionarios se crean verdaderamente el mito).

Como todos los mitos, el de la imparcialidad cumple funciones importantes en la vida social. Él es parte sustancial de la cultura de clase, del pensamiento hegemónico que desde todas las estructuras de poder se ha ido imponiendo. Y no podía ser de otro modo. Su función principal es justificar, otorgar consuelo, en definitiva calmar a los perdedores.

Esta realidad mitológica es aún más brutal en el ámbito de la justicia penal. Y el pueblo lo ha sabido desde siempre.  Unos versos rescatados de un muro de la cárcel pública de Santiago a fines del siglo XIX, y a los que ya hemos hecho referencia en otro artículo, describían, hace unos 130 años, con gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:

 

“En este lugar maldito,

donde reina la tristeza,

no se sanciona el delito,

se sanciona la pobreza.”

 

Pero el sistema insiste, “…nadie ingresa al Poder Judicial marcado para favorecer a gente más rica…”, dijo recientemente la vocera de la Corte Suprema, rechazando lo afirmado por la Ministra Siches.

Ahora bien, cada vez más, todo el sistema, y en este caso sólo nos referiremos a las resoluciones judiciales, debe tomar medidas para que su “imparcialidad” no sea cuestionada, para que el mito siga explicando y consolando. El discurso público exige que el mito siga manteniéndose, como requisito indispensable del mantenimiento del sistema. Y ello exige al menos guardar las apariencias. Esto es, la parcialidad que se ejerce no puede ser tan brutal que hasta un niño sea capaz de descubrirla.

Pero frecuentemente la realidad es más poderosa, y ni siquiera las apariencias pueden guardarse de manera medianamente digna.

En los últimos años nuestro sistema penal ha sido pródigo en colaborar con la destrucción del mito. O lo que es lo mismo, algunas de sus resoluciones han sido incapaces de pasar el rasero más básico en su sistema de encubrimiento. Ahí están, como ejemplos dignos de una verdadera antología de la corrupción jurídica, la absolución de Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, presidente del P. Nacional, que manejando en estado de ebriedad atropelló y dio muerte a Hernán Canales Canales y luego se fugó, o la condena a recibir clases de ética a Carlos Délano y Carlos Lavin por los delitos tributarios cometidos e investigados en el llamado caso Penta, el año 2018, mientras el año anterior, el 2017, “…3 mil 92 personas inocentes estuvieron privadas libertad para luego ser absueltas en Chile…” (Jorge Moraga Torres, Defensor Regional de Aysén).

La porfiada realidad en estos días nos vuelve a tirar el mito por la borda, y una vez más nos permite la comparación más cruel. Mientras cientos de detenidos por el estallido social pasaron meses privados de libertad, para luego ser absueltos por falta de pruebas, la ex alcaldesa UDI de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por delitos de fraude al fisco, ni siquiera fue sometida a la medida cautelar de prohibición de salir del país, y pudo fugarse tranquilamente por el aeropuerto de Pudahuel.

Por supuesto se buscará a los responsables.

¡Es parte de la mantención del mito!

 

 Santiago 26 de marzo de 2022

UN FANTASMA RECORRE CHILE, EL FANTASMA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

 

En estos días hace 174 años que en Londres, un par de jóvenes alemanes, de 29 y 30 años, publicaban (febrero de 1848), el que sin sospecharlo, iba a ser uno de los más relevantes documentos políticos elaborado en la historia de la humanidad. Así, bajo el título "Manifiesto de Partido Comunista", Marx y Engels entregaban a los trabajadores del mundo una de sus más potentes armas en la lucha por la defensa de su dignidad, un folleto de apenas 23 páginas, consistente básicamente en una declaración de principios de la recientemente renombrada Liga de los Comunistas, que entre otras cosas consideraba una novedosa explicación de la historia, en la que de parias de la historia, transformaba a los trabajadores en sus protagonistas.

