lunes, 21 de septiembre de 2015

DROGAS ILEGALES Y PROHIBICION.PRINCIPALES LÍNEAS DE FRACTURA DESDE EL PROPIO MODELO


  Fernando García Díaz


“En la visión estadounidense oficial acerca de los fármacos prohibidos prevalece un enfoque basado en una teoría económica que privilegia la oferta sobre la demanda. Se arroga además el derecho de atribuir juicios éticos a otros países y se evita aplicarlos así mismo.

Se construye así una visión desde una posición de fuerza donde se es juez y parte, lo que permite imponer las reglas del juego, ignorarlas para sí y cambiarlas a conveniencia”

Luis Astorga


Desde hace ya varios años el modelo prohibicionista se encuentra fuertemente cuestionado. Las “líneas de fractura”([1]) se empezaron a trazar hace ya varias décadas y sus primeras manifestaciones activas y serias podemos remontarlas a los movimientos contraculturales de los años 60. En la actualidad, y desde la perspectiva de la vigencia del modelo, las críticas podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Por un lado aquellas que sin cuestionar esencialmente el hecho de la prohibición, sí impugnan algunas de las características que esta presenta. Por otro lado, aquellas que implican una escisión definitiva con el prohibicionismo y expresa o tácitamente proponen un modelo alternativo.

El actual modelo prohibicionista constituye tan sólo una de las múltiples posibilidades de sostener la prohibición. Las críticas que a continuación se enuncian parten desde la racionalidad misma del modelo, y en lo esencial, dicen relación con dos aspectos. De una parte se pone en entredicho la eficacia misma de éste, señalando las deficiencias que ayudarían a explicar las razones del fracaso y de otra, se cuestiona el hecho político que se carguen los esfuerzos, y las críticas, en los países subdesarrollados, sin que, como contrapartida, los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, sean capaces de hacer esfuerzos similares.

Es decir, sin bien estas críticas no cuestionan en sus características esenciales el modelo, en cuanto implica mantener la prohibición, ayudan a poner de manifiesto los engaños de éste y particularmente la desigual distribución de responsabilidades y de sacrificios esperables.


1.    Persecución selectiva de la “oferta” de drogas

Mirada desde una perspectiva económica, el negocio de la droga implica el encuentro entre la demanda de un producto y la oferta del mismo. Desde esa misma lógica comercial, el combate a esa actividad puede enfocarse hacia la oferta, o hacia la demanda. La verdad es, nadie lo puede dudar, que los grandes esfuerzos, la mayor cantidad de los muertos y en definitiva los mayores costos están siempre en el área de la oferta, o sea, de los países subdesarrollados. Son Bolivia, Perú, Colombia, México, Guatemala, Irán, Afganistán, Laos, Birmania, Tailandia y unos pocos países más los que sufren la “guerra a la droga” que otros declararon. Son esos países los que sufren los mayores daños, los que no sólo gastan un porcentaje brutal de sus reducidos ingresos en combatir el narcotráfico, sino también los que ponen los muertos. Estados Unidos, que desde el discurso político lidera el modelo prohibicionista jamás ha realizado en su territorio, para combatir la demanda, las acciones criminales que promueve, financia y muchas veces dirige en los países subdesarrollados.


2.    Insuficiente persecución del tráfico de precursores

Tratándose de la mayoría de las drogas, ya sea su origen de naturaleza vegetal o sintética, se requieren sustancias químicas para transformarlas en el producto final. Esas sustancias pueden ser elementos necesarios para la transformación del producto, como el anhídrido acético para fabricar heroína, o el permanganato de potasio para fabricar cocaína, o constituir un componente esencial en la elaboración de las drogas sintéticas, como la seudoefedrina para la producción de anfetaminas.

Para lograr la elaboración o la transformación de los cientos de toneladas de drogas que se consumen anualmente, es necesario disponer de cientos de toneladas de productos químicos, que generalmente no se producen en los países donde se cultiva la coca, la amapola o se fabrican las drogas sintéticas.

Durante décadas dichos productos llegaron a los países de elaboración de droga sin mayores problemas, desde los principales productores de químicos, Estados Unidos, Alemania, Suiza, etc. Hoy la situación ha variado, pero sólo parcialmente.

Fue a partir de la Convención de 1988 cuando recién se empezaron a tomar medidas contra el desvío de precursores químicos. Al igual que como ocurrió con el lavado de activos, su incorporación al control fue motivada, en parte, por el fracaso de la persecución del tráfico, pero también por la insostenible situación de presión contra los países subdesarrollados productores de drogas y la ninguna preocupación por ser los países desarrollados quienes, mediante el envío de los precursores químicos permitían esa actividad.

