martes, 19 de marzo de 2019

CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA, BUSCANDO LAS RAZONES


Fernando García Díaz

En sus casi dos mil años, la Iglesia Católica ha pasado por muy diferentes situaciones a lo largo de su historia. Algunas, negras para la humanidad, como durante la inquisición pontificia en plena Edad Media o la caza de brujas a inicios de la Edad Moderna, otras esencialmente complejas para la propia Iglesia, como durante la Reforma de Lutero. Lo cierto es que, probablemente desde dicha Reforma, nunca antes había sido tan cuestionada como hoy y nunca había estado tan en riesgo su poder. Cientos de sacerdotes, obispos o cardenales sancionados como pederastas, abusadores sexuales o encubridores de tales, miles de víctimas, cientos de millones de dólares pagados y una opinión pública que la condena con toda su fuerza. Y todo eso, en un escenario que crece día a día.

La Iglesia católica chilena, pequeñas, local y de mínima importancia a nivel general, no sólo está inserta en este escenario, sino que ha contribuido de manera significativa a su creación. Y es que hoy la Iglesia chilena, sin lugar a dudas, vive su peor momento, y sin que se vea una salida en el horizonte. Por el contrario, cuando ya creíamos que nada podía ser peor, una nueva denuncia, un nuevo caso, más dramático que el anterior, vuelve a golpearla.

Hay más de ciento cincuenta sacerdotes denunciados por delitos de abusos sexuales, muchas veces actuando impunemente durante décadas, y que representan a las más variadas orientaciones dentro de la propia Iglesia. Desde el más puro representante de la élite política y empresarial, Karadima, a seguramente el principal símbolo nacional de la caridad cristiana, Poblete, o a quien durante décadas fue una verdadera insignia de la defensa de los derechos humanos frente a la dictadura, Prech.

Pero si las decenas de sacerdotes denunciados causan escándalo, más aún lo hace una estructura de obispos y cardenales que sistemáticamente ocultaron estos crímenes, obstaculizaron la acción de la justicia, y aún compraron el silencio de algunas de sus víctimas. Durante décadas se asumió como un pecado contra el sexto mandamiento, que bien podía ser perdonado en el confesionario, y si empezaba a generar algún ruido social, se le daba una “segunda”, o “tercera” oportunidad al victimario, trasladándolo de lugar, sin importar los riesgos obvios de que hubiera nuevas víctimas.

Pero esa visión, que con matices se dio también en otros ámbitos, terminó por explotar en la cara de la institución, cuando la sociedad civil asumió que estábamos frente a delitos (no simples pecados) y que su impunidad resultaba intolerable.

Todo esto, por supuesto, ni es casualidad ni obra del demonio, es consecuencia de una estructura social que lo sabía, -tal vez no en su magnitud, pero si en su fenomenología- y que si ayer lo permitió, hoy se levanta, lo denuncia y lo condena. (Por supuesto hay una dosis de cinismo en esta condena hoy radical sobre hechos que de manera importante todos conocíamos y callábamos).

A partir de esta realidad, de este “problema social”, hay dos cuestiones que nos parecen relevantes. ¿Qué llevó a la Iglesia chilena a esta situación? ¿Qué debemos hacer como sociedad civil, frente a esta situación?

Respondiendo a lo primero, a nuestro entender, y para que se llegara a esta situación, se conjugan al menos los siguientes elementos:

Una visión patológica de la sexualidad humana

Si bien desde sus primeros años la Iglesia va adoptando una posición condenatoria de la sexualidad humana, es básicamente a partir de Agustín de Hipona que dicha condena va a adquirir enormes dimensiones, hasta llegar a la actualidad, con manifestaciones rayanas en lo demencial, como el rechazo al uso del condón aún en las personas con VIH, o al uso de mecanismo anticonceptivos aún en familias numerosas y en situaciones de miseria.

Las raíces de la visión de la sexualidad como pecado se han extraído de una selección interesada de textos del Antiguo Testamento (Génesis 38:9, Levíticos 18:22, Romanos 1:27, Gálatas 5:17, etc.) y de doctrinas helénicas tomadas tempranamente por el cristianismo, especialmente el pensamiento estoico, para quien el placer perturbaba la razón humana.

La obsesión por el pecado sexual se manifiesta a lo largo de todos estos siglos, sobre la base de un argumento que desconoce esencialmente la amplitud de perspectivas que tiene la sexualidad humana, (goce y placer propio y del otro, desarrollo de la afectividad, conciencia de la personalidad, entrega afectiva, …) y sólo se le reconoce valor a su función reproductiva, dentro del matrimonio. De esta manera, y como no conducen a la reproducción, se condenan sistemáticamente las conductas sexuales individuales (masturbación), las relaciones sexuales fuera del matrimonio, dentro del matrimonio cuando no están encaminadas a la procreación (la condena al uso de los anticonceptivos es la última manifestación) y por cierto las relaciones homosexuales.  Más aún, el aborto se condenó en sus primeros momentos -Didaché por ejemplo- sólo en la medida que era prueba del pecado sexual (“…no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía…).

A lo anterior se debe agregar, mil años más tarde y asociado al mantener íntegramente el patrimonio eclesiástico (y no perderlo por la vía de la herencia) el celibato sacerdotal, que, en cuanto obligación impuesta, constituye un claro atentado contra el derecho humano a constituir una familia y practicar la sexualidad.

De este modo, se conjugan una visión distorsionada de la realidad del ser humano, que ve en la sexualidad y el placer que ella puede ofrecer una razón de pecado y bajeza humana, con una exigencia de vida que no sólo implica una represión a impulsos absolutamente naturales, sino que además genera una profunda soledad afectiva, con una imagen social predicada ñor la propia Iglesia, de cumplimiento de las represiones sexuales proclamadas. Así entonces, no puede extrañar que se reúnan, en ese entorno y bajo ese paraguas social, personas que tienen condición homosexual (y que estiman que ella pasará más desapercibida como consecuencia de la ausencia de mujeres en el clero), con otras con claras perversiones sexuales, cuyo desarrollo, encuentra allí tierra fértil para crecer.

Un clericalismo endiosado, dictatorial y todo poderoso

El segundo elemento a considerar, es una estructura de poder basada en un clericalismo endiosador, dictatorial y todo poderoso, que desde sus diversas alturas, exigió una conducta de obediencia ciega, irreflexiva e incuestionable hacia quienes estaban bajo la jerarquía.

De esta manera, nos encontramos con una jerarquía endiosada, que por un lado dificultaba hasta el infinito las posibilidades de denuncia, y por otra, simplemente encubría los hechos cuando tomaba conocimiento de ellos, sin tener que dar cuenta ante nadie de ello.