El documento mencionado empezaba con esa frase que décadas después, y especialmente luego de la Comuna de París en 1871, se hiciera famosa "Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo". Y agregaba “Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma…”

En 1848, cuando la ciencia estaba aún en pañales, y todavía no se apagaban los sueños -y las pesadillas- del romanticismo, los fantasmas no eran cualquier cosa, tenían vida propia en las mentes de millones de europeos, y su sola mención era capaz de aterrorizara millones. Frente al temor que la sola palabra “comunismo” desataba en muchos, Marx y Engels concluyen dos cosas. La primera, que se debía reconocer al comunismo como una potencia, y la segunda, que ya era hora que los comunistas dieran a conocer al mundo su modo de pensar, sus fines y tendencias, en definitiva que a la fábula del fantasma opusieran un documento que diera cuenta de la verdad.

A miles de kilómetros de Londres, en Chile, 171 años después, millones de personas nos manifestamos, de diferentes maneras, en octubre del 2019, exigiendo transformaciones profundas para nuestro país, educación, pensiones, salud, vivienda, trabajo digno, entre otros múltiples requerimientos. Ello daba cuenta de la necesidad de estructurar un nuevo modelo de sociedad, más democrática, más inclusiva, más solidaria, que junto con reconocer derechos sociales verdaderamente dignificara la vida de sus habitantes. Todo ello exige, entre otras cosas, una estructura estatal diferente, guiada por principios distintos (de partida, no más subsidiariedad) y con instituciones capaces de satisfacer efectivamente las sentidas demandas que la ciudadanía expresó. En la actualidad hay principalmente dos mecanismos institucionales para encaminarnos hacia estos objetivos, el éxito del programa transformador del nuevo presidente electo, y por sobre todo, la consolidación de una nueva constitución.

Hoy como ayer, frente a ambas situaciones, el principal desafío parece ser el combatir los fantasmas que se han levantado en contra de ellos, y simplemente decir la verdad. Y es que esta vez “Todas las fuerzas del viejo Chile” se han unido en santa cruzada para acosar a esos fantasmas” y especialmente al que representa la nueva constitución.

Ya vimos las decenas de mentiras que el candidato del neofascismo desarrolló contra la campaña de Boric. Hoy, esa misma lógica, “mentir, mentir, que algo queda”, está desatada contra las posibilidades de la nueva constitución. Ante la pérdida inminente de privilegios, la derecha ha lanzado una campaña de verdades a medias y mentiras completas como pocas veces se ha visto.

Antes que los convencionales empezaran a trabajar en las ideas de fondo del texto que se espera redacten, los dardos fueron encaminados a desprestigiar a sus integrantes, denostando a las personas, promoviendo prejuicios racistas, denostando rasgos culturales, en definitiva, difundiendo discursos de odio. A poco más de un mes de la instalación Convención, en agosto de 2021, un estudio de la PUCV denunciaba la existencia de unas 8.000 cuentas, que formando una “tropa digital”, se dedicaban a atacar en las redes sociales, de manera sistemática y coordenadamente a la Convención. Que los convencionales eran flojos, que su presidenta no estaba capacitada para dirigir, que perdían el tiempo, que sólo querían más plata, que no hacían nada…

A poco más de una semana de que empezara el trabajo de estudio y aprobación de las propuestas, y sin que se haya aprobado todavía un solo artículo del textos definitiva, sin el menor escrúpulo pasaron del que “…no hacían nada…” al “…quieren cambiarlo todo…”.

Como ayer, hoy “todas las fuerzas del viejo Chile”, -precisamente ese que queremos cambiar- se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma”. En contra de la nueva constitución se han dispuesto todos los espacios de poder de los grandes privilegiados del sistema, político, mediático, económico, jurídico, se han buscado a todos los que pueden aportar a rechazar al texto que democráticamente se construye. Y si ayer eran el “Papa, el zar, Metrrernich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”, hoy, al lado de los Edwards, los Luksic, los Saieh, -o sea los dueños de Chile- están figura desquiciadas como Marinovich, derechistas recalcitrantes como Mariana Aylwin, renegados como Oscar Garretón “amarillos” como Cristián Warken –cuyo anticomunismo asombra por la ignorancia que ha reflejado- más algunos despistados que nunca faltan.

