lunes, 31 de diciembre de 2018

MAPUCHES ¿PUEBLO NO ORIGINARIO?


Con todo cariño, a aquellos de mis ex compañeros de colegio, que conscientes o inconscientemente difunden falsedades sobre este tema.

En el contexto de la lucha política, y particularmente de lo que ha sido el llamado “conflicto mapuche”, han aparecido opiniones en diversos ámbitos que cuestionan o claramente niegan el carácter de “originario” al pueblo mapuche. Un ex senador de Renovación Nacional, en un programa político de televisión les negó precisamente su condición de “originarios”. Y en las redes sociales circulan textos o simplemente afirmaciones que también lo hacen. Se trata de un nuevo esfuerzo por desvalorizar ideológicamente al “enemigo”. Uno más como ha habido muchos. Recordemos por ejemplo que en el verano de 2017, cuando un sinnúmero de incendios forestales destruía miles de hectáreas en nuestro país, desde varios sectores se atribuyó al “terrorismo mapuche” el origen de dichos incendios. Incluso se llegó al absurdo de pretender que cientos de “terroristas” de diversos grupos internacionales habían ingresado al país, con conocimiento del gobierno de Michell Bachelet, a cooperar con el terrorismo mapuche, y con el objetivo explícito de “incendiar Chile”.

Digamos de partida que la condición o no de “originario” no es un tema menor en el contexto de lo que políticamente se está discutiendo. Ser originario significa remontar la presencia social, cultural y política a tiempos previos no sólo del estado republicano, sino de la invasión europea. Ser “originario” significa poder remontar los derechos sobre los que se reclama, la tierra esencialmente, a tiempos previos a cualquier otro actor posible. En definitiva ser “pueblo originario” es simplemente decirle al estado chileno, yo estaba antes que ustedes, antes que esa bandera y ese escudo, aún antes que la peluca y la pistola, antes que ustedes soñaran siquiera con apoderarse de mis tierras. Ser originario es dejar sin argumentos, políticos, jurídicos o incluso morales, a quienes quieren discutirla calidad de mis derechos.

Por ello, toda esta campaña de desvalorización del pueblo mapuche no es casualidad, se trata de elementos de la lucha ideológica a la que diariamente se ve enfrentado nuestro pueblo. Como en el más básico manual de guerra psicológica, en lo esencial se trata, por un lado, de desvalorizar al enemigo, de quitarle aquellos atributos que lo pueden hacer más atractivo, generadores de mayor apoyo, y por el otro, de “ganar las mentes” de aquellos a quienes políticamente no se puede eliminar. Es cierto que algunas de estas afirmaciones resultan tan burdas, tan grotescas, que parece innecesario desmentirlas. Pero, aunque nos cueste creerlo, hemos visto como personas medianamente informadas, con estudios superioresen diferentes áreas, hacen suyos discursos ideológicamente tan falsos, tan groseramente falsos, que resulta necesario aclararlos.

La causa del pueblo mapuche, luego el asesinato de Camilo Catrillanca y de las manipulaciones grotescas de carabineros y el gobierno en torno a la información, como no había sucedido con otros asesinatos cometidos por la fuerza pública, ha suscitado el más amplio apoyo ciudadano. Desde todos los ámbitos del espectro chileno, cultural, deportivo, político, se ha manifestado el rechazo al crimen y el apoyo al pueblo mapuche. Una manera de combatir dicho apoyo, de debilitarlo al menos es negarles su vinculación ancestral con nuestro territorio y presentarlos como simples invasores, de modo similar al de los europeos. Desmentir esta burda manipulación de la verdad, es una manera más de entregar elementos a la lucha ideológica diaria.

Y luego de esta larga introducción, entremos en materia.

La cuestión de si el pueblo mapuche es o no un “pueblo originario” plantea dos problemas a nivel intelectual ¿Qué se entiende por “pueblo originario”? y ¿Cumple el pueblo mapuche esos parámetros de modo que pueda ser llamado así?

Digamos de partida que la condición de “pueblo originario” no dice relación con haber surgido como seres humanos en este sector del planeta. Sostener que no son “originarios” porque habrían llegado desde Asia a través del estrecho de Bering, como lo hace un panfleto lleno de falsedades que circula en las redes sociales, es no entender nada de lo que se está hablando. Y es que con el desarrollo de la genética, (especialmente en base al análisis del ADN mitocondrial) hoy hay consenso en que todos los seres humanos modernos (Homo sapiens) provenimos de un ancestro común, de origen africano, que habría vivido en ese continente hace al menos más de 140 mil años. Es decir, no sólo los mapuches no serían “originarios” porque provendrían desde Asia, si no ningún pueblo americano, pues todos vienen de fuera del continente. Pero tampoco lo serían los europeos, los mismos asiáticos y de igual manera los de Oceanía.