Cardenales, obispos y sacerdotes, se acostumbraron a obedecer hacia arriba y ser obedecidos hacia abajo. De este modo, a través de relaciones de poder y dominación, “reinaron” sobre cientos de laicos, a quienes se les impedía cuestionar siquiera la opinión o las conductas de la jerarquía y mucho menos denunciarla cuando eran víctimas o tomaban conocimiento de conductas claramente delictivas. La máxima expresión de este dominio es probablemente la figura del “guía espiritual”, de la que Karadima puede ser el símbolo, y que permitió niveles de manipulación de la conciencia y abuso sexuales en menores y aún en adultos.

Ahora bien, si el poder del papado y del clero en general ha tenido siempre un fuerte carácter absolutista, no es menos cierto que dicha tendencia se empezó a revertir durante los años 60 del siglo pasado, alcanzando sus máximas expresiones democráticas y participativas en el Concilio Vaticano II. La corriente absolutamente dominante, es hoy, en el mundo, resultado esencialmente de la traición a dicho Concilio, llevada adelante básicamente por Juan Pablo II, que persiguió incansablemente a quienes tenían posiciones más democráticas y participativas, como Ernesto Cardenal en Nicaragua, a teólogos como Leonard Boff o Hans Küng, se rodeó de uno de los mayores depredadores sexuales de la iglesia, Marcel Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y entronizó en las más altas esferas vaticanas y religiosas a representantes del mundo conservador.

En Chile, además, es la respuesta de una élite oligarca y conservadora, a la participativa iglesia que desarrolló durante la dictadura el cardenal Raúl Silva H. y que se manifestaba en comunidades de bases, universitarias, poblacionales, y en una mayor preocupación por la moral social que por la moral sexual.

Un laicado sumiso e irracional

En gran parte consecuencia de ese clericalismo endiosador, es que durante décadas, y todavía respecto de la gran mayoría, tenemos un laicado sumiso, que desarrolló una obediencia ciega, irracional, a sacerdotes y obispos. Un laicado que olvidó (o le hicieron olvidar) lo mismo que en el discurso predicaba, “Iglesia somos todos” y que no tuvo capacidad alguna para cuestionar situaciones que hoy claramente resultan aberrantes. Un laicado que incluso olvidó pensar y para el cual la expresión “rebaño” no dice relación con la protección de un buen “pastor”, sino más bien con la condición de ser dirigido a cualquier parte, sin pensar, sin levantar la cabeza, obedientes como corderos.

Es cierto que podría estimarse que la actual situación de denuncia y conocimiento público de todo esto, tiene su origen en una parte del mundo laico, pero en verdad más que los laicos, son las víctimas las que levantaron la voz y en nuestro país incluso frente a la figura del Papa y denunciaron los delitos cometidos, el encubrimiento de obispos y cardenales, y aún la irracionalidad de un Papa que los trató de mentirosos y calumniadores. A partir de estas denuncias, algunos grupos de laicos, entre los que hoy destaca la Red Laical de Chile, por su espíritu reflexivo y crítico, constituida en mayo de 2018, han denunciado los delitos, y las estructuras de poder que los toleraron y encubrieron

Una sociedad política irresponsable

Y por último, y no es menor, una sociedad política que fue incapaz de dar seguridad a los habitantes, especialmente a sus niños, y a la Iglesia Católica un trato racional y neutral, y por el contrario, reconoció en ella un supuesto poder moral, le otorgó un alto nivel de intangibilidad y le permitió actuar como si no tuviera que responder ante nadie, en definitiva, una sociedad política que irresponsablemente dejó actuar.

De hecho, la actual situación judicial, los procedimientos penales y civiles en curso, no son consecuencia de una sociedad que frente a las aberraciones conocidas actuó de oficio, sino más bien de una sociedad que reaccionó, tardíamente además, ante la denuncia reiterada de las víctimas y la de una prensa que por primera vez les dio acogida a dichas denuncias.

Por eso, una de las cuestiones que más llama la atención en los reiterados análisis que se han efectuado sobre la situación de la Iglesia, en relación con los abusos sexuales, es la falta de cuestionamiento a una sociedad que no sólo permitió que en su seno se desarrollara una institución que cobijó a centenares de delincuentes sexuales, sino que parcialmente la financió, liberándola de impuestos, pagando sacerdotes u obispos en las ramas de las fuerzas armadas, o como profesores de religión en los colegios fiscales, y contribuyó permanentemente al endiosamiento de la jerarquía religiosa, al reconocerle un carácter de autoridad, destacar su participación en eventos estrictamente republicanos y en definitiva entregarles un poder social que no merecían ni les correspondía en un estado laico.

Porque es claro que si hay una responsabilidad directa en la jerarquía eclesiástica, y menor en los laicos, la sociedad política no está libre de esa responsabilidad. Sacerdotes, obispos o cardenales cometieron sus delitos plenamente insertos en nuestra sociedad. Y en definitiva fue ésta, y particularmente el Estado, quien llegó tarde a la protección de los derechos básicos de miles de personas. Porque es el Estado, y particularmente desde el Ministerio de Educación que se debe proteger a los estudiantes, desde el Ministerio del Interior a todos los habitantes, desde el Ministerio Público investigar los delitos y desde el Poder Judicial hacer justicia.

Y hasta hace muy poco, todo eso había fallado, … y por décadas.

Santiago, marzo de 2019.

Más opiniones sobre este tema y otros, en blog del autor
Fernandogarciadiaz2015


viernes, 8 de marzo de 2019

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


Una vez más, este nuevo 8 de marzo, miles de mujeres, estudiantes, trabajadoras, dueñas de casa, de todas las edades, están en las calles manifestándose por la igualdad de derechos y particularmente contra el machismo que las discrimina, agrede y mata.

El año pasado, mientras se mantenían las manifestaciones feministas, el Ministro de Educación definía como “pequeña humillación” el que a una alumna el profesor le preguntara “¿Usted vino a dar una prueba oral o a que la ordeñen?, haciendo referencia al escote que presentaba. Probablemente pocas expresiones, al menos de las denunciadas públicamente por las alumnas de derecho de la Universidad Católica, resultan más humillantes que esa. Pero a la vez, probablemente pocas frases de un ministro representan mejor aquello contra lo que se lucha, la deshumanización de la mujer, el desprecio y la cosificación de ella; pero además, como práctica diaria, como conducta habitual, sin siquiera percatarse de la naturaleza machista del discurso empleado. Algo parece haber cambiado desde el año pasado hasta hoy. Pero no todo. Incluso las más altas autoridades se han permitido chistes, hoy de un inaceptable machismo. Y el decano de una facultad califica la huelga femenina como “el colmo del ridículo, por decir lo menos”.

