Cuando
empezábamos a conocer la corrupción que encerraba el caso “audios”, gracias a
la grabación de una de sus participantes, la incautación del celular de otros
de los allí intervinientes, el abogado Luis Hermosilla, abrió una verdadera caja
de Pandora, ha ido mostrando, poco a poco, niveles de corrupción y sobre todo
escenarios que hasta antes de él nos resultaban poco imaginables. Primero fue
la evasión tributaria mediante sobornos que se discutía en el audio, luego vino
la filtración de información del Director de Investigaciones, más tarde la
corrupción al interior del proceso de nombramiento de ministros de la Corte
Suprema, luego los servicios prestados por la ministra nombrada precisamente a Hermosilla, más tarde el rol
de Jean Pierre Matus en la defensa de Chadwick y ahora el escándalo de Marcela
Cubillos y sus 17 millones de pesos recibidos desde la Universidad San
Sebastián, por no hacer nada. En verdad la corrupción se ha tomado la agenda política
y no alcanzamos a salir de un caso cuando ya estamos entrando en otro.
Aunque en
nuestro país se ha intentado vincularla exclusivamente con el sector público,
la verdad es que la corrupción, entendida como el abuso de poder para obtener
beneficios personales, se encuentra obviamente también en el mundo privado.
Pago de sobornos, malversación de fondos, tráfico de influencias, fijación de
precios, adulteración de productos, evasión tributaria, fraude, nepotismo, son
algunas de las múltiples manifestaciones que esta puede presentar.
En las últimas
décadas han surgido diversas instituciones, nacionales e internacionales que
han elaborado diversos mecanismos para evaluar los niveles de corrupción que
hay en un determinado espacio social. Transparencia Internacional, por ejemplo,
se especializa en evaluar la corrupción en el sector público, a través de su
“Índice de Percepción de la Corrupción”, el que se basa en encuestas y
evaluaciones de expertos.
Al momento de
analizar los niveles de corrupción institucional suelen considerarse tres
parámetros, i) la o las instituciones en que esta se presenta, ii) lo arraigada
o no que está en ella o en ellas y iii) el nivel de personas que involucra y el
monto de las sumas de dinero que se comprenden en los casos de corrupción que
llegan a ser conocidos.
Considerando
estos parámetros, la corrupción puede ser “sectorial”, cuando sólo se refiere a
una o pocas instituciones. Por el contrario, se habla de “corrupción sistémica”
cuando no son una o dos las instituciones involucradas, sino que se trata de un
amplio conjunto de organismos los implicados, con múltiples actores, que a
menudo crean redes de corrupción y complicidad.
Se habla de
corrupción “ocasional” cuando se trata de casos esporádicos, aislados,
excepcionales. Y se le llama “corrupción
estructural”, a aquella que se encuentra arraigada en una institución o un
sector económico, cultural o político, integrada de tal manera que ya forma
parte de la “cultura organizacional” de éste.
Por último,
hablamos de “corrupción menor”, cuando se trata de casos de baja magnitud, como
pequeños sobornos o simplemente “favores”. Por el contrario, se habla de “Gran Corrupción”,
cuando en los diversos casos se comprende a grandes empresarios, altos
funcionarios públicos y a menudo se encuentran involucradas grandes sumas de
dinero, con impacto significativo en la política y/o economía.
El caso
Hermosilla, la verdadera guinda de la torta en materia de corrupción nacional,
nos viene a consagrar a una derecha económica y política corrupta en niveles
que hasta hace algunos años bien podíamos creer propios de otros países. Desde
la derecha algunos han pretendido “empatar”, ya sea haciendo alusión a un Hermosilla
que fue comunista o señalando que la corrupción está en todos lados. En verdad
Hermosilla fue comunista hace más de 30 años, y si bien ha habido casos de
corrupción en el centro político o en la izquierda, y merecen toda nuestra
condena, nada hay que se asemeje, ni siquiera se acerque a lo que ha demostrado
la derecha en nuestro país en esta materia.
En verdad la
corrupción, en los términos en que hoy se presenta no ha sido una constante en Chile.
Más bien se trata de una realidad brutal que nos dejó la dictadura, y que hemos
mantenido. De los últimos gobiernos previos al 73, sólo el de Ibañez (“curiosamente”
exmilitar) tuvo acusaciones significativas de corrupción. No ocurrió ello ni
con Alessandri, ni con Frei, ni con Allende. Más aún, la dictadura, que se tomó
el poder de manera brutal en pocas horas, y por tanto tuvo accesos a miles de documentos
del gobierno, no logró consumar juicios por corrupción contra ningún alto
dirigente de la Unidad Popular, no obstante los esfuerzos que hizo y las
brutales mentiras que presentó.
Desde la
perspectiva de la corrupción a nivel masivo, brutal por la cantidad de casos y
la envergadura de ellos, todo comenzó con la dictadura. Recordemos que no sólo
fueron violadores, torturadores, asesinos, sino también ladrones, y de los
peores, lo que se vio altamente favorecido por la ausencia de libertad de
expresión, de libertad de prensa, la persecución brutal a los opositores y la
imposibilidad de la Contraloría de ejercer su rol fiscalizador.
