miércoles, 23 de agosto de 2017

“SE BUSCA” Sobre la necesidad de racionalidad en el sistema penal"



Con escándalo, hemos vista una realidad en el SENAME que a nadie parece gustarle, y con estupor, que la responsabilidad se le atribuye a los funcionarios actuales de dicho organismo, olvidando completamente que la responsabilidad sobre esos niños es de un estado que ha sido por décadas incapaz de diseñar políticas adecuadas, destinar los recursos y llevar adelante los programas que esa infancia vulnerable requiere. Escondimos un cadáver bajo la alfombra, y cuando toda la habitación apestaba descubrimos lo que allí había.
Pero hoy queremos hablar de una realidad aún peor, en donde los derechos humanos se violan de manera más violenta, más bestial en realidad, y de la que todos tenemos conocimiento, pero seguimos no sólo ocultando bajo la alfombra, sino buscando argumentos para empeorarla.
Pocas cosas deben resultar políticamente más incorrectas hoy que pedir cordura, racionalidad y mesura en materia de delincuencia. En verdad es infinitamente más fácil, y sobre todo más rentable políticamente, pedir penas más altas, mayor persecución, más cárceles, más policías.
En verdad son tales los niveles de irracionalidad que día a día escuchamos en nuestro país sobre este tema, que sentimos la necesidad, casi como una catarsis, de entregar estas líneas.
Hace ya más de 100 años que Durkheim nos previno sobre “el involucramiento de los espectadores en el proceso penal, los significados simbólicos de los rituales penales y las relaciones de las instituciones penales con el sentimiento público” (Garland, 1999, 43), dejando claro que “La esencia del castigo no es la racionalidad ni el control instrumental –si bien estos fines le son superpuestos- su esencia es una emoción irracional, irreflexiva, determinada por el sentido de lo sagrado y su profanación” (Garland, 1999, 49). Pero si ello es así a nivel de ciudadanía, no puede significar que quienes ostentan el poder político, que quienes en definitiva están obligados a poner racionalidad, cordura, eficiencia en el manejo de las instituciones estatales, lejos de hacerlo, se sumen al coro de irreflexión y compitan por mostrar quien es más irracional frente al tema.
En los últimos años hemos visto a autoridades políticas pedir, entre otras cosas, castración para los delincuentes sexuales, encierro prácticamente perpetuo para el tercer hurto, eliminación de las medidas alternativas para ciertos delitos, penas mayores que para el homicidio para el traficante de marihuana, control mediante GPS de determinadas personas, y la guinda de la torta, transformarnos todos en policías para estar atentos si este sujeto está o no en un lugar. Así como estas, por lo demás, un sinnúmero de medidas de igual o mayor calibre.
Frente a esta realidad, queremos
1.     Recordar que los derechos humanos, garantizados en nuestra constitución y en todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia, son de común exigencia para todos los habitantes, incluso para quienes han cometido un delito y por cierto para quienes, sin haber sido condenados aún, se encuentran en nuestros recintos penales. Y que en ellos no hay garantía del derecho a la vida, la integridad, la dignidad, la salud, la vivienda en condiciones dignas, y un largo etcétera.
2.     Recordar también, aunque para muchos sea una novedad, que la experiencia histórica nos indica que las penas desproporcionadas, como muchas de las que hoy se aplican, no sólo no sirven para generar conductas acordes con el derecho, sino que producen un efecto contrario, su menor aplicación. Los jueces –al menos los más conscientes - se niegan a castigar –por ello se inventó hace siglos, la teoría del delito continuado, y hace pocos años el concepto de “microtráfico” y los testigos a declarar, como lo demostró la experiencia inglesa durante el siglo XIX.
3.     Denunciar, que nuestra actual política criminal (lo que el Estado hace y no hace en relación con el tema), resulta absolutamente insostenible. No solo porque cada vez necesitaremos más recursos, más cárceles, más policías, más gendarmes, más fiscales, más jueces, y muchos otros “mas”, sino porque nuestras cárceles están creando cada día nuevos y peores delincuentes (¿o alguien cree que alguno se rehabilita allí?, que en algún momento saldrán, y probablemente afectarán a nuestro hijos o nuestros nietos.
4.     Insistir en que el fenómeno delictivo es un problema “social”, no “policial” y que sólo respuestas variadas, creativas, novedosas, y por sobre todo “humanas”, pueden contribuir a mantener el problema dentro de límites aceptables para un estado social y democrático.
5.     Instar también al estudio de él, hoy un desafío permanente, un desafío teórico, en cuanto queremos entender al hombre, un desafío ético, en cuanto de esa comprensión saldrán decisiones sobre la libertad de muchos, y la justicia de todos.
6.     Que se asuma, que abordar hoy el problema es también un desafío político del cual dependerá, en parte significativa, la calidad de vida que tendrán, en el caso mío, mis nietos.


Santiago. Agosto, 2017

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