Aclarado lo anterior, debemos preguntarnos qué se entiende realmente por “pueblo originario”. El concepto es esencialmente antropológico, y se aplica a grupos humanos que descienden directamente de aquellos que ya estaban presentes en el territorio americano a la llegada del hombre europeo, y que mantienen elementos sociales y culturales que los diferencian de otros grupos humanos.

De este modo, no cabe duda que el actual pueblo mapuche es “pueblo originario”, como el aymara, quechua, rapa nui, selk nam, yámana, tehuelche, kawashkar y otros. Desciende directamente de un pueblo que estaba presente a la llegada de los españoles, -y que éstos llamaron “araucanos”-, y mantiene elementos sociales y culturales que lo diferencia de otros grupos humanos.

Un tema adicional dice relación con la llegada de los mapuches a nuestro territorio. En algún momento se sostuvo que habrían llegado muy poco antes que los españoles, desde lo que hoy es territorio argentino. En verdad no hay certeza desde donde vinieron, ni cuándo, pero si, que su llegada fue muy anterior a la del hombre europeo. Su presencia en sub grupos (picunches, tehuelches, huilliches, etc.) en un amplísimo sector del territorio nacional, y la difusión del idioma mapuche (mapudungun), en un amplio territorio nacional, ratifica esta idea. José Bengoa, uno de los principales autores sobre la historia del pueblo mapuche, sostiene que “hay una cierta evidencia de que, alrededor de de los años 500 a 600 A.C. ya existía una cultura que se puede denominar mapuche”, es decir, que este “pueblo originario” al menos tendría una presencia mil años antes que el conquistador europeo.

Diciembre de 2018

miércoles, 5 de diciembre de 2018

MARIHUANA, RAZONES PARA CAMBIAR EL MODELO PROHIBICIONISTA




Cada cierto tiempo y por diferentes razones, se abre el debate sobre la eventual legalización del consumo de marihuana, especialmente aquel que sólo tiene una finalidad recreativa. Y cada vez son más quienes se pronuncian contra el modelo prohibicionista que hoy la enfrenta. En verdad todo hace pensar que, más temprano que tarde, y como ha ido ocurriendo ya en otros países, su consumo se liberalice, o al menos cambie sustancialmente el modelo actual. Pero antes que ello ocurra, podremos seguir pagando un precio altísimo por mantener la prohibición.

El modelo prohibicionista se sostiene, en el discurso, sobre la base de la defensa de la salud de la población. Pero basta pensar en el tratamiento legal que se le da al alcohol o el tabaco, cuyo consumo es, de todas maneras más pernicioso que el de la marihuana, para comprender rápidamente que la protección de la salud no es suficiente para entender la saña con que se persigue esta sustancia. En verdad ni siquiera es fácil entender esta situación, pues se conjugaron para ello consideraciones racistas, moralizantes, políticas y por cierto económicas.

De partida, recordemos que lo que está en discusión es el uso del recurso penal para impedir el consumo de una sustancia, y que dicho recurso, lejos de ser una herramienta común de salud pública, es (o debiera ser) el último instrumento al que debe acudir el estado para afectar los derechos de las personas (principio de necesidad y mínima intervención, también llamado de “ultima ratio”).


Pero aún más, tratándose de un tema de política criminal (o criminológica como habría dicho el profesor Quiroz Cuaron), en donde parecen colisionar derechos individuales y sociales, las verdaderas cuestiones a discutir son claramente otras:


a)    ¿Tiene el estado derecho a impedir, a una persona adulta, y desde el punto de vista jurídico plenamente capaz, el consumo voluntario de una sustancia, sobre la base del daño a la salud que ella puede ocasionarle?


b)    ¿La política que bajo la amenaza de la sanción penal busca impedir dicho consumo, genera efectivamente más beneficios que su despenalización?


Y en aquellos países, como el nuestro y muchos más, en donde la prohibición penal de la marihuana se ha sustentado en principios de dudosa legitimidad, es necesario también formularse una tercera pregunta:


a)    ¿Son legítimos los mecanismos penales que actualmente se utilizan en la persecución de consumidores y proveedores de marihuana?


