El
29 de mayo, Día del Patrimonio Cultural, según apareció en los medios de
comunicación, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que
promueve el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural de Chile. Lo
acompañaba en ese acto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Consuelo Valdés. En una página del sitio web de este Ministerio se ve al
presidente y a la ministra mostrando el proyecto firmado.
La
nueva ley sobre la materia es ampliamente esperada, pues viene a modernizar una
materia regulada en parte por la ley de Monumentos Nacionales, que ya tiene
casi 50 años, y que en estricto rigor, surgió anticuada.
Pero
claramente la discusión del proyecto no será un tema sencillo. Y es que el
concepto mismo de patrimonio cultural no es sencillo. Unesco ha dado sucesivos
conceptos, las legislaciones nacionales también y la doctrina no se pone de
acuerdo. Durante más de 150 años “nuestro patrimonio cultural” invisibilizó a
la mayoría de los chilenos. En él no estaban presentes los obreros, los
campesinos, los pobladores, los pescadores, los artesanos, los mineros... Sólo
estaban los objetos de la alta aristocracia, los militares, y la iglesia
católica.
En
términos de evolución política, por ejemplo, la idea de patrimonio puede
estimarse que ha tenido tres visiones esenciales.
Durante
la primera, el patrimonio cultural es propiedad exclusiva de una élite. A ella
pertenecen los bienes que la integran, pero también son parte de sus propios
miembros quienes les otorgan esa categoría, es decir los que los seleccionan
como tales. Y por último, es la propia élite la única digna de disfrutar de los
valores y el gozo que ellos representan. Probablemente en donde mejor se
refleja esta visión de la cultura, es en los espectáculos de las élites. De la
ópera, del concierto, sólo participa la élite. Y no hay interés alguno por
ampliar dicho espacio. Por el contrario, quienes provienen desde estratos
sociales inferiores y tratan de incorporarse a la alta sociedad, y participar
con ellos de ese mundo, son a menudo mirados con absoluto desprecio.
En
una segunda etapa, y en lo que se ha considerado el inicio de la
democratización de la cultura y por tanto también del patrimonio cultural, el
discurso dominante se abre a llevar la cultura a las masas. Es decir, desde la
élite se sigue eligiendo y decidiendo lo que es o no es patrimonio cultural,
pero al menos desde un sector de esta élite, se estima que esa cultura se debe
difundir y educar al pueblo para que éste pueda acceder a ella. Esta
concepción, que continúa siendo profundamente elitista, cargada ahora con una visión
claramente paternalista, queda reflejada de manera muy gráfica en la
“Recomendación sobre los medios más eficaces para hacer los museos accesibles a
todos”, aprobada por Unesco en diciembre de 1960. En ella y luego de recordar
que la constitución de Unesco le atribuye entre otras funciones la de “…dar un
vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura…”, se
señala que “…debe estimularse por todos los medios la frecuentación de los
museos por todos los sectores de la población y, en especial, por las clases
laboriosas”. Los museos están listos, la cultura está allí ya definida como
tal, es necesario bajarla para que el pueblo, y especialmente la clase
trabajadora, como dice Unesco, pueda acceder a ella. (Desde esta perspectiva no
deja de ser paradójico que la cultura, entendida como viene, desde el
iluminismo, se presenta con un claro rol emancipador, y sin embargo en la
práctica se transforma en uno de los principales instrumentos de opresión).
