El gravísimo nivel de
delincuencia con que el gobierno anterior entregó al país, constituye sin duda
una de las mayores preocupaciones de los habitantes y deberá ser uno de los
aspectos centrales con los que deberá lidiar el actual gobierno. La calidad de
vida de millones de habitantes se ha visto alterada sustancialmente por el
miedo. El asalto, los portonazos, el robo, las balaceras, el “ajuste de
cuentas”, son algunas de las manifestaciones más visibles de una situación de
inseguridad como no habíamos tenido antes.
Abandonadas las viejas
manifestaciones sobre un posible “criminal nato”, hoy no cabe duda que el
delincuente “no nace, se hace” y en ese sentido, son las características
específicas de una determinada sociedad las que explican su nivel y modalidad.
Y en nuestro país no hay duda que ha influido un tipo de sociedad en que
millones de personas, especialmente de jóvenes, no sólo carecen de futuro, sino
aún de presente. Falta de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, de
pensiones adecuadas, en definitiva, de condiciones de vida digna, acompañadas
por el abuso y aún por la verdadera burla, (“compren flores”, “levántense más
tempranos para tener pasajes más baratos”, “no vayan a hacer vida social a los
servicios de salud” o clases de ética como sanción) de quienes ostentan el
poder económico, político y social, han resultado un caldo de cultivo para todo
tipo de manifestaciones anómicas. También ha contribuido un sistema jurídico
penal ineficiente, una corrupción policial enorme y una falta de voluntad
política sistemática para enfrentar el problema desde una perspectiva global.
Dentro de estas
manifestaciones, la criminalidad organizada emerge como un factor relativamente
nuevo en nuestra sociedad, y probablemente uno de los más peligrosos.
En 1995, Naciones Unidas
organizó, en El Cairo, el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente. Entre los temas relevantes que consideró este
Congreso estaba el de la delincuencia organizada, aspectos que por lo demás
venía tratándose ya desde congresos anteriores. En aquella oportunidad nos
correspondió redactar una de las ponencias de nuestro país, y asistir a dicho
evento en representación de Chile. Uno de los aspectos que se debatió, hasta el
último minuto de la ponencia que presentábamos, era la existencia o no en
nuestro país de organizaciones criminales. Pero el debate no fue técnico, sino
más bien político. ¿Afectaba la imagen de Chile el reconocer la existencia de
dicho tipo de manifestación delictual?
Hoy esta discusión carece de
sentido. Nadie duda de la existencia en nuestro país de dicho tipo de
organizaciones. Y si ayer el tema se refería exclusivamente a organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas, hoy no cabe duda que además de ellas, tenemos
otras que se dedican al negocio de las armas, el tráfico y la trata de
personas, el robo de vehículos de alto precio para sacarlos del país y
venderlos fuera, las redes de prostitución y aún algunos hacen referencia al
sicariato y la eliminación de cadáveres.
Sin duda el problema necesita
una solución global, a mediano y largo plazo, que aborde tanto sus factores
predisponentes como aquellos que pueden estimarse desencadentes. Pero también
es necesario enfrentar, con urgencia, líneas de intervención a corto plazo.
La criminalidad organizada es,
por definición, una actividad con fines de lucro, es decir, en definitiva, un
negocio. Ya sea que se venda una mercadería -ilícita como la droga o las armas,
o más barata como los bienes robados- o que se preste un “servicio” -ilícito
como el tráfico y la trata de personas- lo cierto es que siempre es un negocio.
Hacernos cargos de esa realidad es la primera condición para enfrentarlo.
Atendido lo anterior, hay algunos
aspectos en donde centrar el enfrentamiento que debieran considerarse: la
eliminación o reducción de la mercadería que se vende o el servicio que se
presta, la disminución sustancial de los beneficios que el delito reporta, y la
eliminación o disminución de los factores que permiten la mantención y
desarrollo de la actividad.
Respecto de lo primero, es
absolutamente razonable que discutamos seriamente la posibilidad de legalizar
el consumo y venta al menos de la marihuana. La política de “guerra a la
droga”, impulsada y orientada desde los Estados Unidos, centrada en combatir la
“oferta”, olvidando definitivamente la “demanda”, (el mayor consumidor de
drogas del mundo es precisamente Estados Unidos y allí no hay “guerra a la
droga”), ha traído un costo brutal en vidas humanas, (solo la invasión
norteamericana a este país para secuestrar a Noriega significó más de 3.000
muertos), recursos económicos, (aviones, autos, armas, policías, jueces,
fiscales, cárceles, gendarmes, …) destrucción del medio ambiente (sólo en
Colombia el año 2012 se fumigaron aéreamente 100.549 ha., especialmente con
herbicidas que contenían glifosato), violaciones masivas a los derechos humanos,
etc. etc. etc. para los países del sur del río Bravo, especialmente México,
Colombia, Guatemala, Bolivia y Perú, y ha fracasado rotundamente. Hace tiempo
que es tiempo de repensar este enfoque.