Han pasado más de 25 años desde que surgiera esta obligación, esencialmente dirigida a países desarrollados, y así como ha fracasado la persecución del tráfico de drogas, también lo ha hecho la persecución del tráfico de precursores.

Los estimulantes sintéticos, anfetamina, metanfetamina, éxtasis y otras, están entre las sustancias sintéticas de mayor consumo, y México es uno de los grandes productores de ellas. Su elaboración requiere, como principal insumo, efedrina y pseudoefedrina. Sobre el origen de la primera, el año 2013 se decía “La mayor parte de la efedrina que se envía a México procede de China, República Checa, Suiza, Tailandia, india, Bangladesh y Estados Unidos”([2]).  Pero el fracaso en esta materia no se limita a los estimulantes sintéticos y a México. En verdad es tan obvio, que el Informe Mundial sobre Drogas, del año 2014,  elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dedica el capitulo 2 precisamente a analizar la fiscalización de los precursores.


3.    Insuficiente persecución del tráfico de armas

La eficacia de los traficantes no sólo radica en su capacidad técnica para elaborar la droga, o comercial para venderla o incluso imaginativa para ocultarla, que en algunos casos parece superar toda fantasía posible, sino también en los recursos materiales que poseen, y particularmente en las armas con que defienden su imperio, ya sea contra otros traficantes o contra las policías. Pues bien, las armas que utilizan, cada vez más potentes y sofisticadas, y que ocasionan los miles de muertos atribuibles al narcotráfico, tampoco se fabrican en los países de cultivo de la droga. Ellas vienen desde los Estados Unidos mayoritariamente, o desde Europa. Que sean precisamente los norteamericanos los que más cuestionan el rol fiscalizador de los países sudamericanos frente al tráfico, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

El caso de Estados Unidos es claramente el más grave, no tiene voluntad real de controlar el tráfico, aplica sanciones irrisorias cuando lo descubre, y en ciertos casos aún lo propicia.

La ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) de Estados Unidos, ha facilitado expresamente la venta de armas a carteles mexicanos de la droga, bajo un supuesto plan (o real pero insólitamente mal diseñado y peor implementado) que les permitiría rastrear dichas armas de fuego y de ese modo llegar a los líderes de los cárteles mexicanos de las drogas mexicanos y arrestarlos.  Probablemente la más conocida es la llamada operación “Fast and Furious”, mediante la cual, durante cinco años, entre los años 2006 y 2011, la ATF permitió la venta de alrededor de 2000 armas, de las cuales sólo se recuperaron poco más de 700. Y no obstante tratarse de una operación de naturaleza internacional, con el absoluto desconocimiento en el gobierno mexicano existía sobre ella. Refiriéndose exclusivamente a dicha operación, Darrel Ilssa, congresista norteamericano, Presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, dijo en una entrevista con CNN “Estamos buscando personas muertas en ambos lados de la frontera. Un estimado de más de 200 mexicanos han muerto por las armas a las que nuestra administración, nuestro gobierno, permitió caminar (hacia territorio mexicano)”([3]).

En casos como éste, que han terminado en verdaderos escándalos –no por nada Wikipedia tiene una página bajo el título de “Escándalos de ventas de armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos”([4]), y siempre suponiendo buena fe, se dan desde luego dos irregularidades, la muy defectuosa planificación de la operación, y el desconocimiento del gobierno a cuyo país se transfieren las armas.

Por otro lado, incluso cuando los traficantes de armas son sorprendidos y sancionados, se encuentran con condenas extraordinariamente leves. Por ejemplo, según reporta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con fecha 1 de marzo de 2012, el Juez de Distrito Ricardo H. Hinojosa aplicó sentencias de  51, 30, 33, 36, 25, 24 y aún 5 meses, por traficar armas a México([5]), lo que obviamente parece una burla.

