PENALIZACIÓN DEL ABORTO, MENTIRAS, HIPOCRESÍA Y DISCRIMINACIÓN

 

Texto actualizado al 08.06.2023

La redacción de un nuevo texto constitucional y particularmente la presencia de una mayoría republicana entre los miembros del Consejo Constitucional, han replanteado una serie de temas, respecto de los cuales probablemente la discusión va a ser intensa. Con seguridad derechos sociales como salud, educación, pensiones, van a estar nuevamente en el debate público. Muy probablemente el tema del aborto adquiera también una significativa importancia, entre otras razones, porque existe un abismo de diferencia entre quienes sostienen una y otra opinión, entre quienes son partidarios de su legalización como parte sustancial de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y aquellos “pro-vida”, que creen que debe penalizarse como un delito grave contra la vida humana.

En nuestra opinión, buena parte de los argumentos que se dan por quienes se autodefinen como "pro-vida" carecen de la más elemental realidad. 

Criminalizado en la legislación penal española aplicable en nuestro país hasta la entrada en vigencia del Código Penal chileno en 1874, el aborto continuó considerándose delito en todas circunstancias en ese nuevo cuerpo legal. En 1931, y sin que ocasionara conflicto político o religioso alguno, mediante una disposición del Código Sanitario, se despenalizó el aborto con fines terapéuticos, exigiéndose si la opinión documentada de 3 facultativos para llevarlo adelante. En 1968, durante el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, se dicta un nuevo Código Sanitario, que mantiene la posibilidad del aborto terapéutico y reduce los requisitos exigidos en el anterior para ello.

Al no existir una definición legal del concepto “terapéutico”, la interpretación de este término variaba de un lugar a otro, permitiendo, durante el gobierno de Salvado Allende, que en el Hospital Barros Luco se realizaran abortos cuyas razones terapéuticas consideraban, además de los clásicos elementos biológicos, determinantes sociales relacionadas directamente con la salud y la vida de la mujer, lo que posibilitó que se ampliara el espectro de razones que justificaban dichos abortos. 

Pero llegó la noche, y cuando la dictadura estaba por acabarse, 16 años después del golpe de estado, en 1989, se modificó nuevamente la ley, eliminándose la causal terapéutica y estableciéndose que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto", volviéndose a la situación previa a 1931, esto es sancionándose el aborto bajo cualquier circunstancia. Así se continuó hasta el 2017, cuando la ley 21.030 legitimó el aborto bajo tres circunstancias, lo que si bien abrió una puerta que hasta ese momento estaba totalmente cerrada, no soluciona el problema de las decenas de miles de mujeres chilenas (entre 60 y 300 mil dice el M. de Salud para el 2016), que deben recurrir clandestinamente a esa práctica.

A partir de 1989, liderados por los sectores más conservadores de la política, con la UDI como su brazo armado y los más retrógrados de la Iglesia Católica, como el Opus Dei encabezando el tema, se ha mantenido una masiva propaganda ideológica en contra del aborto, entre cuyas afirmaciones se sostiene que quienes son partidarios de mantener su penalización son verdaderos defensores de la vida bajo todas circunstancias, (pro-vida), lo que los intenta colocar en una especie de superioridad moral frente a los partidarios de la legalización, que vendríamos a ser algo así como “pro muerte” y que esa ha sido la posición de la Iglesia católica desde siempre.

Pero la verdad es que no sólo son falsas ambas afirmaciones, sino que ellas encubren una situación de mentiras, hipocresía y discriminación como pocas veces se ve en nuestra legislación.

Desde luego y lo más obvio, es que quienes formaron parte de un gobierno criminal, que torturó, violó y asesinó a miles de personas no pueden levantarse hoy como defensores permanentes de la vida y menos aun cuando defendieron hasta el final la aplicación de la pena de muerte. Pero tampoco se puede estimar que realmente sean defensores de la vida en todas circunstancias quienes jamás se han pronunciado contra las masacres en Palestina, Afganistán, Irán, y decenas de otros lugares, ni contra el hambre y la miseria a que lleva el capitalismo. En verdad ni siquiera están realmente en contra del aborto, toda vez que no sólo no combaten la principal causa de éstos, los embarazos no deseados, sino que rechazan los mecanismos que existen para disminuirlos. (La experiencia y la investigación internacional demuestran, sin ninguna duda, que entre los factores que más ayudan a disminuir los embarazos no deseados (principal causa de los abortos consentidos) se encuentran la educación sexual, la planificación familiar, los servicios anticonceptivos al alcance de quienes todos los que tienen una vida sexual activa, el aumento del poder de las mujeres en la capacidad para tomar decisiones sobre aspectos sexuales y reproductivos, etc. Como es sabido, a todas estas medidas los movimientos pro-vida, se oponen).

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En estricto rigor, su defensa del delito de aborto como mecanismo para luchar contra esa práctica no parece creíble, y por el contrario parece presentarse como una simple pantalla que más bien encubre otros objetivos. Y esto, entre otras razones, porque el delito de aborto no busca, ni ha buscado nunca efectivamente sancionar a quienes realizan esa conducta.  El delito de aborto ha sido, y es, en términos reales, una figura penal meramente simbólica. Y ello, simplemente porque no es real ni posible sancionarlo. Y no por un problema de su clandestinidad, elemento por lo demás común a casi todos los delitos, sino simplemente porque no se puede encarcelar a las entre 60 y 300 mil mujeres que se estiman abortan cada año en nuestro país. Cualquiera que sea la cifra real, lo único cierto es que resulta imposible perseguir esa cantidad de conductas y consecuentemente sancionarlas. Incluso si la cifra real fuera la menor que hemos señalado. ¿O alguien cree seriamente que nuestro país soportaría encerrar anualmente a 60 mil mujeres? ¡Y qué decir de tratar de encerrar anualmente a 300 mil! No sólo no hay presupuesto, policías, jueces, gendarmes, ni cárceles para ello, sino que tampoco podríamos generar anualmente ese número de hogares sin madres, sin hijas, sin hermanas. El costo social de un desatino de esa naturaleza sería de tal envergadura, que muy pronto generaría una reacción social absolutamente inmanejable.

