¡POR QUE NO VOTAR NULO!

 

El 7 de mayo, esto es, en pocos días más, Chile votará por las nuevas personas que redactarán el texto constitucional que, aprobado en plebiscito, debiera reemplazar la constitución del dictador, que cincuenta años después del golpe de estado, aún nos rige.

No nos gustan las limitaciones que se impusieron en el acuerdo suscrito hace unos meses y que dio origen a este nuevo proceso, ni en materia de procedimiento ni en materia de contenido. Hubiéramos preferido una asamblea constituyente plenamente representativa, paritaria, con representación de los pueblos originarios, en definitiva, más democrática, con una hoja en blanco sobre la cual el pueblo manifestara libremente, sin trabas, su plena voluntad soberana. Pero no fue posible. Nos faltó poder político para imponer más democracia.

Y si no nos gusta el procedimiento que se está llevando a cabo, ni algunas de las ideas que con seguridad se consagrarán allí, muchos se preguntan ¿Por qué votar? O ¿por qué no mejor hacerlo en blanco? Por supuesto las dudas son legítimas. Son muchos los que se hacen esas preguntas. Y algunos incluso, están derechamente llamando a no votar, a votar en blanco o preferentemente a votar nulo.

Frente a estas interrogantes lo primero que nos parece relevante aclarar es que en política las cosas no dependen sólo de la voluntad. Para que una constitución, o incluso una ley salgan de manera adecuada y efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las personas, se necesitan al menos tres elementos, buenas ideas, voluntad de llevarlas a cabo, y poder para hacerlo. Faltando cualquiera de esos elementos no logramos alcanzar lo que esperábamos. Y eso fue lo que nos pasó con el proyecto anterior. Si bien los constituyentes progresistas desarrollaron un excelente texto, y tuvieron la voluntad de hacerlo ley presentándolo para el plebiscito, lo cierto es que quienes creímos en ellos, quienes anhelábamos un texto como ese o similar, no tuvimos el poder, la capacidad política para aprobarlo. Perdimos, y por mucho.

Pero si en el proceso anterior no logramos avanzar todo lo que queríamos, también es cierto que ahora, aún con todas las limitaciones que esta nueva alternativa presenta, existen argumentos más que suficientes para llamar a votar y por supuesto a votar por la izquierda, por una izquierda sin apellidos.

En primer lugar, lo primero y más obvio es que se trata de eliminar la constitución del dictador. Y ello, como sea, constituye un importante triunfo político y simbólico de la mayor significación, especialmente este año, cuando se conmemoran 50 desde el criminal golpe de estado, y cuando las banderas del fascismo se levantan como nunca había ocurrido desde el retorno a la democracia.

Pero hay más que eso.  Existe la posibilidad real de lograr avances significativos. Avances que desde luego dependerán en medida importante de la fuerza que logremos tener para elegir constituyentes a la nueva convención, pero también para estar en la calle exigiendo el cumplimiento de las demandas ciudadana.

Hay dos grandes áreas en las que es claro que este nuevo texto debiera significar avances relevantes sobre el de la dictadura.

En primer lugar y probablemente el más importante sea la sustitución del rol del Estado. La constitución del dictador consagró en nuestro país un “estado subsidiario”. En términos simples esto quiere decir que el Estado puede intervenir sólo en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar.  De este modo, el Estado subsidiario no asegura ni garantiza derechos, ni la protección social de las necesidades básicas de la población, alimentación, empleo, educación, jubilaciones, etc., sólo se puede limitar a “suplir” a los privados. Es precisamente esta concepción del Estado la que entregó a los particulares la salud, las pensiones, la educación, la vivienda, etc. y le impide hoy al Estado intervenir en múltiples aspectos. (Y cuando alguien insiste, el Tribunal Constitucional se en carga de recordar ese rol subsidiario).

La nueva constitución cuyos redactores se eligen el 7 de mayo sanciona, desde ya, una situación diferente. Entre las “bases” ya consagradas se lee, en el número cinco “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas.”

No es, por supuesto, todo lo que quisiéramos, no es todo lo que teníamos en el proyecto rechazado, pero es infinitamente más de lo que actualmente nos rige. Al sancionar al Estado como “social”, estamos precisamente entregándole a éste la principal función en materia de aseguramiento de derechos sociales, es decir, dando los primeros pasos para seguir avanzando.

El segundo elemento en que podemos progresar de manera significativa, precisamente vinculado a lo anterior, se refiere a la consagración de verdaderos “derechos sociales”. La constitución del dictador, más que consagrar “derechos” y por tanto entregar facultades a los particulares para hacerlos exigibles, lo que hacía era consagrar supuestas “libertades”. Y así como en la historia de Bertolt Brecht el derecho sancionaba al rico como al pobre por pedir limosna o dormir bajo los puentes, nuestra constitución permitía al rico como al pobre “elegir” el plan de la Isapre que quería, el colegio privado que mejor le pareciera, comprarse la casa en el barrio que estimara o irse de vacaciones a Cancún cuando tuviera ganas.

En esta nueva constitución deberán consagrarse definitivamente “derechos sociales”, esto es, derechos que permitan asegurar a las personas condiciones de vida digna, precisamente el principal requerimiento demandado en aquellos días del estallido social.

Por supuesto que ambos avances no serán resultado de la generosidad de la derecha, ni de un alma de viejo pascuero que nunca ha tenido. Como todos los derechos que nuestro pueblo ha conquistado, incluyendo por cierto el de la jornada de 40 horas, serán resultado de la “lucha por el derecho”, como nos decía Von Ihering en el siglo XIX. Y no podemos olvidar que si parte de esa lucha ya se ha ido dando, y la propia derecha sabe que ya no es posible mantener las mismas condiciones que antes, nos queda todavía mucho por luchar, muchos espacios por ganar, mucho poder por conquistar. Y por cierto en estos momentos la lucha política más importantes está en la batalla por la nueva constitución

Y el último elemento a considerar, y que por sí sólo sería suficiente para llamar a votar por la izquierda, es que no votar, o votar nulo, cualquier cosa que se diga, es entregarle más poder a la derecha. Es no solo dejarles el triunfo en sus manos, con todo lo que eso representa desde el punto de vista político y simbólico, sino además entregarle más poder, mayores facultades para que el nuevo texto constitucional tenga menos derechos sociales, menos respeto por el medio ambiente, menos respeto por los pueblos originarios, …

Y eso, a una derecha no sólo obstruccionista, que trata de impedir cualquier avance del nuevo gobierno, aquella que rechazó incluso la idea de legislar sobre nuevos impuestos a los más ricos, sino a una que cada vez presenta con más fuerzas las nuevas caras del fascismo.

 

Santiago 3 de mayo de 2023

 

 

50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO, LA ESTRATEGIA DE LA DERECHA

 

A 6 meses de que se cumplan 50 años del golpe cívico militar, que instaló la dictadura más sangrienta que ha conocido nuestro país y una de las peores en el mundo, post II Guerra, la derecha chilena, hija legítima de los criminales de esa época, sigue buscando, de manera cada vez más desesperada, como eludir sus responsabilidades. Hace sólo unos días, el 7 de marzo, Sergio Muñoz R, se preguntaba en El Mercurio ¿Qué pretende el gobierno sobre los 50 años? Y cinco días después Joaquín García-Huidobro, en el mismo periódico decía ¿Cómo vamos a enfrentar el 11 de septiembre?

Ante la imposibilidad de evitar que el país y el mundo entero vuelvan a recordar la tragedia que esa dictadura significó, con el costo político que para ellos puede significar, desde el año pasado se viene elaborando y exponiendo una estrategia propagandística que permita eludir -en la medida de lo posible dirán- la responsabilidad que sobre los crímenes aún mantienen.