Durante décadas, las mujeres se han levantado en nuestro país luchando por diferentes ideales. La mujer trabajadora ha estado codo a codo en las huelgas, en las marchas por una jornada de ocho horas, por un salario mejor, por el derecho a la salud, al trabajo. Ayer estuvo luchando por el derecho a voto femenino, que como sabemos, sólo lo logró, respecto de las elecciones presidenciales y parlamentarias en 1949. Durante la dictadura, las mujeres fueron las primeras en rebelarse contra el tirano, las primeras que salieron a la calle preguntado por sus hijos, sus padres, sus compañeros detenidos.

Hoy, como pocas veces en la historia de nuestro país, las mujeres se han levantado con una fuerza imparable para combatir precisamente ese machismo del que diariamente son víctimas, y que se manifiesta en un continuo de agresiones desde las más obvias y violentas, quemarlas vivas, arrancarles los ojos, hasta otras más leves o menos obvias, incluyendo aquellas en que la humillación se desconoce o se banaliza.

Como en los crímenes de odio (racismo, homofobia,…), la violencia contra la mujer, esa basada en el género y ejercida en el ámbito de las relaciones de poder, que históricamente desiguales han caracterizado nuestra sociedad, tiene un trasfondo ideológico. Es decir, se da en una realidad colectiva construida a partir de la acumulación de información (verdadera o falsa) que se va integrando de forma más o menos coherente en la conciencia social, a través de diferentes procesos, que terminan por legitimar la diferencia, por normalizar el ejercicio del poder desde la condición de varón. De este modo, esa información, se transforma en verdad no cuestionada, en realidad indiscutible, que se repite a través de múltiples elementos de la propia realidad, ya sea a nivel de lenguaje o de acción. 

A nivel de discurso, en la enseñanza familiar, escolar, religiosa, universitaria incluso; pero no sólo en ellas, también en los medios de comunicación masivos, en la prensa, en las revistas, en la conversación cotidiana, en el chiste escuchado a un cercano o a un profesional de hacer reír, en la radio o la televisión.

Wolf Lepenies, probablemente uno de los sociólogos que más ha estudiado el influjo de la cultura en la vida política y en la vida cotidiana, da cuenta con claridad meridiana de un aspecto muy poco destacado por el mundo intelectual, precisamente el rol de los intelectuales en la entrega de un sustrato ideológico que justifica las peores atrocidades contra el “otro”, cualquiera que éste sea. Como dice este autor, “Antes de que haya habido muertos en las batallas y torturados en los campos de prisioneros, se había destruido al enemigo en libros, panfletos, y numerosas reuniones en las universidades y academias”.

Así, antes que las mujeres quemadas, asesinadas, despreciadas en la realidad, han sido quemadas, asesinadas, despreciadas en los discursos legitimadores de nuestra realidad.

Ahora bien, ante un mundo de mujeres asesinadas, quemadas, destrozadas o a quienes se les arrancaron los ojos, necesariamente surgen preguntas relevantes ¿Cómo y quién ha construido esa realidad social que permite que en muy diferentes ciudades de esta cultura occidental, se puedan cometer estos crímenes que poseen ese común denominador? ¿Quién o quiénes son responsables de esa cultura del dolor, del terror, del horror?

Si decimos “todos”, en verdad decimos nadie. Pero además no es efectivo. Porque claramente no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. ¿Quién o quiénes son aquellos intelectuales que más incidencia han tenido en la formación moral e ideológica de nuestra sociedad?

El derecho nacional, como sistema normativo, ha sido uno de los espacios que claramente ha consagrado y contribuido a la discriminación y el machismo. “El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido”, decía el Código Civil. El Derecho Penal consagraba la impunidad del femicidio para “El marido que en el acto de sorprender a su mujer infraganti en delito de adulterio, da muerte, hiere o maltrata a ella y su cómplice…” Hoy las normas penales y civiles han aminorado su machismo, pero la discriminación aún continúa. La discriminación en las Isapres, en la administración de la sociedad conyugal, son claros ejemplos de ello. Pero también la penalización del aborto, o la no penalización del acoso sexual.

La lucha por cambiar las normas legales, garantizando verdaderamente la igualdad, debe constituir uno de los principales esfuerzos.

Pero si el derecho ha tenido un rol legitimador de la discriminación, la escuela, el liceo, la universidad, no lo han hecho de manera diferente, y la necesidad de lograr una educación igualitaria, en toda su extensión, sigue siendo una prioridad.

No debemos olvidar, por otro lado que, los “intelectuales” colectivos por excelencia, aquellos que desde hace más de 1700 años¸ han sido quienes han dictado las pautas más generalizadas de conducta, incluyendo las de carácter jurídico durante siglos y la justificación de ellas, y ante millones de personas aún lo siguen siendo, son las iglesias cristianas. Son ellas las que han modelado los patrones de conducta de millones de seres humanos, que han buscado, o simplemente recibido de ellas los parámetros sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo.  Directamente, a través del catecismo, de la enseñanza en los colegios, de la prédica en las misas y en general de las distintas manifestaciones pedagógicas de la Iglesia, o indirectamente, a través de leyes promulgadas por la autoridad civil, pero que se inspiran o directamente obedecen los mandatos de la Iglesia, las Iglesias son responsables de la discriminación hacia la mujer, y por esa vía, de las conductas que de esa discriminación se pueden desprender.

Hoy, como ayer, la lucha ideológica es clave. Es necesario tener claras las ideas, exponerlas y defenderlas, en la casa, en la academia, en el trabajo, pero también en la calle, con la fuerza de las mayorías, de todas las mujeres que quieran poner fin a un modelo de sociedad que las discrimina, que las destruye, que a veces incluso las mata.

Una vez más, este nuevo 8 de marzo, miles de mujeres, estudiantes, trabajadoras, dueñas de casa, de todas las edades, estarán en las calles manifestándose por la igualdad de derechos y particularmente contra el machismo que las discrimina, agrede y mata.

Y allí debemos estar también nosotros los varones, pues dicha lucha, también es nuestra.

“A las mujeres que viven en mí,
mi madre, mi hermana,
mi compañera, mis tres hijas, mi nieta”.

