“COMUNISMO O LIBERTAD”, o mentir, mentir, que algo queda

 

Con majadera insistencia, el candidato de la extrema derecha, o alguno de sus partidarios han reiterado que la elección que deberá determinar qué presidente tengamos por los próximos cuatro años implica una definición entre comunismo o libertad. Por supuesto que ellos representan la libertad, y Gabriel Boric el fantasma del comunismo. No se trata por cierto de la primera campaña anticomunista basada en el miedo que conocemos en éste país, pero sin duda de una de las difíciles de entender, a la luz de los hechos más básicos que presenta la actual realidad política. O dicho en otros términos, de una que carece de la más elemental racionalidad y al contrario, se sustenta en una doble mentira, tanto en lo referido al comunismo, como a la libertad.

Lo primero que afirma esta campaña, es que el gobierno de Boric será un gobierno comunista. Y sin entrar en el análisis de la burda caricatura que se presenta de los comunistas, podemos señalar que el análisis racional más básico nos muestra que en verdad no existe elemento alguno que le otorgue atisbos de realidad a dicha afirmación. Desde luego Boric no es militante comunista, y en su condición de candidato a la presidencia es apoyado por un sinnúmero de partidos políticos, como el PPD, los radicales, el P. Socialista y el Partido Democratacristiano, el Frente Amplio, uno de los cuales es el P. Comunista de Chile. Y en esto, la historia es clarísima, el PCCH ha formado parte de los gobiernos de Allende y de M. Bachelet y ninguno de ellos ha atentado contra la libertad de nadie.

Pero mucho más que eso, su programa de gobierno no contiene un solo elemento que permita sospechar que busca reemplazar el modelo capitalista, como lo debería hacer un programa que busca instalar una modelo comunista. Es más, ni siquiera se plantea como un “camino al socialismo”, como sí lo hacía el programa de Allende. Aquí lo que hay es un programa claramente socialdemócrata, que a lo que aspira es a superar el neoliberalismo, una de las peores manifestaciones del capitalismo, (que se impusiera en nuestra patria a sangre y fuego durante la dictadura) por un modelo más democrático, con mayores derechos sociales, que ponga fin a las bestiales injusticias y diferencias que se dan en nuestro país, que en definitiva asegure una vida digna a todos los chilenos pero, en el lenguaje marxista, siempre dentro del capitalismo.

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Por otro lado, sin el menor pudor, la extrema derecha se presenta como adalid de la libertad, en circunstancias que han sido precisamente ellos quienes en nuestro país han atentado en contra de las libertades más básicas de las personas. Recordemos que en los últimos cien años nuestro país ha pasado por varios regímenes dictatoriales o antidemocráticos, la dictadura de Ibáñez entre 1925 y 1931, el gobierno de González Videla luego de la dictación de la “ley maldita” en 1948 y por supuesto la dictadura cívico militar de Pinochet entre 1973 y 1990, y no sólo todos han sido gobiernos de derecha, sino que en la dictadura reciente participaron muchos de los que hoy “luchan por la libertad”. Que quienes fueron no sólo “cómplices civiles”, sino coautores del gobierno más criminal que Chile ha conocido, que prohibió los partidos políticos y las organizaciones sindicales, (no las gremiales de los empresarios), quemó libros, cerró diarios y revistas, impuso la censura previa a la prensa, y detuvo, torturó y asesinó a miles de chilenos vengan a proclamarse como adalides de la libertad, es no sólo una verdadera ironía, sino una desvergüenza que no tiene nombre.

Por otro lado, desde una perspectiva teórica, la libertad la podemos entender como “la posibilidad real de escoger!, y precisamente lo que hoy no tiene la mayoría de los chilenos es precisamente eso, la posibilidad real de escoger en los aspectos más básicos de su vida cotidiana. Una derecha que transformó la educación en mercancía privó a la mayoría de las familias de la posibilidad de escoger el colegio al que mandar a sus hijos. Esa misma derecha hizo algo similar con la salud y más del 80% de los chilenos hoy deben ir a la salud pública, no por elección, sino por la imposibilidad de pagar el plan de una ISAPRE. Y esa misma derecha que hoy “aboga por la libertad”, obligó a los chilenos a entregar sus cotizaciones previsionales a la AFP. Es decir, al contrario de lo que argumentan, esta extrema derecha, con el único objetivo de enriquecerse más y más, ha ido cercenando parte importante de los derechos y las libertades que los chilenos habíamos conquistado   

Por último, no olvidemos que esos “amantes” de la libertad han impedido que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, que quienes asumen una sexualidad diversa pueda casarse con quienes aman, y un aspecto más reciente, que quienes querían efectuar un cuarto retiro de sus fondos de pensiones lo pudieran hacer.

Cuando la derecha tiene un candidato que propone eliminar el Ministerio de la Mujer, cerrar el Instituto de Derechos Humanos, construir una zanja en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes, poder detener a las personas sin juicio, sin orden judicial y en lugares que no sean cárceles, coordinarse con gobiernos de derecha de otros países para perseguir dirigentes sociales y políticos, la dicotomía “comunismo o libertad” no sólo es falsa, sino que busca ocultar que lo que verdaderamente se juega en nuestro país en la próxima elección es democracia o fascismo.

 

 Santiago, diciembre 7 de 2021

 

TODOS A VOTAR

Más de catorce millones setecientas mil personas tienen derecho a participar en las elecciones del próximo domingo, que determinarán, de manera sustancial, la sociedad que tendremos en nuestro país durante los próximos años. Pueden votar los hombres o mujeres chilenos mayores de 18 años y los extranjeros que cumplen con determinados requisitos.

El derecho a voto está hoy reconocido internacionalmente como un derecho humano básico, por ejemplo, en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, la ampliación de dicho derecho se vincula directamente con la ampliación de la democracia. Pero no siempre ha sido así. La posibilidad que hoy tenemos que un número tan elevado de personas pueda votar, en nuestro país es resultado de más de doscientos años de lucha política y social, primero contra la monarquía y luego contra la oligarquía, tanto para ampliar el derecho a voto, como para suprimir el fraude electoral.

El “derecho a voto” es una conquista contra el poder absoluto que durante siglos mantuvo el monarca. Pero la independencia del reinado español no fue sinónimo de democratización efectiva del voto. En un principio éste sólo alcanzó a un grupo muy reducido, los varones de la oligarquía. Así, la Constitución de 1833, consagraba en su texto original, que eran ciudadanos activos y tenía derecho a sufragio los chilenos que reunían varios requisitos, entre ellos, haber cumplido veinticinco años, si eran solteros, o veintiuno, si eran casados, saber leer y escribir y además ser propietarios de un inmueble, o de capital invertido en alguna especie de giro o industria cuyo valor mínimo lo fijaba la ley  para cada provincia y cada diez años, o ejercer  una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, siempre que ello les asegurara unos ingresos proporcionales a los que se exigían como valor del inmueble o capital ya mencionado. Demás está decir que el pueblo llano no tenía esos ingresos, aunque en verdad ni siquiera sabía leer y escribir.

Producto de las presiones sociales y políticas, en 1888, una reforma legal amplió el derecho a todos los hombres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, eliminando la exigencia de determinados bienes o de un mínimo de ingresos.

La conquista del voto femenino fue aún más tarde y se debió especialmente a la lucha de innumerables mujeres, que conocidas como las “sufragistas”, exigieron ser tomadas en consideración al momento de tener que decidir la elección de ciertas autoridades. Fue conquistado recién en 1935 para elecciones municipales, pero en ese momento la derecha estimó que las mujeres no estaban preparadas para decidir sobre algo tan importante como la elección de parlamentarios y presidente. Éste derecho a voto se alcanzó sólo 14 años después, en 1949.