La estrategia desarrollada posee 4 ideas fuerza, que buscan imponer:

La primera es señalar que la conmemoración del 11 de septiembre “no debe estar centrada en el pasado, que nos divide, sino en el futuro, que nos convoca”. Es evidente que una conmemoración de esta naturaleza debe mirar el futuro, pero es imposible olvidar precisamente lo que estamos conmemorando, el pasado. Más aún, en una “conmemoración”, la mirada de futuro sólo puede ser a través del recuerdo del acontecimiento histórico de que se trata. Y en este sentido, eso significa al golpe llamarle golpe, a la tortura, tortura, a los crímenes, crímenes, y a los criminales, …criminales. Y sólo a partir de eso, es decir de la verdad, mirar el futuro buscando toda la verdad, pues aún falta mucha, toda la justicia que ya sea posible, pues ya no es posible toda la justicia,  toda la reparación que sea necesaria, y sobre todo, el compromiso de no repetición. Por supuesto, para nada de esto está disponible la derecha.

La segunda idea que buscan imponer, es hacer creer que el golpe de estado cívico militar –“pronunciamiento” lo llamaban hasta hace poco- tuvo fundamentos legítimos. Nada nuevo, pues desde el día mismo en que se produce el golpe, los bandos uno, pero sobre todo el cinco de la Junta de Gobierno, desarrollaron la doctrina de Tomás de Aquino referida al derecho de rebelión, para “justificar” lo claramente injustificable. Algo así como ver a los nazis tratando de justificar el Holocausto. Hoy, como ayer, suelen aducir a la violencia, la escasez, la supuesta incapacidad, …, durante el gobierno de Allende. Olvidando, primero, que la caída de Allende se decidió en Estados Unidos, a pocas horas de haber salido electo, es decir, antes siquiera de asumir su mandato, con Kissinger a la cabeza (“No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”), segundo, que la escasez fue resultado esencialmente de las huelgas de los sectores de derecha, camioneros por ejemplo (por lo demás financiada por los norteamericanos), y el acaparamiento de quienes tenían recursos y voluntad para comprar y acaparar, es decir, la misma derecha. Imposible resulta olvidar que ya el día 13 de septiembre – el 12 hubo toque de queda- había desaparecido la escasez y los estantes de los locales comerciales volvían a tener todos los productos esenciales. Y en cuanto a la violencia, patético es que los responsables políticos, y algunos directamente penales, de miles de asesinatos y decenas de miles de torturas hablen de violencia. Pero eso no es todo, ¿Cómo olvidar que ellos la introdujeron aun antes que asumiera Allende con el asesinato del General René Schneider, el 22 de octubre de 1970, con la creación de la organización criminal Patria y Libertad, que entre otras cosas asesinó al edecán de Allende, Arturo Araya Peters, del Comando Rolando Matus, etc.

Un tercer argumento, aún más rebuscado que los anteriores, es que las violaciones a los derechos humanos no se vinculan con el golpe, son posteriores, y se deben a los excesos cometido por “algunos”. Para quienes fuimos detenidos el mismo 11 de septiembre (Regimiento Blindado N°2, Estadio Chile, Estadio Nacional, barco Andalien, Salitrera Chacabuco, Estadio Chile), nos parece increíble sostener un argumento de esta envergadura, pues sabemos que las torturas empezaron desde el momento mismo de la detención. Pero así se hace. Recordemos, especialmente a quienes no vivieron esos tiempos, que luego de torturas espantosas, a Víctor Jara y Litré Quiroga los asesinaron en los primeros días del golpe. El 30 de septiembre despegó el helicóptero en el que se inició la Caravana de la Muerte, ordenada directamente por Pinochet, que terminó con el asesinato y desaparición de 97 presos políticos, que las torturas realizadas a dichos prisioneros, arrancarle los ojos, destrozarle los genitales, quebrarles las mandíbulas, etc. fueron de tal envergadura que el General Joaquín Lagos O., quien era el Jefe de Zona en estado de sitio en Antofagasta declaraba años más tarde que no había entregado los cuerpos a sus familiares porque le había dado vergüenza el estado en que los habían dejado los valientes soldados. Y por lo demás, que las torturas y asesinatos fueron hasta el último momento de la dictadura.

Por último, que ellos, los políticos de derecha, no supieron de estos “excesos” sino hasta llegada la democracia. Curioso, por decir lo menos, es que antes que ellos lo supiera el mundo entero. Desde luego recordar que en el ámbito interno, ya el Comité Pro Paz, creado el 6 de octubre de 1973, antes de un mes desde el golpe, empezó a denunciar las violaciones a los derechos humanos, y precisamente por eso hubo hostigamiento de la dictadura hacia sus miembros, incluso directamente de Pinochet hacia el Cardenal Silva Henríquez, y tuvo disolverse el 31 de diciembre de 1975, creándose, a partir del día siguiente, la Vicaría de la Solidaridad, cuya denuncia, desde el primer momento a los tribunales de (in)justicia fue permanente, sistemática y encomiable. Su archivo, de más de 43 mil fichas resultó  indispensable para la reconstitución de parte de la verdad de lo ocurrido. En el ámbito internacional la situación no fue diferente. La Asamblea General de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos condenaron a la dictadura chilena todos los años, desde 1974 hasta 1989. En 1975 se nombró incluso un Grupo de Trabajo Ad-Hoc para Chile, y luego de tres años se nombró un Relator especial que se mantuvo hasta 1990. A ello debemos agregar que el 12 de septiembre de 1976 apareció en la playa La Ballena, Los Molles, el cuerpo torturado y asesinado de Marta Ugarte, detenida el 9 de agosto del mismo año, que la masacre de Lonquen, en donde días después del golpe se secuestra, tortura y asesina a 15 campesinos entre 17 y 51 años, fue develada en 1978, entre otros hechos. Esos hechos hacen imposible suponer que no supieran lo que estaba pasando.

Como hemos señalado, dentro de seis meses conmemoramos el once de septiembre. Es tiempo de organizarnos para ello, rescatar lo que pasó en nuestro pueblo, en nuestra villa, en nuestra población. Debemos recurrir a exposiciones, entrevistas, publicaciones, videos, a todo lo que sea posible para recordar los crímenes y a sus responsables. Solo si tenemos memoria podremos unirnos para enfrentar un neofascismo cuya presencia en nuestro país se muestra peligrosamente presente.

11 de marzo de 2023

 

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"MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA", A 175 AÑOS DE SU PUBLICACIÓN

 

A mediados de 1847, en su primer Congreso, la Liga de los Justicieros, separada hacía ya más de una década de la Liga de los Proscritos, acogió los planteamientos de sus nuevos integrantes, dos jóvenes de origen alemán, Calor Marx (1818), y Federico Engels (1820) y cambió de nombre, transformándose en la Liga de los Comunistas. Organización internacional de trabajadores, clandestina, en noviembre del mismo año, en el Congreso celebrado en Londres, encargaba a sus recientemente incorporados nuevos militantes, la redacción de un programa detallado, que diera cuenta de los aspectos teóricos y prácticos y que tenía como destino, su publicación en varios idiomas. Hacia fines de enero de 1848, tres obreros alemanes, en ese momento exiliados en Londres y dirigentes de la Liga enviaban a Marx una carta dando un plazo perentorio para que remita el documento encargado y señalando que, si no lo hace, el Comité Central de la Liga “…exige la inmediata devolución de los documentos que le fueron cedidos por el Congreso” (de la Liga).

Ese es, en resumida síntesis, el origen directo del panfleto político más importante que se haya escrito en la humanidad.

El 21 de febrero de 1948, esto es, hace 175 años, salía publicado en Londres, aunque en idioma alemán, de manera clandestina, y sin nombre de autor, ese pequeño documento político, de solo 23 páginas, que prácticamente como ninguno otro, marcaría definitivamente la historia de la humanidad y que décadas después se convertiría en uno de los textos fundadores del mundo moderno, y un verdadero clásico del pensamiento y las ideas políticas

Dado el poco tiempo que tuvo para su redacción, probablemente ésta corresponde íntegramente a C. Marx, aunque claramente representa la opinión de ambos. En todo caso, para su elaboración, Marx tuvo presente, de Engels los “Principios de Comunismo”, breve texto estructurado en base a 25 preguntas y sus respectivas respuestas, que presentan las ideas centrales del marxismo.

