miércoles, 12 de febrero de 2020

NUEVA CONSTITUCIÓN Y CAMPAÑA DEL RECHAZO




Con el objetivo de aplacar las protestas ciudadanas y ante el temor de que estas terminaran arrasando con el sistema, la derecha se vio obligada a ceder y aceptar las posibilidades de que nos diéramos una nueva Constitución. No fue una decisión libre, si no presionada y tampoco fue gratis, amarraron la exigencia de los dos tercios para su aprobación, pero fue. Es decir, hoy estamos muchísimo más cerca de darnos una nueva ley fundamental que antes que se iniciara el estallido social. Los alcances que tenga, la profundidad de los cambios, la concreción de derechos sociales que se consagren, todo eso dependerá en gran medida de la capacidad de movilización que tengamos durante los meses que se avecinan.

Y el primer tema central, ya en un horizonte cercano, es el plebiscito para determinar si los chilenos queremos o no una nueva Constitución. Y en este caso no se trata sólo de ganar, algo que ni siquiera está garantizado, sino de ganar por una amplia mayoría, que junto con consolidar esta petición  que millones de chilenos hemos manifestado especialmente en los últimos meses, signifique ir consolidando un escenario político que vaya presionando por la consolidación de los cambios que se necesitan. Y la derecha sabe que los números del plebiscito no dirán sólo si se cambia o no la Constitución, sino que pueden abrir (o cerrar) un camino de mayor democracia, mayor igualdad, mayor dignidad para los hombres y mujeres de este Chile que ha despertado, dependiendo en parte importante de cuáles sean los resultados del plebiscito de abril.

Asumida esta realidad, la derecha más recalcitrante, se prepara para la lucha ideológica que significará la propaganda por el cambio o el rechazo. Hasta el momento tres son los principales “argumentos” que levanta para oponerse al cambio.


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Uno de ellos, si no fuera patético sería simplemente ridículo, “dada la violencia imperante, no están dadas las condiciones para el plebiscito”, dijo recientemente la Presidenta de la UDI. Y a continuación propone mantener una constitución aprobada bajo una dictadura criminal, que dejó más de tres mil asesinados, cientos de desaparecidos, más de 30 mil torturados y que se aprobó en un plebiscito sin registros electorales, sin oposición y con votos trasparentes.

Otros han argumentado que no se justifica cambiar una Constitución que nos dio prosperidad, desarrollo y tranquilidad durante décadas. ¡Claramente no quieren entender lo que está pasando hoy en Chile! Precisamente contra esa “prosperidad”, ese “desarrollo” y esa “tranquilidad” es que se Chile se levantó.

Hay otros que han pretendido argumentar que los verdaderos problemas que hoy viven los chilenos, pensiones, salud, educación, salarios, etc., no dicen relación con la Constitución, sino más bien con simples leyes que se pueden cambiar sin modificar siquiera la ley fundamental. Bastaría con pedirles que miraran los últimos fallos del Tribunal Constitucional para que vieran que la gran mayoría de ellos si dicen relación con cuestiones cruciales para el día a día de los chilenos. El reciente fallo referido a la propiedad de los dineros depositados en las AFP es un ejemplo claro de ello.

Pero si estos argumentos con apariencia racional carecen de real sustento, la verdadera defensa de la actual constitución probablemente se dará con una campaña del terror, que nunca ha estado del todo abandonada, pero que en estos tiempos se reforzará. Se nos anuncia el caos, la recesión económica, la cesantía, la falta de inversión, y mil males más producto de la incertidumbre, del miedo de los inversionistas. Simples expresiones como “Chilezuela”, buscarán que asociemos  inconscientemente nuestro posible futuro con problemas y situaciones absolutamente ajenas. Las peores imágenes de violencia y saqueo de los últimos meses serán repetidas, (no así las sistemáticas violaciones a los derechos humanos), amenazándonos explícita o implícitamente con que ellas continuarán o serán peores. Y es que el discurso del miedo ha sido un elemento activo de la derecha desde tiempos inmemoriables en nuestro país, y en el resto del mundo.