En 1969 se amplía el voto a personas no videntes, en 1970 a todos los mayores de 18 años de edad y en 1972 a los analfabetos.

Pero no sólo fue necesario luchar por verdaderamente democratizar el voto, sino también fue necesario hacerlo contra las múltiples maneras de fraude electoral que en torno a las propias elecciones se cometían. Estas maniobras eran muy variadas. Dado por ejemplo que la inscripción en los registros electorales se podía hacer sólo 10 días al año y estaba a cargo de los alcaldes, no era infrecuente que mediante distintas maniobras se permitiera la inscripción de los partidarios de determinado bando y se impidiera o dificultara enormemente la inscripción de los del bando contrario. La ausencia de apoderados en las mesas hacía que no fuera difícil falsificar las actas, o introducir votos en una determinada urna o robarse las urnas cuando la votación era claramente mayoritaria para el opositor. No fue infrecuente hacer votar a una persona suplantando a otra y a veces se hizo votar a los muertos. Y todo esto, sin empezar a hablar siquiera del cohecho descarado que hubo por décadas.

El registro electoral permanente, la cédula única, el financiamiento público de las campañas, son logros alcanzados por la lucha popular y contra la voluntad de la oligarquía, que sistemáticamente ha puesto problemas para todos estos avances. Por supuesto que aún quedan temas pendientes, pero sin duda el voto se ha convertido en un mecanismo de lucha por el poder cuya importancia ha mostrado ser decisiva en muchos momentos.

Hoy cuando la próxima elección se trata de la más decisiva de las últimas décadas, el concurrir a votar es una exigencia ética y política del mayor nivel. Y es que nunca hasta ahora, en los últimos 30 años había estado en juego de manera tan clara y determinante el modelo de sociedad que queremos. En lo esencial, tratándose de candidaturas con perspectivas de triunfo, sólo habíamos tenido aquellas que nos ofrecían mantener el modelo, con más o menos pequeños y no significativos cambios. Por ello, el éxito de una u otra no presentaba un cambio relevante en la situación nacional. Hoy el escenario es distinto. Tenemos por cierto un proyecto continuista, con pequeñas variaciones, pero claramente continuista, encabezado por Yasna Provoste, por otro, uno que sin ser revolucionario pretende modificar sustancialmente aspectos relevantes de nuestra actual situación, con Gabriel Boric, y lo que no sólo es novedoso, sino tremendamente peligroso, un proyecto de la extrema derecha con fuertes tintes fascistas y claras reminiscencias del pasado pinochetista.

Es posible que algunos duden del carácter fascistoide del proyecto de Kast, pero en realidad existen múltiples elementos que nos permiten calificarlo así. Por lo demás, no podemos olvidar que el resurgimiento del fascismo en los últimos años es un fenómeno que ha tomado fuerza en diversos países del mundo, y en diferentes continentes, incluyendo Alemania, Estados Unidos o Brasil.   

En nuestro país manifestaciones como la marcha anti migrantes y posterior quema de sus enseres más básicos, ocurrida el 25 de septiembre del presente en Iquique, por lo demás cargada de insultos racistas y xenófobos, ataques transfóbicos como el sufrido por Alejandra Soto, sólo el mes pasado, el 12 de octubre, camisetas burlándose de las personas arrojadas al mar por la dictadura de Pinochet, la negación de los crímenes del Dictador hecha de forma reitera por Kast, su apoyo explícito y reiterado a uno de los peores criminales que ha conocido nuestro país, M. Krasnov, así como su programa anti migración –si bien rayano en la locura al pretender construir una zanja para evitarla-, misógino –entre otras cosas eliminar el Ministerio de la Mujer, anular la ley de aborto, valorarla sólo si está casada, etc.-, negacionista del cambio climático, etc. etc. dan cuenta de la presencia de un sector claramente  fascistoide.

Y para quienes no creen que el proyecto de Boric es efectivamente transformador, es bueno recordarles que precisamente uno de los componentes más claros del surgimiento y desarrollo fascismo los constituye el que el movimiento popular ponga en riesgo los intereses del capitalismo financiero especialmente y ya la democracia liberal no resulta suficiente para protegerlos. Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, España con Franco, Portugal con Oliveira Salazar, Chile con Pinochet, son ejemplos históricos clarificadores al respecto.

Este domingo se deciden grandes cosas.

¡Todos a votar!

Por más democracia, más justicia, más libertad.  

EN UNIDAD A SEGUIR LUCHANDO

A dos años del estallido social

Hace dos años, demandas populares que se venían manifestando desde hacía años con absoluta claridad, -educación gratuita, laica y de calidad, no más AFP, fin del patriarcado, nueva Constitución, entre otras- estallaron en una seguidilla de movilizaciones de masas como hacía décadas que no se había producido, generando un proceso de cambios, acelerado a niveles inimaginables hasta el día anterior a ese ya famoso 18 de octubre. Este nuevo 18 de octubre encuentra a nuestro país en medio de un período transformador profundo, -el más relevante por décadas- que se propone modificar de manera radical aspectos esenciales de nuestra sistema social, superando el neoliberalismo, por un lado, y por otro, terminando con lo que ha sido la matriz histórica del Estado y la sociedad chilena, y con ello, modificando sustancialmente algunos elementos centrales de lo que ha sido hasta hoy el modelo hegemónico capitalista en nuestro país.

La superación del neoliberalismo, impuesto en nuestro país a sangre y fuego por la dictadura cívico militar significa, entre otras cosas, recuperar el Estado, hasta el día de hoy en manos de privados, terminar con la mercantilización de los derechos –que desde el momento que sólo están disponibles para quien los puede comprar dejaron de ser derechos para transformarse en mercancías- terminar con la sobre explotación de la mano de obra, recuperar las riquezas naturales de todos los chilenos, eliminar la concentración de la riqueza, establecer una sociedad solidaria, ecológicamente sustentable, etc.

Pero como se pudo apreciar desde el primer momento en que se masificaron las movilizaciones sociales de octubre de 2019, no sólo se buscaba superar el neoliberalismo, sino también llevar adelante un proceso profundo de revisión y modificación de nuestra identidad y de nuestro proyecto nacional, en definitiva reconstruir nuestra imagen del Estado, terminar con elementos sustanciales de su matriz histórica, como el patriarcado, el centralismo, el desconocimiento de los pueblos originarios, la intolerancia con la diversidad sexual, etc., que han formado parte de ella desde los orígenes de nuestra república.

En estas últimas materias ya se han alcanzado éxitos significativos, en los que resulta difícil pensar que se pueda retroceder significativamente, como la paridad de género lograda para la Convención Constituyente, las elecciones parlamentarias y de concejales, los escaños reservados para los pueblos aborígenes, la constatación creciente de nuestra diversidad sexual y cultural, no un solo pueblo, no una sola lengua, no una sola religión, sino varios pueblos, varias lenguas, varias religiones, aplicación especial para atender los efectos del cambio climático en la vida humana, animal y vegetal, etc.

Se trata, como se ha venido manifestado desde el primer momento, de poner término a los sistemáticos y permanentes abusos sufridos por el pueblo y luchar “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Ahora bien, la mantención y profundidad del proceso transformador en que nos encontramos no está asegurada. Por el contrario, está en permanente disputa, la que se da en forma simultánea en todos los espacios de nuestra vida social, política, y cultural, y muy especialmente en torno al Poder Constituyente, los poderes constituidos y “la calle”.

El Poder Constituyente, manifestado en la Comisión Constituyente elegida recién en los días 15 y 16 de mayo, tiene el mayor desafío, elaborar un proyecto de Constitución Política que no sólo consagre las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos sino también los mecanismos que permitan hacer exigible el desarrollo legislativo de esas aspiraciones, así como su posterior implementación práctica. Pero, además, y esto lejos de ser menor es uno de los grandes desafíos, lograr que el proyecto que propongan a la aprobación ciudadana sea percibido como la adecuada y legítima respuesta a sus demandas, y por tanto sea aprobado por abrumadora mayoría.