La expresión “comunismo”, que se utilizara para designar a la Liga y luego a las ideas del Manifiesto, identifican, en esa época, a un ”…sector obrero que convencido de la insuficiencia y superficialidad de las revoluciones políticas, exigía una radical transformación de la sociedad…”([1]).

La primera edición, si bien no se publicó en los idiomas que se indicaban al comienzo, en los meses siguientes a su aparición se reimprimió tres veces en idioma alemán, pero los acontecimientos ocurridos en Europa durante ese mismo año, y particularmente las derrotas sufridas por los movimientos obreros europeos durante el año 1848, y que obligaron a Marx a refugiarse definitivamente en Londres, ayudaron a que el texto fuera prácticamente olvidado en los años siguientes.

Más tarde, el destacado papel de Marx en la Asociación Internacional de Trabajadores, (I Internacional) pero sobre todo la persuasiva defensa que éste hiciera de la “Comuna de París”, (1871) texto conocido como “La guerra civil en Francia”, le dieron extraordinaria popularidad, en Europa y Norteamérica, como peligroso líder subversivo. R. Landor, periodista del The New York Word, y quien probablemente sea el único que entrevistó alguna vez a Marx, describe así su encuentro: “Ha entrado, me ha saludado cordialmente y estamos centrados frente a frente. Si, estoy tête-à- tête con la encarnación de la revolución, con el auténtico fundador y guía espiritual de la Asociación Internacional, con el autor de un discurso que le dice al capital que si le declara la guerra a los trabajadores no puede menos que esperar que la casa arda hasta los cimientes”([2]).

Esta popularidad multiplicó el interés por su pensamiento y particularmente por el Manifiesto, al extremo que incluso ese texto fue leído íntegramente en el proceso contra los líderes de la Comuna, como prueba de la perversidad de las ideas que sustentaban, lo que de paso significó la posibilidad de editarlo de manera legal por la socialdemocracia de la época. A partir de estos hechos, la popularidad del Manifiesto se fue haciendo cada vez mayor, sobrepasando incluso en vida de sus autores, todas las expectativas. “Durante los siguientes cuarenta años el Manifiesto conquistó el mundo”, diría en 1998, el historiador inglés Eric Hobsbawn, en una introducción a una edición del Manifiesto, con motivo de los ciento cincuenta años. Así es como, ya antes de 1917, fecha de la revolución rusa y proceso que altera significativamente la influencia y divulgación del Manifiesto, se habían publicado varios cientos de ediciones en por lo menos unas 30 lenguas. A esa fecha ya había tres ediciones en japonés y una en chino.

Pero el Manifiesto en verdad no es sólo un documento político, es como dice Umberto Eco, un texto con una “extraordinaria estructura retórico-argumentativa”, y añade “…se trata de un texto formidable, que alterna tonos apocalípticos e ironía, lemas eficaces y explicaciones claras, y (si realmente la sociedad capitalista quiere vengarse de las molestias que estas páginas no muy numerosas le han causado) tendría hoy que analizarse religiosamente en las escuelas publicitarias”.

El Manifiesto comienza con ese poderoso llamado de atención que nos recuerda al discurso griego, una verdadera clarinada, “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”, para luego seguir con una clara exposición de la historia de las luchas sociales, desde la sociedad esclavista, pasando por el mundo feudal, para llegar a la sociedad capitalista desarrollada por la burguesía. Aquí hace primero una verdadera apología del rol de la burguesía en la historia, producto de un profundo análisis de lo que ya empieza a ser la dinámica irresistible del desarrollo económico capitalista, logrando una descripción casi perfecta, no de la sociedad burguesa de esa época, sino del actual proceso de globalización.

En un estilo dramático, luego de ese verdadero elogio del capitalismo, el Manifiesto hace un giro, y anuncia que esta burguesía, como en el poema de J.W. Goethe, “El aprendiz de brujo” “…se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros…”, y que en definitiva ha creado a la clase que ha de darle muerte, el proletariado.

En las siguientes páginas, el Manifiesto desarrolla la parte más doctrinaria, la relación entre el proletariado y los comunistas, y el programa propiamente tal de los comunistas. Los capítulos tercero, “Literatura socialista y comunista” y cuarto, “Actitud de los comunistas ante los otros partidos de oposición”, si bien han perdido vigencia en sus aspectos más puntuales, no dejan de recordarnos, por un lado, que son múltiples las doctrinas que enunciadas como  “socialismos”, en verdad pueden enmascarar intereses muy diferentes a los de los trabajadores y por otro, que si bien las ideas comunistas representan el porvenir del movimiento obrero, los comunistas no deben de dejar de luchar por los objetivos inmediatos y cotidianos de dicho movimiento, aliándose incluso con la burguesía (como lo indica para la Alemania de la época) cuando sea necesario.

El Manifiesto es polémico, provocativo, pero a la vez absolutamente racional, y casi siempre claro y comprensible, lo que lo hace altamente informativo y poderosamente movilizador. La potencia de muchas de sus frases, y particularmente de aquellas con las que termina el texto son de una fuerza política y profética como pocas veces se ha conocido “Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ellas, más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. ¡Proletarios de toso los países, uníos!

Por supuesto que el Manifiesto Comunista no es el único texto de Marx y Engels, y ni siquiera el más completo en cuanto al desarrollo de sus ideas, pero sin duda es el más difundido, el que ha estado desde hace 175 años al alcance de más personas, el que ha ayudado a forjar más militantes en las filas del marxismo y el comunismo y lo sigue haciendo

En la actualidad y sólo en castellano, existen cientos de ediciones, sólo en nuestro país hay más de 30, y con variadas características. Hay algunas que se limitan a contener el texto completo, casi siempre con los prefacios redactados por sus autores. Otras en cambio poseen además completas notas y complejos estudios que buscan precisar lo que se dijo y determinar la vigencia de ello. Hay textos que sólo traen el Manifiesto, y otros en los que éste viene acompañado por otras obras de los mismos autores.

Mostrando la alta popularidad y la vigencia que aún posee, en las últimas décadas han aparecido algunas ediciones con ilustraciones en diferentes páginas. Más aún, existen también varias ediciones tipo historieta, por cierto con mayor o menor fidelidad a los textos, pero todas ellas entregando las ideas centrales y con el título del original. Entre las más antiguas destaca la de Eduardo Humberto del Río García, (1934-2017) caricaturista e historietista mexicano, autor de más de 100 libros, conocido por su pseudónimo de Rius, editada varias veces por Akal. En los últimos años vale la pena mencionar la edición adaptada e ilustrada por Martin Rowson, (2018) y editada con tapa dura y edición de lujo por Penguin Random House Groupe, así como la edición original “El Manifiesto Comunista. El manga.”, una historieta con todas las características de tal, publicada en español por ed. “La otra h”, y dirigida a ese público juvenil que ha ido asumiendo importantes elementos de la cultura japonesa.

Hoy, a los 175 años de la primera edición de este documento histórico, destinado a cambiar el mundo, el Manifiesto del Partido Comunista, conmemoramos ese hecho en momentos en que precisamente cada vez resulta más apremiante la necesidad de un cambio global. Cuando los conflictos en el mundo capitalistas se buscan resolver mediante la guerra imperialista, amenazando incluso con la guerra atómica, cuando nuestro planeta vive momentos de preocupación acuciante por los efectos del cambio climático, la globalización se impone sobre los pueblos y los avances de la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología y otras disciplinas requieren urgentes acuerdos que permitan estructurar una bioética verdaderamente democrática, se hace más imperioso que nunca la necesidad de aunar esfuerzos, para entregar respuestas a los desafíos del presente, que marcarán definitivamente las rutas del futuro, respuestas que contribuyan a abrir caminos a las luchas populares a fin de tener un mundo en paz y en libertad.