El miedo es uno de los sentimientos más básicos del ser humano, compartido por lo demás con miles de especies de animales. Dominados por el miedo no hay argumento racional que sea válido para enfrentarlo. Una vez que quedamos sometidos al miedo, casi por instinto buscamos huir de la situación que lo provoca, como sea tratamos de exorcizar el peligro. Y la derecha lo sabe. Campañas del terror como la de 1964, o de 1973, dan cuenta de un éxito rotundo. Pero también hay fracasos estrepitosos, como la campaña del Si en tiempos de Pinochet.

Debemos prepararnos para que justamente sea esta última la situación que se repita.

Enero 2020

lunes, 10 de febrero de 2020

LA PREVARICACIÓN DE LA JUEZA



El sistema penal en general, ha estado desde sus orígenes en nuestro país al servicio de los sectores dominantes, ya sea sancionando a los sectores desposeídos por su condición de tales, o dejando en la impunidad a los ostentadores del poder. Nuestras cárceles están llenas de pobres y cientos de delincuentes de cuello y corbata caminan libres por las calles. Versos rescatados de un muro de la cárcel pública de Santiago a fines del siglo XIX describían, hace más de 120 años, con gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:

“En este lugar maldito,
donde reina la tristeza,
no se sanciona el delito,
se sanciona la pobreza.”

Esta es una realidad que todos los chilenos conocen, y sólo cuestionan precisamente los beneficiarios de esta situación. Para que esta situación se mantenga, todo el sistema se conjuga, leyes, policías, gendarmes y por cierto miembros del Poder Judicial. Por supuesto hay excepciones individuales, como los jueces José Cánovas Robles, Carlos Cerda Fernández, René García Villegas y unos pocos más, que durante la dictadura tuvieron el coraje de enfrentarse a ella. Pero precisamente la excepción es lo que confirma la regla. Por lo demás nunca como en ese período el Poder Judicial y particularmente su Corte Suprema habían tenido una actitud servil más miserable.

Ahora bien, casi siempre los miembros de los tribunales de justicia han tenido la precaución de al menos aparentar cierta decencia, y es así como sus resoluciones precisamente “aparentan” legalidad. Aún en casos vergonzosos en extremo, como la sentencia que deja en la impunidad al hijo de Carlos Larraín, que en completo estado de ebriedad atropelló y dio muerte a una persona, la sentencia busca cubrirse de legitimidad, aparentando al menos el cumplimiento de la ley. Quizás por eso es que la fundamentación de la resolución de la Jueza Andrea Acevedo, para dejar en libertad al carabinero que atropelló y mató a Jorge Mora, hincha de Colo Colo, resulte especialmente repugnante.

Y es que aquí se abandonó toda decencia, y de la forma más impúdica se defendió a la represión.

Como todo Chile ha visto, y lo describe meridianamente claro el Juez Pedro Maldonado E., ella fundamentó su resolución “…en prejuicios, estereotipos, odio, sesgo (u) … otra consideración espuria…”, y no en los hechos de la causa que se le acababan de exponer. Así por ejemplo, aludió a un supuesto estado de ebriedad sin tener elemento alguno para suponerlo siquiera.

Ahora bien, fundamentar una resolución judicial en “..prejuicios, estereotipos, odio, sesgo o consideraciones espurias,… no sólo constituye un descriterio, sino por sobre todo, una falta a las normas mismas que regulen el proceso, en este caso penal.

El Código Procesal Penal, ley expresa y vigente en causa criminal, exige explícitamente, que la resolución que se dictare consigne los motivos de hecho que considera. Es decir no es voluntario ni opcional. Los hechos son los presupuestos fácticos de una resolución judicial y ellos determinan las normas que se deberán aplicar. Por ello, la propia ley obliga a los jueces a reconocerlos. Y a la inversa, desconocerlos, falsearlos o inventarlos, como lo hizo la jueza Acevedo constituye una conducta rayana en lo delictivo.

El propio Código Penal sobre esta materia es claro. En el artículo 223, y bajo el título de “prevaricación” señala

Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los fiscales judiciales, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados:1° Cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil.”
Y la ley expresa y vigente exige fundamentar las resoluciones en los hechos probados en la causa, no inventarlos.

Fernando García Díaz