Después de largas y agotadoras jornadas, la Comisión Constituyente logró redactar y aprobar los cuatro reglamentos que consideró necesarios para poder desarrollar su labor, general, de ética, de participación y consulta indígena y de participación popular, y constituir las siete diferentes comisiones que abordarán los temas de fondo, a partir del 18 de octubre del presente. Para apreciar parcialmente lo que éste trabajo ha significa, recordemos que el Congreso Nacional recién electo, en 1990, demoró cuatro meses en aprobar un reglamento provisorio y sólo 4 años después logró aprobar el definitivo.

Tal como se ha podido apreciar hasta aquí, no se ha tratado de una cuestión fácil. Por el contrario, ha sido necesario un proceso complejo, originario en nuestro país, en el que nunca antes nuestros pueblos habían tomado parte en un procedimiento similar, y más aún, en condiciones aún más complicadas a como ha ocurrido históricamente en Latinoamérica, toda vez que las experiencias similares exitosas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo han sido bajo  el contexto de un gobierno de izquierda, que precisamente promovía ese cambio, la redacción de una Constitución, y en nuestro país se realiza bajo un gobierno de derecha que se ha opuesto sistemáticamente a ellos.

En este contexto, el Poder Constituyente, se enfrenta además a dos problemas relevantes.

El primero es una derecha económicamente poderosa, con todos los medios de comunicación de masas a su disposición, que desde el primer momento ha desarrollado diferentes estrategias para impedir las transformaciones o hacerlas simplemente cosméticas, al más puro estilo gatorpardista. Y el primer esfuerzo por parar las transformaciones que el pueblo exigía en las calles, fue precisamente, conciliar, entre gallos y medianoche, reviviendo la desprestigiada política de los consensos, la elaboración de una nueva Constitución, que en ese momento buscaba permitirle sobrevivir, que no consideraba la paridad, ni los escaños reservados para los pueblos originarios, y si un altísimo porcentaje de votación de 2/3, para aprobar los diferentes contenidos. La segunda estrategia para frenar las transformaciones fue la campaña del “Rechazo”, en la que el gobierno y sus partidarios se jugaron por evitar el triunfo del Apruebo, y una vez perdido este plebiscito, la participación en la elección de constituyentes, en donde buscaban sacar al menos 52 constituyentes, para tener el tercio que les permitiría paralizar cualquier transformación. En términos generales, la única que les ha resultado parcialmente exitosa ha sido la de los 2/3, que sigue siendo un quorum muy alto para la aprobación de los textos.

En la actualidad, y dado que no lograron obtener la votación mínima para paralizar los cambios desde dentro de la Convención Constituyente, la derecha ha desarrollado esencialmente tres estrategias para oponerse al cambio: a) la obstaculización del quehacer de la Convención, incluso con cuestiones prácticas como la falta de computadores, de espacios para que sus miembros almuercen, etc., b) el llamado “tercio móvil”, esto es, que buscarán alcanzar el porcentaje que les permite rechazar la norma intentando lograr apoyos puntuales en función de cada uno de los temas que les parezcan más relevantes y por sobre todo, c) el alcanzar un desprestigio tal de la Comisión Constituyente, que la haga perder legitimidad y que en definitiva su propuesta termine siendo rechazada por la ciudadanía. Para lograr esto no se han escatimado esfuerzos. Y si bien la propia Comisión ha colaborado con más de un evento para verse desprestigiada, básicamente lo que ha habido es un aprovechamiento por parte de la derecha de esas situaciones, o lisa y llanamente la mentira. Que los convencionales son flojos, que solicitaron aumentar sus sueldos, que la presidenta no está capacitada para el cargo, que se eliminó la consideración de “República”, de nuestro país, o que ya se decidió que no existirá libertad de enseñanza. son algunas de las afirmaciones falsas que se han difundido. A su divulgación no sólo han contribuido representantes de la derecha en la misma constituyente, (Marcela Cubillos y  Teresa Marinovic, son buenos ejemplos),  también parlamentarios de RN y la UDI, el propio Piñera y de manera muy especial, unas 8.000 cuentas de twiter que de manera “coordinada” se han dedicado a difamar a la presidenta y a la convención .

Pero la Convención Constituyente tiene un problema adicional, y esto es lograr que todos aquellos que fueron elegidos para implementar las transformaciones, es decir la inmensa mayoría, efectivamente tengan la voluntad de llevarlas a cabo, y con la profundidad que ello requiere. Y esto no es una cuestión que esté del todo clara, ya porque un número significativo de constituyentes pertenecen a partidos políticos cuyo compromiso con los cambios es dudoso, ya porque existiendo un alto número de independientes aún no tenemos claro cuál es su nivel de compromiso con esas transformaciones.

En el ámbito de los poderes constituidos, y especialmente en relación con los poderes ejecutivo y legislativo, la lucha por las transformaciones se da en función de dos momentos. El primero, referido a lo que esos poderes representan en la actualidad y el segundo, y dada las elecciones que tenemos ya en poco más de un mes, el segundo, referido a lo que esos poderes representarán a partir de lo que dichos procesos eleccionarios entreguen. Y es que dichos poderes juegan y jugarán un rol importantísimo en la concreción de las demandas populares. 

En la actualidad, si bien poco o nada podemos esperar de un presidente como el que tenemos, sumergido en su propio estiércol, es especialmente importante estar atento al recurrente uso e la violencia que desata.

Obviamente la lucha política con mayor relevancia se da en relación con las elecciones que vienen. Y es que los cambios constitucionales que la nueva Constitución consagre necesitarán ser implementados, para lo cual el rol de los nuevos poderes ejecutivo y legislativo será indispensable. Así por ejemplo, la Constitución deberá sancionar el derecho a una educación laica, gratuita, de calidad y no sexista, a un sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas ,a una  atención de salud de calidad y oportuna, etc., así como los mecanismos para que su exigencia sea posible, pero la implementación de todo ello requerirá la dictación de leyes que aterricen dichas normas, así como de un gobierno que esté dispuesto a implementar dichas modificaciones. 

El último escenario de esta lucha política es “la calle”, que en definitiva significa la calle, la plaza, el metro, la población, el sindicato, la universidad, los medios de comunicación, es decir, todos los espacios de nuestra vida social y política. Después de todo jamás debemos olvidar que lo avanzado hasta ahora es precisamente resultado de la lucha social y política desarrollada precisamente en “la calle”.

Aquí, dos cuestiones parecen esenciales, la toma de conciencia y la movilización social organizada. 

Lo primero es tener clara conciencia del momento histórico que vivimos y de cómo no es exagerado decir que de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy dependerá el curso que probablemente determine gran parte de la vida política, social y cultural de los próximo 30 o 40 años en nuestro país. Y en esa perspectiva, de lo que puede ser nuestra propia vida, la de nuestros hijos y nuestros nietos. 

Para ello, es preciso profundizar la lucha ideológica, hasta lograr una verdadera reforma intelectual y moral de la sociedad, en la que se afirme la necesidad y la posibilidad del cambio. Debemos ser capaces de erradicar de nuestro pueblo ideas como que “los pobres siempre han existido”, los empresarios “dan trabajo”, los “políticos son todos corruptos”, “salga quien salga tengo que trabajar igual”, que son algunas de aquellas expresiones que dan cuenta de esa visión que consagra y legitima un modelo que se presenta como el ideal “para todos”, el único que asegura gobernabilidad, el que permite el desarrollo económico que el país necesita.