Basta recordar
que el propio dictador fue descubierto robando millones de dólares, que bajo diferentes
nombres, (Daniel López, J.A.Ugarte, Ramón Ugarte, entre otros) como un
delincuente cualquiera, depositó en bancos extranjeros. Se calcula que con la
colaboración del Banco Riggs(), en Estados
Unidos, escondió entre 20 y 27 millones de dólares. En un escándalo que aún se
recuerda, su hijo Augusto Pinochet Hiriarte recibió cheques de fondos del
Ejército, firmados por su propio padre, por una cifra cercana a los tres
millones de dólares, poco antes de que terminara el gobierno, y cuando se
intentó iniciar una acción judicial para aclarar la situación, el exdictador
amenazó con un nuevo golpe de estado, caso conocido como el “ejercicio de
enlace”. Lucía Hiriart, la esposa del dictador, profitó de los bienes públicos
de Cema Chile durante décadas, vendiendo decenas de propiedades de la
institución casi hasta su muerte, en circunstancias que Cema prácticamente dejó
de funcionar desde el retorno a la democracia. Su yerno, hoy dueño mayoritario
de Soquimich, terminó siendo uno de los más ricos del país.
Y de ahí para
abajo, incluyendo la corrupción que significó que muchos de sus partidarios
terminaron apoderándose de riquezas y decenas de empresas. Sobre esto los casos
son infinitos, y de algunos de ellos dan cuenta libros enteros, como “Los
cómplices económicos de la Dictadura”, de María Olivia Monckeberg, “Pinochet y
los empresarios: la consolidación del poder económico” de Juan Pablo Figueroa y
Jorge Molina, “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno”, de Manuel
Salazar Salvo, “Pinochet: La Biografía” de Mario Amorós, y muchos más.
Pero la
corrupción no sólo llegó hasta ahí, también sus familiares y partidarios
estuvieron involucrados en tráfico de drogas(), otros
en tráfico de armas(), otros
en tráfico de bebés(), en
robo de patrimonio cultural(), etc., etc.,
etc.
Obviamente no se
trató de incidentes aislados, sino de prácticas corruptas que fueron
generalizadas y sostenidas, involucrando a múltiples actores, desde
funcionarios públicos hasta empresarios.
Esa derecha
corrupta, inmoral, deshonesta, podrida, surgida desde lo más profundo del
pinochetismo, hoy tenemos la posibilidad de conocerla en gran parte de su
dimensión, (siempre habrá algo que no logra salir a la luz).
Su corrupción es
sistemática, alcanza todos los espacios y todas las instituciones en donde
tiene presencia relevante; es estructural, está profundamente arraigada en su
quehacer, es parte de su visión del quehacer, está integrada en su “cultura”,
es parte de su ADN; y por último, es “Gravísima”, pues no sólo involucra a
altos empresarios, altas autoridades políticas, sino además millones de
millones de dólares. Se trata de una verdadera red de corrupción, que abarca
todos los espacios. Y que sólo para efectos de ejemplarización trataremos de
sectorizar.
En el mundo
empresarial podemos recordar los innumerables casos de colusión. Entre los más
conocidos, colusión del papel Higiénico (CMPC Tissue (Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones, grupo Matte) y SCA Chile (anteriormente Pisa, de la sueca
Svenska Cellulosa Aktiebolaget); colusión de las Farmacias (Fasa (Farmacias
Ahumada), Cruz Verde y Salcobrand); colusión de los Pollos (Agrosuper, Ariztía,
Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas (APA); colusión de los Supermercados (Cencosud (Jumbo
y Santa Isabel), SMU (Unimarc) y Walmart Chile (Líder); Colusión de los Buses
Interurbanos (Tur Bus, Pullman Bus y otras compañías menores); Colusión de la industria del Cemento (Cementos
Bicentenario (de Empresas Melón) y Cemento Polpaico BSA); colusión de los
Laboratorios Farmacéuticos (Caso Bioequivalentes) (Laboratorio Sanderson,
Biosano, Bagó Chile, Laboratorio Chile, Recalcine, Pharma Investi y otros)…
Podemos recordar
también que la gran industria pesquera pagó a parlamentarios para que la ley
que se estaba discutiendo en el parlamento los favoreciera aún más. Por el caso
fueron condenados el senador Jaime Orpis y la diputada Marta Isasi, y también
estuvo involucrado Longueira.
Los grandes empresarios
de la salud, dueños de las Isapres, se apropiaron indebidamente de recursos de
sus afiliados y con el mayor descaro terminaron pidiéndole ayuda al gobierno
para que los sacara del problema.
Y por si todo
esto fuera poco, debemos recordar que el empresariado nacional evade
aproximadamente el 20% del IVA, y el 32% del impuesto a la renta. Un estudio
realizado el 2020 por el Servicio de Impuestos Internos calculó que la evasión
tributaria total asciende a alrededor de 8.000 millones de dólares anuales,
Pero no es sólo
la derecha económica la corrupta, la corrupción en la derecha política está a
todos los niveles, presidente de la república, ministros, parlamentarios, alcaldes,
…
El único
presidente que la derecha ha tenido desde el retorno a la democracia, Sebastián
Piñera, estuvo involucrado en múltiples fraudes empresariales, entre los más
recordados, caso Banco de Talca, en donde fue incluso encargado reo, caso
Exalmar, caso Pandora Papers, venta de acciones de Bancar justo antes que se
conociera públicamente la crisis del caso Cascadas, etc. etc.
