LA LUCHA POR EL DERECHO

 

Hace casi 150 años, Rudolf von Ihering, uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XIX, publicaba un ensayo que rápidamente se haría famoso, (al menos 23 ediciones antes de la muerte de su autor) y cuyo título, “La Lucha por el Derecho”, (1872), da cuenta de un fenómeno que con frecuencia se quiere negar. En él, nada más comenzar, expone lo que es la idea principal de todo el ensayo, “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha”.

Y nuestro pueblo y su historia, dan cuenta de la veracidad de esa afirmación. Ni la jornada de 8 horas, ni el derecho a vacaciones, ni la protección contra la enfermedad, ni el derecho a sindicalizarse, ni el derecho a voto femenino, ni nada, ha sido regalo desde la oligarquía dominante. Todos esos derechos y múltiples más, son resultado de la heroica lucha del pueblo, a menudo en las calles, y decenas de veces con muertos, por conseguir una vida más digna. Y hoy la situación no es distinta. Como es sabido, el plebiscito fue la consecuencia directa de la lucha iniciada por los estudiantes secundarios en octubre del 2019, a las que se unieron rápidamente millones de personas de todas las edades y condiciones. Como todos los logros de nuestro pueblo, este no ha sido ni fácil ni gratuito. Decenas de muertos, cientos de mutilados, miles de torturados (solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 2.520 querellas por violaciones de los derechos humanos, referidas a 3.203 víctimas) son algunas de las cifras que esas jornadas nos han dejado.

Chile está en deuda con todos ellos, con las familias de los asesinados, con quienes perdieron la vista, con los cientos que sufrieron mutilaciones, con quienes sufrieron vejaciones, golpes y torturas. A ellos les debemos gran parte de lo que hemos avanzado en este último año, desde el retiro del 10% de las AFP, hasta el proceso de elaboración de una nueva constitución, desde el límite a la reelección de los políticos, hasta la reducción de su suelto.  La historia les reconocerá el lugar destacado que se merecen. Pero no basta con ello. Es preciso que hoy, no mañana, las sistemáticas violaciones a los DDHH realizadas por la policía se investiguen y sancionen, que las víctimas de la violencia estatal conozcan la verdad, se haga justicia y el Estado las repare por dichas violaciones. Pero aún no basta con ello, es preciso que a la brevedad se ponga término a ese encarcelamiento injusto en que hoy se mantiene a quienes fueron encerrados por luchar.

En verdad existen múltiples razones para pedir, en verdad exigir esa libertad. Y sin duda no es la menor el saber que gracias a la acción valiente y decidida de muchos de ellos hemos ido cambiando nuestra realidad y abriendo el camino a un Chile más digno. Hoy cuatro de cada cinco chilenos han dado fe que queremos y necesitamos una nueva constitución. Pero ésta posibilidad de exigir esa nueva carta magna sólo fue posible gracias a las movilizaciones sociales.

¿Qué los encarcelados actuaron con violencia en algún caso? Puede ser. Desde luego algunos son dignos representantes de la “primera línea”, esa heterogénea multitud de jóvenes, adultos, estudiantes, trabajadores, profesionales, cesantes, que unidos por el único afán de contener la represión, y permitir a otros que se manifestaran libremente, en el más ejemplar ejercicio del derecho a la legítima defensa de terceros, se enfrentaron directamente con los esbirros del sistema que querían impedirla. Pero ni siquiera eso es seguro. Con una policía para la cual la mentira y el montaje están en su ADN, como nos lo recuerdan los casos de Rodrigo Avilés, Camilo Catrillanca, Operación Huracán, por mencionar algunos pasados, el reciente caso del muchacho arrojado al río Mapocho, en que en cuestión de horas Carabineros dio tres versiones diferentes (Hasta El Mercurio hacía hincapié en ello, y el domingo 04.10.2020, en la primera página del cuerpo C, publicaba un recuadro bajo el título “Las Versiones de la Policía”), o simplemente la ridícula cifra de 25 mil personas que dio la institución para la concentración del 25 de octubre celebrando el triunfo del Apruebo), no podemos asegurar que las personas hoy presas por luchar efectivamente hubieren cometido algún acto de violencia. Si a ello le agregamos un Poder Judicial que envía a la cárcel a quien rompe un torniquete del Metro, y libera a quien totalmente borracho atropella a una persona por ser hijo de un senador, o manda a clases de ética a quienes se coluden para robaron cientos de millones de dólares a toda la población, con una jueza que en opinión de otro juez “… fundamentó su resolución “…en prejuicios, estereotipos, odio, sesgo (u) … otra consideración espuria…”, y no en los hechos de la causa que se le acababan de exponer, tampoco podemos confiar en ellos.

