Si hacemos un muy breve retorno a ese octubre de 2019, podemos ver con facilidad que entre las peticiones más recurrentes de la ciudadanía estaban pensiones justas, vivienda, educación laica, gratuita y de calidad, prestaciones oportunas de salud, descanso, derecho a huelga, en definitiva, ciertos “derechos” que hoy, en el debate nacional identificamos como “sociales”.
La Convención Constituyente (C.C.) ha avanzado, en los últimos días de manera muy acelerada, en la consagración de numerosos de esos derechos en el texto que se propondrá para su aprobación. Y esta situación ha hecho a la derecha aumentar la presión y la propaganda del “rechazo” a límites pocas veces vistos. Basta leer El Mercurio de cualquier día desde hace ya varias semanas. En verdad esta situación les complica por varias razones. Desde luego, porque su consagración hará exigible al Estado la implementación de estos derechos subjetivos, lo que obligará a una repartición más equitativa de las riquezas de nuestro país, y consecuentemente disminuirá el nivel de apropiación que los poderosos hacen día a día de ella. Además, razonablemente aumentará la injerencia del pueblo, más sano, más informado, con más tiempo libre, mejor asociado, en las decisiones que el país deba tomar. Por otro, la concreción de los anhelos más sentidos por la población en el texto constitucional que se redacta, facilita las posibilidades de un triunfo más amplio del Apruebo de Salida, que es en verdad el verdadero temor que en estos momentos moviliza a todos los sectores que ven amenazados sus privilegios, y que, si bien comprende esencialmente a la oligarquía, y por cierto a quienes son, conscientes o no, sus lacayos, también lo hace con quienes sin ser parte de ella, se han beneficiado con el modelo.
La lucha contra la Nueva Constitución es para la derecha, en este ámbito, más compleja. No resulta fácil, sin asumir un alto costo político, salir pidiendo que no se consagren los sentidos derechos demandados por la inmensa mayoría de los chilenos, por lo cual, la estrategia para combatirlos tiene que ser especialmente diseñada. De partida, varios de ellos han sido votados a favor por sus representantes, pero de inmediato han salido a cuestionar algún aspecto de ellos, buscando generar un manto de dudas sobre todo los supuestos intereses de los convencionales, atribuyéndoles por ejemplo querer simplemente sancionar una determinada ideología. En esta línea si bien son innumerables los discursos que los partidarios del rechazo han presentado, probablemente uno de los más llamativos ha sido el atribuir estas intenciones a quienes no quisieron aprobar que el derecho a la vivienda sancionado fuera “derecho a la vivienda propia”.
Otra línea argumental señala que la incorporación de esas normas no solucionarán los problemas (como si alguien hubiera dicho una cosa similar), pero sobre todo, que dichas normas resultan imposibles de cumplir. A partir de esta argumentación, en los últimos días ha surgido una nueva, desarrollada recientemente por Alejandro Vigo, académico de la Universidad de los Andes (¡cómo no!), quien en una entrevista publicada por El Mercurio hace sólo unos días (22.04.2022, CC 2), bajo el sugerente título “El anzuelo totalitario es decirles que no le están dando totalitarismo, le están dando derechos”, sostiene básicamente que una constitución no garantiza nada, y por el contrario, en este caso, otorga poder al Estado para inmiscuirse en todo, y a partir de eso, promover gobiernos totalitarios. Textualmente señala “…se presenta como dispositivo de garantía algo que no puede producir ninguno de esos resultados, pero entretanto habilita al poder para intervenir en todos los aspectos de la vida.” Y como prueba irrefutable de su verdad agrega “¿Por qué son los gobiernos más autoritarios los que más proclaman derechos?” Esta misma argumentación ha sido reiterada hoy, domingo 24, por Javier Macaya, presidente de la UDI.
En verdad es obvio que ante situaciones como los derechos sociales no es la norma la que resuelve un problema determinado, sino la implementación práctica de ella la que lo hace, (siempre y cuando dicha norma efectivamente muestre caminos adecuados). Pero de ahí a sostener que la norma constitucional nada aporta en la solución del problema, hay una enorme distancia.
Largo sería aquí desarrollar las principales funciones de un texto constitucional, pero bástenos recordar que una regla de esa envergadura tiene al menos funciones simbólicas, educativas y normativas. Es decir, de partida, al incorporarse ciertos derechos dentro de la norma nacional de mayor jerarquía, ya se está resaltando la importancia de ellos y particularmente de lo relevante que son para tener condiciones básicas de vida digna. Por otro lado, enseña, en este caso, cuales se consideran las condiciones mínimas para una vida digna, a un amplio sector de la población, pues el texto de la constitución trasciende los espacios de abogados, jueces y especialistas en derecho, mas que ningún otro. Y si además resulta aprobado en un plebiscito con participación obligatoria, su lectura y análisis será aun mayor. No sólo eso, en los años sucesivos a su aprobación, debiera transformarse en un texto de estudio obligatorio para nuestros estudiantes de enseñanza media. Y sabido es que la familiarización con contenidos de esta naturaleza puede cambiar radicalmente la perspectiva de exigencias hacia los gobiernos y las instituciones por parte de la población.
Y por último, y por cierto no es menor, obliga al aparato del Estado, con todas sus instituciones, a dar cumplimiento a aquello que los ciudadanos le demandaron al aprobar ese determinado texto.
Y en cuanto a que serían los países totalitarios los que más derechos consagran, olvida el profesor de la Universidad de los Andes que los derechos sociales propuestos para nuestra nueva carta fundamental no fueron inventados por “países totalitarios”, sino que han ido ganándose en la lucha histórica de los pueblos por conseguir condiciones de vida más dignas, y que hoy son considerados tan esenciales que en su mayoría forman parte de ese cuerpo socio histórico de valores conocido como “Derechos Humanos”.
Recordemos que si bien en un primer momento se dio especial énfasis a los derechos esencialmente civiles y políticos, ya el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) señalaba que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez….”, y que más adelante, esto es, hace ya más de 48 años, el 3 de enero de 1976, entraba en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que entre otras cosas reconocía en su Preámbulo que “…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
En verdad, en estas materias, la Convención Constituyente no está haciendo nada especial, nada extraordinario, simplemente está consagrando en nuestro ordenamiento nacional, a nivel constitucional, derechos sociales que la humanidad viene reconociendo desde hace décadas. Y si alguien le parece novedoso o sorprendente, ello sólo se debe a que llevamos 40 años con la Constitución de la dictadura, que hasta hoy no sólo no los reconoce explícitamente, sino que los niega como derechos, en algunos casos de manera directa, como varios de los derechos sindicales, o de manera indirecta, como con la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, pues al entregarlos al mercado, dejaron de ser “derechos”, para ser simples mercancías al alcance de quien las pueda pagar. Y si a eso agregamos un estado “subsidiario”, esto es que no puede intervenir allí donde lo hacen los particulares, la condición de “derecho” desaparece totalmente.
En los próximos meses tendremos la oportunidad histórica de cambiar esa triste realidad, para nosotros y para quienes vendrán masa adelante.
YO, APRUEBO DE SALIDA.
Fernando García Díaz