4.    Insuficiente persecución del lavado de los activos generados por el tráfico

Hoy resulta obvio, los traficantes no buscan pervertir a la juventud, destruir la moral del país o cualquier otra consigna interesada, como se sostuvo durante la guerra fría. Estamos frente a una actividad comercial, que se sustenta en función de las utilidades que genera. Y las utilidades, para que efectivamente resulten “útiles” se deben ocupar. Una pequeña parte de ellas debe volver a los centros de producción, para que estos sigan funcionando, pero la gran mayoría, se mantiene en los lugares de consumo. (Cuando murió Pablo Escobar, el más importante traficante de la época, se puso énfasis en que su fortuna era de 20 o 30 mil millones de dólares, lo que indudablemente no es poco; pero no se consideróa que esa fortuna era el resultado de casi 20 años de participar de las utilidades del tráfico de drogas, lo que es una mínima cantidad si se considera que anualmente esa actividad mueve más de 500 mil millones de dólares.

Como ocurre con la gran mayoría de los productos del tercer mundo, (incluyendo por cierto todas nuestras exportaciones de frutas) la mayoría de las utilidades quedarán en manos de los distribuidores. Y los distribuidores están en los principales lugares de consumo. El mayor lavado de dinero de la droga ocurre en donde se da el mayor consumido de drogas en el mundo, y allí se queda, y allí se invierte y allí se disfruta. Ese lugar se llama Estados Unidos de América, y más allá de declaraciones formales, la persecución al lavado de activod provenientes de la droga, es claramente mínimo.


5.    Modelo exclusivamente  penal

El argumento esencial para la prohibición de ciertas sustancias psicoactivas es su efecto pernicioso para la salud. Por ello, el que la protección de la salud se haga desde el derecho penal es ya una contradicción. Y el modelo prohibicionista que analizamos es eso, un modelo penal. Y así se ha planteado desde sus orígenes. El artículo 20 de la Convención Internacional del Opio de 1912 señala textualmente “Las Potencias contratantes examinarán la posibilidad de dictar leyes o reglamentos que penalicen la posesión ilegal de opio bruto, de opio preparado, de morfina, cocaína y de sus sales respectivas, a menos que la materia esté ya regulada por leyes o reglamentos existentes”

Definirlo como modelo penal significa reconocer que prácticamente todos sus esfuerzos están centrados en definir ciertas conductas como delito y a continuación perseguirlas por ello. Más aún, el modelo prohibicionista ha logrado extender el “modelo penal” a límites insospechados, e inaplicables en otros ámbitos. Desde luego se sancionan como delitos independientes conductas que van desde “actos preparatorios”, y por tanto tradicionalmente impunes, por ser precisamente “preparatorios” de la conducta delictiva, hasta actos de “agotamiento” del delito, que normalmente tampoco se sancionan por constituir actos posteriores a la consumación. Esto significa, entre otras cosas, que se ha transformado en delincuentes, y por tanto seres susceptibles de persecución policial y judicial, y de encarcelamiento, a millones de personas que se ubican en uno u otro lugar del “ciclo de la droga”.

Pero hay más que eso, el modelo penal ha significado que todo el fenómeno social que hay en torno a la producción, transporte, comercialización y consumo de ciertas sustancias, se perciba desde el derecho penal. La legislación en estas materias es legislación penal. En Chile, por ejemplo, la ley número. 20.000, la única en materia de drogas, conocida precisamente como “Ley de drogas”, es en verdad la ley “que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. El primer título trata “De los delitos”, el segundo “De las técnicas de investigación”, el tercero “De la competencia del Ministerio Público”, el cuarto “De las faltas” y el quinto “De las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales”. Nada útil en materia de prevención, nada útil en materia de rehabilitación. Sólo existe el mundo del delito.


Y ello no sólo se refiere al marco normativo, también al institucional. En cada país, y en el ámbito internacional también, se han creado decenas de instituciones relacionadas con el consumo de sustancias ilegales que giran en torno al delito. Desde los gobiernos hay comisiones parlamentarias, del ejecutivo, nacionales e internacionales, unidades policiales, de aduanas o militares, y por cierto, coincidente con eso, los recursos fiscales van encaminados también al ámbito penal.

La prohibición en el consumo de sustancias psicoactivas puede abordarse desde una perspectiva de salud, y centrar las medidas del Estado en la prevención de dicho consumo y el tratamiento de quienes presentan adicción o consumo problemático. Es decir, existen múltiples alternativas no penales para implementar un modelo que busca limitar el consumo de ciertas sustancias.


