CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

 

 

El gravísimo nivel de delincuencia con que el gobierno anterior entregó al país, constituye sin duda una de las mayores preocupaciones de los habitantes y deberá ser uno de los aspectos centrales con los que deberá lidiar el actual gobierno. La calidad de vida de millones de habitantes se ha visto alterada sustancialmente por el miedo. El asalto, los portonazos, el robo, las balaceras, el “ajuste de cuentas”, son algunas de las manifestaciones más visibles de una situación de inseguridad como no habíamos tenido antes.

Abandonadas las viejas manifestaciones sobre un posible “criminal nato”, hoy no cabe duda que el delincuente “no nace, se hace” y en ese sentido, son las características específicas de una determinada sociedad las que explican su nivel y modalidad. Y en nuestro país no hay duda que ha influido un tipo de sociedad en que millones de personas, especialmente de jóvenes, no sólo carecen de futuro, sino aún de presente. Falta de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, de pensiones adecuadas, en definitiva, de condiciones de vida digna, acompañadas por el abuso y aún por la verdadera burla, (“compren flores”, “levántense más tempranos para tener pasajes más baratos”, “no vayan a hacer vida social a los servicios de salud” o clases de ética como sanción) de quienes ostentan el poder económico, político y social, han resultado un caldo de cultivo para todo tipo de manifestaciones anómicas. También ha contribuido un sistema jurídico penal ineficiente, una corrupción policial enorme y una falta de voluntad política sistemática para enfrentar el problema desde una perspectiva global.

Dentro de estas manifestaciones, la criminalidad organizada emerge como un factor relativamente nuevo en nuestra sociedad, y probablemente uno de los más peligrosos.

En 1995, Naciones Unidas organizó, en El Cairo, el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Entre los temas relevantes que consideró este Congreso estaba el de la delincuencia organizada, aspectos que por lo demás venía tratándose ya desde congresos anteriores. En aquella oportunidad nos correspondió redactar una de las ponencias de nuestro país, y asistir a dicho evento en representación de Chile. Uno de los aspectos que se debatió, hasta el último minuto de la ponencia que presentábamos, era la existencia o no en nuestro país de organizaciones criminales. Pero el debate no fue técnico, sino más bien político. ¿Afectaba la imagen de Chile el reconocer la existencia de dicho tipo de manifestación delictual?

Hoy esta discusión carece de sentido. Nadie duda de la existencia en nuestro país de dicho tipo de organizaciones. Y si ayer el tema se refería exclusivamente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, hoy no cabe duda que además de ellas, tenemos otras que se dedican al negocio de las armas, el tráfico y la trata de personas, el robo de vehículos de alto precio para sacarlos del país y venderlos fuera, las redes de prostitución y aún algunos hacen referencia al sicariato y la eliminación de cadáveres.

Sin duda el problema necesita una solución global, a mediano y largo plazo, que aborde tanto sus factores predisponentes como aquellos que pueden estimarse desencadentes. Pero también es necesario enfrentar, con urgencia, líneas de intervención a corto plazo.

La criminalidad organizada es, por definición, una actividad con fines de lucro, es decir, en definitiva, un negocio. Ya sea que se venda una mercadería -ilícita como la droga o las armas, o más barata como los bienes robados- o que se preste un “servicio” -ilícito como el tráfico y la trata de personas- lo cierto es que siempre es un negocio. Hacernos cargos de esa realidad es la primera condición para enfrentarlo.

Atendido lo anterior, hay algunos aspectos en donde centrar el enfrentamiento que debieran considerarse: la eliminación o reducción de la mercadería que se vende o el servicio que se presta, la disminución sustancial de los beneficios que el delito reporta, y la eliminación o disminución de los factores que permiten la mantención y desarrollo de la actividad.

Respecto de lo primero, es absolutamente razonable que discutamos seriamente la posibilidad de legalizar el consumo y venta al menos de la marihuana. La política de “guerra a la droga”, impulsada y orientada desde los Estados Unidos, centrada en combatir la “oferta”, olvidando definitivamente la “demanda”, (el mayor consumidor de drogas del mundo es precisamente Estados Unidos y allí no hay “guerra a la droga”), ha traído un costo brutal en vidas humanas, (solo la invasión norteamericana a este país para secuestrar a Noriega significó más de 3.000 muertos), recursos económicos, (aviones, autos, armas, policías, jueces, fiscales, cárceles, gendarmes, …) destrucción del medio ambiente (sólo en Colombia el año 2012 se fumigaron aéreamente 100.549 ha., especialmente con herbicidas que contenían glifosato), violaciones masivas a los derechos humanos, etc. etc. etc. para los países del sur del río Bravo, especialmente México, Colombia, Guatemala, Bolivia y Perú, y ha fracasado rotundamente. Hace tiempo que es tiempo de repensar este enfoque.

