El tema de la “seguridad”,
referida a los problemas relacionados con el delito y la violencia, (también la
gente siente “inseguridad” en materia de pensiones, salud, vivienda, etc.) ha vuelto
a tomarse la pauta noticiosa en nuestro país. Abandonado parcialmente por las referencias
a los Juegos Panamericanos, hoy las portadas de los diarios, los noticieros de
las radios y por sobre todo los matinales de la TV, han vuelto a poner este
tema en el primer lugar. Hay algunos elementos objetivos para ello, como los
secuestros que hemos conocido en las últimas semanas, o el ataque a una
carabinera con armas de guerra, como las granadas; pero sobre todo, hay una
motivación política tras él, que busca identificar al gobierno del Presidente
Boric como responsable de la actual situación, y a la vez llevar agua al molino
del “Apruebo”, al momento de plebiscitarse la constitución de la ultraderecha,
que pretenden precisamente presentarla como la “Constitución de la Seguridad”.
La situación por parte de la derecha es tan grotesca en este sentido, que no
temen en tratar de chantajear al gobierno con la amenaza de una acusación
constitucional contra la Ministra del Interior, si en dos meses no expulsa a 12
mil migrantes irregulares, cuestión que saben, físicamente imposible.
Indudablemente
el tema es serio, relevante para la inmensa mayoría de los chilenos, pero el
mirar los árboles no nos puede hacer olvidar el bosque.
Lo primero es
recordar que al momento de asumir el gobierno de Gabriel Boric la situación de
la seguridad era claramente caótica.
Las frases
rimbombantes como “Delincuentes se les acabó la fiesta”, campaña del 2014, o “Plan
de Seguridad Frontal contra la Delincuencia y el Narcotráfico”, campaña del
2018, de los gobiernos de Piñera, fueron sólo eso, palabras rimbombantes que se
las llevó el viento. (Algo así como el “mejor censo de la historia”). De todas
las promesas formuladas en campaña, o no se concretaron o no se tradujeron en
resultados positivos. Ejemplo de ello son el “Plan de Seguridad Pública”
prometido, la creación de una “Fuerza de Tareas del Narcotráfico”, o la “Defensoría
de las Víctimas”. Y más aún, la situación se hizo aún peor, entre otros hechos,
como con el viaje Cúcuta, donde no sólo hizo el ridículo frente al mundo
buscando la caída del presidente venezolano, sino que alentó la migración
irregular, especialmente de venezolanos y colombianos, que hoy nos pasa la cuenta.
No es extraño entonces
que dejara como herencia la situación más compleja que ha vivido nuestro país en
materia de seguridad, salvado por cierto el período de la dictadura, donde los
homicidios, las torturas y los secuestros los cometían los agentes del Estado
con la total y absoluta impunidad del gobierno y la complicidad de la Corte
Suprema. Sólo por recordar algunas cosas, al comienzo del actual gobierno cuatro
problemas se heredaban en un altísimo nivel. Por un lado, los robos de madera,
tráfico de drogas y por sobre todo incendios y violencia en la llamada macrozona
sur, que eran noticia diaria, y que Piñera había querido solucionar con el “Grupo
Multidisciplinario de Operaciones Especiales” de Carabineros, que vestidos cual furibundas tortugas ninjas dispuestas al
ataque, sólo empeoraron la situación. Por otro, una migración
descontrolada en el norte, que se traducía en carpas en las calles, miles de
migrantes caminando por las carreteras, y un pueblo, Colchane, que ya no sabía
cómo enfrentar la situación. A lo anterior debemos agregar la continuación de la
violencia callejera surgida tras el estallido social, que hacía peligroso el uso
de ciertas estaciones del metro, particularmente los viernes, e incluso el
tránsito en los alrededores de Plaza Dignidad. Por último, una tasa de
homicidios que venía en aumento desde el año 2016 (con una disminución el 2020,
por la pandemia). Y todo ello, sin hablar de las reiteradas violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el estallido social, que significaron la muerte, la
ceguera o las lesiones oculares de cientos de personas.
Pero no sólo
esto, debemos recordar que las condiciones del Estado para enfrentar esa
situación eran también desastrosas. Basta acordarse que el 55% de los vehículos
de Carabineros tenían su vida útil vencida, o que hacía 22 años que no se
renovaban sus equipos portátiles, que el Servicio Nacional de Aduanas, cuya labor
es indispensable para controlar el ingreso de drogas y de armas, carecía de los
camiones necesarios para escanear lo que traían los contenedores, que los
puestos fronterizos en el norte carecían no sólo de la más elemental tecnología
para enfrentar el ingreso ilegal, sino los requisitos básicos para un trabajo en
condiciones dignas.