6.    Construcción interesada del concepto de “narcotraficante”


Cada vez que me parece pertinente, pregunto si conocen el  nombre de algún narcotraficante internacionalmente famoso y el de alguna organización criminal dedicada al narcotráfico también de fama. En Chile, generalmente las respuestas mencionan a Pablo Escobar, bastante menos menos a Amado Carrillo (o el Señor de los Cielos), y en cuanto a organizaciones, la mayoría aún recuerda a los “carteles” colombianos de Cádiz y de Medellín, y más raramente algunos recuerdan organizaciones mexicanas (Sinaloa,) o centroamericanas (mara Salvatrucha). Lo cierto es que nadie, ni aún quienes debieran estar entre los especialistas sobre el tema, suelen recordar a algún norteamericano o a una organización criminal de ese país. Y resulta que allí está el mayor consumo, la mayor venta, las mayores utilidades. Y como nadie razonablemente puede suponer que desde Cali, Medellín, Michoacán o Sinaloa se controle el tráfico en Miami, Nueva York, Los Ángeles, o Chicago, allí están también los mayores narcotraficantes y las mayores organizaciones dedicadas a dicha actividad.

Cuenta Luis Astorga, en un conocido trabajo publicado en 1994, que no obstante que el cultivo de amapolas y la producción de opio y heroína tiene más de cien años en México, la expresión narcotraficante era desconocida en ese país. Según este autor la palabra narcotraficante empieza a circular en los diarios mexicanos hacia finales de la década del 50. Antes de eso, sembrar, cosechar, procesar, contrabandear marihuana y heroína, lo hacían personas a las que se asignaban distintos nombres: gomero, bandido, contrabandista, (etc.). Esas palabras no sólo daban cuenta de la diversidad de actividades requeridas para la producción de un gramo de heroína o para que la bolsita de yerba llegara a su destinatario final en los Estados Unidos, sino que además, no tenían la connotación del término narcotraficante.

Hoy “narco” es la expresión genérica que comprende todas las funciones que la producción, transporte y comercialización de las drogas ilegales, aplicable al simple burrero que es frecuentemente detenido, como al gran empresario de la droga. Construida desde el poder, y en gran medida por policías, abogados, políticos y académicos, los periodistas se han dedicado a reproducirla y magnificarla. “En todo caso, lo que sobresale al hablar de la representación del narco es que en última instancia, se ha convertido en una suerte de marca, made in América Latina.”([6]).

La identificación cultural del latino como narcotraficante y el norteamericano como víctima del tráfico no es por cierto casual. Corresponde una vez más al ejercicio del poder hegemónico en el ámbito cultural, persigue la desvalorización del latino, facilitando su persecución y por sobre todo la deslegitimación de su existencia. Al “narco” latino, se le puede perseguir, torturar, asesinar, encarcelar, sin que ello tenga un costo político significativo. Después de todo, representan lo peor de la especia humana.


7.    Instrumentalización como herramienta política al servicio de los intereses norteamericanos


«La guerra es la continuación de la política por otros medios», nos enseñó hace casi doscientos años Carl von Clausewitz, y la “guerra a la droga” no es la excepción. En verdad ya sea con ese nombre, o simplemente como modelo prohibicionista, se trata de una política pública desarrollada e impuesta por los norteamericanos, tanto con fines internos como externos. Como instrumento político ha estado sujeto a los vaivenes de la política exterior norteamericana. Así, durante la guerra fría fue un eficaz instrumento para apoyar dictaduras, intervenir militarmente contra partidos o movimientos de izquierda. Con el término de la guerra fría alcanzó su mayor nivel, “guerra a la droga”, aportando el “enemigo útil”, que los servicios de inteligencia requerían para seguir justificando los recursos humanos y materiales que movilizaban y después del ataque a las Torres Gemelas, cuando surgió otro “enemigo útil”, el “terrorismo internacional”, perdió fuerza y se transformó en lo que es hoy, un mecanismo político de segundo nivel en la lucha por la hegemonía mundial.

Siendo juez y parte, las reglas fijadas para este modelo, e impuestas al resto del mundo, se ignoran o cambian a conveniencia. Dentro de la política interna, el modelo prohibicionista ha permitido limitaciones racistas en su política de inmigración en las primeras décadas del siglo XX, el control y persecución de la disidencia durante la guerra de Vietnam, e incluso hoy, ejercer un fuerte control sobre las “razas peligrosas”([7]); pero es en el ámbito de su política externa donde más Estados Unidos ha procedido a ignorar o cambiar las normas establecidas de aplicación del modelo. En verdad en el ámbito internacional son decenas de casos los que dan cuenta de una instrumentalización sin límites del modelo prohibicionista. Sólo por enunciar los más obvios, podemos recordar su utilización como mecanismo de presión ilegítimo en sus relaciones con los demás países, la intervención militar en el extranjero, con la excusa del combate al narcotráfico, la participación directa en actividades de narcotráfico, o su apoyo al desarrollo de estas actividades por terceros.