La
última etapa de este proceso de democratización de la cultura y el patrimonio,
en nuestro país se desarrolla recién a partir de la década de los años noventa
del siglo pasado, saliendo de la dictadura, cuando la visión anterior entra en
una profunda crisis. Esta nueva visión se caracteriza porque ahora se
identifica a las personas y las comunidades como sujetos de cultura y por tanto
se reconoce en ellos el derecho a definir que bienes y lugares son los que para
ellos poseen un valor excepcional para la memoria colectiva, y en consecuencia
los que deben ser considerados patrimonio cultural. La cultura no viene desde
el poder, la hacemos todos, las decisiones sobre qué es y que no es patrimonio
cultural no están en las manos de un grupo de expertos que deciden por otros,
son los propios miembros de cada grupo social los que deben tomar sus propias
decisiones al respecto. Unesco, en una recomendación con un desafortunado y
paternalista título “Recomendación relativa a la Participación y la
Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural” ya había reconocido
explícitamente esta situación, cuando en 1976 dice “Considerando …c) que la
cultura ha dejado de ser Únicamente una acumulación de obras y de conocimientos
que produce, compila y conserva una minoría selecta para ponerlos al alcance de
todos, o que un pueblo rico por su patrimonio ofrece a otros como modelo del
que les hubiere privado la historia; que la cultura no se limita al acceso a
las obras de arte y a las humanidades sino que es a la vez adquisición de
conocimientos, exigencia de un modo de vida, necesidad de comunicación”.
Entendido
así, el patrimonio cultural deja de ser un conjunto de objetos que natural y
objetivamente encierran un valor incontestable. Por el contrario, los bienes
culturales deben ser entendidos como consecuencia de una elección política, que
puede tener mayor o menor aceptación en la comunidad.
Este
proceso por supuesto no ha sido, ni es fácil, y el “patrimonio cultural”, como
por lo demás ocurre con todo el mundo de la cultura, se ha transformado a
menudo en un espacio de conflicto, en donde se enfrentan visiones diferentes
del mundo y de la vida. En algunos casos esos enfrentamientos son velados,
subterráneos, como cuando la prensa o la televisión oficial simplemente
menosprecia las noticias referidas al patrimonio o la cultura popular, y
simplemente no las divulga (lo que por lo demás ocurre todos los días). Pero en
otros momentos, especialmente cuando la lucha política adquiere ribetes de
mayor envergadura, el conflicto por definir lo que es cultural y/o lo cultural
que debe protegerse, alcanza una mayor dimensión y puede no sólo cuestionar el
surgimiento de nuevos bienes como patrimoniales, sino comprometer incluso los
tradicionalmente aceptados como tales. Así ha ocurrido por ejemplo con buena
parte del patrimonio arqueológico, que se ha visto afectado por el accionar de
mineras, constructoras, o incluso de eventos deportivos, como el Dakar, en
donde claramente se dio preferencia a los intereses de la industria automotriz
internacional. El Dakar, sólo en dos realizaciones en Chile significó la
destrucción de más de 100 sitios arqueológicos. En otros casos el conflicto es
aún más evidentemente político, como ha ocurrido con los intentos de cambiar el
carácter del Museo de la Memoria, que da cuenta de los crímenes cometidos por
la dictadura cívico militar de Pinochet, para modificarlo por uno que la
justifique.
Probablemente
el conflicto más permanente y público, en cuanto se puede apreciar día a día
por cualquiera, pero a la vez más soterrado, pues su naturaleza valórica se
encubre, se da en torno a los monumentos en lugares públicos, honoríficos o
conmemorativos esencialmente, que día a día son ignorados, valorados o
despreciados por quienes pasan a su lado, y a menudo víctimas de acciones que los
rayan o destruyen, por un sector social que no sólo no los valora, no se siente
interpretado por ellos, sino que claramente los desprecia.
¿Qué
perspectiva presentará el proyecto? ¿Qué valores buscará destacar? No lo
sabemos, porque aunque han pasado más de 15 días desde que públicamente se
firmó el proyecto, aún no se ingresa al parlamento.
Pero
podemos adelantar algo. En el mismo acto de firma se anunció la reapertura del
Museo Histórico Nacional. Lo que no se dijo, es que el proyecto de modificación
original, que aspiraba a una remodelación total del edificio, se pospuso, para
trabajar en la ampliación del espacio de exposición, en donde se tiene ya
decidido instalar el “Museo de la Democracia”, que como sabemos, busca ser la
contrapartida del Museo de la Memoria, es decir, la justificación de la
Dictadura.
¡Habrá
que estar alerta!
Santiago, 18 de junio de 2019
Publicado en Lavanguardia.cl