Se trata de generar una verdadera voluntad nacional-popular que reúna al mayor número de personas, trabajadores, estudiantes, pobladores, jóvenes, mujeres, organizaciones y movimientos sociales, que logren pasar de personas, clases sociales o movimientos “en sí”, a personas, clases sociales o movimientos “para sí”. En el decir de Abraham Lincoln, que la democracia efectivamente sea un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esta nueva perspectiva, que debemos aspirar a que se transforme en verdadera hegemonía intelectual, que en algunos momentos se ha manifestado con fuerza en estos días, ha desatado ya la furia de la derecha, como por ejemplo lo muestra día a día El Mercurio, indudable órgano oficial del “Rechazo”.

El otro elemento esencial de la lucha por los cambios, y que se integra plenamente con la lucha ideológica, es la movilización y organización del movimiento de masas.

Por un lado, si estamos ideológicamente convencidos de la necesidad de las transformaciones, debemos exigir, en las diferentes instancias en que nos desenvolvemos, que ellas se lleven a cabo, organizando y participando de aquellas movilizaciones que precisamente las promueven. Por otro, las movilizaciones sociales van a su vez generando conciencia social y política, es decir, constituyen también elementos que aportan, y de manera significativa, a la formación de esta nueva identidad ideológica. 

Las movilizaciones sociales debieran ir dirigidas esencialmente a dos asuntos, en el próximo y complejo proceso electoral, a apoyar a aquellos candidatos que se han manifestado claramente partidarios de las transformaciones que necesitamos, pues hoy más que nunca es imprescindible elegir un Presidente de la República que esté a la altura de los tiempos y a aquellos parlamentarios que den garantías de estar comprometidos con los cambios profundos que requerimos.

Pero eso aun no basta, se hace imprescindible politizar al país en torno al desarrollo de la convención, que todos estemos atentos a los temas que se debaten, a las posiciones que los diferentes constituyentes van desarrollando y que, “rodeando la convención”, seamos capaces de manifestar nuestro apoyo a aquellas decisiones que van encaminadas en la línea de las transformaciones profundas que nuestros pueblos exigen, y si es necesario, haciéndoles saber nuestra molestia cuando las decisiones que quieran adoptar no lo hagan. En este sentido, las diferentes organizaciones sociales debieran tener la capacidad de estar en la calle mientras los temas que directamente las afectan se estén discutiendo. 

Esto requiere superar los escasos niveles de organización que se vieron hace dos años. Así por ejemplo, los apoderados, los alumnos, los profesores, debieran discutir, ya sea en cabildos abiertos u otro tipo de…. los diferentes temas que sobre la educación les preocupan, hacerse oír en las comisiones que los aborden, asegurando la participación de sus representantes, entregando sus propuestas a la comisión, pero también estando masivamente en las calles cuando los temas se deban votar. Algo similar debiera ocurrir cuando se vea cada derecho, cada tema que resulte relevante. Después de todo, sólo el pueblo movilizado y organizado es la única garantía que tenemos.

Por ello, la celebración de este 18 de octubre nos debiera encontrar, Unidos y Luchando.

Santiago, 16 de octubre de 2021.

PENALIZACIÓN DEL ABORTO, MENTIRAS, HIPOCRESÍA Y DISCRIMINACIÓN

 

Texto actualizado al 08.06.2023

La redacción de un nuevo texto constitucional y particularmente la presencia de una mayoría republicana entre los miembros del Consejo Constitucional, han replanteado una serie de temas, respecto de los cuales probablemente la discusión va a ser intensa. Con seguridad derechos sociales como salud, educación, pensiones, van a estar nuevamente en el debate público. Muy probablemente el tema del aborto adquiera también una significativa importancia, entre otras razones, porque existe un abismo de diferencia entre quienes sostienen una y otra opinión, entre quienes son partidarios de su legalización como parte sustancial de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y aquellos “pro-vida”, que creen que debe penalizarse como un delito grave contra la vida humana.

En nuestra opinión, buena parte de los argumentos que se dan por quienes se autodefinen como "pro-vida" carecen de la más elemental realidad. 

Criminalizado en la legislación penal española aplicable en nuestro país hasta la entrada en vigencia del Código Penal chileno en 1874, el aborto continuó considerándose delito en todas circunstancias en ese nuevo cuerpo legal. En 1931, y sin que ocasionara conflicto político o religioso alguno, mediante una disposición del Código Sanitario, se despenalizó el aborto con fines terapéuticos, exigiéndose si la opinión documentada de 3 facultativos para llevarlo adelante. En 1968, durante el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, se dicta un nuevo Código Sanitario, que mantiene la posibilidad del aborto terapéutico y reduce los requisitos exigidos en el anterior para ello.

Al no existir una definición legal del concepto “terapéutico”, la interpretación de este término variaba de un lugar a otro, permitiendo, durante el gobierno de Salvado Allende, que en el Hospital Barros Luco se realizaran abortos cuyas razones terapéuticas consideraban, además de los clásicos elementos biológicos, determinantes sociales relacionadas directamente con la salud y la vida de la mujer, lo que posibilitó que se ampliara el espectro de razones que justificaban dichos abortos. 

Pero llegó la noche, y cuando la dictadura estaba por acabarse, 16 años después del golpe de estado, en 1989, se modificó nuevamente la ley, eliminándose la causal terapéutica y estableciéndose que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto", volviéndose a la situación previa a 1931, esto es sancionándose el aborto bajo cualquier circunstancia. Así se continuó hasta el 2017, cuando la ley 21.030 legitimó el aborto bajo tres circunstancias, lo que si bien abrió una puerta que hasta ese momento estaba totalmente cerrada, no soluciona el problema de las decenas de miles de mujeres chilenas (entre 60 y 300 mil dice el M. de Salud para el 2016), que deben recurrir clandestinamente a esa práctica.

A partir de 1989, liderados por los sectores más conservadores de la política, con la UDI como su brazo armado y los más retrógrados de la Iglesia Católica, como el Opus Dei encabezando el tema, se ha mantenido una masiva propaganda ideológica en contra del aborto, entre cuyas afirmaciones se sostiene que quienes son partidarios de mantener su penalización son verdaderos defensores de la vida bajo todas circunstancias, (pro-vida), lo que los intenta colocar en una especie de superioridad moral frente a los partidarios de la legalización, que vendríamos a ser algo así como “pro muerte” y que esa ha sido la posición de la Iglesia católica desde siempre.

Pero la verdad es que no sólo son falsas ambas afirmaciones, sino que ellas encubren una situación de mentiras, hipocresía y discriminación como pocas veces se ve en nuestra legislación.

Desde luego y lo más obvio, es que quienes formaron parte de un gobierno criminal, que torturó, violó y asesinó a miles de personas no pueden levantarse hoy como defensores permanentes de la vida y menos aun cuando defendieron hasta el final la aplicación de la pena de muerte. Pero tampoco se puede estimar que realmente sean defensores de la vida en todas circunstancias quienes jamás se han pronunciado contra las masacres en Palestina, Afganistán, Irán, y decenas de otros lugares, ni contra el hambre y la miseria a que lleva el capitalismo. En verdad ni siquiera están realmente en contra del aborto, toda vez que no sólo no combaten la principal causa de éstos, los embarazos no deseados, sino que rechazan los mecanismos que existen para disminuirlos. (La experiencia y la investigación internacional demuestran, sin ninguna duda, que entre los factores que más ayudan a disminuir los embarazos no deseados (principal causa de los abortos consentidos) se encuentran la educación sexual, la planificación familiar, los servicios anticonceptivos al alcance de quienes todos los que tienen una vida sexual activa, el aumento del poder de las mujeres en la capacidad para tomar decisiones sobre aspectos sexuales y reproductivos, etc. Como es sabido, a todas estas medidas los movimientos pro-vida, se oponen).