Probablemente el último de los mecanismos de intervención más explícito lo haya constituído el proceso de certificación. Mediante éste, y a más tardar el 1 de marzo de cada año, el Presidente de Estados Unidos enviaba al Congreso, una lista de los países considerados principales productores, o principales países de tránsito de drogas, en la que se calificaba su grado de colaboración con Estados Unidos en el combate contra estas actividades ilícitas. La certificación plena, significaba que en opinión del gobierno norteamericano, el país en cuestión había cooperada plenamente con dicha nación. Por el contrario, la descertificación implicaba no haber cumplido los requisitos exigidos por el imperio y las posibilidades de sanciones económicas y políticas a los países. Con posterioridad al atentado de las torres gemelas, el “enemigo útil” dejó de ser el narcotráfico, y es así como el año 2002 se aprobó la ley pública 107 – 228, que si bien elimina los requerimientos anuales de la certificación, permite que el presidente discrecionalmente designe y retenga la asistencia a los países que han fallado demostrablemente en sus esfuerzos para combatir el comercio ilegal de narcóticos

La intervención militar, en territorio extranjero, con la excusa del combate al narcotráfico se ha dado en todos los ámbitos imaginables. Así, en algunos casos ha contado con la anuencia del gobierno local, como ocurrió en Bolivia o en Colombia, en otros ha sido abiertamente ilegal, como en el caso del secuestro en México del ginecólogo Humberto Álvarez Machain.  Probablemente lo peor ha sido la invasión a Panamá, en 1989, para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Antonio Noriega. La operación dejó no menos de 3 mil muertos civiles.

Resultaría larguísimo que hiciéramos un análisis, por somero que fuera, de las principales veces que Estados Unidos ha entendido que las normas no se aplican a sus instituciones gubernamentales, por lo que sólo haremos una breve referencia a los casos más conocidos.

Probablemente Estados Unidos viene apoyando el tráfico de drogas a través de alguna o algunas de sus agencias desde el momento mismo en que descubrió que le podía ser útil para intereses políticos definidos como más relevantes.  Existe numerosa bibliografía sobre el tema, que permite no poner en duda la afirmación. El principal organismo implicado ha sido, desde sus orígenes, la CIA, con decenas de casos de tráfico, apoyo al tráfico, o encubrimiento de narcotraficantes. La multiplicidad de casos y la certeza de ellos permite que “Wikipedia. La Enciclopedia Libre”, dedique una página especial bajo el título “Implicación de la CIA en el tráfico de drogas” ([8]). En lo esencial, el apoyo está dirigido a permitir que lleguen recursos a organizaciones anticomunistas, o directamente a obtener recursos para entregar a ese tipo de organizaciones.

Richard Davenport-Hinnes, en su historia de la droga referida a los últimos 500 años, destaca que ya a fines de la década de 1940, las acciones encubiertas de la CIA provocaron un incremento de los niveles de tráfico de heroína.

En la década de los años 50 se puede identificar el apoyo de la CIA a los nacionalistas chinos anticomunistas, organizados en el Kuomintang, y dirigidos por Chiang Kai–shek, que representaba la única oposición seria a Mao Zedong en ese momento, para pasar opio de China y Birmania a Bangkok y Tailandia. El apoyo se hizo proporcionando los aviones de la compañía Air Americade, empresa de la propia CIA.

“Después la CIA apoyó a la tribu laosiana hmong en su lucha contra los comunistas cerca de la frontera de Vietnam del Norte. Los principales ingresos de los hmong provenían del cultivo de opio para fumar; sus jefes militares expandieron las áreas cultivadas con el pretexto de financiar actividades anticomunistas. Se ha constatado que la CIA ayudó a transportar este opio hasta laboratorios situados en el “Triángulo Dorado”, donde convergían las fronteras de Birmania, laos y Tailandia. Armados con aviones, helicópteros y lanchas norteamericanas, los hmong comenzaron a introducir heroína de alta concentración en Vietnam del Sur. Muchos viejos oficiales militares y políticos de países productores como Tailandia y países consumidores como Vietnam participaban en el narcotráfico. La CIA protegía el negocio de la heroína de sus jefes militares aliados en tanto que sus operativos distribuían la heroína en Vietnam.”([9]).

