En
unos días más Francia verá el caso de la extradición de Ricardo Palma Salamanca,
condenado en 1992 por el asesinato de Jaime Guzmán. Como uno de los argumentos
para rechazar el asilo político que Francia le concedió hace unos meses, se
insistió, hasta la saciedad, que el país gozaba de una democracia en esa época.
“El Gobierno de Chile manifiesta enérgicamente que en
Chile existe, y existía al producirse los acontecimientos que se describen, un
régimen plenamente democrático y un Estado de Derecho plenamente vigente”,
respondió nuestra Cancillería a los argumentos dados en su momento por la cancillería
francesa.
En esa
oportunidad sostuvimos, en este mismo medio, que probablemente los argumentos
franceses para conceder el asilo decían relación con la falta de garantías de
un proceso justo, durante el juicio que lo condenó, y la falta de garantías de
no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes en caso de ser
entregado a nuestro país, dadas las conocidas condiciones de nuestras cárceles.
El
domingo 30 de diciembre recién pasado apareció en el diario La Tercera una
entrevista al ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica. En ella, luego de
referirse al desprestigio que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura,
especialmente por el carácter absolutamente obsecuente con ella de la Corte
Suprema, y ante la afirmación de la entrevistadora que “Ahora esa Corte Suprema fue
mutando con la llegada de la democracia…”,
señala textualmente “Igual se demoró unos años, yo creo que ya por 1998 recién se fueron esos
jueces”.
Es decir, el propio ex presidente de dicho
tribunal reconoce que, a la fecha de la dictación de la sentencia, 1992 y hasta
6 años después, la Corte Suprema seguía integrada por miembros que encubrieron
los peores crímenes que nuestro país conoció, durante el régimen dictatorial
del que Jaime Guzmán fue su principal ideólogo.
¿Alguien puede sostener seriamente que esa
Corte Suprema da garantías de haber sometido a un juicio justo a Ricardo Palma
Salamanca?
Santiago, enero de 2019
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