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En estricto rigor, su defensa del delito de aborto como mecanismo para luchar contra esa práctica no parece creíble, y por el contrario parece presentarse como una simple pantalla que más bien encubre otros objetivos. Y esto, entre otras razones, porque el delito de aborto no busca, ni ha buscado nunca efectivamente sancionar a quienes realizan esa conducta.  El delito de aborto ha sido, y es, en términos reales, una figura penal meramente simbólica. Y ello, simplemente porque no es real ni posible sancionarlo. Y no por un problema de su clandestinidad, elemento por lo demás común a casi todos los delitos, sino simplemente porque no se puede encarcelar a las entre 60 y 300 mil mujeres que se estiman abortan cada año en nuestro país. Cualquiera que sea la cifra real, lo único cierto es que resulta imposible perseguir esa cantidad de conductas y consecuentemente sancionarlas. Incluso si la cifra real fuera la menor que hemos señalado. ¿O alguien cree seriamente que nuestro país soportaría encerrar anualmente a 60 mil mujeres? ¡Y qué decir de tratar de encerrar anualmente a 300 mil! No sólo no hay presupuesto, policías, jueces, gendarmes, ni cárceles para ello, sino que tampoco podríamos generar anualmente ese número de hogares sin madres, sin hijas, sin hermanas. El costo social de un desatino de esa naturaleza sería de tal envergadura, que muy pronto generaría una reacción social absolutamente inmanejable.

En verdad la disposición penal no tiene ninguna posibilidad real de hacerse efectiva. Sólo sirve para penalizar, a lo lejos, a una mujer pobre que casi pierde la vida en un aborto clandestino realizado bajo las peores condiciones de higiene y seguridad, y llega en esas condiciones a un centro de salud. Las otras decenas de miles de casos quedan en la impunidad (afortunadamente), y a nadie le importa. Y así lo sabe todo el mundo que medianamente se inicia en el estudio del tema. Y también lo saben quiénes se dicen “pro-vida” y luchan porque se mantenga el aborto como delito en el Código Penal. Si estuvieran realmente convencidos de la naturaleza delictiva del aborto, y de la necesidad imperiosa de sancionarlo penalmente, como dicen estarlo ¿no debieran luchar porque efectivamente se persiga el delito, se sancione a quienes lo cometen y se les encarcele por ello? ¿Y han visto a alguno de esos grupos proponiendo la generación de brigadas especiales de la policía para perseguir este delito? ¿O siquiera pidiendo más recursos para enfrentarlo? Nada de eso se hace. Y ello, porque como hemos señalado, los defensores de la penalización del aborto –al menos en sus eslabones pensantes- no buscan la supuesta protección de la vida del que está por nacer, sino mantener un factor aglutinante (un verdadero enemigo útil), como uno de los últimos reductos de una moral conservadora que se niega a morir.

Pero tampoco es efectivo que la Iglesia Católica haya condenado siempre el aborto. Desde luego a cualquiera le podría llamar la atención que entre 1931 y 1989, no haya habido una sola manifestación importante de la Iglesia chilena condenando la disposición que lo permitía del Código Sanitario. ¡Y vaya que tenía influencia la Iglesia en esos tiempos!

Más aún, debemos recordar aquí que, si bien existe una tradición oficial que condena el aborto en todo momento, que se impone desde el Vaticano, ello es sólo a partir de la encíclica Apostolica Sedis, de Pio IX, en 1869 y que luego se refuerza con la Encíclica “Casti Connubi”, del Papa Pío XI, el año 1939. Antes, el aborto se condenó por la iglesia de manera más o menos permanente sólo cuando era “manifestación de un pecado sexual”, -mujer soltera, viuda, casada con marido ausente por mucho tiempo, etc.- lo que por cierto guarda absoluta concordancia con la verdadera obsesión sexual que ha manifestado la Iglesia desde los tiempos de Agustín de Hipona.  (La Iglesia Católica hasta hoy castiga a sus miembros que practican la masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, prostitución, actos homosexuales y usan métodos anticonceptivos). ".

Por último, recordemos que las tres fuentes de la doctrina católica, las llamadas sagradas escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, presentan posiciones absolutamente variadas sobre el tema.

De partida, las más importante de esas fuentes, la Biblia, no contiene ni un solo sílaba de condena al aborto consentido. Es decir, en los más de 35.500 versículos que contiene la Biblia Católica, no hay una sola palabra que condene expresamente el aborto.

Contrario además a lo que sostiene la propia Iglesia, la mayoría de los teólogos tradicionales reconocen la legitimidad del aborto bajo ciertas circunstancias y especialmente durante las primeras semanas del embarazo. Autores como San Agustín, San  Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás y muchos más, al definir al ser humano como la conjunción de cuerpo y alma (definición que hasta hoy mantiene la Iglesia) afirman que el alma no puede existir en el embrión antes que éste se encuentre debidamente organizado (teoría del hilemorfismo), y ponen diferentes plazos para que ello ocurra, que suelen ir entre los 40 y los 90 días. Es decir, antes de esa fecha no existe persona, no existe ser humano, y por tanto no hay posibilidad de cometer el delito de aborto.

Debemos agregar además que en la actualidad un número creciente de católicos, entre los que hay respetables teólogos, (sacerdotes y monjas) sacerdotes y laicos, acepta la posibilidad de que el aborto sea legítimo en determinadas circunstancias, con argumentaciones que giran en torno esencialmente a tres categorías argumentales.

Una primera, a la mantención del hilemorfismo como doctrina para definir a la persona humana.

Una segunda línea argumental manifiesta su rechazo a la afirmación que describe a la fecundación como inicio del individuo, toda vez que la posible evolución del producto de la concepción no parece siempre compatible con la idea de “individuo humano”. La mayoría de las veces se pierde de manera natural (alrededor del 70% de los embarazos), puede evolucionar hasta transformarse en una mola hidatiforme o un cáncer denominado coriocarcinoma, el cigoto se puede dividir y dar origen a dos gemelos, o fusionarse con otro y dar origen a una "quimera".

Por último, hay una corriente muy relevante que revaloriza la autonomía moral y entiende que si la persona decidió en conciencia una determinada conducta, no es posible condenarla, al menos de manera a priori.

En verdad la actual insistencia en la mantención de la penalización del aborto, parece más bien la mantención de la violencia estatal contra la mujer pobre, basada en la mentira y la hipocresía.  

Actualizado 08 de junio de 2023.

 

ATENTADO CONTRA PINOCHET. A 35 años de una gesta heroica.

 

 “…que la tumba serás de los libres

o el asilo contra la opresión…”

Canción Nacional de Chile

 

 

El domingo 7 de septiembre de 1986, hace exactamente 35 años, tres unidades del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR), llevaron a cabo un ataque armado contra el dictador Augusto Pinochet Ugarte. Mientras regresaba de un fin de semana de descanso en su residencia en El Melocotón, un grupo de combatientes atacaron, con armas de grueso calibre, la comitiva del Dictador. Como es sabido, los combatientes no lograron su objetivo, murieron 5 escoltas, pero el Dictador salió ileso. Ninguno de los atacantes quedó herido, ni fue detenido, todos pasaron sin dificultades los controles policiales y retornaron íntegramente a sus casas de seguridad.

EL ataque a la comitiva de Pinochet fue sin duda la acción más relevante de la política de “rebelión popular de masas” definida por el Partido Comunista años antes y hecha pública el 3 de septiembre de 1980, pocos días antes que se concretara el fraude que significó el plebiscito que aprobaría la constitución de la dictadura.

La política de la rebelión popular de masas, que fuera poco a poco haciéndose carne en miles de chilenos surge de la conjugación de tres elementos.