8 de marzo de 2019

Fernando García Díaz




viernes, 18 de enero de 2019

MATRIMONIO IGUALITARIO, CONQUISTANDO UN SÍMBOLO




Fernando García Díaz

 “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha”
R. von Ihering


Como institución civil, el matrimonio cumple en lo esencial dos funciones sociales. Por un lado, regula derechos y obligaciones jurídicas entre los contrayentes y con algunos terceros y por otro, simboliza la legitimación social de una vida en común, y de la formación de una familia.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, las relaciones entre los contrayentes se han ido haciendo más complejas en las últimas décadas. A las tradicionales regulaciones en materia de  deberes u obligaciones conyugales, parentesco, derechos sucesorios y régimen económico se le han agregado otras, como algunas referidas a la salud y a la toma de decisiones en esa área. Pero, por otro lado, esta función regulatoria hoy no parece ser tan relevante para la institución del matrimonio, toda vez que, por otras vías, -normas sobre convivencia, testamento, contratos, acuerdos de diversa naturaleza- se puede alcanzar objetivos similares.

Desde un punto de vista simbólico, el matrimonio ha perdido casi completamente su función “legitimadora”. Y en gran parte se debe a los profundos cambios que ha habido en la moral sexual de las personas, incluyendo a las que se reconocen como católicas. Mientras la vida sexual activa se entendía legítima -especialmente para la mujer- sólo dentro del matrimonio, resultaba esencial que ésta pudiera exhibir el título que la autorizaba para ello. Hoy, que ya no es así, nadie – o en verdad muy poca gente- se preocupa si una pareja que vive en común está legítimamente casada o no. Y desaparecida la indignante discriminación hacia los hijos nacidos fuera del matrimonio, éste tampoco tiene una gran relevancia para con ellos, como lo prueba el que el 75% de los niños inscritos en Chile durante el año 2018, nacieron fuera del matrimonio([1]).

Es decir, desde un punto de vista exclusivamente jurídico, pero también simbólico, desde aproximadamente el siglo III, cuando esta institución empieza a generalizarse como institución aplicable a todos los miembros de la sociedad, al menos en la cultura de raigambre judeo cristiano, probablemente nunca el matrimonio había tenido menos valor. La prueba más palpable de ello es la disminución significativa de matrimonios, la abundante presencia de parejas que, sin estar casados, “conviven” y el reconocimiento social a múltiples formas de ser familia.

Y si es así, ¿por qué la comunidad LGBT mantiene una lucha tan intensa y persistente por obtener la consagración legal del matrimonio igualitario?  

Desde luego, no parece ser por los aspectos propiamente jurídicos que hemos mencionado, pues buena parte de ellos están consagrados en la regulación del “acuerdo de unión civil”. La verdadera preocupación es por su valor simbólico, ese que precisamente ha perdido en las parejas que lo tienen a su alcance, las de heterosexuales.

Y esto tiene relación con la situación de discriminación y rechazo que, especialmente los homosexuales, por ser los más visibles, han experimentados desde hace siglos.

Y en verdad no puede extrañar que la reacción contra la homofobia, con las características criminales que ha mantenido esta última durante siglos, se manifieste con fuerza inusitada, y a veces en lenguaje y demandas aparentemente incomprensible. En esta línea, por ejemplo, se presenta la fiesta del “orgullo gay”, (o fiesta del orgullo LGBT hoy día) que, todos los años, constituye una verdadera provocación visual y auditiva a quienes los discriminan. En estricto rigor, si por orgullo entendemos un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo parte que una persona se siente concernida, no parece razonable sentirse orgulloso de ser LGBT, como tampoco de ser heterosexual, pues en verdad no hay mérito alguno en ser o pertenecer a lo uno o lo otro. Distinto es, como efectivamente ocurre, que lo que simbólicamente se releva, y a menudo provocativamente en estas fiestas, es el hecho que nadie debe avergonzarse por razones de su sexualidad, que toda persona posee una dignidad intrínseca, cualquiera sea su condición, orientación o identidad sexual.

En esa perspectiva, el matrimonio igualitario es un objetivo, de respeto, de triunfo de esa dignidad pisoteada por siglos, de conquista de la igualdad. No importa si va a ser utilizado o no, si pocas o muchas parejas LGBT van a contraer ese vínculo, lo relevantes es que esté, al igual que para los heterosexuales, al alcance de todos, que efectivamente sea “igualitario”.

Permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuánto unión civil, jurídicamente reconocida y respaldada por el estado, constituye parte del proceso de ampliación y desarrollo de las ideas laicas de igualdad y libertad que simbólicamente estallaran con la Revolución Francesa. Y es que hacerlo constituye precisamente un acto de valoración de la libertad no solo de elegir a quien amar, con quien compartir nuestra vida sexual, sino también con quien comprometernos públicamente a formar una familia, así como de valoración de la igualdad con que hombres y mujeres debemos enfrentar nuestra vida afectiva.

Lo importante es que esta sociedad, que durante siglos legalmente los discriminó, los persiguió, y aún los criminalizó y asesinó, hoy les reconozca la misma dignidad y condición que a los heterosexuales, desde una de las instituciones más tradicionales, que por siglos les estuvo prohibida.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es hoy una realidad legal en muchos países del mundo, incluyendo varios de esa que Martí llamara “Nuestra América”, y en un tiempo más, también será una realidad en el nuestro. Cuánto “más” será ese tiempo, depende en gran medida de que la mayoría de los chilenos lo asumamos como parte de nuestras convicciones éticas y jurídicas, y logremos hacer que los parlamentarios, teóricamente nuestros representantes, lo consideren también así. Y para que ello ocurra, la lucha ideológica que significa argumentar y defender la legitimidad de esta institución, es fundamental. A esa lucha, que es simplemente por la igualdad, por la libertad, por el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, y por tanto no sólo de los LBGT, sino de todos, queremos contribuir con un pequeño grano de arena.
Santiago, enero de 2019





jueves, 17 de enero de 2019

MIS ENCUENTROS CON VICTOR JARA


Fernando García Díaz



“Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
Canto porque la guitarra
tiene sentido y razón”
VICTOR JARA