Conmemoramos estos 175 años en momentos en que en nuestro país se acentúan la crisis económica, social y política que han venido marcando la agenda desde hace ya varios años, y cuando nuestro pueblo se prepara para iniciar un nuevo proceso de cambio constitucional.

En la más conocida de sus XI tesis sobre Feuerbach, Marx nos dice que “los filósofos no han hecho más que comprender el mundo, y de lo que se trata es de cambiarlo”. El Manifiesto Comunista, una obra teórica que es también guía para la acción nos ayuda a entender este mundo, y a luchar por cambiarlo.

 

 Santiago, febrero de 2023.

A 175 años de la primera edición del

Manifiesto del Partido Comunista

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[1] Engels, F., “Prólogo a la edición alemana de 1892).

[2] Landor R. “Entrevista a Karl Marx”, publicada en el The New Yor Word, el 18 de julio de 1871. En Grandes Entrevistas de la Historia, tomo I, Kontenut, Edición original 2015. Impreso en Donnelley, Chile, pág. 33

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

 

 

Hace 150 años, en 1872, un filósofo del derecho, Rudolf von Ihering, publicaba "La lucha por el Derecho”, no sólo su obra más conocida, sino hasta el día de hoy una de las obras jurídicas más célebres y difundidas de la historia. En ella, parte afirmando:

“Todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación”.

En sociedades complejas como la nuestra, la democracia, como sistema político basado en la soberanía popular, la igualdad política de sus ciudadanos, el voto igualitario y universal, la participación ciudadana de manera representativa, pero también de manera directa, el respeto a los derechos humanos, etc., sólo puede estructurarse de manera clara y estable mediante leyes. Dicho de otro modo, si bien la democracia es más que eso, no puede ser menos. Normas de derecho definen las instituciones políticas de un Estado, las organizan y las limitan, también señalan como participan los ciudadanos, cómo se protegen los derechos fundamentales, etc.

Así las cosas, la historia de nuestro país parece haberse escrito para ratificar, en todas sus partes y desde todas las perspectivas, la aseveración de Von Ihering. Todo nuestro sistema jurídico, incluyendo nuestro sistema democrático, parcial, imperfecto, defectuoso y todo, no ha sido una dádiva de quienes han ostentado el poder. La lucha por la democracia, por un efectivo gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha sido un constante y permanente esfuerzo por irla conquistando, mantenerla, y por supuesto ampliarla. Una lucha que se ha dado en todos los frentes posibles, electoral, político, económico, sindical, ideológico. En algunos casos la lucha ha sido pacífica, en su mayoría no. Huelgas, tomas, manifestaciones callejeras, han sido las más de las veces las últimas herramientas de la lucha a las que ha recurrido el pueblo cuando ve que sus demandas no son escuchadas. La oligarquía nacional por su parte, aquella elite económica que pierde privilegios cada vez que el pueblo logra más conquistas, no sólo ha usado la mentira, el cohecho, el fraude, el miedo, sino que no ha trepidado en llenar nuestra historia de masacres y así son varios miles de personas asesinadas en estas luchas.

Ayer ocupamos todas las formas de lucha, incluidas las armas, contra una tiranía que violaba, asesinaba y torturaba, en defensa de la libertad y la democracia. Hoy estamos ante un momento histórico en la lucha por más y mejor democracia. Tenemos la posibilidad real de poner fin a uno de los peores engendros de esa dictadura, una Constitución antidemocrática, que teme al pueblo, escrita para perpetuar la explotación y el apoderamiento de las riquezas en beneficio de unos pocos, cuyo principal objetivo parece que hubiera sido transformar los derechos de las personas (educación, salud, previsión, …) en mercancías, para el mayor enriquecimiento de quienes podía negociar con ellos. Y como ya lo adelantara von Ihering, una vez más será necesario “arrancar” derechos a quienes se resisten el cambio, y para ello no vacilan en mentir, amenazar, intimidar, y utilizar la más amplia gama de medios de comunicación para lograr engañar.

Frente a l constitución del dictador se levanta una constitución no sólo originada con el más profundo proceso democrático que jamás haya existido en nuestro país, sino que además mejora y aumenta, como tampoco habíamos conocido nunca, el ejercicio de la propia democracia.

Desde luego nunca debemos dejar de valorar el proceso por el que llegamos a esta posibilidad. En primer lugar una sublevación popular como no había habido en décadas, en la que millones de persona expresaron en las calles su descontento con un sistema que los explotaba, los oprimía, los vejaba en su dignidad, se burlaba de ellos. Un procedimiento “arrancado” a la fuerza a quienes hasta hace poco se habían negado precisamente a ello, con paridad de género y presencia de los pueblos originarios. Por si fuera insuficiente, con un texto cuyo articulado fue aprobado, uno a uno, por más de los dos tercios de los convencionales elegidos democráticamente para redactarla.

Por primera vez en nuestra historia se nos propone una Constitución que consagra una democracia inclusiva y paritaria, que se ejerce en forma directa, representativa, comunitaria, con iniciativa popular de ley, con una organización territorial con altos índices de autonomía, que presenta serios resguardos y sanciones contra la corrupción política, que reconoce el trabajo doméstico, que protege el medio ambiente y obliga al Estado a adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los efectos provocados por la crisis climática y ecológica, que define como bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y los humedales, el aire y la atmósfera, la alta montaña, los bosques nativos. Y todo esto, acompañado, además de los derechos tradicionalmente garantizados en este tipo de textos, por nuevos derechos individuales y sociales, como a una vivienda digna, una educación laica y gratuita, un sistema de seguridad social efectivamente social, …

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Hoy la lucha por la democracia continúa,… y nuestro mayor esfuerzo debe estar centrada en lograrun triunfo abrumador del APRUEBO.

Santiago 7 de agosto de 2022.

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ALGUNAS RAZONES PARA EL APRUEBO DE SALIDA

 

ALGUNAS RAZONES PARA EL APRUEBO DE SALIDA

 

 

La Comisión Constituyente aún no ha terminado su trabajo, pero claramente ya es posible pronunciarse sobre éste, por cuanto los aspectos principales ya están resueltos. Atendido esto, y aun cuando hay innumerables motivos para votar Apruebo, en mi opinión hay tres tipos de razones que vale la pena destacar.

1.    Nuevo texto

En primer lugar, el contenido logrado por el nuevo texto. Desde luego no hay posibilidades de exponer todo lo que este contiene, y aún cuando hay cosas que no comparto plenamente, en lo central, se trata de un texto que logra plasmar los principales anhelos de la ciudadanía.

El primer tema a destacar es que desaparece el Estado subsidiario y se reemplaza por un Estado solidario. La consagración constitucional de un estado subsidiario, que estableció la Constitución del Dictador, significa que entrega a la iniciativa privada la satisfacción de las necesidades básicas. El Estado sólo puede intervenir en aquellas áreas donde no pueden o no quieren hacerlo los particulares. Ello significa que áreas como vivienda, salud, educación, pensiones, quedan entregadas al libre flujo de la oferta y la demanda, con mínimas posibilidades de intervención estatal, especialmente referidas al control.

En segundo lugar, en este nuevo texto se establecen verdaderos derechos para las personas. O dicho de otro modo, la Constitución de la dictadura, bajo el acápite de derechos constitucionales, lo que en verdad estableció fueron una serie de privilegios para quienes dependiendo de su patrimonio personal o familiar tenían el poder para dárselos. El derecho a la educación se convirtió en el derecho a la libertad de educación, es decir, de los empresarios para crear jardines, colegios o universidades y el de los apoderados para “elegir”, si tienen plata para optar a uno u otro. Con el derecho a la salud pasa algo similar. Quien tiene recursos elije una Isapre, quien no los tiene, debe conformarse con esa opción “subsidiaria” que es FONASA. Con el derecho a la seguridad social la situación es aún peor. Primero porque no es “social”, sino capitalización individual en la cual cada uno se defiende con sus propios recursos. Y segundo, porque aquí ni siquiera hay una posibilidad de elegir la opción subsidiaria, un sistema estatal. Aquí la única alternativa es elegir quien te asalta, si una AFP u otra.