En primer lugar, de la convicción que el fascismo instalado en el país buscaba eternizarse, siendo la constitución que en esos días se intentaba legitimar, una de las herramientas más claras para ello, con todo el horror que eso significaba

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 no sólo se habían suspendido todos los derechos políticos, disuelto los partidos, el Congreso, las organizaciones sindicales, estudiantiles, eliminado la libertad de prensa, sino que desde el primer momento se había asesinado, torturado, secuestrado, encarcelado, relegado a miles y miles de chilenos. A septiembre de 1980 los hornos de Lonquén, que daban cuenta de las torturas y homicidios de 15 campesinos ya habían confirmado la realidad de los “detenidos desaparecidos”. Lo mismo había hecho el cadáver de Marta Ugarte, mostrando la suerte seguida por más de 500 chilenos, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar, como se supo más tarde. El Partido Comunista había sufrido el secuestro y asesinato de dos directivas clandestinas completas y la tortura de miles de sus militantes y simpatizantes, y Chile entero era una verdadera cárcel. A ello se debía agregar que la cesantía y el hambre azotaban a millones de chilenos. El Plan del Empleo Mínimo, (PEM), implementado a partir de 1974 con un sueldo percibido cercano a un tercio del salario mínimo y sin imposiciones, seguía siendo el único ingreso de miles de familias.

El segundo elemento fue la convicción que, desde la perspectiva que se asumiera, no sólo resultaba ética y jurídicamente legítimo que el pueblo se defendiera contra la criminal agresión de que era permanentemente víctima, e intentara el derrocamiento de ese régimen, mediante el ejercicio del legítimo derecho de rebelión contra la opresión, sino que ello correspondía a la experiencia y tradición chilena, tanto si se remontaba al pueblo mapuche como al conquistador español.

Como ha ocurrido con todos los derechos que han ido ampliando las libertades humanas, el de rebelión es también fruto de la larga lucha de los hombres oprimidos en busca de su liberación. Al igual que todos, surge primero en la realidad, en el enfrentamiento material contra el tirano, luego es recogido por algunos pensadores, para sólo más tarde materializarse en textos de contenido jurídico.

En la historia de la humanidad las manifestaciones concretas contra el gobierno dictatorial o tiránico son infinitas, y de ello tenemos constancias desde las rebeliones esclavas en adelante, hasta nuestros días.

En cuanto a la idea, ella es prácticamente universal. Se encuentra desde muy temprano en las más variadas culturas. Así por ejemplo, en Grecia, ya Platón, tratando de la tiranía, expone el derecho del pueblo a luchar contra el tirano y a defenderse de la injusticia. En Roma, Cicerón propone expulsar a los seres que con figura de hombres encubren la crueldad de las bestias, y asegura que la más bella de las acciones es matar a un tirano. En China, tratan el tema Confucio y con mayor claridad su discípulo Mencio, quien, junto con declarar el carácter corruptible del poder, muestran la justicia de una rebelión que precisamente ayude a deponer al rey despótico y a reemplazarlo por un príncipe virtuoso. En el pensamiento cristiano numerosos autores han desarrollado el tema, destacando San Isidoro de Sevilla y Tomás de Aquino en la escolástica medieval. Este último es uno de los que con más detención estructura el ejercicio de este derecho, y dada su importancia en el pensamiento católico, su influencia, también en esta materia, aparece como decisiva en muchos momentos. (Si no resultara patético, recordaríamos como anecdótico que la Junta de Gobierno justificó el golpe de estado contra el gobierno legítimo de Allende precisamente en el derecho de rebelión, en los términos exigidos por Tomás de Aquino (bandos 1, y sobre todo 5).

La lista es larguísima. Sólo por referirnos a los más cercanos, recordemos que en el pensamiento español encontramos una extensa tradición en defensa del derecho de rebelión, que no sólo se refleja en pensadores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Luis de Molina, Pedro de Rivadeneira, Juan Márquez, Diego de Landa; sino incluso en obras del teatro clásico, como Fuenteovejuna, en la que el pueblo mata al comendador

Entre los primeros textos jurídicos que de una u otra manera consagran el derecho de rebelión, está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, (4 de julio de 1776), que en su párrafo más famoso, aquel en que se señala como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, más adelante agrega

 “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno…”

Más universal aún resulta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. En el artículo 2° de este documento se lee:

“La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

Así como éstas, hay numerosos documentos que, de una u otra manera, reconocen ese derecho de rebelión de los pueblos. Probablemente uno de los más importantes hasta el día de hoy lo constituye la Declaración de los Derechos Humanos suscrita por Naciones Unidas en 1948, en cuyo preámbulo se lee:

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremos recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”

Como ya lo señalamos, en nuestro país el ejemplo más claro en materia de ejercicio real contra la opresión la constituyen los siglos de lucha que logra el pueblo mapuche, enfrentándose primero al invasor europeo y luego al nacional.

En términos de discurso político. Ya en la primera constitución que tuvo nuestra naciente república se puede leer explícitamente que dicha constitución está “…poniendo a la vista de los hombres libres sus derechos, para que formen el justo concepto de su grandeza, y resistan toda opresión y tiranía”.

La Canción Nacional por su parte, en todas las versiones que ha tenido ha mantenido la legitimidad de la lucha contra la tiranía y la opresión. Así, enel primer texto de nuestro himno patrio, con letra de Bernardo Vera y Pintado se lee

El cadalso o la antigua cadena

Os presenta el soberbio español

Arrancad el puñal al tirano

Quebrantad ese cuello feroz.

Por su parte, el segundo texto, se dice:

Libertad, invocando tu nombre,

la chilena y altiva nación,

jura libre vivir de tiranos

y de extraña, humillante opresión.

El texto actual insiste precisamente en la lucha contra el opresor. En parte de ella se lee

Que tus libres tranquilos coronen

a las artes, la industria y la paz,

y de triunfos cantares entonen

que amedrenten al déspota audaz.

 

Un año después que se diera a conocer la política de la rebelión popular de masas, en septiembre de 1981, representantes de todos los partidos de la Unidad Popular declaran públicamente que el derecho del pueblo a rebelarse está legitimado ante el implacable empeño de la Dictadura por afianzarse mediante el terror.

El tercer elemento que define la política de rebelión popular de masas es quizás el más simple, pero a la vez el que mayor valor relejaba, la consecuencia política. Si era legítima la rebelión contra el tirano, lo consecuente era rebelarse. Y así se hizo.

Hoy, cuando nuestro pueblo una vez más se ha levantado en actos de rebeldía, esta vez contra un modelo político que lo condena a la miseria, la explotación y la opresión, y con ello ha logrado abrir nuevos caminos hacia una sociedad más justa, parece necesario recordar que ayer hubo muchos que arriesgaron su vida por la libertad y la democracia.

Honor y gloria a los combatientes que hace 35 años intentaron liberar a nuestra patria del peor criminal que ha conocido nuestra historia.

7 de septiembre de 2021

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1. Durante la Dictadura, desde el FPMR, me pidieron una pequeña colaboración para la revista que regularmente publicaban, El Rodriguista, sobre el derecho de rebelión. El trabajo, con algunas variaciones, y obviamente sin mi nombre, se publicó en dicha revista. Pero el tema había dado origen a una investigación bastante exhaustiva, para la época, y a un texto muchísimo más extenso que las dos o tres páginas que la revista permitía. El reencuentro con dichas notas, y el 35 aniversario del atentado al dictador motivaron este breve trabajo.

2. Como millones de chilenos, participé en algunas actividades dirigidas a derrocar la tiranía. Como todos, tuve miedo muchas veces. Pero más allá de las convicciones políticas, existía también un acicate para participar, la convicción que si no derrotábamos nosotros a la dictadura, serían nuestras hijas quienes estarían en las calles intentándolo. Y si había algo que verdaderamente me aterrorizaba más que caer en las garras de la tiranía, era que lo hicieran mis hijas. Estas líneas también nacieron dedicadas a ellas. Hoy siguen para Andrea, Natalia y Javiera, que desde distintas trincheras luchan por un mundo mejor. Pero además para Gaspar y Sara, mis adorables nietos, que como todos los niños del mundo, merecen un mundo mejor.