Como niño, de izquierda (a mis 10 años era ferviente allendista en la campaña de 1964) me encontré con Víctor Jara un día cualquiera, escuchando su música. No recuerdo cuándo ni dónde, (debe haber sido en Linares o Villa Alegre) pero ya en la segunda mitad de los años 60, estaba entre aquellos cantantes favoritos, que solía escuchar, más bien sólo, pues la gran mayoría de los amigos de mi edad tenían intereses musicales de otra naturaleza. Así, canciones como “El arado”, “El cigarrito”, “Que alegre son las obreras”, y más tarde “Te recuerdo Amanda”, “Plegaria del Labrador” y muchas otras, se fueron haciendo parte de mi juventud, parte de mi historia.
En 1969 viajé por unos días a Santiago y aproveché de ir al teatro. No era mucho lo que en Linares teníamos sobre la materia, y me gustaba ver, y algo había hecho a nivel de colegio. (Después, preso en el Campo de Concentración de Chacabuco, pude recibir algunas clases de actuación con Gonzalo Palta, actor, director, dramaturgo, fundador del Ictus, y uno de los fundadores de la Escuela de Teatro de Concepción, y de expresión corporal con Gastón Baltra M. bailarín del Ballet Nacional Chileno y del Ballet Popular, ambos presos políticos igual que yo). Lo cierto es que en esa oportunidad fui a ver, si no recuerdo mal en el teatro Antonio Varas, la obra “Viet Rock”, de Megan Terry, de la que Víctor Jara era su director, que cambió definitivamente mi visión del teatro y del ballet.
Encerrado en los cánones sencillos de una ciudad pequeña, sin universidad, aún sin televisión en mi familia, y con el provincianismo acentuado de una zona agrícola, en la que el profesor Hernán Ramírez Necochea, recordará años después haber encontrado los últimos vestigios del inquilinaje colonial, mi visión del teatro, (no así de la literatura y la pintura, cuyas manifestaciones más contemporáneas eran más fáciles de conocer), era limitadísima, y la del ballet, no sólo limitada, sino más bien borrosas, pues con seguridad venía desde algunas discutibles películas de Hollywood, pues hasta ese momento no había visto nunca ballet en vivo.
Viet Rock, la obra dirigida por Víctor Jara (y a menudo olvidada), fue un verdadero golpe para mí, el descubrimiento de un mundo absolutamente desconocido, en el que los artistas, los personajes, el vestuario, la escenografía (prácticamente inexistente), todos es nuevo, todo es distinto a lo conocido. Tal fue el impacto, que llegando a mi colegio quise difundir la obra y promover un viaje a Santiago a verla. (Por supuesto dicha propuesta no tuvo mucho éxito).
Y luego me vine a estudiar a Santiago y la política fue parte esencial de mi vida universitaria. Entre el 72 y el 73 vi a Víctor Jara en numerosos actos culturales y políticos. Allí estaba, trabajando al lado de nosotros en los trabajos voluntarios, luego arriba de un escenario, en una noticia en la televisión o en la prensa, brillando como una verdadera estrella, sin mostrarse jamás como tal. Sencillo y solidario como el que más, siempre comprometido.
Y en eso llegó la noche y con ella la muerte. El 11 de septiembre del 73, con 19 años, sin arma alguna y junto a otros compañeros de escuela (en ese entonces estudiaba sociología) fui sacado desde una casa cercana a Av. Matta y llevado por los valientes militares al regimiento Blindado Número 2, en ese entonces en Santa Rosa al llegar a Avenida Matta. Desde allí, arrodillados en el piso de un bus, la cabeza hundida en el asiento y las manos en la nuca, fuimos llevados todos al Estadio Chile (hoy con justísima razón Estadio Víctor Jara). Como las galerías estaban ya llenas de presos, nos dejaron en una entrada lateral. De “guata” como decimos coloquialmente en Chile (de vientre, como traducirían en España), y con las manos en la nuca, nos tuvieron 40 horas aproximadamente, mientras sobre nosotros caminaban los valientes soldados. Y de paso, de noche, nos hicieron levantar las manos y nos robaron anillos y relojes. Con angustia e incertidumbre, pero con el alivio que significa poder cambiar de posición y estirar las piernas, fuimos en un momento trasladados a otra sala del Estadio. Y allí estaba Víctor Jara, de pie, entero, eterno, con la mirada lejana, a escasos metros de nosotros. No conversé con él, como si lo hice con Litré Quiroga, también asesinado horas después. Fue la última vez que lo vi y uno de los últimos que lo vieron. Esa noche fue asesinado.
A principios de este nuevo milenio trabajé un tiempo en el Servicio Médico Legal, en Santiago, en la Unidad de Identificación de Detenidos Desaparecidos. Si, en esa que erró en la identificación de varios y que recibió justas e injustas descalificaciones. Esa en la que, con mínimos recursos, trabajaron médicos, antropólogos, dentistas, administrativos y profesionales, haciendo enormes esfuerzos por mantener vigente un proceso, ponerle rostro y nombre a osamentas encontradas por todo el país, y por el que los diferentes gobiernos habían hecho poco o nada. Entre otras labores, debía relacionarme con los tribunales, en materia de juicios por violaciones a los derechos humanos, que aún con el sistema antiguo de procedimiento, oficiaban cada cierto tiempo solicitando documentos. Un día cualquiera llegó a mi escritorio una copia de un informe de autopsia, solicitado por un tribunal, que yo debía remitir mediante oficio firmado por el director del Servicio. En verdad no lo relacioné, no lo identifiqué. Una compañera de trabajo me lo hizo presente. Allí estaba, en mis manos, el informe de autopsia de Víctor Lidio Jara Martínez, asesinado con 44 impactos de bala.
Publicado en Lavanguardia.cl  https://www.lavanguardia.cl/mis-encuentros-con-victor-jara/ (16.01.2019)


POR SER COMUNISTA, HONESTA, CONSECUENTE Y BONITA. ¿POR QUÉ TE ODIAN TANTO CAMILA?



