Entre los anuncios de la Cuenta Pública
rendida por el Presidente Boric este 1° de junio de 2024, estuvo el que
señalaba que iba a proponer un proyecto de ley que ampliara los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer, estableciendo el aborto libre. Bastó que
mencionara el tema, para que, como niños malcriados a los que se les amenaza
con quitarles un dulce y les da una pataleta, algunos diputados de la extrema
derecha nacional, olvidando lo que debiera ser su principal actitud, estar
dispuestos a discutir democráticamente los temas, en definitiva, a parlamentar,
(para lo cual es básico oír al interlocutor), hicieron abandono del salón. En
las horas siguientes, mientras algunos intentaban justificar esa reacción, otros
insistían en la postura, señalando esta vez que no había votos para aprobar la
ley (es decir no tenemos nada que discutir pues las decisiones están
previamente tomadas) o peor aún, que no era un tema relevante y que no se podía
legislar para las minorías. (¡Como si no se tratara de miles de mujeres que
cada año deben decidir entre realizarse un aborto clandestino o no, decisión que
considera aspectos como la significación de la muerte, la valoración de su
sexualidad, la calidad de vida, el derecho a la autodeterminación de sus
cuerpos, en definitiva, su propia dignidad!)
Nadie discute la importancia de
penalizar el aborto sin o contra la voluntad de la mujer embarazada. El tema
conflictivo es el aborto consentido. Desde hace ya varios años y especialmente
desde después del estallido social, la legalización del aborto libre se ha
venido planteando como demanda, en numerosos foros, en el propio parlamento, en
el mundo del feminismo, en las manifestaciones callejeras, en definitiva, en instancias
de todo tipo.
De manera permanente y obstinada, la
derecha se ha opuesto a discutir el tema, y cuando no ha podido eludir la
discusión, ha votado en contra. Al hacerlo, siempre se ha insistido en que
ellos están en contra del aborto pues que se trata de un crimen horroroso,
contra los más desvalidos suelen agregar, y que por ello debe mantenerse y sancionarse
como delito. Mirado desde afuera el discurso puede parecer incluso coherente,
pero a poco de analizar surge verdaderamente como un acto de suma hipocresía,
Desde luego, estar en contra del aborto
debiera significar en primer lugar estar dispuesto a movilizar acciones y
recursos para prevenir su ocurrencia, para disminuir su realización al mínimo
posible. Y aquí aparece el primer acto de hipocresía.
Sabido es que la gran mayoría de los abortos consentidos, y sólo a ellos
nos referimos aquí, son resultado de un embarazo no deseado. Por ello, no puede
extrañar que lo que efectivamente disminuye el número de abortos, es
precisamente la reducción de los embarazos no deseados. De este modo, el primer
objetivo a tener en cuenta en una política contraria al aborto debiera ser la
disminución de dichos embarazos. Ahora bien, la experiencia y la investigación
internacional demuestran, sin ninguna duda, que entre los factores que más
ayudan a disminuir los embarazos no deseados se encuentran:
·
La educación sexual
·
La planificación familiar
·
Los servicios anticonceptivos fácilmente al
alcance de quienes tienen una vida sexual activa.
·
El aumento del poder de las mujeres en la
capacidad para tomar decisiones sobre aspectos sexuales y reproductivos.
Un caso paradigmático de lo que estamos
planteando lo constituye Países Bajos (Holanda) que posee la mayor libertad para
la práctica del aborto y sin embargo presenta una de las tasas más bajas de la
Unión Europea, como consecuencia de un exitoso plan de educación sexual.
En nuestro país en cambio, un plan de educación sexual y reproductivo a
hombres y mujeres, que efectivamente empodere a estas últimas, que fortalezca
la planificación familiar y permita acceso fácil a métodos anticonceptivos no
ha podido implementarse, principalmente porque los mismos parlamentarios que
tanto se escandalizan porque se va a colocar en discusión el tema del aborto,
se han opuesto y se siguen oponiendo de manera sistemática a esto.
El segundo elemento a
considerar, es que si yo rechazo el aborto porque lo considero un delito grave,
debo velar seriamente porque se sancione con la pena penal que corresponda tanto
a las mujeres que se realizan un aborto, o consienten en que un tercero lo haga,
como a dicho tercero. Y aquí vuelve a resurgir la hipocresía.
No tenemos cifras mayoritariamente aceptadas sobre el número de abortos
ilegales que cada año se realizan en nuestro país. Un trabajo de Molina y cols.
del año 2013 estimaba la cifra entre 72 mil y 148 mil. Cifras más recientes
oscilan entre 60 mil y 300 mil. Cual sea la cifra, impacta saber que entre
octubre de 2017 y octubre de 2021, sólo 366 mujeres fueron imputadas por el
delito de aborto.
Más allá de que la experiencia señala que la sanción penal es ineficaz para
reducir la incidencia del aborto, quienes la sostienen, sabiendo que la
cantidad de abortos realizados anualmente es cientos de veces superior a la que
se condena en tribunales, nada hacen porque ello cambie. No hacen proposiciones
legales para mejorar la persecución del delito, no piden más recursos para
perseguirlo, ni la creación de brigadas especializadas, ni nada que busque
efectivamente disminuir la cifra negra de casos no conocidos, ni menos
condenados. En definitiva, no hay ningún interés real en que efectivamente se
sanciones a quienes cometen el delito de aborto. Sólo les basta el discurso. No
les preocupa que sólo tenga efectos simbólicos, pero no reales.
De este modo, en estricto sentido, la “penalización”
del aborto en nuestro país no pasa de ser una mera ficción, afortunadamente.
Es decir, en la práctica la disposición penal
es simplemente simbólica, y sólo busca satisfacer la conciencia de aquellos
antiabortistas que quieren dormir tranquilos, sabiendo que “en nuestro país está
prohibido el aborto”, pues no sólo no se aplica, sino que nada se hace por
aplicarla. ¿Será porque en verdad su aplicación es imposible? ¿O alguien cree
seriamente que tendríamos policías, cárceles, tribunales, guardias, y en
definitiva sociedad para perseguir, enjuiciar y encarcelar cada año a varias
decenas de miles de mujeres que abortan? ¿Y para dejar cientos de miles de
niños huérfanos de madres?
Las conductas abortivas se dan en todos los estratos sociales, sólo que en los
más bajos, a veces, a lo lejos, se castiga algún caso, y con frecuencia
doblemente. Primero, pues las maniobras abortivas se suelen realizar por
personal no profesional y sin condiciones de higiene y seguridad, aumentando
los riesgos de enfermedad, esterilidad y muerte y segundo, pues para que el
simbolismo efectivamente funcione, cada cierto tiempo, una ruleta invisible
determina que alguna mujer pobre debe irse presa por el delito de aborto,
para satisfacción de los antiabortistas.
En su simbolismo brutal, esa realidad es
dramáticamente injusta, clasista y antidemocrática, y sólo se sostiene gracias
a una derecha hipócrita, que en lo esencial es injusta, clasista y
antidemocrática.
Santiago, 2 de junio de 2024
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