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SOBRE HIROSHIMA, NAGASAKI Y OTROS CRÍMENES

 

 

Cada año, los días 6 y 9 de agosto, la humanidad recuerda los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Esos días, los Estados Unidos desataron, en instantes, el horror más grande que ha conocido la humanidad.

Como se ha dicho, el 6 de agosto, a las 8,14 de la mañana era un día asoleado en Hiroshima, una ciudad que no había sido bombardeada, que estaba absolutamente intacta, y por tanto era un buen lugar para experimentar los efectos de un arma de esa naturaleza. A las 8.15 era el infierno.

La explosión tuvo un efecto similar al de unas 15.000 toneladas de TNT (un Kg de TNT basta para destruir un automóvil) y generó una onda de calor de más de 4.000 grados en un radio aproximadamente de 4, 5 kilómetro.

Hasta hoy no existen cifras definitivas sobre cuántos hombres, mujeres y niños murieron a causa de los bombardeos, ya como consecuencia inmediata de la explosión, o en las semanas y meses siguientes debido a las heridas provocadas o a los efectos de la radiación. Los cálculos más conservadores estiman que a fines de 1945 los muertos podían estimarse en unas 110 mil personas, mientras que otros estudios llevan esa cifra a los 210 mil.

Los sobrevivientes no sólo tuvieron que hacerlo con las quemaduras, las mutilaciones, que marcaron para siempre sus cuerpos, sino también con las secuelas de la radiación.

Por otro lado, los efectos psicológicos fueron espantosos, el impacto de la explosión, el infierno posterior a ella, la perdida de seres queridos, el miedo a enfermar producto de la radiación, la culpa por no haber podido salvar a los parientes o amigos que murieron a su lado. A todo ello se debe agregar la discriminación sufrida producto de su apariencia física (quemaduras, heridas, perdida de pelo,…) y la creencia, en muchos, que las enfermedades que padecían podían contagiarse.

Pero si ese horroroso experimento de guerra Estados Unidos no se ha atrevido a repetirlo, -varios parlamentarios norteamericanos lo han solicitado- ha continuado con su política de muerte y exterminio hasta el día de hoy.

Después de Hiroshima y Nagasaki, primero fue Corea, pero sobre todo Viet Nam, en donde el uso del napalm, sustancia altamente inflamable y adhesiva, capaz de quemar toda forma de vida, que arde lentamente, y que puede producir temperaturas entre 800 y 1200 grados, fue lanzado por miles de toneladas contra la población y contra la vegetación. La fotografía de Kim Phunc, de 9 años, corriendo desnuda, quemándose por el napalm, (“la niña del napalm”) constituye hasta hoy uno de los mayores símbolos de los crímenes norteamericanos en Viet Nam. (De modo similar a lo ocurrido con nuestra Carmen Gloria Quintana, quemada por nuestro glorioso ejército, Kim se salvó, permaneció hospitalizada 14 meses y sufrió innumerables operaciones de injertos de piel).

En el intertanto, hechos como el ocurrido el 16 de marzo de 1968 marcaron la pauta. En esa oportunidad, el segundo teniente William Laws Calley y su sección, en la aldea de My lai, violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado, incendiaron completamente la aldea, luego reunieron a los supervivientes en una acequia y procedieron a asesinarlos, matando a unas 500 personas, la inmensa mayoría ancianos, mujeres y niños, pues los hombres estaban fuera combatiendo. (En Estados Unidos, Calley fue más tarde juzgado, “condenado”, permaneciendo tres años bajo arresto domiciliario y luego fue indultado por Nixon).

Además del napalm, los norteamericanos usaron en Viet Nam el “agente naranja”, un poderoso herbicida, que además de destruir la flora y la fauna de miles de hectáreas, causó deformaciones y cáncer en miles de personas.

En Viet Nam los norteamericanos lanzaron unos 6 millones de toneladas de bombas. Si, 6 “millones” de toneladas de bombas, y 75 millones de litros de agente naranja.

Como es sabido, el pueblo vietnamita triunfó sobre los invasores norteamericanos y los hizo huir de la manera más vergonzosa de su historia, en abril de 1975.

Pero la historia de crímenes continúa y es larguísima. Luego de Viet Nam vino el Líbano (1983), Libia (1986), Panamá (1989), la Guerra del Golfo (1991), Somalía (1993 – 1994), Haití (1994),  … Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Filipinas, y nuevamente Afganistán, y nuevamente Somalía, y nuevamente Libia…Irak…, hasta el día de hoy.

Y si de crímenes y violaciones a los derechos humanos se trata, no podemos pasar por alto el campo de concentración de Guantánamo, -ubicado en territorio cubano ocupado por los norteamericanos desde 1903-, como resquicio para evitar aplicar las leyes norteamericanas y poder mandar allí a cientos de personas con el único objetivo de obtener información de ellos, a menudo con métodos de tortura, y al margen de responsabilidad alguna en hechos delictivos, como lo revelaron en su oportunidad 759 informes secretos que fueron revelados. Hace un par de meses, en mayo, Joe Biden anunció que liberaría a tres presos de Guantánamo, entre ellos al paquistaní Saifullah Paracha, de 73 años, y que ha pasado 16 en campos de concentración norteamericano, sin juicio alguno.

Por último, no podemos dejar de recordar lo que podría ser una verdadera ironía, si no fuera una realidad dramática. Hace una semanas Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Cuba, aun cuando la promesa de campaña había sido la contraria, esto es, flexibilizar las relaciones con la isla, por “violaciones a los derechos humanos”.

Hoy, sin duda, el gran violador de los derechos humanos en el mundo, incluyendo a su propio territorio, es Estados Unidos.

 

Fernando García Díaz

PRIMARIAS PRESIDENCIALES, OTRO CAMINO DEL CAMBIO

 

Después de más de 20 años de la derrota de Pinochet, y cuando el modelo neoliberal impuesto por éste se consolidaba a nivel institucional y aparentemente también en las conciencias ciudadanas, Chile empezó a cambiar. Como había ocurrido en otras oportunidades, y seguiría ocurriendo, los estudiantes marcaron la pauta. Y así, aun cuando hubo otras manifestaciones de diversa índole, el primer cuestionamiento masivo y radical al modelo neoliberal, lo constituyó la petición de “educación gratuita” levantada en las manifestaciones del año 2011

Fue precisamente este concepto, “gratuidad”, el primero que masivamente cuestiona un sistema en que todo se vende y todo se compra, en que los derechos sociales no existen, pues es el mercado el que distribuye los bienes y obviamente lo hace entre quienes pueden pagar por ellos.

La educación chilena había conocido la gratuidad prácticamente desde siempre, en toda su extensión, desde los jardines infantiles hasta la educación superior. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX había sido vista como un elemento imprescindible para la construcción de la identidad y la ciudadanía que el Estado-nación requería. Con el surgimiento de los modelos desarrollistas posteriores a la II Guerra Mundial, la educación es mirada como una herramienta fundamental para la consolidación de esos modelos y la ampliación de las oportunidades de la población. La dictadura sin embargo, cuyo propósito desde un comienzo fue paralizar el proceso evolutivo que el país había ido desarrollando desde los años 50, y producir una regresión política, social y cultural, vio en la educación uno de sus peores enemigos. Por ello, no sólo hubo intervenciones militares en las universidades, con expulsiones, asesinatos, encarcelamientos de académicos, investigadores, estudiantes, sino también rechazo al pluralismo, abandono de la extensión y la investigación y por sobre todo, restricción presupuestaria. La educación, en los años 80, se transformó en una mercancía más.