Y así, especialmente desde la prensa escrita, y la televisión, dando espacio a quien quiera pronunciarse contra una constitución que recién empieza a esbozarse, se desarrolla, promueve y difunde un bien estructurado programa de inexactitudes o derechamente falsedades que en lo esencial busca, más que informar e impactar sobre el juicio y la razón, afectar la emoción de quienes la reciben. Miedo y rabia son los principales objetivos buscados. No se trata de comunicar para que ilustradamente las personas adopten sus propias decisiones, se trata de atemorizar, de irritar, de buscar que reaccionen emocionales básicas, como la ira o el miedo permanezcan, y llegado el momento lleven a las personas a pronunciarse a favor de lo que desde el miedo y la ira les proponen, mantener los privilegios de quienes hoy son los dueños del agua, las minas, los mares, los bosques, los bancos, las AFP, … en definitiva, del país.

Hoy, el primer objetivo de quienes creemos que cualquier constitución elaborada por un conjunto de personas democráticamente electas para ello es mejor que aquella elaborada por cuatro o cinco iluminados durante el gobierno más criminal que tenido Chile, es luchar por derrotar el fantasma del miedo, porque la verdad de lo que en la comisión se discute y aprueba llegue efectivamente a todos los chilenos, en definitiva, porque al momento de plebiscitarse el texto propuesto, una abrumadora mayoría la haga suya y el SI al nuevo texto sea cercano al 80%, como lo obtuvo el Apruebo.

Santiago 21 de febrero de 2022

(a 174 años del lanzamiento en Londres de Manifiesto del Partido Comunista, 21 de febrero de 1848)

¿DERECHO DE REBELIÓN EN NUESTRA CONSTITUCIÓN?

 

Fernando García Díaz

 

 

Hace sólo unos días, un grupo de personas, entre las que se encontraba el convencional Hugo Gutiérrez, presentó para una propuesta popular para que la nueva Constitución consagrara expresamente el “Derecho de Rebelión” contra la tiranía. La propuesta causó extrañeza en muchos y desde la derecha por supuesto se criticó severamente. Y por cierto, no es frecuente que una norma jurídica de la envergadura de una constitución consagre explícitamente semejante derecho; pero ello no quiere decir que ello no ocurra.

Como ha pasado con todos los derechos que han ido ampliando las libertades humanas, el de rebelión es también fruto de la larga lucha de los hombres oprimidos en busca de su liberación. Al igual que todos, surge primero en la realidad, en el enfrentamiento material contra el tirano, luego es recogido por algunos pensadores, para sólo más tarde materializarse en textos de contenido jurídico.

En la historia de la humanidad las manifestaciones concretas contra el gobierno dictatorial o tiránico son infinitas, y de ello tenemos constancias desde las rebeliones esclavas en adelante. En nuestro país, la historia del pueblo mapuche es por cierto un ejemplo relevante, pero por supuesto no es la única.

En cuanto a la idea, ella se encuentra desde muy temprano en las más variadas culturas. Así por ejemplo, en Grecia, ya Platón, tratando de la tiranía, expone el derecho del pueblo a luchar contra el tirano y a defenderse de la injusticia. En Roma, Cicerón propone expulsar a los seres que con figura de hombres encubren la crueldad de las bestias, y asegura que la más bella de las acciones es matar a un tirano. En China, tratan el tema Confucio y con mayor claridad su discípulo Mencio, quien, junto con declarar el carácter corruptible del poder, muestran la justicia de una rebelión que precisamente ayude a deponer al rey despótico y a reemplazarlo por un príncipe virtuoso. En el pensamiento cristiano numerosos autores han desarrollado el tema, destacando San Isidoro de Sevilla y Tomás de Aquino en la escolástica medieval. Este último es uno de los que con más detención estructura el ejercicio de este derecho, y dada su importancia en el pensamiento católico, su influencia, también en esta materia aparece como decisiva en muchos momentos. (Si no resultara patético, recordaríamos como anecdótico que la Junta de Gobierno justificó el golpe de estado contra el gobierno legítimo de Allende en el derecho de rebelión, señalando en los bandos 1, y sobre todo 5, que se dan los requisitos establecidos “…a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico…”, refiriéndose a los señalados precisamente por Tomás de Aquino).