En cuanto a ministros,
y sólo por mencionar algunos, podemos recordar que Pablo Longueira (ex Ministro
de Economía), aparece vinculado al caso Soquimich, y a la corrupción en la “ley
Longueira”, Felipe Ward (Ex Ministro de
Bienes Nacionales), en el caso audios, Marcela Cubillos, (ex Ministra de
educación), imputada por sobresueldos en la USS, y ahora Andrés Chadwick, en el
caso Hermosilla.
En el mundo de
los parlamentarios podríamos recordar que Jovino Novoa, expresidente y ex
senador de la UDI fue condenado a 3 años por fraude tributario, Jaime Orpis, senador
también UDI a 5 años por fraude al fisco y a 600 días por cohecho, y Marta
Isasi, diputada UDI también fue condenada por cohecho.
La corrupción de
la derecha comienza postulando a cargos públicos a personas conocidamente
incapaces para ejercerlos, como Cathy Barriga en Maipú o Antonio Garrido (ex boxeador)
en Independencia, o como la alcaldesa de Viña del Mar que dejó la municipalidad
con una deuda de más de 17 mil millones de pesos y que fue condenado por el
Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) por “notable abandono de sus
funciones”, o tiene parlamentarias que venden licencias o niegan la ceguera de
una senadora. Esta corrupción de la derecha alcanza su máxima expresión con las
decenas de alcaldes, la misma Cathy Barriga, Karen Rojo, Luis Plaza
Sanchez, Raúl Torrealba, Marcelo Torres, y muchísimos más formalizados,
detenidos o condenados por actos de corrupción.
A lo anterior
podemos denunciar también como actos de corrupción las decenas de noticias
falsas que la derecha ha inventado y hecho circular en los últimos años, en
donde el Partido Republicano, imitando lo realizado por los republicanos de
Donald Trunp lleva la delantera.
El caso
Hermosilla, esta caja de Pandora de la derecha, nos ha revelado además la
corrupción brutal a nivel de Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema.
Ya el Poder Judicial, y particularmente la Corte Suprema habían mostrado durante
la dictadura hasta que punto podía llegar el servilismo y la corrupción,
contribuyendo de manera decisiva al ocultamiento de los crímenes de esta. Cuando
algunos tenían la ingenua idea que este poder del estado estaba menos corrupto,
surgen los casos de Ministros y Fiscales del Ministerio Público involucrados en
corrupción. Ahí están los casos de Angela
Vivanco, Carlos Palma, Manuel Guerra, entre otros.
MACAYA, LARRAIN Y DANIEL JADUE. O la Ley del Embudo
Y como si todo
esto fuera poco, recientemente se devela una manera especial de corrupción en
la universidad por antonomasia de la derecha, aquella en la que decenas de
profesores vienen desde el gobierno de Piñera (entre llos, Chadwick, En estricto rigor la mayor corrupción a nivel
universitario se da mediante la creación de Universidades con fines de lucro,
en circunstancias que ello por ley está prohibido en nuestro país. Pero lo que sabíamos,
es que había al menos una universidad que era fuente directa de financiamiento
de personeros de la derecha cuando dejaban el gobierno.
La corrupción,
que sin duda se ha apoderado de buena parte de nuestra sociedad, sin duda se ha
transformado en un problema grave. No sólo significa la perdida de miles de
millones de pesos del presupuesto estatal, sólo en el caso de Caty Barriga se
habla de 30 mil millones de pesos), o la defraudación por cifras también
brutalmente altas a los enfermos (colusión de farmacias y laboratorios), a los
viajeros (colusión de los buses), o simplemente a todos los habitantes
(colusión de los pollos o del papel higiénico), sino que por sobre todo debilita
a las instituciones, hace perder la fe en la democracia. En verdad la
corrupción puede tener efectos desbastadores en un país, afectando la economía,
las instituciones, el tejido social, la gobernabilidad entre otros. En materia económica,
provoca que fondos destinados a servicios públicos como salud, educación infraestructura
sean derivados a los bolsillos de particulares, desincentiva la inversión,
aumenta los costos de los servicios públicos, concentra aún más la riqueza y
consecuentemente aumenta la pobreza. Por otro lado, socaba la confianza en las
instituciones públicas, deslegitima los sistemas democráticos, deteriora el
estado de derecho y promueve la impunidad, la injusticia, aumenta los
conflictos, en definitiva, socaba todo el sistema social. Combatirla es crucial
para el desarrollo sostenible, la justicia y la paz.
El próximo mes
tenemos la posibilidad inmediata de sancionar a quienes han hecho de la
corrupción y la sinvergüenzura su modo normal de actuar en la vida económica,
social y política, por ello, NO DA LO MISMO POR QUIEN VOTAR.
Santiago 29 de septiembre de 2024