Contra éste modelo, mantenido con pequeños cambios por los gobiernos concertacionistas se rebelan los estudiantes. Después vendrán las grandes marchas contra distintos pilares del sistema, como las AFP, o contra el patriarcado, por una salud digna, …, hasta el estallido social, en donde se confirma que “No son treinta pesos, sino treinta años” y que ya las demandas no son dos, ni tres, ni cuatro, sino la necesidad cierta de cambiar el modelo neoliberal que había significado la concentración de la riqueza y el poder en unas pocas manos, como nunca antes se había visto, que había consolidado un país de abusos, injusticias, precariedades y desigualdades, un país contra el cual Chile entero se levantó.

El amplio apoyo con el que triunfara el Apruebo, y más tarde el fracaso que experimentara el Rechazo en la elección de constituyentes, muestran que la necesidad de una nueva constitución no sólo no era “fumar opio”, como lo señaló el senador socialista Camilo Escalona hace algunos años, sino una necesidad sentida por la más amplia mayoría de los chilenos. Y aquí estamos, con una Convención Constituyente que más allá de demoras y errores, y en un proceso que por cierto no será fácil, y requerirá el apoyo y control  ciudadano, nos da esperanzas de que redactará un marco constitucional que garantice las condiciones necesarias para asegurar una vida digna para todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, que posibilite las transformaciones de nuestro país, de modo que podamos construir un Chile plurinacional, intercultural, digno, soberano, diverso, centrado en un enfoque de derechos sociales, un Chile con un estado social y democrático de derechos, en que el respeto por todos los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, esté presente en la elaboración e implementación de todas las políticas públicas.

Pero ese camino de construcción de un nuevo Chile ya iniciado no sólo no es el único, sino que requiere de otros que se complementen, se potencien, y por sobre todo, materialicen los cambios que se necesitan, De lo contrario corremos el riesgo de quedar a medio camino, de no lograr lo que tanto se anhela y lo que ha costado a nuestro pueblo detenciones, cegueras, torturas, violaciones, asesinatos. Ya lo vivimos luego de la derrota a la dictadura; los cambios anhelados, la alegría esperada, quedaron a medio camino.

Hoy no nos puede pasar lo mismo. No podemos creer en cantos de sirenas, en que aquellos que se opusieron sistemáticamente a los cambios o no tuvieron la voluntad de hacerlo, ahora si los llevaran adelante. Es necesario no sólo contar con una Convención Constituyente dispuesta a construir un nuevo Chile, debemos contar también con un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo con verdadera voluntad transformadora.

La conformación de un nuevo parlamento será más adelante, pero el camino para el establecimiento de ese Poder Ejecutivo que necesitamos ya empezó, y este domingo 18 tiene una de sus etapas fundamentales. Para que efectivamente podamos caminar hacia ese Chile que queremos, debemos concurrir masivamente a las urnas y allí manifestar nuestra voluntad transformadora. No basta con lo ya logrado, es necesario seguir avanzando, caminando de manera firme y decidida hacia ese nuevo Chile que tantos anhelamos.

Por todo ello, yo, sin miedo, voto Daniel Jadue.

Santiago 16 de julio de 2021

 

 

"COMUNISMO O LIBERTAD". El ladrón detrás del juez.

 

La campaña para bajar la candidatura de Daniel Jadue, emprendida por la derecha y apoyada con fuerza por elementos de la ex concertación no tiene límites.

 

Y es que, entre otras cosas, a diferencia del resto de las candidaturas, ésta no surgió desde un partido político, sino que comenzó desde el pueblo mismo. Empezó a tomar fuerza a medida que se iban conociendo los logros que la Municipalidad de Recoleta conseguía. La “farmacia popular” fue el primer hito que llamó la atención, a nivel nacional, sobre una realidad que se empezaba a construir en un pequeño espacio de nuestro país, en donde los límites que el neoliberalismo imponía se iban corriendo cada vez más. Luego vino la óptica popular, la librería popular, la escuela abierta, la inmobiliaria popular con arriendos a precio justo, la universidad abierta, y mucho más. A partir de la toma de conciencia de lo que estos hechos significaban, miles de ciudadanos comunes y corrientes empezaron a levantar la candidatura a presidente de Daniel Jadue, primero en las redes sociales y luego en las encuestas sobre intención de voto. Una elección este año en que su candidatura a reelección como alcalde obtiene más del 64% de los votos (tres veces más que su más cercano rival) da cuenta definitivamente de una realidad que supera con creces la votación y la presencia que puede tener el Partido Comunista (PCCH). Algo similar se puede deducir si su candidatura se mira desde otro ángulo, su programa por ejemplo, en cuya elaboración destacan figuras como Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista, o la del jefe del área económica, Ramón López, también independiente, así como los apoyos de Ana María Gazmuri, Bastian Bodenhöfer, Jorge González, y muchos más.

 

En definitiva, se trata de una candidatura promovida y desarrollada por un conglomerado en donde, además del Partido Comunista, están partidos y grupos políticos como FRVS, Igualdad, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, y dentro del cual se deberá considerar además al Frente Amplio, si Jadue gana las primarias;  pero por sobre todo, una infinidad de personas independientes de partidos políticos, que creen en la posibilidad de superar el neoliberalismo y construir un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario. 

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Y eso la derecha lo sabe, y es precisamente lo que le perturba. Si la campaña de Jadue fuera exclusivamente la campaña del Partido Comunista las posibilidades de éxito hoy serían cercanas al 0%, y no la complicarían. Pero como saben que no es así, y por un lado ésta candidatura trasciende a los partidos y refleja las esperanzas de millones de chilenos que están cansados de soportar la discriminación, el desprecio y la miseria, y por otro su elección como presidente significará para los dueños de Chile la pérdida de muchos de sus privilegios, se hacen todos los esfuerzos por bajar esa candidatura. Y dichos esfuerzos presentan, en términos generales una misma línea. Primero, identificarla exclusivamente con los “comunistas”, y segundo, desatar todo el anticomunismo que se pueda. Por supuesto que la verdad aquí no interesa. “Mentir, mentir, que algo queda”, ha sido desde siempre uno de los principios que ha guiado sus campañas, no sólo en materia de anticomunismo, también en otras, como la que se desarrolló para instalar las AFP, el Plan Laboral, la campaña del SI, la del Rechazo, etc.

 

Entre los últimos lemas que han levantado, y que probablemente trataran de mantener a toda costa de aquí para adelante, está la temida alternativa de “Comunismo o Libertad”, en la que por supuesto Jadue representa el comunismo (sinónimo de falta de libertad) y ellos la libertad.

 

Desde luego, y como ya se ha dicho, el programa de Daniel Jadue no es un programa comunista, pero más aún, la idea de que ellos representan la libertad y el Partido Comunista de Chile la alternativa contraria no sólo es burda, sino que además es un mentira desde la perspectiva que se mire.

 

La historia en esto no miente, el PCCH ha estado en los gobiernos de Allende y M. Bachelet y ninguno de ellos ha atentado contra la libertad de nadie. Por el contrario, sólo en el siglo XX, miles de personas más han sido víctimas de las persecuciones de la derecha, sindicalistas, socialistas, comunistas, estudiantes, intelectuales, ya en la dictadura de Ibáñez, (1927 – 1931), con González Videla e Ibáñez, (1948 – 1958) y por supuesto con Pinochet.

 

Que quienes fueron no sólo “cómplices civiles”, sino coautores del gobierno más criminal que Chile ha conocido, que prohibió los partidos políticos y las organizaciones sindicales, (no las gremiales de los empresarios), quemó libros, cerró diarios y revistas, impuso la censura previa a la prensa, y detuvo, torturó y asesinó a miles de chilenos vengan a proclamarse como adalides de la libertad, es no sólo una verdadera ironía, sino una desvergüenza que no tiene nombre. En verdad, es el ladrón detrás del juez.