EL ASALTO DE LA DERECHA AL MUNDO DE LA
CULTURA
El 29 de mayo, Día del
Patrimonio Cultural, el presidente Sebastián Piñera firmaba el varias veces
anunciado proyecto de ley que, modificando sustancialmente la Ley de Monumentos
Nacionales, promovería el reconocimiento y cuidado del patrimonio cultural de
Chile. Sin conocer ese proyecto,
en este mismo medio terminábamos un artículo diciendo “¡Habrá que estar
alerta!”. Y ello, porque había elementos para pensar que se utilizaría una
concepción elitista y trasnochada de lo que es la cultura y patrimonio
cultural. Hoy, que el proyecto es público, y lo hemos podido leer en su totalidad,
debemos reconocer que nos quedamos cortos en nuestra apreciación. Lo que hay en
él es un intento desembozado por apropiarse de un mundo que no les pertenece,
no les ha pertenecido, y no se vislumbre que les pueda pertenecer.
El mundo de la cultura, el mundo de las
artes, de los intelectuales, de quienes son capaces de crear belleza, arte,
conocimiento, reflexión, es un mundo progresista, un mundo de izquierda, más
allá incluso de las diferencias que legítimamente esa expresión pueda generar.
Y esto no es ninguna novedad. Ya era así en nuestro país a comienzos del siglo
XX, y así ha continuado hasta el día de hoy. Gabriela Mistral, Pablo Neruda,
Violeta Parra, Roberto Matta, Nicanor Parra, Gozalo Rojas, José Balmes,
Francisco Coloane, por mencionar sólo algunos artistas de renombre
internacional, dan cuenta de esta realidad. Y a pesar de las vacilaciones y los
múltiples tropiezos que la izquierda ha tenido en los últimos años, nada indica
que la derecha pueda conquistarlo. Por el contrario, el episodio de la renuncia
del breve Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio
Rojas, da cuenta claramente de ello. A sólo tres días de ser nombrado ministro
debió renunciar, no porque lo que dijera era inaceptable, que lo era, ni mucho
menos por un complot comunista, como lo ha tratado de justificar después, sino simplemente
porque sus dichos tuvieron tal rechazo, precisamente en ese mundo al que debía
llegar, que comprendió que su posición era insostenible y no lograría siquiera
ser un interlocutor, no digamos válido, sino meramente aceptable.
Y la derecha sabe que el arte, la
cultura, el patrimonio, no son su mundo, y que si nada hace pensar que lo pueda
llegar a ser, si se hace necesario tener un mayor control de él. En verdad es mucho
lo que pierden. Las permanentes opiniones de artistas e intelectuales en
defensa del pueblo mapuche, de la educación pública, laica y de calidad, a
favor de la diversidad sexual, de la enseñanza de historia, artes y filosofía, el
Museo de la Memoria y los innumerables Memoriales a través de todo Chile, son
algo más que simples piedras en el zapato, son preocupaciones permanentes, que
obligan a la derecha a dar una y otra explicación, y que a menudoi dejan al
descubierto sus miradas retrógradas, sus posiciones trasnochadas, en definitiva
su falta de empatía con el mundo . El mundo de la cultura es un espacio donde
la hegemonía cultural se jugó hace mucho tiempo, y ellos perdieron
definitivamente.
Pero la derecha también sabe que si ese
mundo no lo puede conquistar precisamente desde la cultura, si lo puede intentar
desde el gobierno. Y busca ese camino desde el primer gobierno de Piñera, cuando
pretendieron crear un Ministerio de la Cultura, y modificar la ley de monumentos
nacionales a su verdadero antojo. Hoy, el nuevo proyecto de ley es el intento
más directo y descarado sobre la materia.
La Ley de Monumentos Nacionales, de
1970, nacida con visión en ese entonces ya superada, requiere de profundas
modificaciones. En verdad nadie cree que deba seguir vigente por mucho tiempo
más. Y más aún, probablemente también todos estemos de acuerdo en las críticas
que el proyecto menciona: que dicha ley presenta problemas en relación con un
Consejo de Monumentos Nacionales, orgánicamente insuficiente, desactualizado y
con un centralismo inaceptable, que las
categorías de protección son obsoletas y poco eficaces, que se carece de un
sistema de compensaciones e incentivo para la protección y salvaguarda del
patrimonio cultural, y que el uso del recurso penal es absolutamente
inadecuado. Pero si bien podemos estar de acuerdo en esos aspectos, claramente
falta mencionar otras deficiencias muy importantes, y por sobre todo, la
solución resulta inaceptable.