Hace unos días, la redacción de “La vanguardia.cl” daba cuenta de los reiterados y canallescos ataques de que ha sido víctima Camila Vallejos, a través de grotescas mentiras, como su supuesta defensa de la pedofilia o la propiedad de un automóvil Audi. Podrían haber agregado la atribución de que su padre había sido favorecido, en tiempos de la Presidenta Bachelet, y desde La Moneda, con una suculenta licitación, hecho que fue desmentido desde la Contraloría General. A la par, se preguntaba ¿por qué te odian tanto Camila?
En verdad para cualquiera que haga una breve historia del recorrido parlamentario de Camila Vallejos, resulta indiscutible que ha sido difamada de manera sistemática, mediante sucesivas mentiras, (que a menudo han traspasado el umbral de lo verosímil instalándose definitivamente en el mundo del ridículo), y que ello en cantidad e intensidad, supera a las agresiones de otros parlamentarios, incluso de su mismo partido. Y como suponemos que no hay temas personales entre Camila y sus difamadores, la pregunta entonces ¿por qué te odian tanto Camila?  adquiere un claro contenido sociológico y político.
“La antipatía hacia Camila Vallejo proviene de un sector del país claramente identificable y se debe a sus posiciones marcadamente progresistas en el ámbito moral y a su militancia comunista”, dice La Vanguardia.cl y tiene razón en ello.
Indudablemente es la condición de “comunista” el primer elemento justificador del odio hacia Camila. Y ello no nos puede extrañar. Por el contrario, el anticomunismo es un patrón de conducta de las clases que tienen el poder, que se remonta a tiempos previos incluso a cuando el comunismo se hiciera marxista. El mero cuestionamiento serio de las estructuras de poder, que la sola palabra evoca, ya generaba el rechazo en quienes lo ejercían. No olvidemos que el Manifiesto Comunista, ese “panfleto” político que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad, y que marcara el inicio de la identificación de comunismo con marxismo, se inicia denunciando precisamente el anticomunismo ya reinante “Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo”. Y más adelante señala que todos los partidos, de un lado y otro han acusado a sus rivales de “comunistas”.
El anticomunismo, cuyas manifestaciones más brutales se dieron en Chile precisamente cuando quienes hoy atacan a Camila estuvieron en el poder, a nivel de élite, se fundamenta esencialmente desde tres perspectivas, el liberalismo económico, el conservadurismo moral, especialmente de origen religioso, y el nacionalismo de corte fascistoide. Pero lo más grave, en todas sus manifestaciones recurre a manejar una de las pulsiones más oscuras del subconsciente humano, el miedo. El miedo a ese fantasma que recorría Europa a mediados del siglo XIX, sigue como la fuente esencial del anticomunismo, y como la motivación directa de la persecución, y el crimen con que ayer se justificó la dictadura. “Hay que destruir el cáncer marxista” dirían ayer los criminales chilenos, como hoy Bolsonaro anuncia “liberar a los brasileños del socialismo”.
Pero si bien es cierto que el anticomunismo es la fuente principal de los ataques a Camila, dicho razonamiento no permite entender plenamente por qué, más que a otros, a ella. Hoy hay ocho parlamentarios comunistas, y varios dirigentes públicos que militan en ese partido, y si bien todos han recibido ataques en algún momento -es por lo demás parte de la lucha política- ninguno de ellos de manera tan insistente y despreciable como lo han hecho con Camila.
Y aquí, las explicaciones son globales, pero también individuales. Y es que Camila no sólo es un verdadero símbolo, sino uno de los más potentes y más visibles precisamente de las mentiras del anticomunismo.
Desde luego es una muestra viva, y joven, de que el comunismo marxista no ha muerto. En verdad lo han dado por muerto desde sus mismos orígenes, en el siglo XIX, y tantas veces, que ya resulta casi anecdótico. Los últimos intentos más destacados fueron a fines del siglo XX. La desaparición de la URSS en 1992 y de los estados socialistas europeos, dio origen a cientos de tarjetas de defunción. Algunas, como “El fin de la ideología” (1960) ya venían de antes, y otras, como “El fin de la historia” (1992), lo hicieron después. El cambio climático, producto esencialmente de un capitalismo depredador y las crisis del capitalismo posteriores al año 1992, hacen patente que los cantos de sirena sobre su definitivo triunfo no fueron más que eso, cantos de sirenas. Y frente a eso, ahí está Camila, quien no sólo “goza de buena salud”, sino que con su sola presencia, recuerda que hay alternativas.
Pero Camila no sólo es visible como militante comunista, es también visible en su honestidad y consecuencia. No es posible atribuirle ni un solo acto de deshonestidad o inconsecuencia. (En verdad no hay ni un dirigente comunista condenado, imputado o siquiera investigado por posibles casos de corrupción, lo que por cierto no pueden decir los militantes de la derecha que la atacan, pero en ella eso es más visible aún). Por el contrario, está entre entre quienes han pedido rebajar el sueldo de los parlamentarios y gasta de sus propios ingresos en pagar mejor a sus asesores.
Por último, y sabemos que a ella no le gusta que se mencione siquiera, es bonita. Y esto, que puede parecer banal, no lo es cuando se trata de una lideresa, de un verdadero símbolo, pues ello no sólo la hace más visible, sino que, en su caso, su imagen dificulta el proceso manipulador del miedo, elemento esencial del anticomunismo en todas sus versiones, pero especialmente significativo en su versión más populista. Y es que rompe el arquetipo que los sistemas clasistas han impuesto durante milenios, en que lo positivo va de la mano de lo positivo, y lo negativo de lo negativo. Los cuentos infantiles nos generalizaron la idea que los príncipes y las princesas son buenos y bellos, las brujas son malas y feas, y Lombroso le dio apariencia de cientificidad a la idea que los delincuentes tienen “cara de delincuentes”. Así, de los comunistas, que son “malos”, y debieran producir “miedo”, debieran, razonablemente en esta lógica, ser además deshonestos, inconsecuentes y feos.
Camila es comunista, honesta, consecuente y hermosa, ¿Cómo no intentar asesinar su imagen?



jueves, 3 de enero de 2019

RICARDO PALMA SALAMANCA Y LA CORTE SUPREMA DE INJUSTICIA




En unos días más Francia verá el caso de la extradición de Ricardo Palma Salamanca, condenado en 1992 por el asesinato de Jaime Guzmán. Como uno de los argumentos para rechazar el asilo político que Francia le concedió hace unos meses, se insistió, hasta la saciedad, que el país gozaba de una democracia en esa época. “El Gobierno de Chile manifiesta enérgicamente que en Chile existe, y existía al producirse los acontecimientos que se describen, un régimen plenamente democrático y un Estado de Derecho plenamente vigente”, respondió nuestra Cancillería a los argumentos dados en su momento por la cancillería francesa.

En esa oportunidad sostuvimos, en este mismo medio, que probablemente los argumentos franceses para conceder el asilo decían relación con la falta de garantías de un proceso justo, durante el juicio que lo condenó, y la falta de garantías de no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes en caso de ser entregado a nuestro país, dadas las conocidas condiciones de nuestras cárceles.

El domingo 30 de diciembre recién pasado apareció en el diario La Tercera una entrevista al ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica. En ella, luego de referirse al desprestigio que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura, especialmente por el carácter absolutamente obsecuente con ella de la Corte Suprema, y ante la afirmación de la entrevistadora que “Ahora esa Corte Suprema fue mutando con la llegada de la democracia…”, señala textualmente “Igual se demoró unos años, yo creo que ya por 1998 recién se fueron esos jueces”.

Es decir, el propio ex presidente de dicho tribunal reconoce que, a la fecha de la dictación de la sentencia, 1992 y hasta 6 años después, la Corte Suprema seguía integrada por miembros que encubrieron los peores crímenes que nuestro país conoció, durante el régimen dictatorial del que Jaime Guzmán fue su principal ideólogo.

¿Alguien puede sostener seriamente que esa Corte Suprema da garantías de haber sometido a un juicio justo a Ricardo Palma Salamanca?

Santiago, enero de 2019


lunes, 31 de diciembre de 2018

MAPUCHES ¿PUEBLO NO ORIGINARIO?