En el pensamiento español encontramos una tradición en defensa del derecho de rebelión, que no sólo se refleja en pensadores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, Pedro de Rivadeneira, Juan Márquez, Diego de Landa; sino incluso en obras del teatro clásico, como Fuenteovejuna, en la que el pueblo mata al comendador Fernán Gómez, personaje cruel y despiadado que abusando de su autoridad oprime a la comunidad. Y cuando el rey ordena investigar los hechos, aún bajo la tortura la situación es siempre la misma. Ante la pregunta “¿Quién mató al comendador?”, la respuesta de todos es “Fuenteovejuna Señor”.

Entre los primeros textos jurídicos que de una u otra manera consagran el derecho de rebelión, está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, (4 de julio de 1776), que en su párrafo más famoso, aquel en que se señala que sostienen como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creado de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad… más adelante agrega

 “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno …”

Más universal aún resulta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. En el artículo 2° de este documento se lee:

“La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

Más explícito aún resulta este derecho en el texto del 24 de junio de 1793. Allí en sus últimos artículos se lee:

Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.

Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

Así como éstas, hay numerosos documentos que, de una u otra manera, reconocen el derecho de rebelión de los pueblos contra la tiranía, que por lo demás es simplemente el ejercicio del legítimo derecho defensa.

Probablemente uno de los más importantes hasta el día de hoy lo constituye la Declaración de los Derechos Humanos suscrita por Naciones Unidas en 1948, en cuyo preámbulo se lee:

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremos recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”

Como ya lo señalamos, en nuestro país un claro ejemplo en materia de ejercicio real contra la opresión la constituyen los siglos de lucha que logra el pueblo mapuche, enfrentándose primero al invasor europeo y luego al nacional, pero también las múltiples manifestaciones colectivas que llevaron a derrocar la criminal tiranía de Pinochet.

En términos de discurso político. Ya en la primera constitución que tuvo nuestra naciente república se puede leer explícitamente que dicha constitución está “…poniendo a la vista de los hombres libres sus derechos, para que formen el justo concepto de su grandeza, y resistan toda opresión y tiranía”.

Es sin embargo nuestra canción nacional el texto que con mayor claridad ha mantenido. En el primer texto de nuestro himno patrio, con letra de Bernardo Vera y Pintado se lee

El cadalso o la antigua cadena

Os presenta el soberbio español

Arrancad el puñal al tirano

Quebrantad ese cuello feroz.

Por su parte, el segundo texto, que se escribe para

Libertad, invocando tu nombre,

la chilena y altiva nación,

jura libre vivir de tiranos

y de extraña, humillante opresión.

El texto actual insiste precisamente en la lucha contra el opresor. En parte de ella se lee

Que tus libres tranquilos coronen

a las artes, la industria y la paz,

y de triunfos cantares entonen

que amedrenten al déspota audaz.

 

Y por cierto todos hemos cantado:

“…que la tumba serás de los libres

o el asilo contra la opresión…”

 

No incorporar el derecho de rebelión en nuestra constitución no va a hacer menos legítima una rebelión, no va a eliminar el derecho del pueblo a luchar contra la tiranía. Incorporarlo puede hacer más consciente a las autoridades que en definitiva es el pueblo quien les otorga un mandato de representación y que al transformarse en tiranos, el pueblo tiene todo el derecho a rebelarse contra ellos.

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"ENVILECIMIENTO" DEL ESPACIO PUBLICO

 

Hace unos días apareció en la sede donde se prepara el nuevo gobierno (La Moneda chica), un rayado haciendo alusión a los presos de la revuelta. Camila Vallejo señaló a la prensa que le parecía legítima esa manera de expresarse. La reacción de la derecha vino de inmediato. Carlos Peña sacó rápidamente una columna en El Mercurio sobre el “Envilecimiento del Espacio Público”, (9 de enero, 2022), en el que, entre otras cosas señalaba “Entre las paredes con grafitis y las bancas antes destinadas a sentarse, se encuentran hoy, a metros de La Moneda, de la universidad, del centro cívico, carpas y habitaciones precarias donde personas movidas por la necesidad han decidido instalarse. No lo hacen con conciencia de ilicitud, sino como quien ejerce un derecho obvio del que se es titular”. Y más adelante agregaba “Porque el espacio público quiere reflejar una memoria común, hay en él estatuas y conmemoraciones; porque en el espacio público se ejercita una condición de igualdad, nadie puede apropiárselo; porque el espacio público quiere expresar virtudes, se lo ordena, se lo limpia y se lo embellece”. Como no podía ser de otro modo, rápidamente surgieron las alabanzas a dicha columna y este pasado domingo 16 de enero, El Mercurio dedicó la portada del suplemento Artes y Letras al tema, entrevistando a 7 “connotados arquitectos” para preguntarles sobre el tema.