Hay también otra razón para exigir su libertad. Desde una perspectiva doctrinaria, debemos recordar que el derecho penal es la última ratio, es decir el último recurso a utilizar por el Estado, cuando no puede, por otros medios, conseguir sus legítimos objetivos. Pero aquí los objetivos perseguidos, impedir las manifestaciones populares, negar el poder constituyente a la ciudadanía, seguir lucrando con la educación, la salud o las pensiones, mantener los altísimos niveles de explotación a los trabajadores, etc., lejos de ser legítimos, son espurios. Pero además, teóricamente, si efectivamente hubiera actuado con las otras ramas del derecho, accediendo a las legítimas peticiones del pueblo, no habría sido necesario el recurso penal, (aunque sabemos, y von Ihering lo ratifica, que los derechos se consiguen luchando).

(Por otro lado, si alguien cree que con simples movilizaciones “pacíficas” se habrían obtenido estos resultados, debemos recordarles que esas movilizaciones multitudinarias y pacíficas ya se habían realizado (marchas por el derecho a la educación, por No más AFP, por los derechos de la mujer, …) y nada, absolutamente nada se había logrado).

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No podemos olvidar tampoco que las personas privadas de libertad han sido sometidas a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. Desde luego han sido privadas de libertad sin que exista razón jurídica alguna, pues todas las investigaciones se podrían haber realizado sin necesidad de mantenerlos encarcelados. Pero además, en algunos casos, especialmente en quienes fueron detenidos durante las manifestaciones, porque el mismo hecho de la detención fue violento, y en todos, porque las condiciones de vida en todas las cárceles del país (a excepción de Punta Peuco, a donde por cierto no enviaron a nadie detenido en las manifestaciones), constituyen una permanente violación a los más básicos derechos humanos, como por lo demás lo señalan cada años los informes del propio Poder Judicial.

Von Ihering, de quien por supuesto nadie puede sospechar que era marxista, violentista o cualquier otro apelativo de los que se suelen utilizar para deslegitimar las manifestaciones populares, nos ilustró, hace casi 150 años, que luchar por el derecho no puede ser ilegal, sino más aún, que a menudo es en verdad un imperativo ético.  Plantea este autor, en el texto referido, que las personas tienen una especie de obligación moral de luchar contra la injusticia. De este modo, se parte luchando por una norma moral y se termina consagrándola como norma jurídica. Los actuales presos políticos han luchado contra la injusticia, nos corresponderá ir avanzando en transformarlas en normas jurídicas. Pero mientras tanto, debemos de luchar por la libertad de ellos.

En nuestro sistema existen mecanismos jurídicos que permiten, sin que nadie pueda cuestionar su legalidad, dejar en libertad a quienes millones de chilenos les deben parte de su tranquilidad económica en los últimos meses y sus esperanzas políticas. Instituciones como el indulto y la amnistía precisamente están para situaciones como éstas, pero por cierto ni el gobierno, ni la derecha jamás las utilizarán para liberar a quienes han ayudado a poner en riesgo sus múltiples privilegios. Tampoco podemos confiar en todos los políticos de oposición, aunque muchos de ellos se hayan subido al carro de la victoria iniciada con las movilizaciones, y pretendan profitar de ellas, cuando precisamente estuvieron por paralizarlas con ese acuerdo espurio que firmaron, pero que en definitiva, y por la presión del pueblo ha ido dando frutos.

El mantener encarcelados, a más de un año de las movilizaciones, a cientos de personas que participaron en ellas, es por sobre todo, un acto de venganza de un sistema político y económico que se resiste a dar paso a uno nuevo, en donde verdaderamente podamos tener una vida más digna. Luchar por la liberación de los presos por luchar no es sólo un acto de agradecimiento, es por sobre todo un acto de justicia.

 

Octubre de 2020