A ello podemos agregar que por primera vez vamos a tener un estado multinacional, intercultural, ecológico, descentralizado, con democracia paritaria, y la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos como sus fundamentos. 

En definitiva, el texto de la Nueva Constitución consagra una serie de normas que va a hacer muy bien a nuestro pueblo.

2.    Un proceso ejemplarmente democrático

La segunda razón es que esta Nueva Constitución es resultado de un proceso tan profundamente democrático como no ha habido ninguno en la historia de nuestro país, y probablemente pocos en el mundo. Como es sabido, su origen se remonta al estallido social, en donde el pueblo, en las calles, exigió la elaboración de una nueva constitución. ¡Y vaya que costó caro!

Como una alternativa para detener la revuelta social hubo un acuerdo sobre la manera esencial de llevar a cabo el proceso por un grupo de partidos y personas. Dicho acuerdo debió ser democratizado más, incorporándose paridad entre los elegidos y reservando asientos especiales para representantes de los pueblos indígenas. Más tarde una abrumadora mayoría aprobó la necesidad de una Nueva Constitución y que ésta fuera redactada por constituyentes elegidos especial ente para ello.

Mas adelante, y de la manera más democrática conocida en nuestro país, se eligió a las personas que el pueblo considerá idóneas para redactar un nuevo texto.

Durante el proceso de redacción se recibieron miles de propuestas de la ciudadanía, de instituciones, como de especialistas, en las diversas materias, las que fueron consideradas por las diferentes comisiones

Por último, todas las normas aprobadas lo fueron con dos tercios o más de los votos de los constituyentes.

Atendido lo anterior, y si sólo debiéramos reconocer ese ejercicio democrático, deberíamos votar Apruebo.

 

3.    La “alternativa”

Y la tercera razón para aprobar este nuevo texto, es que si se rechaza, lo que queda vigente es la constitución del Dictador. No hay otra alternativa.

La misma derecha que no quería cambiarla, que enterró el proceso empezado en el último gobierno de Bachelet, que votó rechazo para no cambiarla, que puso un altísimo quorum a los constitucionalistas para aprobar cada norma, hoy nos quieren hacer comulgar con ruedas de carreta, para lo cual nos mienten doblemente: “rechazar para mejorar”.

En primer lugar, nos mienten porque esta última opción no existe. Sólo hay dos alternativas. La norma constitucional es clarísima sobre el plebiscito de salida, o esta Nueva Constitución, o la del dictador. Por lo demás, si de reformas se trata, la Nueva Constitución también establece un mecanismo que permite modificarla

Y en segundo, nos mienten porque no existe tampoco un acuerdo sobre lo que puede significar “mejorar” una constitución. ¿Quién define lo que significa “mejorar”? ¿Los parlamentarios que el pueblo despreció mayoritariamente en el plebiscito de entrada para que cumplieran esa función? ¿Una “comisión de expertos”? ¿Acaso no intervino ya una gran cantidad de expertos en la redacción del nuevo texto?

En verdad esa inexistente alternativa es sólo un esfuerzo más de quienes no desean perder sus privilegios, …y de quienes están dispuestos a servir para ello.

Como millones de chilenos, el próximo 4 de septiembre voy a votar APRUEBO.

 

Santiago 21 de junio de 2022

 

 

 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

 

 

El gravísimo nivel de delincuencia con que el gobierno anterior entregó al país, constituye sin duda una de las mayores preocupaciones de los habitantes y deberá ser uno de los aspectos centrales con los que deberá lidiar el actual gobierno. La calidad de vida de millones de habitantes se ha visto alterada sustancialmente por el miedo. El asalto, los portonazos, el robo, las balaceras, el “ajuste de cuentas”, son algunas de las manifestaciones más visibles de una situación de inseguridad como no habíamos tenido antes.

Abandonadas las viejas manifestaciones sobre un posible “criminal nato”, hoy no cabe duda que el delincuente “no nace, se hace” y en ese sentido, son las características específicas de una determinada sociedad las que explican su nivel y modalidad. Y en nuestro país no hay duda que ha influido un tipo de sociedad en que millones de personas, especialmente de jóvenes, no sólo carecen de futuro, sino aún de presente. Falta de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, de pensiones adecuadas, en definitiva, de condiciones de vida digna, acompañadas por el abuso y aún por la verdadera burla, (“compren flores”, “levántense más tempranos para tener pasajes más baratos”, “no vayan a hacer vida social a los servicios de salud” o clases de ética como sanción) de quienes ostentan el poder económico, político y social, han resultado un caldo de cultivo para todo tipo de manifestaciones anómicas. También ha contribuido un sistema jurídico penal ineficiente, una corrupción policial enorme y una falta de voluntad política sistemática para enfrentar el problema desde una perspectiva global.

Dentro de estas manifestaciones, la criminalidad organizada emerge como un factor relativamente nuevo en nuestra sociedad, y probablemente uno de los más peligrosos.

En 1995, Naciones Unidas organizó, en El Cairo, el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Entre los temas relevantes que consideró este Congreso estaba el de la delincuencia organizada, aspectos que por lo demás venía tratándose ya desde congresos anteriores. En aquella oportunidad nos correspondió redactar una de las ponencias de nuestro país, y asistir a dicho evento en representación de Chile. Uno de los aspectos que se debatió, hasta el último minuto de la ponencia que presentábamos, era la existencia o no en nuestro país de organizaciones criminales. Pero el debate no fue técnico, sino más bien político. ¿Afectaba la imagen de Chile el reconocer la existencia de dicho tipo de manifestación delictual?

Hoy esta discusión carece de sentido. Nadie duda de la existencia en nuestro país de dicho tipo de organizaciones. Y si ayer el tema se refería exclusivamente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, hoy no cabe duda que además de ellas, tenemos otras que se dedican al negocio de las armas, el tráfico y la trata de personas, el robo de vehículos de alto precio para sacarlos del país y venderlos fuera, las redes de prostitución y aún algunos hacen referencia al sicariato y la eliminación de cadáveres.

Sin duda el problema necesita una solución global, a mediano y largo plazo, que aborde tanto sus factores predisponentes como aquellos que pueden estimarse desencadentes. Pero también es necesario enfrentar, con urgencia, líneas de intervención a corto plazo.

La criminalidad organizada es, por definición, una actividad con fines de lucro, es decir, en definitiva, un negocio. Ya sea que se venda una mercadería -ilícita como la droga o las armas, o más barata como los bienes robados- o que se preste un “servicio” -ilícito como el tráfico y la trata de personas- lo cierto es que siempre es un negocio. Hacernos cargos de esa realidad es la primera condición para enfrentarlo.

Atendido lo anterior, hay algunos aspectos en donde centrar el enfrentamiento que debieran considerarse: la eliminación o reducción de la mercadería que se vende o el servicio que se presta, la disminución sustancial de los beneficios que el delito reporta, y la eliminación o disminución de los factores que permiten la mantención y desarrollo de la actividad.

Respecto de lo primero, es absolutamente razonable que discutamos seriamente la posibilidad de legalizar el consumo y venta al menos de la marihuana. La política de “guerra a la droga”, impulsada y orientada desde los Estados Unidos, centrada en combatir la “oferta”, olvidando definitivamente la “demanda”, (el mayor consumidor de drogas del mundo es precisamente Estados Unidos y allí no hay “guerra a la droga”), ha traído un costo brutal en vidas humanas, (solo la invasión norteamericana a este país para secuestrar a Noriega significó más de 3.000 muertos), recursos económicos, (aviones, autos, armas, policías, jueces, fiscales, cárceles, gendarmes, …) destrucción del medio ambiente (sólo en Colombia el año 2012 se fumigaron aéreamente 100.549 ha., especialmente con herbicidas que contenían glifosato), violaciones masivas a los derechos humanos, etc. etc. etc. para los países del sur del río Bravo, especialmente México, Colombia, Guatemala, Bolivia y Perú, y ha fracasado rotundamente. Hace tiempo que es tiempo de repensar este enfoque.

