La debatieron, como siempre,
con solemnidad y banquetes,
primero en círculos agrícolas,
con militares y abogados.
Y al fin llevaron al Congreso
la Ley suprema, la famosa,
la respetada, la intocable
Ley del Embudo
Fue aprobada.
Pablo Neruda
Desde diversos lugares de Chile, y aún del mundo, un sinnúmero
de personas ha pedido que se deje en libertad a Daniel Jadue, por tratarse su
encarcelamiento de una conducta discriminatoria, de una verdadera persecución
política. Así lo han hecho, entre otros, miles de personas a nivel nacional([1]) y
cientos a nivel internacional([2]).
En nuestro país la derecha se ha escandalizado por una
afirmación semejante. No les parece posible que alguien sospeche siquiera que
el sistema judicial pueda tener un sesgo político y sumarse al anticomunismo
que el propio presidente de la república había denunciado hace algunos meses. En
una posición paralela, “estamos en plena democracia”, “dejemos que las
instituciones funcionen”, el “Poder Judicial es independiente”, etc., distintas
autoridades de gobierno y representantes de partidos del oficialismo han salido
a defender la conducta de los tribunales, afirmando la imparcialidad del Poder
Judicial.
Desde luego no deja de sorprender la amplitud del espectro
nacional que se ha mostrado en “santa cruzada”. (Algo así como “el Papa y el
zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”([3]).
Pero más allá de esa extraña coincidencia, vale la pena abordar
la discusión con un poco de detalles.
Desde el ámbito especulativo, podemos teorizar asumiendo que una
persecución política a Daniel Jadue no vendría más que a concretar una faceta
más del anticomunismo visceral ya denunciado, más aún, a dejar nuevamente en
claro que lejos de ser imparcial, la
justicia responde a los intereses de la clase dominante. Planteamientos de esta
naturaleza ha habido en las últimas semanas y no han faltado quienes los han
descalificado a priori haciendo presente que se trata del pensamiento marxista
(y por tanto propio y exclusivo de los comunistas, con todo el “desprestigio”
que eso significa). Más allá de lo absurdo que representa descalificar un
planteamiento por el sólo hecho de formar parte de una determinada doctrina, resulta
interesante recordar que la idea ni es exclusiva del marxismo ni nace con él.
En verdad ya Platón, en “La República” y a través de su
personaje Transímaco, había presentado la tesis de que los gobiernos crean
leyes que benefician sus propios intereses y la justicia es simplemente lo que
es ventajoso para el más fuerte. Y así como él, son cientos los intelectuales
que desde diferentes perspectivas han planteado, de una u otra forma, algo
similar. Ya en el siglo XIX el filósofo liberal Rudolf von Ihering nos enseñaba
que todo derecho era resultado de “La lucha por el derecho”, (1872), o dicho de
otro modo, que la norma jurídica, lejos de ser resultado de un acuerdo sobre el
“bien común” o algo así, es resultado de quien gana la lucha. Durante el siglo
XX son numerosísimos quienes, con diferentes matices insisten en que el derecho
no es neutro. Sólo por mencionar a algunos, , Pierre Bourdieu señala que las leyes y normas reflejan las relaciones de poder existentes y sirven
para legitimarlas y perpetuarlas, M. Foucault, que las instituciones legales y
penales funcionan como mecanismos de control social al servicio de los
poderosos. Hoy, movimientos académicos e intelectuales, cercanos al marxismo, como
el de “Criminología crítica” en América Latina o contrarios a él, como el de los
Estudios Jurídicos Críticos (Critical Legal Studies, CLS) en Estados Unidos, han
dejado en claro que el derecho y el sistema penal particularmente lejos de ser neutrales,
objetivos o apolíticos, reflejan y perpetúan las desigualdades sociales,
económicas y políticas existentes. Anatol France con una fina ironía nos recordaba
que “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como
al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan para
comer”.
Desde la perspectiva popular, los sectores más pobres lo han sabido
desde siempre. Unos versos rescatados de un muro de la cárcel
pública de Santiago a fines del siglo XIX, describían, hace unos 130 años, con
gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:
“En este lugar maldito,
donde reina la tristeza,
no se sanciona el delito,
se sanciona la pobreza.”
Pero más allá de los aspectos meramente teóricos, que por cierto son
fundamentales al momento de realizar un análisis doctrinario del problema, una
mirada a nuestra historia reciente puede ayudarnos a tener una idea más
concreta de la situación.
Desde luego pocos se atreverán a negar que el Poder Judicial en general,
y particularmente la Corte Suprema, actuaron como verdaderos cómplices de los
crímenes de la dictadura, desde el momento mismo del golpe de estado. Sólo por
recordar algunos hechos, los máximos representantes de la CS acudieron poco después
del golpe de estado a saludar y darle su respaldo a la recién instalada Junta
de Gobierno, más tarde expulsaron del Poder Judicial a decenas de miembros que eran
percibidos como simpatizantes del gobierno de Allende, paralelamente dieron
legitimidad a los absolutamente ilegítimos decretos leyes, y durante los 17
años se negaron a acoger los recursos de amparo que se interponían ante las
detenciones ilegales, etc., otorgando impunidad absoluta a torturadores y
asesinos.
Asumiendo entonces que alguna vez, tal vez, quizás, pudo existir la
posibilidad, por remota que haya sido, que nuestro sistema judicial no fuera
del todo equilibrado, demos una mirada a algunos casos de los últimos años a
ver si de ellos podemos sacar alguna enseñanza.