Con todo cariño, a aquellos de mis ex compañeros de colegio, que conscientes o inconscientemente difunden falsedades sobre este tema.

En el contexto de la lucha política, y particularmente de lo que ha sido el llamado “conflicto mapuche”, han aparecido opiniones en diversos ámbitos que cuestionan o claramente niegan el carácter de “originario” al pueblo mapuche. Un ex senador de Renovación Nacional, en un programa político de televisión les negó precisamente su condición de “originarios”. Y en las redes sociales circulan textos o simplemente afirmaciones que también lo hacen. Se trata de un nuevo esfuerzo por desvalorizar ideológicamente al “enemigo”. Uno más como ha habido muchos. Recordemos por ejemplo que en el verano de 2017, cuando un sinnúmero de incendios forestales destruía miles de hectáreas en nuestro país, desde varios sectores se atribuyó al “terrorismo mapuche” el origen de dichos incendios. Incluso se llegó al absurdo de pretender que cientos de “terroristas” de diversos grupos internacionales habían ingresado al país, con conocimiento del gobierno de Michell Bachelet, a cooperar con el terrorismo mapuche, y con el objetivo explícito de “incendiar Chile”.

Digamos de partida que la condición o no de “originario” no es un tema menor en el contexto de lo que políticamente se está discutiendo. Ser originario significa remontar la presencia social, cultural y política a tiempos previos no sólo del estado republicano, sino de la invasión europea. Ser “originario” significa poder remontar los derechos sobre los que se reclama, la tierra esencialmente, a tiempos previos a cualquier otro actor posible. En definitiva ser “pueblo originario” es simplemente decirle al estado chileno, yo estaba antes que ustedes, antes que esa bandera y ese escudo, aún antes que la peluca y la pistola, antes que ustedes soñaran siquiera con apoderarse de mis tierras. Ser originario es dejar sin argumentos, políticos, jurídicos o incluso morales, a quienes quieren discutirla calidad de mis derechos.

Por ello, toda esta campaña de desvalorización del pueblo mapuche no es casualidad, se trata de elementos de la lucha ideológica a la que diariamente se ve enfrentado nuestro pueblo. Como en el más básico manual de guerra psicológica, en lo esencial se trata, por un lado, de desvalorizar al enemigo, de quitarle aquellos atributos que lo pueden hacer más atractivo, generadores de mayor apoyo, y por el otro, de “ganar las mentes” de aquellos a quienes políticamente no se puede eliminar. Es cierto que algunas de estas afirmaciones resultan tan burdas, tan grotescas, que parece innecesario desmentirlas. Pero, aunque nos cueste creerlo, hemos visto como personas medianamente informadas, con estudios superioresen diferentes áreas, hacen suyos discursos ideológicamente tan falsos, tan groseramente falsos, que resulta necesario aclararlos.

La causa del pueblo mapuche, luego el asesinato de Camilo Catrillanca y de las manipulaciones grotescas de carabineros y el gobierno en torno a la información, como no había sucedido con otros asesinatos cometidos por la fuerza pública, ha suscitado el más amplio apoyo ciudadano. Desde todos los ámbitos del espectro chileno, cultural, deportivo, político, se ha manifestado el rechazo al crimen y el apoyo al pueblo mapuche. Una manera de combatir dicho apoyo, de debilitarlo al menos es negarles su vinculación ancestral con nuestro territorio y presentarlos como simples invasores, de modo similar al de los europeos. Desmentir esta burda manipulación de la verdad, es una manera más de entregar elementos a la lucha ideológica diaria.

Y luego de esta larga introducción, entremos en materia.

La cuestión de si el pueblo mapuche es o no un “pueblo originario” plantea dos problemas a nivel intelectual ¿Qué se entiende por “pueblo originario”? y ¿Cumple el pueblo mapuche esos parámetros de modo que pueda ser llamado así?

Digamos de partida que la condición de “pueblo originario” no dice relación con haber surgido como seres humanos en este sector del planeta. Sostener que no son “originarios” porque habrían llegado desde Asia a través del estrecho de Bering, como lo hace un panfleto lleno de falsedades que circula en las redes sociales, es no entender nada de lo que se está hablando. Y es que con el desarrollo de la genética, (especialmente en base al análisis del ADN mitocondrial) hoy hay consenso en que todos los seres humanos modernos (Homo sapiens) provenimos de un ancestro común, de origen africano, que habría vivido en ese continente hace al menos más de 140 mil años. Es decir, no sólo los mapuches no serían “originarios” porque provendrían desde Asia, si no ningún pueblo americano, pues todos vienen de fuera del continente. Pero tampoco lo serían los europeos, los mismos asiáticos y de igual manera los de Oceanía.

Aclarado lo anterior, debemos preguntarnos qué se entiende realmente por “pueblo originario”. El concepto es esencialmente antropológico, y se aplica a grupos humanos que descienden directamente de aquellos que ya estaban presentes en el territorio americano a la llegada del hombre europeo, y que mantienen elementos sociales y culturales que los diferencian de otros grupos humanos.

De este modo, no cabe duda que el actual pueblo mapuche es “pueblo originario”, como el aymara, quechua, rapa nui, selk nam, yámana, tehuelche, kawashkar y otros. Desciende directamente de un pueblo que estaba presente a la llegada de los españoles, -y que éstos llamaron “araucanos”-, y mantiene elementos sociales y culturales que lo diferencia de otros grupos humanos.

Un tema adicional dice relación con la llegada de los mapuches a nuestro territorio. En algún momento se sostuvo que habrían llegado muy poco antes que los españoles, desde lo que hoy es territorio argentino. En verdad no hay certeza desde donde vinieron, ni cuándo, pero si, que su llegada fue muy anterior a la del hombre europeo. Su presencia en sub grupos (picunches, tehuelches, huilliches, etc.) en un amplísimo sector del territorio nacional, y la difusión del idioma mapuche (mapudungun), en un amplio territorio nacional, ratifica esta idea. José Bengoa, uno de los principales autores sobre la historia del pueblo mapuche, sostiene que “hay una cierta evidencia de que, alrededor de de los años 500 a 600 A.C. ya existía una cultura que se puede denominar mapuche”, es decir, que este “pueblo originario” al menos tendría una presencia mil años antes que el conquistador europeo.

