Probablemente nunca nos queden del todo claras las
intenciones que tuvo Piñera al declarar que otorgaría urgencia al tratamiento
del proyecto de ley que aprueba el matrimonio igualitario. Considerando su alta
dosis de egocentrismo no sería raro que el único objetivo real sea esperar que
en los próximos libros de historia, y cuando se describa lo desastroso de sus
segundo mandato, al menos se agreguen dos líneas positivas, haciendo referencia
a que en su gobierno se aprobó el matrimonio igualitario.
Como sea, y más allá de la verdadera explosión que esta iniciativa causó en la derecha, lo verdaderamente relevante es el fondo, dentro de las próximas semanas Chile debiera ser un país más en el que el matrimonio deja de ser sólo entre un hombre y una mujer, para pasar a ser entre dos personas.
Como lo dijimos hace algún tiempo, el matrimonio cumple
esencialmente dos funciones, por un lado regular determinadas relaciones
jurídicas, entre cónyuges y con algunos terceros, y por otro, simboliza la
legitimación social de una vida en común y la formación de una familia. El
matrimonio igualitario es, para la población LGTB+, la conquista de un verdadero
símbolo de igualdad.
Te puede interesar: “Matrimonio Igualitario:conquistando un símbolo”
Pero en los tiempos que vivimos hoy, esta nueva
disposición debe entenderse además con una significación adicional, un espacio
más de separación entre la Iglesia y el Estado. Después de todo, los
principales “argumentos” para oponerse a esta institución laica, el matrimonio
civil, han venido desde las iglesias cristianas y los principales opositores
han “argumentado” desde sus propias creencias religiosas.
Formalmente la Iglesia (Católica) y el Estado se
separaron en la Constitución del año 1925, pero lo cierto es que dicha
separación no sólo no fue total, sino que perduraron, y perduran aún estrechos
vínculos entre ambas instituciones. Hoy las iglesias no sólo intervienen en el
debate laico, como lo hizo recientemente la I. Católica con la declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal,
oponiéndose al matrimonio igualitario, sino que tienen privilegios de distintos
tipos, como exenciones tributarias para los inmuebles dedicados a ceremonias
religiosas, o personas dedicadas a propagar religiones determinadas pagada por
el estado, como los profesores de religión en los colegios, o los capellanes en
el cárceles, o en las fuerzas armadas.
La Constitución actual
consagra la libertad de culto, y la nueva debiera hacer algo similar; cada
persona tiene derecho a creer en lo que estime prudente, y a manifestar dichas
creencias en público o en privado, mientras ello no afecte los derechos de terceros.
Pero a lo que las iglesias no pueden tener derechos es a que el Estado haga
propaganda en favor de un credo u otro, o a que éste financie total o
parcialmente una iglesia o una institución religiosa.
El laicismo como tema
relevante en nuestra sociedad se había planteado en las últims décadas especialmente
en relación con los requerimientos que se hacían a la educación, gratuita,
laica y de calidad, se decía hace ya varios años, a lo que recientemente se le
agregó “no sexista”. La redacción de una nueva constitución, a lo que el país se
verá abocado en las próximas semanas, es un espacio relevante para avanzar, no sólo
hacia una educación laica, sino hacia una sociedad total y verdaderamente
laica.
junio, 8 de 2021
No hay comentarios.:
Publicar un comentario