Por otro lado, la política irracional mantenida en materia de migración, en donde se ofrecieron puertas abiertas para recibir migrantes venezolanos (incluso se les ofreció una visa especial, la pomposamente llamada “Visa de Responsabilidad Democrática”) y luego se procedió el cierre de las fronteras a su ingreso legal, han potenciado su entrada ilegal y así el tráfico de personas. Criminalidad organizada esta última que potencia además la trata de personas, el tráfico internacional de productos ilegalmente adquiridos, como vehículos, amén de las crisis humanitarias que hemos visto en el norte de nuestro país. Se hace imprescindible encausar por vías legítimas la migración, como requisito indispensable para combatir no sólo el ingreso ilegal, sino particularmente el tráfico y la trata de personas.

Por otro lado, tratándose de un negocio, la pérdida de las utilidades es uno de los más eficientes mecanismos para la eliminación o disminución significativa de éste. No sólo desmotiva a seguir en él, sino que además hace desaparecer los recursos que permiten su continuidad. La lucha contra el “lavado de activos” entrega resultados ridículos en nuestro país. Cada vez que las policías incautan una cantidad de drogas que consideran importante, le entregan a la prensa la supuesta cifra de dinero que ella representa. Siempre son cientos de millones. Y cuando se trata de incautaciones de dinero o bienes, las cantidades son verdaderamente risibles. Así, la PDI señalaba en un reporte que aún es posible leerlo en su página, que durante el año 2020 había incautado $693.216.848 en que el tráfico de drogas era el delito base, y ni un solo peso incautado por tráfico de armas, por ejemplo. Carabineros entrega cifras que tampoco resultan estimulantes al respecto. En verdad un solo narcotraficante de poca envergadura maneja esas cifras.

Dado que las utilidades de cualquier negocio se mueven en dinero efectivo o mediante la banca, y las distintas áreas del crimen organizado mueven miles de millones de pesos, no debiera resultar tan difícil un mayor control. O el principio “conozca a su cliente”, (una de las primeras reglas a nivel internacional, destinado a combatir el crimen organizado) que obliga a los bancos y entidades financieras a conocer las actividades económicas que realizan sus clientes y que explican las operaciones bancarias que realizan, pareciera no estarse cumpliendo. Y las compras en dinero efectivo que debieran producir sospechas (autos de lujo, joyas, viajes, etc.) tampoco están siendo detectadas. O peor aún, quienes terminan beneficiándose con el lavado de activos, instituciones como la banca, financieras, y locales de venta de bienes de lujo, no están cooperando.

Por último, hay dos mecanismos que permiten el mantenimiento del crimen organizado, las armas y la corrupción.

Claramente el tema de las armas está desbordado. Cada año hay una mayor presencia de armas de fuego en poder del crimen organizado. Llama la atención el tipo de proyectiles utilizados, su calibre y su sofisticación, decía el Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico del año 2020.

Y en Chile, como en toda Latinoamérica, la guerra a las drogas ha tenido mucho que ver en el aumento de la violencia y el acrecentamiento de la presencia de armas. Y como un verdadero deja vu, Estados Unidos tiene también mucho que ver en esto, pues la gran mayoría de las armas que llegan a nuestros países han sido traídas, legal o ilegalmente desde allá.

En esta materia, los resultados también se muestran insignificantes. Hace sólo unos días que Carabineros dio cuenta que en los cuatro primeros meses del año se incautaron 1008 armas de fuego, 697 armas cortas, 139 largas y 172 hechizas, adaptadas o modificadas. Es decir, poco más de 3.000 al año. Y aunque obviamente las cifras de armas ilegales que hay en nuestro país no son precisas, todas las estimaciones hablan de varios cientos de miles. El Diario Financiero señalaba en enero del 2021 que expertos del Ejecutivo entregaban un rango: entre 250 mil y 500 mil. Y no puede extrañar, ¡Si hasta de los recintos militares se las roban!

Por último, recordemos también que el otro gran mecanismo que permite la mantención del crimen organizado es la corrupción. Y ésta ya la tenemos aquí enquistada en nuestra realidad, en muy diferentes ámbitos. En julio del 2021 el ex alcalde de San Ramón, municipalidad símbolo de lo que se ha dado en llamar “narcopolítica”, ingresaba a la cárcel por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En enero de este año CIPER, con el significativo título de “Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones”, denunciaba que entre el 2014 y el 2016, 55 carabineros (una investigación anterior sólo había identificado a 40) fueron investigados internamente por nexos con el narcotráfico. En marzo de este mismo año la Fiscalía Regional de Aysén solicitaba 8 años de cárcel para la jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto, acusaba de entregar datos a su hijastro sobre la indagatoria que seguía el Ministerio Público por sus actividades como narcotraficante.

 

 

Santiago 5 de mayo de 2022