“
«Eliminen el
Ministerio de la Cultura. Nadie come cultura en Chile y se llevan 500 millones
de dólares anuales. Ahí hay un tremendo montón de plata para poder paliar esto
que estamos pidiendo». La frase, pronunciada hace unos días por Jaime Asmussen,
dirigente de la Asociación de Carga de la provincia de Palena, merece bastante
más atención que la que podría sugerir una declaración absurda, producto de un
exabrupto, o la formulada por un hombre inculto, en medio de una movilización
por el precio de los combustibles.
Y no solamente porque
propone suprimir una institución pública, sino sobre todo, porque expresa una
manera de entender la cultura que ha reaparecido, bajo distintas formas y en
diferentes momentos de nuestra historia: la idea de que las actividades
culturales, la creación artística, la conservación de los monumentos y la
protección del patrimonio son preocupaciones secundarias, que deben esperar
hasta que estén satisfechas las necesidades consideradas verdaderamente
importantes.
La afirmación contiene
una premisa que parece indiscutible: las personas necesitan alimentarse. Pero
de esa constatación se desprende en ella una conclusión que no lo es: aquello
que no proporciona alimento material carece de importancia social.
Si aplicáramos ese
razonamiento hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que preguntarnos para
qué necesitamos museos, bibliotecas, archivos históricos, teatros,
universidades, monumentos, sitios arqueológicos, orquestas, literatura o
investigación histórica. Y, sobre todo, ¿qué clase de sociedad queremos construir
si decidiéramos prescindir de ellos?
La cultura como
aquello que puede esperar
La expresión «nadie
come cultura» establece una oposición entre necesidades materiales y
necesidades culturales. En un extremo se sitúan el alimento, el combustible, el
empleo y los ingresos; en el otro, las artes, los museos, el patrimonio y la
creación intelectual. La cultura queda así presentada como un lujo, una
actividad ornamental o un gasto que solo tendría justificación cuando las
urgencias materiales estuvieran resueltas.
Pero esa oposición es
engañosa. La cultura por cierto no reemplaza el alimento ni resuelve por sí
sola la pobreza. Tampoco busca desatender las demandas de quienes trabajan en
el transporte, la salud, la educación o cualquier otro sector. La cultura no compite con las necesidades
materiales. Las complementa. Un pueblo necesita pan para vivir, pero también
necesita educación, arte, historia y patrimonio para darle sentido a su
existencia.
¿Y para qué sirve la cultura?
La cultura nos permite construir identidad, saber quiénes somos, de dónde venimos, conserva
la memoria histórica de los pueblos y fortalece el sentido de pertenencia a una
comunidad o nación. Hace posible que una generación transmita a otra sus
experiencias, conserva conocimientos científicos, técnicos, artísticos y
tradicionales. En definitiva, evita que las sociedades tengan que comenzar
siempre desde cero.
La cultura favorece la
convivencia, el
diálogo entre personas y comunidades y el respeto por las diferencias. Desarrolla
el pensamiento crítico, nos
enseña a cuestionar la realidad, permite conocer distintas ideas y visiones del
mundo, ayuda a formar ciudadanos conscientes y participativos. El arte, la
literatura, el cine y otras expresiones culturales pueden denunciar injusticias,
imaginar sociedades diferentes, más justas, y así, impulsar cambios políticos,
sociales y económicos.
En una democracia una
sociedad culturalmente activa dispone de más herramientas para comprender sus
problemas, participar en las decisiones públicas, reconocer sus derechos, debatir
libremente y exigir mejores condiciones de vida. Por eso, el acceso a la
cultura no debería ser un privilegio reservado a quienes tienen recursos
económicos, sino un derecho de todas las personas.
Hay además una
dimensión fundamental, la cultura contribuye a que las personas sean más libres.
Quien conoce su historia, comprende su realidad y tiene acceso a diferentes
expresiones del pensamiento, posee mayores posibilidades de cuestionar las
injusticias, participar en la transformación de su sociedad y por sobre todo, expresar
su voluntad de manera más informada, en definitiva, ser más libre. La cultura
es, por eso, una herramienta de conciencia, dignidad y emancipación humana.