Por otro lado, la política irracional mantenida en materia de migración, en donde se ofrecieron puertas abiertas para recibir migrantes venezolanos (incluso se les ofreció una visa especial, la pomposamente llamada “Visa de Responsabilidad Democrática”) y luego se procedió el cierre de las fronteras a su ingreso legal, han potenciado su entrada ilegal y así el tráfico de personas. Criminalidad organizada esta última que potencia además la trata de personas, el tráfico internacional de productos ilegalmente adquiridos, como vehículos, amén de las crisis humanitarias que hemos visto en el norte de nuestro país. Se hace imprescindible encausar por vías legítimas la migración, como requisito indispensable para combatir no sólo el ingreso ilegal, sino particularmente el tráfico y la trata de personas.

Por otro lado, tratándose de un negocio, la pérdida de las utilidades es uno de los más eficientes mecanismos para la eliminación o disminución significativa de éste. No sólo desmotiva a seguir en él, sino que además hace desaparecer los recursos que permiten su continuidad. La lucha contra el “lavado de activos” entrega resultados ridículos en nuestro país. Cada vez que las policías incautan una cantidad de drogas que consideran importante, le entregan a la prensa la supuesta cifra de dinero que ella representa. Siempre son cientos de millones. Y cuando se trata de incautaciones de dinero o bienes, las cantidades son verdaderamente risibles. Así, la PDI señalaba en un reporte que aún es posible leerlo en su página, que durante el año 2020 había incautado $693.216.848 en que el tráfico de drogas era el delito base, y ni un solo peso incautado por tráfico de armas, por ejemplo. Carabineros entrega cifras que tampoco resultan estimulantes al respecto. En verdad un solo narcotraficante de poca envergadura maneja esas cifras.

Dado que las utilidades de cualquier negocio se mueven en dinero efectivo o mediante la banca, y las distintas áreas del crimen organizado mueven miles de millones de pesos, no debiera resultar tan difícil un mayor control. O el principio “conozca a su cliente”, (una de las primeras reglas a nivel internacional, destinado a combatir el crimen organizado) que obliga a los bancos y entidades financieras a conocer las actividades económicas que realizan sus clientes y que explican las operaciones bancarias que realizan, pareciera no estarse cumpliendo. Y las compras en dinero efectivo que debieran producir sospechas (autos de lujo, joyas, viajes, etc.) tampoco están siendo detectadas. O peor aún, quienes terminan beneficiándose con el lavado de activos, instituciones como la banca, financieras, y locales de venta de bienes de lujo, no están cooperando.

Por último, hay dos mecanismos que permiten el mantenimiento del crimen organizado, las armas y la corrupción.

Claramente el tema de las armas está desbordado. Cada año hay una mayor presencia de armas de fuego en poder del crimen organizado. Llama la atención el tipo de proyectiles utilizados, su calibre y su sofisticación, decía el Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico del año 2020.

Y en Chile, como en toda Latinoamérica, la guerra a las drogas ha tenido mucho que ver en el aumento de la violencia y el acrecentamiento de la presencia de armas. Y como un verdadero deja vu, Estados Unidos tiene también mucho que ver en esto, pues la gran mayoría de las armas que llegan a nuestros países han sido traídas, legal o ilegalmente desde allá.

En esta materia, los resultados también se muestran insignificantes. Hace sólo unos días que Carabineros dio cuenta que en los cuatro primeros meses del año se incautaron 1008 armas de fuego, 697 armas cortas, 139 largas y 172 hechizas, adaptadas o modificadas. Es decir, poco más de 3.000 al año. Y aunque obviamente las cifras de armas ilegales que hay en nuestro país no son precisas, todas las estimaciones hablan de varios cientos de miles. El Diario Financiero señalaba en enero del 2021 que expertos del Ejecutivo entregaban un rango: entre 250 mil y 500 mil. Y no puede extrañar, ¡Si hasta de los recintos militares se las roban!

Por último, recordemos también que el otro gran mecanismo que permite la mantención del crimen organizado es la corrupción. Y ésta ya la tenemos aquí enquistada en nuestra realidad, en muy diferentes ámbitos. En julio del 2021 el ex alcalde de San Ramón, municipalidad símbolo de lo que se ha dado en llamar “narcopolítica”, ingresaba a la cárcel por delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En enero de este año CIPER, con el significativo título de “Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones”, denunciaba que entre el 2014 y el 2016, 55 carabineros (una investigación anterior sólo había identificado a 40) fueron investigados internamente por nexos con el narcotráfico. En marzo de este mismo año la Fiscalía Regional de Aysén solicitaba 8 años de cárcel para la jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto, acusaba de entregar datos a su hijastro sobre la indagatoria que seguía el Ministerio Público por sus actividades como narcotraficante.

 

 

Santiago 5 de mayo de 2022

DEREHOS SOCIALES Y NUEVA CONSTITUCIÓN

 

Si hacemos un muy breve retorno a ese octubre de 2019, podemos ver con facilidad que entre las peticiones más recurrentes de la ciudadanía estaban pensiones justas, vivienda, educación laica, gratuita y de calidad, prestaciones oportunas de salud, descanso, derecho a huelga, en definitiva, ciertos “derechos” que hoy, en el debate nacional identificamos como “sociales”. 

La Convención Constituyente (C.C.) ha avanzado, en los últimos días de manera muy acelerada, en la consagración de numerosos de esos derechos en el texto que se propondrá para su aprobación. Y esta situación ha hecho a la derecha aumentar la presión y la propaganda del “rechazo” a límites pocas veces vistos. Basta leer El Mercurio de cualquier día desde hace ya varias semanas. En verdad esta situación les complica por varias razones. Desde luego, porque su consagración hará exigible al Estado la implementación de estos derechos subjetivos, lo que obligará a una repartición más equitativa de las riquezas de nuestro país, y consecuentemente disminuirá el nivel de apropiación que los poderosos hacen día a día de ella. Además, razonablemente aumentará la injerencia del pueblo, más sano, más informado, con más tiempo libre, mejor asociado, en las decisiones que el país deba tomar. Por otro, la concreción de los anhelos más sentidos por la población en el texto constitucional que se redacta, facilita las posibilidades de un triunfo más amplio del Apruebo de Salida, que es en verdad el verdadero temor que en estos momentos moviliza a todos los sectores que ven amenazados sus privilegios, y que, si bien comprende esencialmente a la oligarquía, y por cierto a quienes son, conscientes o no, sus lacayos, también lo hace con quienes sin ser parte de ella, se han beneficiado con el modelo.

La lucha contra la Nueva Constitución es para la derecha, en este ámbito, más compleja. No resulta fácil, sin asumir un alto costo político, salir pidiendo que no se consagren los sentidos derechos demandados por la inmensa mayoría de los chilenos, por lo cual, la estrategia para combatirlos tiene que ser especialmente diseñada. De partida, varios de ellos han sido votados a favor por sus representantes, pero de inmediato han salido a cuestionar algún aspecto de ellos, buscando generar un manto de dudas sobre todo los supuestos intereses de los convencionales, atribuyéndoles por ejemplo querer simplemente sancionar una determinada ideología. En esta línea si bien son innumerables los discursos que los partidarios del rechazo han presentado, probablemente uno de los más llamativos ha sido el atribuir estas intenciones a quienes no quisieron aprobar que el derecho a la vivienda sancionado fuera “derecho a la vivienda propia”.