Diciembre de 2018

miércoles, 5 de diciembre de 2018

MARIHUANA, RAZONES PARA CAMBIAR EL MODELO PROHIBICIONISTA




Cada cierto tiempo y por diferentes razones, se abre el debate sobre la eventual legalización del consumo de marihuana, especialmente aquel que sólo tiene una finalidad recreativa. Y cada vez son más quienes se pronuncian contra el modelo prohibicionista que hoy la enfrenta. En verdad todo hace pensar que, más temprano que tarde, y como ha ido ocurriendo ya en otros países, su consumo se liberalice, o al menos cambie sustancialmente el modelo actual. Pero antes que ello ocurra, podremos seguir pagando un precio altísimo por mantener la prohibición.

El modelo prohibicionista se sostiene, en el discurso, sobre la base de la defensa de la salud de la población. Pero basta pensar en el tratamiento legal que se le da al alcohol o el tabaco, cuyo consumo es, de todas maneras más pernicioso que el de la marihuana, para comprender rápidamente que la protección de la salud no es suficiente para entender la saña con que se persigue esta sustancia. En verdad ni siquiera es fácil entender esta situación, pues se conjugaron para ello consideraciones racistas, moralizantes, políticas y por cierto económicas.

De partida, recordemos que lo que está en discusión es el uso del recurso penal para impedir el consumo de una sustancia, y que dicho recurso, lejos de ser una herramienta común de salud pública, es (o debiera ser) el último instrumento al que debe acudir el estado para afectar los derechos de las personas (principio de necesidad y mínima intervención, también llamado de “ultima ratio”).


Pero aún más, tratándose de un tema de política criminal (o criminológica como habría dicho el profesor Quiroz Cuaron), en donde parecen colisionar derechos individuales y sociales, las verdaderas cuestiones a discutir son claramente otras:


a)    ¿Tiene el estado derecho a impedir, a una persona adulta, y desde el punto de vista jurídico plenamente capaz, el consumo voluntario de una sustancia, sobre la base del daño a la salud que ella puede ocasionarle?


b)    ¿La política que bajo la amenaza de la sanción penal busca impedir dicho consumo, genera efectivamente más beneficios que su despenalización?


Y en aquellos países, como el nuestro y muchos más, en donde la prohibición penal de la marihuana se ha sustentado en principios de dudosa legitimidad, es necesario también formularse una tercera pregunta:


a)    ¿Son legítimos los mecanismos penales que actualmente se utilizan en la persecución de consumidores y proveedores de marihuana?


Respecto de esta última, nos hemos pronunciado latamente en este mismo blog “Marihuana: Derecho Penal del Enemigo”, haciendo presente, que en nuestra opinión, el modelo prohibicionista aplicado viola de manera flagrante principios como el de lesividad, culpabilidad, proporcionalidad de las penas y otros, y remitimos a los lectores de este artículo al ya mencionado.

      

 https://fernandogarciadiaz2015.blogspot.com/2015/10/marihuana-derecho-penal-del-enemigo.html

      La primera es una cuestión jurídico política, ¿hasta dónde alcanza la potestad punitiva del Estado en una sociedad democrática?, y sus consideraciones principales son de naturaleza filosófico jurídicas. La segunda en cambio, ¿la política prohibicionista aplicada genera efectivamente más beneficios que su despenalización? es una cuestión de hecho, que exige sustentarse empíricamente.

Por cierto podemos discutir latamente sobre estos temas, pero al menos parece necesario tener presente lo siguiente.


1.    Por un lado, el derecho a la libertad personal y el respeto y protección a la vida privada, se encuentran garantizados debidamente en nuestra Constitución. Por otro, el derecho a la salud, en la perspectiva de su protección penal, se ha entendido siempre frente a atentados de terceros, (vg. homicidios y lesiones) no propios (no se sancionan ni las autolesiones ni el suicidio). De este modo, y desde una primera lectura, centrada en los derechos de las personas, no queda claro que el Estado democrático tenga facultades para intervenir penalmente limitando la libertad personal y la vida privada, al impedir conductas que, en el peor de los casos, pudieran estimarse autoatentados.


2.    Las políticas públicas, de cualquier tipo que sean, debieran sustentarse como mínimo sobre la base de la racionalidad y la universalidad de las normas (donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, dice el principio jurídico). De lo contrario, más que normas legales preocupadas de defender un bien jurídico determinado, son meras discriminaciones irracionales o con ocultos propósitos. Y en el caso que analizamos no encontramos racionalidad ni coherencia ¿O es que quienes son partidarios de la prohibición de la marihuana, también piden la prohibición del alcohol y del tabaco? Después de todo, y de esto no hay duda, por un lado cada una de esas sustancias posee una toxicidad mayor que la marihuana y por otro, en Chile al menos, el consumo de cada una de ellas es un problema de salud pública muchísimo más grave que el del consumo de marihuana. Y si de impedir el consumo de sustancias por el daño que hacen se trata, ¿debiéramos sancionar penalmente a quien ofrece dulces o pasteles a un adulto diabético, sabiendo que lo es? ¿o a quien siendo hipertenso mantiene un significativo aprovisionamiento de charqui para los próximos meses?


3.    Por otro lado, de manera análoga a lo planteado por quienes insisten en que quienes nos manifestamos en contra de la prohibición desconocemos el daño que el consumo de marihuana provoca en las personas, podemos señalar que quienes son partidarios de mantener la prohibición, desconocen el tremendo daño que produce la penalización de su distribución. Este daño presenta múltiples alcances, entre los cuales es posible destacar:


a.    A la vida y la seguridad de los habitantes, al aumentar la violencia, como consecuencia de los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre narcotraficantes, o de estos con la policía, al generar degradación urbana  y pérdida de espacios públicos, al hacer colapsar el sistema penal, y al generar mayor control y represión sobre poblaciones vulnerables.
b.    A la salud, al potenciar la venta de sustancias adulteradas, (incluso con solventes en algunos casos), con dosis de THC desconocidas y variables, o al dificultar que se recurra oportunamente al terapeuta, como consecuencia de la estigmatización que significa reconocerse “drogadicto”.
c.    Al erario nacional, que debe destinar cientos de millones de dólares, en policías, fiscales, defensores, armas, vehículos, tribunales, gendarmes, cárceles, comida, alojamiento, etc., para mantener un modelo penal cuya ineficiencia hoy muy pocos discuten.
d.    Al ámbito político y público, al aumentar la corrupción, la deslegitimación institucional y la violación de los derechos humanos.


4.    Por último, recordemos que el modelo prohibicionista no ha tenido éxito en ningún país del mundo y por el contrario, su fracaso estrepitoso se escucha en todo el planeta cada vez con más fuerza.


Como escribimos hace ya casi veinte años, “…legalizar la droga puede ser una alternativa real para enfrentar los problemas que la prohibición genera…” y en definitiva, establecer sistemas efectivos, humanitarios y de salud pública, para la regulación de las sustancias psicoactivas.




Santiago, diciembre de 2018