El desprecio ideológico:
la experiencia de la dictadura
El desprecio a la
cultura no es invento del presente. Puede surgir de la ignorancia, el error, la
desinformación o de la convicción que necesidades más urgentes la pueden
postergar. Pero también puede responder a razones ideológicas, sociales o intereses
y económicos.
La dictadura cívico
militar iniciada en 1973 ofrece uno de los ejemplos más profundos y dramáticos
de esa relación entre poder, cultura e intereses económimcos.
No se trató
simplemente de declaraciones que minimizaran el valor de la cultura, de las
artes o del conocimiento- Ya desde sus primeros días tuvo sus manifestaciones
más brutales. El golpe de estado se inició con el bombardeo a La Moneda.
Durante todo el tiempo
que duró la dictadura, su política, en materia cultural, se manifestó
principalmente a través de dos grandes lineamientos, por un lado tratar de
lograr el control de la creación artística y la producción cultural, para lo
cual hubo censura, clausura de medios, quema de libros, prohibición a la circulación
de obras o ideas, intervención en instituciones fundamentales para la vida intelectual del país, como las
universidades y persecución, exilio,
detención, tortura, asesinato, desaparición de artistas, científicos, músicos, escritores, académicos e intelectuales Se buscaba, por esta vía primero
eliminar las expresiones consideradas marxistas y luego cualquier expresiones
disidente.
Por otro lado, y en
concordancia con el modelo de libre mercado que se imponía a sangre y fuego, se
minimizaba la intervención, el fomento y los incentivos estatales para el
desarrollo cultural, dejando en definitiva que los privados con recursos económicos
para ello, decidieran que se hacía o no se hacía en el ámbito cultural.
La cultura bajo sospecha: el gobierno
de Kast
Hoy tenemos un presidente
inculto, admirador de Pinochet, y frente al cual tenemos que estar atentos
sobre su política en materia cultural, la que se manifiesta esencialmente en
las declaraciones del presidente o sus ministros, las orientaciones de su
programa y las decisiones concretas, que por cieno necesariamente coinciden.,
Una primera señal
aparece en su manera de evaluar la investigación científica. El 6 de mayo de
2026, en Puerto Montt, cuestionó que se destinaran cien o quinientos millones a
investigaciones que podían terminar «en un libro precioso, empastado, en la
biblioteca». Preguntó cuántos empleos había generado una investigación de esa
naturaleza y sostuvo que podía tratarse de un gran estudio, pero que no se
traducía en trabajo concreto para las personas.
Es legítimo exigir seguimiento
y rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a la investigación.
Lo que no es aceptable es utilizar la generación de empleo, y menos inmediata
como medida principal de valor. Una investigación histórica, jurídica,
arqueológica o científica puede no crear puestos de trabajo, y sin embargo
generar conocimientos indispensables para comprender la sociedad, proteger el
patrimonio, mejorar las instituciones o abrir caminos de desarrollo futuro.
Un segundo elemento revelador se encuentra en el programa de gobierno, bajo el título “Atrévete a recuperar nuestra cultura”. El documento plantea revisar los criterios de financiamiento estatal, cuestiona la existencia de una supuesta «élite cultural» dependiente del aparato público, y propone asignar recursos considerando trayectoria, méritos, asistencia, participación e impacto en la población. Desde una orientación cultural conservadora, promueve las tradiciones campesinas y urbanas, y determinados valores nacionales.
El programa no
cuestiona necesariamente la cultura, sino que expone una concepción selectiva
respecto de qué proyectos deben recibir apoyo, que contenidos merecen promoción
y como debe definirse la calidad. El problema que surge es quién determina qué
es cultura de calidad, qué constituye un mérito, qué merece ser financiado y en
definitiva como se garantiza que la evaluación no se convierta en una
orientación ideológica favorable a los partidarios del gobierno.
En verdad el mejor
ejemplo de cómo funciona esta mirada selectiva ya lo tenemos. Cuando un jurado
independiente otorgó el Premio Mejores Obras Literarias
2026, categoría Poesía Publicada, al libro Persona sin identificar, de la poeta chilena Verónica
Jiménez Dotte, que aborda
las muertes, la violencia y las víctimas de la represión durante el estallido
social de octubre de 2019, el gobierno decidió no reconocerlo, dejar sin efecto
el procedimiento y repetirla evaluación con un nuevo jurado, y todo ello, bajo
la infantil excusa de que había habido un error administrativo.