Respecto de esta última, nos hemos pronunciado latamente en este mismo blog “Marihuana: Derecho Penal del Enemigo”, haciendo presente, que en nuestra opinión, el modelo prohibicionista aplicado viola de manera flagrante principios como el de lesividad, culpabilidad, proporcionalidad de las penas y otros, y remitimos a los lectores de este artículo al ya mencionado.

      

 https://fernandogarciadiaz2015.blogspot.com/2015/10/marihuana-derecho-penal-del-enemigo.html

      La primera es una cuestión jurídico política, ¿hasta dónde alcanza la potestad punitiva del Estado en una sociedad democrática?, y sus consideraciones principales son de naturaleza filosófico jurídicas. La segunda en cambio, ¿la política prohibicionista aplicada genera efectivamente más beneficios que su despenalización? es una cuestión de hecho, que exige sustentarse empíricamente.

Por cierto podemos discutir latamente sobre estos temas, pero al menos parece necesario tener presente lo siguiente.


1.    Por un lado, el derecho a la libertad personal y el respeto y protección a la vida privada, se encuentran garantizados debidamente en nuestra Constitución. Por otro, el derecho a la salud, en la perspectiva de su protección penal, se ha entendido siempre frente a atentados de terceros, (vg. homicidios y lesiones) no propios (no se sancionan ni las autolesiones ni el suicidio). De este modo, y desde una primera lectura, centrada en los derechos de las personas, no queda claro que el Estado democrático tenga facultades para intervenir penalmente limitando la libertad personal y la vida privada, al impedir conductas que, en el peor de los casos, pudieran estimarse autoatentados.


2.    Las políticas públicas, de cualquier tipo que sean, debieran sustentarse como mínimo sobre la base de la racionalidad y la universalidad de las normas (donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, dice el principio jurídico). De lo contrario, más que normas legales preocupadas de defender un bien jurídico determinado, son meras discriminaciones irracionales o con ocultos propósitos. Y en el caso que analizamos no encontramos racionalidad ni coherencia ¿O es que quienes son partidarios de la prohibición de la marihuana, también piden la prohibición del alcohol y del tabaco? Después de todo, y de esto no hay duda, por un lado cada una de esas sustancias posee una toxicidad mayor que la marihuana y por otro, en Chile al menos, el consumo de cada una de ellas es un problema de salud pública muchísimo más grave que el del consumo de marihuana. Y si de impedir el consumo de sustancias por el daño que hacen se trata, ¿debiéramos sancionar penalmente a quien ofrece dulces o pasteles a un adulto diabético, sabiendo que lo es? ¿o a quien siendo hipertenso mantiene un significativo aprovisionamiento de charqui para los próximos meses?


3.    Por otro lado, de manera análoga a lo planteado por quienes insisten en que quienes nos manifestamos en contra de la prohibición desconocemos el daño que el consumo de marihuana provoca en las personas, podemos señalar que quienes son partidarios de mantener la prohibición, desconocen el tremendo daño que produce la penalización de su distribución. Este daño presenta múltiples alcances, entre los cuales es posible destacar:


a.    A la vida y la seguridad de los habitantes, al aumentar la violencia, como consecuencia de los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre narcotraficantes, o de estos con la policía, al generar degradación urbana  y pérdida de espacios públicos, al hacer colapsar el sistema penal, y al generar mayor control y represión sobre poblaciones vulnerables.
b.    A la salud, al potenciar la venta de sustancias adulteradas, (incluso con solventes en algunos casos), con dosis de THC desconocidas y variables, o al dificultar que se recurra oportunamente al terapeuta, como consecuencia de la estigmatización que significa reconocerse “drogadicto”.
c.    Al erario nacional, que debe destinar cientos de millones de dólares, en policías, fiscales, defensores, armas, vehículos, tribunales, gendarmes, cárceles, comida, alojamiento, etc., para mantener un modelo penal cuya ineficiencia hoy muy pocos discuten.
d.    Al ámbito político y público, al aumentar la corrupción, la deslegitimación institucional y la violación de los derechos humanos.


4.    Por último, recordemos que el modelo prohibicionista no ha tenido éxito en ningún país del mundo y por el contrario, su fracaso estrepitoso se escucha en todo el planeta cada vez con más fuerza.


Como escribimos hace ya casi veinte años, “…legalizar la droga puede ser una alternativa real para enfrentar los problemas que la prohibición genera…” y en definitiva, establecer sistemas efectivos, humanitarios y de salud pública, para la regulación de las sustancias psicoactivas.




Santiago, diciembre de 2018