Michael Levine, ex agente de la DEA y William Blum, entre otros, han documentado decenas de casos en que la CIA ha estado implicada en la protección de narcotraficantes. Hoy no existe duda que apoyó en 1980 el golpe de estado en Bolivia contra el gobierno de Lidia Gueiler, liderado por el coronel Luis Arce Gómez y apoyado por “Novios de la Muerte”([10]), un grupo de más de 600 paramilitares, adoradores del nazismo, reclutados por Klaus Altman, en realidad Klaus Barbie([11]), criminal de guerra nazi protegido por la CIA”([12]).

La Cía apoyó también a varios comandantes rebeldes afganos, cultivadores de opio y traficantes de heroína, como el líder muyahidín Gulbuddin Hekmatyar, que luchaba contra el gobierno de Afganistán y las fuerzas de la Unión Soviética.

Entre 1985 y 1986, el gobierno norteamericano vendió armas al gobierno iraní cuando este se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak y financió el movimiento conocido como Contra nicaragüense, movimiento armado creado y financiado por los Estados Unidos para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua. La ayuda a la Contra nicaragüense provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas, realizado por la propia CIA.


Sobre “Drogas y Narcotráfico” en este mismo blog:



·         MARIHUANA. DERECHO PENAL DEL ENEMIGO (octubre)




[1] Según David Garland, es posible comprender las características generales de la “cultura del control”, si somos capaces de describir: 1, la distribución de los elementos, 2. los principios organizadores que los relacionan, y 3, las líneas de fractura en torno a las cuales se estructuran los conflictos. “La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”, Editorial Gedisa, traducción de Máximo Sozzo, primera edición Barcelo, abril de 2005.
[2] ORGANIZACIÓN DE ESTADO AMERICANOS, OEA, “Problemas de Droga en América”, Informe entregado 2013, pág. 41.
[3] CNN México  200 mexicanos murieron por armas de 'Rápido y furioso': congresista de EU”.  Disponible en http://mexico.cnn.com/nacional/2011/10/28/200-mexicanos-murieron-por-armas-de-rapido-y-furioso-congresista-de-eu (consultada 3.2.2015)
[4] Wikipedia, Escándalos de ventas de armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalos_de_ventas_de_armas_en_Estados_Unidos_a_c%C3%A1rteles_mexicanos consultada 3.2.2015
[5]  U.S. Department of justice. For Immediate Release, March 1, 2012, Kenneth Magidson, United States Attorney, Contact: Angela Dodge, Public Affairs Officer, (713) 567-9388
[6] POLIT DUEÑAS, GABRIELA “De cómo leer el narcotráfico y otras advertencias”, Apuntes de investigación del CECYP 2014. Año XVII. Nº 24. pp. 177-185, pág. 178 (en cursiva el original)
[7] Hay miles de ejemplos que lo acreditan, pero basta recordar que aproximdamente el 40% del total de la población carcelaria es afroamericana, en circunstancias que representan sólo el 12% de la población nacional.
[8] Wikipedia, Implicación de la CIA en el tráfico de drogas, disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n_de_la_CIA_en_el_tr%C3%A1fico_de_drogas (consultada 3.2.2015)
[9] DAVENPORT-HINNES, RICHARD, “La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas, 1500-2000, Fondo de Cultura Económica, primera edición en castellano, Madrid, septiembre de 2003, pág. 408-409.
[10] “Criminales de guerra nazis, mercenarios provenientes de África, neofascistas italianos que habían trabajado para la dictadura de Augusto Pinochet, veteranos de la legión extranjera y ultraderechistas de diversas procedencias se congregaron en Bolivia a fines de la década de 1970 para apoyar un golpe de estado que instalaría en el poder a los principales productores de cocaína del mundo” La Nación, 8 de agosto de 2007) ¿?.
[11] El Carnicero de Lyon». Como jefe de la Gestapo local, fue acusado de numerosos crímenes, incluyendo la captura de cuarenta y cuatro niños judíos escondidos en la villa de Izieu, y la tortura y posterior muerte de Jean Moulin, el miembro de la Resistencia francesa de más alto rango jamás atrapado por los nazis. Sólo en Francia se atribuyen a su actividad o a la de sus subordinados el envío a campos de concentración de 7.500 personas, 4.432 asesinatos y el arresto y tortura de 14.311 combatientes del Resistencia.(Wikipedia)
[12] LEVINE, M. “La Gran Mentira Blanca”, en Drogas, Desarrollo y Estado de Derecho, edición a cargo de L. Pantoja y L. Guridi, Universidad de Deusto, Bilbao 1995., págs. 223- 239.