El Proyecto presentado por
Piñera, entre otras cosas, establece una nueva institucionalidad, a nivel
nacional, integrando algunas ya existentes, pero sobre todo creando un Consejo
Nacional del Patrimonio Cultural, y a nivel regional, los Consejos Regionales
del Patrimonio Cultural, con amplias facultades en materia de definir los
bienes que tendrán la condición de patrimoniales, ya sea porque son declarados
en algunas de las categorías que se establecen o porque se integran al Inventario
del Patrimonio Cultural en Chile y los Registros Regionales del Patrimonio
Cultural. Por otra parte, establece nuevas categorías de bienes patrimoniales
protegidos, manteniendo algunas
de las ya vigentes, crea la categoría jurídica de Patrimonio Cultural
Inmaterial, así como el Inventario del Patrimonio
Cultural en Chile y los Registros Regionales del Patrimonio Cultural. Por último, establece una serie de procedimientos destinados,
entre otras cosas a regular la Inscripción en los
Registros Regionales del Patrimonio Cultural, o la Declaratoria
de un Bien como de Interés Cultural.
El proyecto adolece de una
serie de deficiencias técnicas, desde simplemente olvidar el tema de la
recuperación de los bienes patrimoniales chilenos en el extranjero, hasta
desarrollar un insuficiente manejo del recurso penal. Pero no es eso lo más relevante,
eso se puede superar. Lo que es inaceptable, y traspasa todo el proyecto, constituyendo
un verdadero atentado contra la diversidad, es el intento de controlar ese
mundo de la cultura que se les escapa de las manos.
Y hay dos maneras de hacerlo y
a ambas se recurre en el proyecto. Por un lado, dejando fuera precisamente a los
actores de ese mundo cultural que no se controla y por otra, creando una
institucionalidad con amplios poderes y que dependa exclusivamente del Poder
Ejecutivo.
El proyecto en cuestión, por
mencionar lo más significativo, deja fuera de esta ley a los pueblos indígenas
y su patrimonio. No se les considera en
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, ni en los Consejos Regionales de
Patrimonio Cultural, ni aún en aquellas regiones en que su presencia es
significativa a nivel cultural o simplemente numérica. Por supuesto, tampoco se
les otorga capacidad alguna para promover la incorporación de su patrimonio a
las categorías que contempla la ley. Por lo demás, lo mismo se hace con la
comunidad organizada. Ésta simplemente no existe.
Por otro lado, crea, como ya
lo dijimos, el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, y a nivel regional, los
Consejos Regionales del Patrimonio Cultural, cuyos miembros son, todos,
absolutamente todos, o funcionarios de algún ministerio, o directamente
nombrados por el Presidente de la República. El Consejo Nacional queda
integrado por 17 personas, 10 de los cuales, son funcionarios públicos
designados por el gobierno y los otros 7, elegidos directamente por
el Presidente de la República a partir de ternas propuestas por diversas instituciones, como el Colegio de Arquitectos de Chile, la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, la Sociedad Chilena de Arqueología o del
Colegio de Arqueólogos, el Colegio de Antropólogos, o las universidades reconocidas por el estado y
acreditadas por un determinado período. A diferencia de lo que pasa con el
Consejo de la Cultura las Artes y el Patrimonio, establecido en la ley que crea
el Ministerio respectivo, aquí no son las instituciones quienes designan a sus
representantes. Aquí es el Presidente el que lo hace.
La cultura no
viene desde el poder, la hacemos todos, las decisiones sobre qué es y qué no es
patrimonio cultural, no deben corresponder ni a un grupo de expertos, ni menos
a una élite de una orientación política determinada, que deciden por otros. Son
los propios miembros de cada grupo social los que deben tomar sus propias
decisiones al respecto. Las personas y las comunidades, como
sujetos de cultura tienen el derecho a definir qué bienes y lugares son los que
para ellos poseen un valor excepcional para la memoria colectiva, y en
consecuencia los que deben ser considerados patrimonio cultural. Y para ello,
se requieren instituciones que garanticen la diversidad y mecanismos que
fomenten la participación comunitaria. Nada de eso hay en esta ley.
Santiago, julio de 2019