Por otro lado, la política
irracional mantenida en materia de migración, en donde se ofrecieron puertas
abiertas para recibir migrantes venezolanos (incluso se les ofreció una visa
especial, la pomposamente llamada “Visa de Responsabilidad Democrática”) y
luego se procedió el cierre de las fronteras a su ingreso legal, han potenciado
su entrada ilegal y así el tráfico de personas. Criminalidad organizada esta
última que potencia además la trata de personas, el tráfico internacional de
productos ilegalmente adquiridos, como vehículos, amén de las crisis
humanitarias que hemos visto en el norte de nuestro país. Se hace
imprescindible encausar por vías legítimas la migración, como requisito
indispensable para combatir no sólo el ingreso ilegal, sino particularmente el
tráfico y la trata de personas.
Por otro lado, tratándose de
un negocio, la pérdida de las utilidades es uno de los más eficientes
mecanismos para la eliminación o disminución significativa de éste. No sólo
desmotiva a seguir en él, sino que además hace desaparecer los recursos que
permiten su continuidad. La lucha contra el “lavado de activos” entrega
resultados ridículos en nuestro país. Cada vez que las policías incautan una
cantidad de drogas que consideran importante, le entregan a la prensa la supuesta
cifra de dinero que ella representa. Siempre son cientos de millones. Y cuando
se trata de incautaciones de dinero o bienes, las cantidades son verdaderamente
risibles. Así, la PDI señalaba en un reporte que aún es posible leerlo en su
página, que durante el año 2020 había incautado $693.216.848 en que el tráfico
de drogas era el delito base, y ni un solo peso incautado por tráfico de armas,
por ejemplo. Carabineros entrega cifras que tampoco resultan estimulantes al
respecto. En verdad un solo narcotraficante de poca envergadura maneja esas
cifras.
Dado que las utilidades de
cualquier negocio se mueven en dinero efectivo o mediante la banca, y las
distintas áreas del crimen organizado mueven miles de millones de pesos, no
debiera resultar tan difícil un mayor control. O el principio “conozca a su
cliente”, (una de las primeras reglas a nivel internacional, destinado a
combatir el crimen organizado) que obliga a los bancos y entidades financieras
a conocer las actividades económicas que realizan sus clientes y que explican
las operaciones bancarias que realizan, pareciera no estarse cumpliendo. Y las
compras en dinero efectivo que debieran producir sospechas (autos de lujo,
joyas, viajes, etc.) tampoco están siendo detectadas. O peor aún, quienes
terminan beneficiándose con el lavado de activos, instituciones como la banca,
financieras, y locales de venta de bienes de lujo, no están cooperando.
Por último, hay dos mecanismos
que permiten el mantenimiento del crimen organizado, las armas y la corrupción.
Claramente el tema de las
armas está desbordado. Cada año hay una mayor presencia de armas de fuego en
poder del crimen organizado. Llama la atención el tipo de proyectiles
utilizados, su calibre y su sofisticación, decía el Informe Anual del
Observatorio del Narcotráfico del año 2020.
Y en Chile, como en toda Latinoamérica,
la guerra a las drogas ha tenido mucho que ver en el aumento de la violencia y
el acrecentamiento de la presencia de armas. Y como un verdadero deja vu,
Estados Unidos tiene también mucho que ver en esto, pues la gran mayoría de las
armas que llegan a nuestros países han sido traídas, legal o ilegalmente desde allá.
En esta materia, los
resultados también se muestran insignificantes. Hace sólo unos días que
Carabineros dio cuenta que en los cuatro primeros meses del año se incautaron
1008 armas de fuego, 697 armas cortas, 139 largas y 172 hechizas, adaptadas o
modificadas. Es decir, poco más de 3.000 al año. Y aunque obviamente las cifras
de armas ilegales que hay en nuestro país no son precisas, todas las
estimaciones hablan de varios cientos de miles. El Diario Financiero señalaba
en enero del 2021 que expertos del Ejecutivo entregaban un rango: entre 250 mil
y 500 mil. Y no puede extrañar, ¡Si hasta de los recintos militares se las
roban!
Por último, recordemos también
que el otro gran mecanismo que permite la mantención del crimen organizado es
la corrupción. Y ésta ya la tenemos aquí enquistada en nuestra realidad, en muy
diferentes ámbitos. En julio del 2021 el ex alcalde de San Ramón, municipalidad
símbolo de lo que se ha dado en llamar “narcopolítica”, ingresaba a la cárcel
por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En enero
de este año CIPER, con el significativo título de “Corrupción en Carabineros:
los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones”, denunciaba que entre el
2014 y el 2016, 55 carabineros (una investigación anterior sólo había
identificado a 40) fueron investigados internamente por nexos con el
narcotráfico. En marzo de este mismo año la Fiscalía Regional de Aysén
solicitaba 8 años de cárcel para la jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto,
acusaba de entregar datos a su hijastro sobre la indagatoria que seguía el
Ministerio Público por sus actividades como narcotraficante.
Santiago 5 de mayo de
2022