 

 

Sin duda que el “Envilecimiento del Espacio Público” merece más de una reflexión, pero si lo queremos hacer en serio, ni lo podemos hacer desde premisas falsas, ni el tema de los rayados es de los más relevantes.

 

Digamos de partida que nada hay más falso que sostener que “…en el espacio público se ejercita una condición de igualdad…”. En verdad nada hay más desigual que la profunda discriminación entre los “espacios públicos” que hay en cualquier lugar de las comunas del rechazo (Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes), llenos de parques, jardines, árboles, plazas y aquellos que se dan en las centenares de poblaciones o campamentos pobrísimos que hay en todo Chile, en dónde en el mejor de los casos hay un poco de tierra para que jueguen los niños. El primer gran envilecimiento del espacio público lo constituye la astronómica diferencia entre los espacios públicos de los lugares donde viven los ricos y aquellos en donde viven los pobres. Y aun cuando limitemos el concepto de “espacio público” a calles, plazas o parques del centro de Santiago, -y no hay una explicación racional para hacerlo- tampoco resulta que ese espacio se recorra desde una condición de igualdad, porque la historia vital marca también la percepción que tenemos del mundo exterior. “En mi población no hay árboles”, fue la brutal explicación que dio un muchacho que durante los días del estallido social iniciaba una barricada bajo un árbol en el barrio Lastarria, a una persona que le hacía presente el daño que destruir ese árbol causaba. Un razonamiento paralelo es aplicable cuando se contempla una escultura, una pintura o una obra arquitectónica. No es lo mismo hacerlo desde el conocimiento y la experiencia frecuente de su observación, que desde la ignorancia y la sorpresa.

 

Tampoco es efectivo que el “…espacio público quiere reflejar una memoria común…”. Hoy, tras más de dos años del estallido social, con una Comisión Constituyente paritaria y fuerte presencia ideológica de los pueblos aborígenes, hay más conciencia –que no parece haber llegado a los columnistas de El Mercurio- que más que reflejar una memoria común, lo que hay especialmente en “…estatuas y conmemoraciones…” es una visión segada que ya no resulta compartida por todos. Aquello que durante décadas se presentó como “lo nuestro” bello y valioso en el espacio público, hoy claramente resulta que no es capaz de emocionar ni entusiasmar a cientos de miles de chilenos. Por el contrario, el “envilecimiento” que han provocado los rayados y las distintas manifestaciones de vandalismo, son claramente la muestra más palpable de una verdadera desafección –un “no sentir afecto o estima”- precisamente por esos símbolos o manifestaciones que se presentan en ciertos espacios públicos.

 

Por ello, envilecimiento del Espacio público es también que en él siga vigente una historia que no sólo no reconoce al pueblo como protagonista, sino que simplemente lo niega, lo ha querido olvidar, dejarlo fuera. No hay ni estatuas ni conmemoraciones de sus luchas, de las masacres sufridas, de sus héroes, ni de sus triunfos y derrotas. ¿Dónde están las avenidas o estatuas con nombres de Luis Emilio Recabarren, o Clotario Blest? ¿Dónde los recuerdos a los asesinados durante el “mitín de la carne”, en Plaza Colón, en la Escuela Santa María, en Ranquil, en San Gregorio, en La Coruña? Por el contrario, hay calles o lugares dedicados a Pedro Montt o Roberto Silva Renard, Presidente de la República y militar responsable de la masacre de Santa María de Iquique, respectivamente, y una rotonda destacada recuerda a Edmundo Pérez Zujovic, responsable de la masacre de once pobladores desarmados, incluyendo un bebé de meses, en Puerto Montt, en 1967.

 

Por cierto disminuir significativamente el “envilecimiento” del espacio público deberá ser una tarea más del nuevo gobierno, de la mano de la participación popular organizada. El pueblo no sólo debe abrir las grandes alamedas para transitar por ellas, sino además reconstruirlas para así reconocerse en ellas.

 

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