En verdad la disposición penal no tiene ninguna posibilidad real de hacerse efectiva. Sólo sirve para penalizar, a lo lejos, a una mujer pobre que casi pierde la vida en un aborto clandestino realizado bajo las peores condiciones de higiene y seguridad, y llega en esas condiciones a un centro de salud. Las otras decenas de miles de casos quedan en la impunidad (afortunadamente), y a nadie le importa. Y así lo sabe todo el mundo que medianamente se inicia en el estudio del tema. Y también lo saben quiénes se dicen “pro-vida” y luchan porque se mantenga el aborto como delito en el Código Penal. Si estuvieran realmente convencidos de la naturaleza delictiva del aborto, y de la necesidad imperiosa de sancionarlo penalmente, como dicen estarlo ¿no debieran luchar porque efectivamente se persiga el delito, se sancione a quienes lo cometen y se les encarcele por ello? ¿Y han visto a alguno de esos grupos proponiendo la generación de brigadas especiales de la policía para perseguir este delito? ¿O siquiera pidiendo más recursos para enfrentarlo? Nada de eso se hace. Y ello, porque como hemos señalado, los defensores de la penalización del aborto –al menos en sus eslabones pensantes- no buscan la supuesta protección de la vida del que está por nacer, sino mantener un factor aglutinante (un verdadero enemigo útil), como uno de los últimos reductos de una moral conservadora que se niega a morir.

Pero tampoco es efectivo que la Iglesia Católica haya condenado siempre el aborto. Desde luego a cualquiera le podría llamar la atención que entre 1931 y 1989, no haya habido una sola manifestación importante de la Iglesia chilena condenando la disposición que lo permitía del Código Sanitario. ¡Y vaya que tenía influencia la Iglesia en esos tiempos!

Más aún, debemos recordar aquí que, si bien existe una tradición oficial que condena el aborto en todo momento, que se impone desde el Vaticano, ello es sólo a partir de la encíclica Apostolica Sedis, de Pio IX, en 1869 y que luego se refuerza con la Encíclica “Casti Connubi”, del Papa Pío XI, el año 1939. Antes, el aborto se condenó por la iglesia de manera más o menos permanente sólo cuando era “manifestación de un pecado sexual”, -mujer soltera, viuda, casada con marido ausente por mucho tiempo, etc.- lo que por cierto guarda absoluta concordancia con la verdadera obsesión sexual que ha manifestado la Iglesia desde los tiempos de Agustín de Hipona.  (La Iglesia Católica hasta hoy castiga a sus miembros que practican la masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, prostitución, actos homosexuales y usan métodos anticonceptivos). ".

Por último, recordemos que las tres fuentes de la doctrina católica, las llamadas sagradas escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, presentan posiciones absolutamente variadas sobre el tema.

De partida, las más importante de esas fuentes, la Biblia, no contiene ni un solo sílaba de condena al aborto consentido. Es decir, en los más de 35.500 versículos que contiene la Biblia Católica, no hay una sola palabra que condene expresamente el aborto.

Contrario además a lo que sostiene la propia Iglesia, la mayoría de los teólogos tradicionales reconocen la legitimidad del aborto bajo ciertas circunstancias y especialmente durante las primeras semanas del embarazo. Autores como San Agustín, San  Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás y muchos más, al definir al ser humano como la conjunción de cuerpo y alma (definición que hasta hoy mantiene la Iglesia) afirman que el alma no puede existir en el embrión antes que éste se encuentre debidamente organizado (teoría del hilemorfismo), y ponen diferentes plazos para que ello ocurra, que suelen ir entre los 40 y los 90 días. Es decir, antes de esa fecha no existe persona, no existe ser humano, y por tanto no hay posibilidad de cometer el delito de aborto.

Debemos agregar además que en la actualidad un número creciente de católicos, entre los que hay respetables teólogos, (sacerdotes y monjas) sacerdotes y laicos, acepta la posibilidad de que el aborto sea legítimo en determinadas circunstancias, con argumentaciones que giran en torno esencialmente a tres categorías argumentales.

Una primera, a la mantención del hilemorfismo como doctrina para definir a la persona humana.

Una segunda línea argumental manifiesta su rechazo a la afirmación que describe a la fecundación como inicio del individuo, toda vez que la posible evolución del producto de la concepción no parece siempre compatible con la idea de “individuo humano”. La mayoría de las veces se pierde de manera natural (alrededor del 70% de los embarazos), puede evolucionar hasta transformarse en una mola hidatiforme o un cáncer denominado coriocarcinoma, el cigoto se puede dividir y dar origen a dos gemelos, o fusionarse con otro y dar origen a una "quimera".

Por último, hay una corriente muy relevante que revaloriza la autonomía moral y entiende que si la persona decidió en conciencia una determinada conducta, no es posible condenarla, al menos de manera a priori.

En verdad la actual insistencia en la mantención de la penalización del aborto, parece más bien la mantención de la violencia estatal contra la mujer pobre, basada en la mentira y la hipocresía.  

Actualizado 08 de junio de 2023.