El tercer elemento a
considerar es el presupuestario. Y aquí la situación es aún más dramática.
Ya habíamos tenido una
aproximación al tema en marzo, cuando el ministro de hacienda solicitó un recorte
del 3%, para todos los ministerios, y mientras el mun do de la cultura se quejada
de los escasos recursos que ya se le destinaban al rubro, Francisco Undurraga, Ministro de las Culturas, y por esa vía titular
de la cartera encargada de las políticas culturales, sostenía que había «un
gasto excesivo en cultura», y defendía el recorte presupuestario.
Hoy la situación es
peor aún. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 del gobierno de Kast propone
reducir el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio en $49.381
millones, equivalentes a
una disminución del 10,1% respecto de la base comparable de 2026. La
Oficina de información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado advierte,
ademása, que si se compara con el presupuesto in icial aprobado para 2026,
actualizado a moneda 2027, la reducción alcanza a los $101.995 millones, es
decir, el 18,8%.
El presupuesto es una
de las expresiones más concretas de las prioridades de un gobierno. Las declaraciones
pueden reconocer la importancia de la cultura, pero son los recursos
destinados, las instituciones y las decisiones de gestión los que permiten
saber que lugar ocupa efectivamente una materia en las prioridades de un
gobierno.
La cultura no
pertenece al gobierno de turno
La cultura no
pertenece al gobierno de turno, ni a una corriente ideológica, ni a quienes
administran los fondos públicos. Tampoco pertenece exclusivamente a los
artistas, a los académicos o a las instituciones. Es una construcción
colectiva, hecha de memorias, conocimientos, obras, tradiciones, conflictos y
preguntas. Por eso mismo, su protección exige pluralismo, continuidad
institucional y respeto por la autonomía de la creación.
Un país puede discutir
cuánto destina a cultura, cómo organiza sus instituciones y qué resultados
espera de ellas. Lo que no puede hacer sin empobrecerse es reducir el valor de
la cultura a aquello que puede contabilizarse en empleos, ingresos o beneficios
inmediatos. Hay bienes cuyo valor se revela precisamente cuando se pierden: un
archivo destruido, una obra desaparecida, un sitio arqueológico saqueado o una
memoria que ya nadie puede reconstruir.
Conclusión: el pan
y la memoria
Volvamos a la frase
que dio origen a estas páginas: «Nadie come cultura». Es verdad. Nadie se
alimenta con un cuadro, una partitura, un poema, una excavación arqueológica o
un documento de archivo. Pero de esa verdad elemental no se desprende que la
cultura sea prescindible.
El pan alimenta el
cuerpo; la cultura alimenta la memoria, la imaginación y la conciencia. No
sustituye el trabajo, la salud ni la vivienda. Los acompaña y les da un
horizonte humano. Una sociedad necesita resolver sus urgencias materiales, pero
también necesita saber quién es, de dónde viene, qué ha hecho con su historia y
qué quiere transmitir a quienes vendrán después.
Cuando un país acepta
que un libro no sirve porque no crea empleos, que un museo sobra porque no es
rentable o que un monumento puede esperar porque hay asuntos más urgentes, no
está simplemente ordenando sus gastos: está decidiendo qué parte de sí mismo
está dispuesto a abandonar.
Y esa pérdida no
siempre se advierte de inmediato. A veces comienza con una partida
presupuestaria, continúa con una biblioteca sin recursos, un museo que posterga
su conservación o un archivo que deja de recibir atención. Cuando finalmente se
comprende lo perdido, puede ser demasiado tarde para recuperarlo.
Nadie come cultura.
Pero un país que deja de protegerla termina por quedarse sin memoria. Y un
pueblo sin memoria puede seguir existiendo, producir, comerciar y alimentarse;
lo que ya no podrá hacer con la misma claridad es reconocerse a sí mismo.
Santiago 19 de noviembre de 2026