Otra línea argumental señala que la incorporación de esas normas no solucionarán los problemas (como si alguien hubiera dicho una cosa similar), pero sobre todo, que dichas normas resultan imposibles de cumplir. A partir de esta argumentación, en los últimos días ha surgido una nueva, desarrollada recientemente por Alejandro Vigo, académico de la Universidad de los Andes (¡cómo no!), quien en una entrevista publicada por El Mercurio hace sólo unos días (22.04.2022, CC 2), bajo el sugerente título “El anzuelo totalitario es decirles que no le están dando totalitarismo, le están dando derechos”, sostiene básicamente que una constitución no garantiza nada, y por el contrario, en este caso, otorga poder al Estado para inmiscuirse en todo, y a partir de eso, promover gobiernos totalitarios.  Textualmente señala “…se presenta como dispositivo de garantía algo que no puede producir ninguno de esos resultados, pero entretanto habilita al poder para intervenir en todos los aspectos de la vida.” Y como prueba irrefutable de su verdad agrega “¿Por qué son los gobiernos más autoritarios los que más proclaman derechos?”  Esta misma argumentación ha sido reiterada hoy, domingo 24, por Javier Macaya, presidente de la UDI.

En verdad es obvio que ante situaciones como los derechos sociales no es la norma la que resuelve un problema determinado, sino la implementación práctica de ella la que lo hace, (siempre y cuando dicha norma efectivamente muestre caminos adecuados). Pero de ahí a sostener que la norma constitucional nada aporta en la solución del problema, hay una enorme distancia. 

Largo sería aquí desarrollar las principales funciones de un texto constitucional, pero bástenos recordar que una regla de esa envergadura tiene al menos funciones simbólicas, educativas y normativas. Es decir, de partida, al incorporarse ciertos derechos dentro de la norma nacional de mayor jerarquía, ya se está resaltando la importancia de ellos y particularmente de lo relevante que son para tener condiciones básicas de vida digna. Por otro lado, enseña, en este caso, cuales se consideran las condiciones mínimas para una vida digna, a un amplio sector de la población, pues el texto de la constitución trasciende los espacios de abogados, jueces y especialistas en derecho, mas que ningún otro. Y si además resulta aprobado en un plebiscito con participación obligatoria, su lectura y análisis será aun mayor. No sólo eso, en los años sucesivos a su aprobación, debiera transformarse en un texto de estudio obligatorio para nuestros estudiantes de enseñanza media. Y sabido es que la familiarización con contenidos de esta naturaleza puede cambiar radicalmente la perspectiva de exigencias hacia los gobiernos y las instituciones por parte de la población.

Y por último, y por cierto no es menor, obliga al aparato del Estado, con todas sus instituciones, a dar cumplimiento a aquello que los ciudadanos le demandaron al aprobar ese determinado texto.

Y en cuanto a que serían los países totalitarios los que más derechos consagran, olvida el profesor de la Universidad de los Andes que los derechos sociales propuestos para nuestra nueva carta fundamental no fueron inventados por “países totalitarios”, sino que han ido ganándose en la lucha histórica de los pueblos por conseguir condiciones de vida más dignas, y que hoy son considerados tan esenciales que en su mayoría forman parte de ese cuerpo socio histórico de valores conocido como “Derechos Humanos”.

Recordemos que si bien en un primer momento se dio especial énfasis a los derechos esencialmente civiles y políticos, ya el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) señalaba que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez….”,  y que más adelante, esto es, hace ya más de 48 años, el 3 de enero de 1976, entraba en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que entre otras cosas reconocía en su Preámbulo que “…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

En verdad, en estas materias, la Convención Constituyente no está haciendo nada especial, nada extraordinario, simplemente está consagrando en nuestro ordenamiento nacional, a nivel constitucional, derechos sociales que la humanidad viene reconociendo desde hace décadas. Y si alguien le parece novedoso o sorprendente, ello sólo se debe a que llevamos 40 años con la Constitución de la dictadura, que hasta hoy no sólo no los reconoce explícitamente, sino que los niega como derechos, en algunos casos de manera directa, como varios de los derechos sindicales, o de manera indirecta, como con la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, pues al entregarlos al mercado, dejaron de ser “derechos”, para ser simples mercancías al alcance de quien las pueda pagar. Y si a eso agregamos un estado “subsidiario”, esto es que no puede intervenir allí donde lo hacen los particulares, la condición de “derecho” desaparece totalmente. 

En los próximos meses tendremos la oportunidad histórica de cambiar esa triste realidad, para nosotros y para quienes vendrán masa adelante.

YO, APRUEBO DE SALIDA.

Fernando García Díaz

SISTEMA JUDICIAL: EL MITO SANGRIENTO

 

Entre los múltiples mitos que el capitalismo ha ido atribuyendo al Estado, está el de la supuesta imparcialidad del Poder Judicial. Según la clásica teoría de separación de los poderes, de la cual Montesquieu es uno de sus precursores, éstos debían ser independientes entre sí, y además especializados. El Poder Judicial además debía tomar sus decisiones atendiendo exclusivamente a criterios de objetividad, sin influencias de sesgos, prejuicios o intereses extrajurídicos.

La alegoría de la justicia, una dama con los ojos vendados que en una mano sostiene una balanza y en la otra una espada destaca la supuesta imparcialidad. La venda impide ver a quienes litigan –y por tanto inclinarse en favor de uno de ellos por razones ajenas al juicio- y la balanza debe pesar, con absoluta objetividad, las diferentes pruebas rendidas, a fin de que el fiel se incline hacia donde aquellas efectivamente tenían mayor “peso”.

Es cierto que la idea de una justicia imparcial es bastante más antigua que el capitalismo, pero es sólo con éste que la función jurisdiccional se atribuye a un supuesto poder autónomo, independiente e imparcial.

La verdad es que el “sistema jurídico” en su conjunto, esto es el sistema normativo (leyes, reglamentos, decretos, etc.), el sistema judicial (jueces, ministros, fiscales, abogados, etc.), y el sistema de cumplimientos de sentencia (policías, gendarmes,…), como el sistema administrativo que acompaña todo esto (notarios, conservadores, receptores,…) deben resultar funcionales al sistema político capitalista, es decir, a quienes son dueños de la riqueza, a los poderosos, más allá por supuesto de los casos individuales que simplemente confirman la regla. (Y por cierto de que algunos de sus funcionarios se crean verdaderamente el mito).

Como todos los mitos, el de la imparcialidad cumple funciones importantes en la vida social. Él es parte sustancial de la cultura de clase, del pensamiento hegemónico que desde todas las estructuras de poder se ha ido imponiendo. Y no podía ser de otro modo. Su función principal es justificar, otorgar consuelo, en definitiva calmar a los perdedores.

Esta realidad mitológica es aún más brutal en el ámbito de la justicia penal. Y el pueblo lo ha sabido desde siempre.  Unos versos rescatados de un muro de la cárcel pública de Santiago a fines del siglo XIX, y a los que ya hemos hecho referencia en otro artículo, describían, hace unos 130 años, con gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:

 

“En este lugar maldito,

donde reina la tristeza,

no se sanciona el delito,

se sanciona la pobreza.”

 

Pero el sistema insiste, “…nadie ingresa al Poder Judicial marcado para favorecer a gente más rica…”, dijo recientemente la vocera de la Corte Suprema, rechazando lo afirmado por la Ministra Siches.

Ahora bien, cada vez más, todo el sistema, y en este caso sólo nos referiremos a las resoluciones judiciales, debe tomar medidas para que su “imparcialidad” no sea cuestionada, para que el mito siga explicando y consolando. El discurso público exige que el mito siga manteniéndose, como requisito indispensable del mantenimiento del sistema. Y ello exige al menos guardar las apariencias. Esto es, la parcialidad que se ejerce no puede ser tan brutal que hasta un niño sea capaz de descubrirla.

Pero frecuentemente la realidad es más poderosa, y ni siquiera las apariencias pueden guardarse de manera medianamente digna.