Hoy claramente
no hemos solucionado los problemas de seguridad. Pero ha sido este gobierno el
que disminuyó los atentados en el sur, hasta hacer casi inexistente el tema de
la seguridad en la macrozona sur. También ha sido el gobierno de Boric el que
terminó con la violencia en torno a la Plaza Dignidad, y el que ha disminuido considerablemente
las migraciones irregulares en el norte. En materia de homicidios, la curva por
primera vez, en 8 años, (salvo el periodo de la pandemia como ya lo señalamos)
empieza a disminuir.
Debemos estar
tranquilos y felices. Claramente no. La inseguridad generada por delitos
violentos y la presencia considerable del crimen organizado sigue siendo un problema
grave y un tema de primera prioridad. Lo relevante es que por primera vez
estamos caminando hacia un enfrentamiento global, serio, orgánico y eficaz. Por
primera vez estamos superando las medidas aisladas, a menudo efectistas más que
efectivas, (la más efectista y menos efectiva suele ser el aumento desmedido de
las penas), y generando políticas públicas que implican coordinaciones,
financiamientos, reforzamientos institucionales, mecanismos de control,
previsión de resultados, y por sobre todo, abordaje del problema en todas sus
dimensiones.
Existen ya
múltiples medidas adoptadas, y otras encaminadas a ir cada vez con mayor
rigurosidad enfrentando el problema. Entre ellas podemos recordar:
La Política
Nacional contra el Crimen Organizado, primera política de esta naturaleza en el
país, hoja de ruta que coordina a más de 15 instituciones, entre ellas
Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, SII, ANI, Ministerio Público, Unidad de
Análisis Financiero, etc., que fija metas, y se inicia con un financiamiento de
más de 39 mil millones.
Plan Calles sin Violencia,
cuyo impacto ha sido significativo en la disminución de los homicidios.
Un papel
relevante lo puede llegar a tener el Equipo contra el Crimen Organizado y
Homicidios (ECOH), fuerza de tarea recientemente puesta en actividad, integrada
por más de 240 profesionales, entre fiscales, policías, analistas, psicólogos y
expertos en diversas áreas, cuyo objetivo central es el que señala su nombre, que
se enmarca en el Plan Calles sin violencia, y que incluye la creación de un
nuevo sistema de inteligencia criminal, entre otras medidas.
Incluso en un
área de límites tan difusos como puede ser la narcocultura, entendida como una
forma de vida y de socialización, que asume creencias, valores y pautas de
conducta propios del narcotráfico, incorporando elementos que dan sentido a la
vida y pertenencia a un determinado grupo, cuya importancia no siempre se
vislumbra con claridad, se está también golpeando en dos de sus componentes más
importantes, los narcofunerales y los narcomausoleos. Impidiéndose los primeros,
destruyéndose los segundos.
Y todo esto,
reforzado con nuevos equipamientos para las instituciones, entre los cuales se
cuentan, nuevos camiones escáner para aduanas, visores nocturnos para el
Departamento de Policía Marítima de la Armada, cascos balísticos, chalecos
antibalas y anticortes, nuevos vehículos, escudos antidisturbios, para
Gendarmería, etc.
Debemos recordar
aquí que precisamente el nuevo
presupuesto nacional, en este momento en discusión, tiene sus ejes principales
en reactivación económica y generación de empleos, gasto social para pensiones,
salud, educación y niñez, y seguridad ciudadana, proyectando más policías,
recuperación del espacio público y combate al narcotráfico y al crimen
organizado, considerando entre otras medidas, la adquisición de más de 1000
nuevos vehículos policiales, implementación de un sistema automatizado de
identificación biométrica, equipamiento tecnológico anticorrupción y contra
bandas criminales al interior de las cárceles, etc.
¿Qué es lo que
viene?
En nuestra
opinión, si bien el camino adoptado es el correcto, tenemos que asumir que la lucha
contra el delito y especialmente contra el crimen organizado deberá ser un objetivo
permanente del Estado, y que para lograr una situación de relativa seguridad falta
todavía mucho por recorrer. En ese sentido, se hace imprescindible al menos:
1. Mejorar la inteligencia,
identificando las diferentes organizaciones que operan en el país, la
naturaleza de ellas, los vínculos con las surgidas en el extranjero, las
relaciones entre las que operan en Chile, así como sus principales líderes,
2. Establecer y
cerrar las rutas del ingreso de armas, considerando especialmente que es el
poder de fuego lo que hace a las organizaciones más peligrosas,
3. Perseguir e
incautar el dinero, toda vez que ello constituye uno de los golpes más
efectivos a organizaciones y hasta aquí las cifras logradas son claramente
insuficientes.
4. Controlar mejor
la migración, fortaleciendo los mecanismos administrativos de expulsión.
Santiago 22 de noviembre de 2023
Fernando García Díaz: CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (fernandogarciadiaz2015.blogspot.com)