Recordemos para empezar que Daniel Jadue está recién “formalizado”,
esto es que el Ministerio Público (fiscalía) ha presentado ante un juez antecedentes
que les permiten sostener que existe una sospecha fundada de que esa persona ha
cometido un delito y que se encuentra en prisión, en una determinada celda,
Por el contrario, recordemos que el “señor” Macaya, que ha sido juzgado
y condenado a 6 años, por delitos de abusos sexuales a menores, y se encuentra
en su casa.
Aclarado lo anterior consideremos lo siguiente.
El bien jurídico protegido con las figuras que se le imputan a Jadue es básicamente
el “patrimonio fiscal”. Por el contrario, en el caso de Macaya es la “indemnidad
sexual de los menores”. Tenemos aquí de partida una diferencia sideral.
Mientras uno se refiere a aspectos económicos, reparables por la misma vía si
fuere pertinente, la indemnidad sexual de los menores implica un atentado que prácticamente
no tiene reparación directa, que puede perturbar definitivamente la
personalidad de los afectados, y por sobre todo que afecta a un tipo de
personas que la humanidad entera ha reconocido como dignas de una protección
especial, los menores en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, que precisamente tiene como
objetivo esencial garantizar la protección integral y el desarrollo de los
niños y niñas del mundo.
Un segundo elemento a considerar es que en el caso de Jadue estamos ante
una persona contra quien recién se inicia un juicio, en el de Macaya contra un
individuo condenado en primera instancia, y a una pena que sólo se puede
cumplir privado de libertad.
Otro elemento a considerar es el trato recibido. Mientras Daniel Jadue
ha sido exhibido esposado, trasladado por gendarmería, ocupando una determinada
celda y sujeto a el sistema regular de visitas limitadas, Macaya, no ha sido exhibido
esposado, y durante el poquísimo tiempo que ha estado sometido a la custodia de
gendarmería fue llevado al recinto carcelario en vehículo privado, no ha estado
en ninguna celda común, sino en la enfermería (sin estar enfermo) y luego en una
celda especial para mujeres, con baño privado y sin restricciones de visita.
En verdad como ha señalado la diputada Carmen Hertz “todo lo hecho por
el sistema judicial en relación al abusador sexual reiterado de menores Eduardo
Macaya es descarado, violento, impúdico”.
Alguien podría sostener que lo
de Macaya es sólo una excepción, y nuestros tribunales son ecuánimes. Pero las excepciones
parecen ser demasiadas. Y para muestra, algunos botones. A Carlos Délano y Carlos Lavin por los
delitos tributarios cometidos e investigados en el llamado caso Penta, el año
2018, los condenaros a seguir clases de ética, mientras el año anterior, el
2017, “…3 mil 92 personas inocentes estuvieron
privadas libertad para luego ser absueltas.., a Martín Larraín, hijo del
senador Carlos Larraín, presidente del P. Nacional, que manejando en estado de
ebriedad atropelló y dio muerte a Hernán Canales Canales y luego se fugó, ¡¡lo
absolvieron!!!, a la ex alcaldesa UDI de
Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por delitos de fraude
al fisco, ni siquiera la sometieron a la medida cautelar de prohibición de
salir del país, y pudo fugarse tranquilamente por el aeropuerto de
Pudahuel. Y mientras tanto, tenemos 18
exuniformados prófugos de la justicia, condenados por diversos delitos de lesa
humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga,
en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del
diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y
Caso Quemados, entre otras investigaciones.
La ley del embudo en su máxima expresión.
Santiago 25 de julio de 2024
[1] A nivel local,
entre ellos, Raúl Zurita, poeta, escritor y Premio Nacional de Literatura; Hugo
Fazio, economista y exvicepresidente del Banco Central; Diamela Eltit,
escritora y Premio Nacional de Literatura; Mauricio Redolés, poeta y músico;
Jorge Arrate, economista, exministro y excandidato a la presidencia; Carlos
Insunza, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores; Ana Lamas,
presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Tania Melnick, vocera
de la organización Judíos Antisionistas y de la Coordinadora de Palestina;
Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Luis Cuello en representación de diputadas y
diputados comunistas; Claudio Narea, músico; Manuel Riesco, economista;
Francisco Villa, cantautor; Pablo Slachevsky, director de LOM Ediciones;
Cristian Cuevas, presidente Partido Popular; Gabby Rivera, presidenta de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
[2] Entre ellos, Enrique Santiago, secretario general del Partido
Comunista de España y diputado de Sumar; Pablo Iglesias, exvicepresidente
segundo del Gobierno español; Maite Mola, secretaria de Relaciones
Internacionales del Partido de la Izquierda Europea (que agrupa a más de 40
partidos de ese continente); Susan Borenstein, activista social de Estados
Unidos, quien obtuvo la Medalla Bernardo O’Higgins del Estado de Chile por su
acción solidaria durante la dictadura; Mónica Valente, secretaria ejecutiva del
Foro de São Paulo, Brasil; Roger Waters, integrante del grupo musical inglés
Pink Floyd; Rita Segato, antropóloga argentina; Inna Afinogenova, periodista
rusa; Federica Matta, artista plástica; Emir Sader, filósofo brasileño; Jorge
Magasich, historiador; Nelson Mandela Forum; el sociólogo argentino Atilio
Borón, el presidente de Colombia Gustavo Petro.
[3] “Un fantasma recorre
Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han
unido en santa cruzada para acosar a este fantasma: el Papa y el zar,
Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”. MARX Y
ENGELS, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.