En los últimos años nuestro sistema penal ha sido pródigo en colaborar con la destrucción del mito. O lo que es lo mismo, algunas de sus resoluciones han sido incapaces de pasar el rasero más básico en su sistema de encubrimiento. Ahí están, como ejemplos dignos de una verdadera antología de la corrupción jurídica, la absolución de Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, presidente del P. Nacional, que manejando en estado de ebriedad atropelló y dio muerte a Hernán Canales Canales y luego se fugó, o la condena a recibir clases de ética a Carlos Délano y Carlos Lavin por los delitos tributarios cometidos e investigados en el llamado caso Penta, el año 2018, mientras el año anterior, el 2017, “…3 mil 92 personas inocentes estuvieron privadas libertad para luego ser absueltas en Chile…” (Jorge Moraga Torres, Defensor Regional de Aysén).

La porfiada realidad en estos días nos vuelve a tirar el mito por la borda, y una vez más nos permite la comparación más cruel. Mientras cientos de detenidos por el estallido social pasaron meses privados de libertad, para luego ser absueltos por falta de pruebas, la ex alcaldesa UDI de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por delitos de fraude al fisco, ni siquiera fue sometida a la medida cautelar de prohibición de salir del país, y pudo fugarse tranquilamente por el aeropuerto de Pudahuel.

Por supuesto se buscará a los responsables.

¡Es parte de la mantención del mito!

 

 Santiago 26 de marzo de 2022

UN FANTASMA RECORRE CHILE, EL FANTASMA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

 

En estos días hace 174 años que en Londres, un par de jóvenes alemanes, de 29 y 30 años, publicaban (febrero de 1848), el que sin sospecharlo, iba a ser uno de los más relevantes documentos políticos elaborado en la historia de la humanidad. Así, bajo el título "Manifiesto de Partido Comunista", Marx y Engels entregaban a los trabajadores del mundo una de sus más potentes armas en la lucha por la defensa de su dignidad, un folleto de apenas 23 páginas, consistente básicamente en una declaración de principios de la recientemente renombrada Liga de los Comunistas, que entre otras cosas consideraba una novedosa explicación de la historia, en la que de parias de la historia, transformaba a los trabajadores en sus protagonistas.

El documento mencionado empezaba con esa frase que décadas después, y especialmente luego de la Comuna de París en 1871, se hiciera famosa "Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo". Y agregaba “Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma…”

En 1848, cuando la ciencia estaba aún en pañales, y todavía no se apagaban los sueños -y las pesadillas- del romanticismo, los fantasmas no eran cualquier cosa, tenían vida propia en las mentes de millones de europeos, y su sola mención era capaz de aterrorizara millones. Frente al temor que la sola palabra “comunismo” desataba en muchos, Marx y Engels concluyen dos cosas. La primera, que se debía reconocer al comunismo como una potencia, y la segunda, que ya era hora que los comunistas dieran a conocer al mundo su modo de pensar, sus fines y tendencias, en definitiva que a la fábula del fantasma opusieran un documento que diera cuenta de la verdad.

A miles de kilómetros de Londres, en Chile, 171 años después, millones de personas nos manifestamos, de diferentes maneras, en octubre del 2019, exigiendo transformaciones profundas para nuestro país, educación, pensiones, salud, vivienda, trabajo digno, entre otros múltiples requerimientos. Ello daba cuenta de la necesidad de estructurar un nuevo modelo de sociedad, más democrática, más inclusiva, más solidaria, que junto con reconocer derechos sociales verdaderamente dignificara la vida de sus habitantes. Todo ello exige, entre otras cosas, una estructura estatal diferente, guiada por principios distintos (de partida, no más subsidiariedad) y con instituciones capaces de satisfacer efectivamente las sentidas demandas que la ciudadanía expresó. En la actualidad hay principalmente dos mecanismos institucionales para encaminarnos hacia estos objetivos, el éxito del programa transformador del nuevo presidente electo, y por sobre todo, la consolidación de una nueva constitución.

Hoy como ayer, frente a ambas situaciones, el principal desafío parece ser el combatir los fantasmas que se han levantado en contra de ellos, y simplemente decir la verdad. Y es que esta vez “Todas las fuerzas del viejo Chile” se han unido en santa cruzada para acosar a esos fantasmas” y especialmente al que representa la nueva constitución.

Ya vimos las decenas de mentiras que el candidato del neofascismo desarrolló contra la campaña de Boric. Hoy, esa misma lógica, “mentir, mentir, que algo queda”, está desatada contra las posibilidades de la nueva constitución. Ante la pérdida inminente de privilegios, la derecha ha lanzado una campaña de verdades a medias y mentiras completas como pocas veces se ha visto.

Antes que los convencionales empezaran a trabajar en las ideas de fondo del texto que se espera redacten, los dardos fueron encaminados a desprestigiar a sus integrantes, denostando a las personas, promoviendo prejuicios racistas, denostando rasgos culturales, en definitiva, difundiendo discursos de odio. A poco más de un mes de la instalación Convención, en agosto de 2021, un estudio de la PUCV denunciaba la existencia de unas 8.000 cuentas, que formando una “tropa digital”, se dedicaban a atacar en las redes sociales, de manera sistemática y coordenadamente a la Convención. Que los convencionales eran flojos, que su presidenta no estaba capacitada para dirigir, que perdían el tiempo, que sólo querían más plata, que no hacían nada…

A poco más de una semana de que empezara el trabajo de estudio y aprobación de las propuestas, y sin que se haya aprobado todavía un solo artículo del textos definitiva, sin el menor escrúpulo pasaron del que “…no hacían nada…” al “…quieren cambiarlo todo…”.

Como ayer, hoy “todas las fuerzas del viejo Chile”, -precisamente ese que queremos cambiar- se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma”. En contra de la nueva constitución se han dispuesto todos los espacios de poder de los grandes privilegiados del sistema, político, mediático, económico, jurídico, se han buscado a todos los que pueden aportar a rechazar al texto que democráticamente se construye. Y si ayer eran el “Papa, el zar, Metrrernich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”, hoy, al lado de los Edwards, los Luksic, los Saieh, -o sea los dueños de Chile- están figura desquiciadas como Marinovich, derechistas recalcitrantes como Mariana Aylwin, renegados como Oscar Garretón “amarillos” como Cristián Warken –cuyo anticomunismo asombra por la ignorancia que ha reflejado- más algunos despistados que nunca faltan.

Y así, especialmente desde la prensa escrita, y la televisión, dando espacio a quien quiera pronunciarse contra una constitución que recién empieza a esbozarse, se desarrolla, promueve y difunde un bien estructurado programa de inexactitudes o derechamente falsedades que en lo esencial busca, más que informar e impactar sobre el juicio y la razón, afectar la emoción de quienes la reciben. Miedo y rabia son los principales objetivos buscados. No se trata de comunicar para que ilustradamente las personas adopten sus propias decisiones, se trata de atemorizar, de irritar, de buscar que reaccionen emocionales básicas, como la ira o el miedo permanezcan, y llegado el momento lleven a las personas a pronunciarse a favor de lo que desde el miedo y la ira les proponen, mantener los privilegios de quienes hoy son los dueños del agua, las minas, los mares, los bosques, los bancos, las AFP, … en definitiva, del país.

Hoy, el primer objetivo de quienes creemos que cualquier constitución elaborada por un conjunto de personas democráticamente electas para ello es mejor que aquella elaborada por cuatro o cinco iluminados durante el gobierno más criminal que tenido Chile, es luchar por derrotar el fantasma del miedo, porque la verdad de lo que en la comisión se discute y aprueba llegue efectivamente a todos los chilenos, en definitiva, porque al momento de plebiscitarse el texto propuesto, una abrumadora mayoría la haga suya y el SI al nuevo texto sea cercano al 80%, como lo obtuvo el Apruebo.

Santiago 21 de febrero de 2022

(a 174 años del lanzamiento en Londres de Manifiesto del Partido Comunista, 21 de febrero de 1848)