Nuevamente millones de habitantes de nuestra patria debemos encerrarnos
en nuestras casas, sin poder realizar las básicas actividades de la vida
diaria, trabajar, ir al colegio, ir de compras, o ir a ver a los hijos, padres,
abuelos, nietos, amigos. Nuevamente
cientos de miles de grupos humanos deberán vivir hacinados, compartir las 24
horas del día en espacios de pocas decenas de metros y nuevamente millones de
personas verán reducidos o simplemente desaparecidos sus ingresos básicos,
aquellos que les permiten sobrevivir. Y como si fuera poco, hemos debido
postergar el ejercicio democrático más importante de los últimos 30 años.
Y la medida del encierro tiene todo el sentido del mundo. Desde hace ya
siglos, mucho antes que se conociera la existencia de los virus, o las
bacterias, se sabía que había enfermedades que se contagiaban por el contacto
con personas infectadas y que, en consecuencia, la reducción de la movilidad
constituía una de las principales medidas para evitar la difusión del contagio.
Lo que si carece de sentido es que hayamos llegado a este dramático
escenario como consecuencia del fracaso total y absoluto del gobierno en el
control de la pandemia. Con un número de contagiados
creciente, que en algunas oportunidades ha superado los 8.000 diarios, un
centenar de muertos cada día, falta de camas críticas en todo el país (“se
hospitaliza donde se puede y no donde se debe”, explicaba recientemente un
especialista), incluso el colapso de algunas morgues,… y si a todo ello agregamos
un personal de salud agotado, la situación difícilmente puede ser peor.
Y todo lo anterior, secuela de una falta de liderazgo total y
absoluta por parte del gobierno, una comunicación de riesgo confusa y contradictoria,
que “creó una falsa situación de confianza” como dijo un experto de Harvard, una
trazabilidad y un aislamiento absolutamente insuficiente, unas cuarentenas
irreales, un cierre de fronteras tardío, (cuando ya las nuevas cepas del Covid
19 estaban en nuestro país).
Y es aquí donde surgen las preguntas ¿Hemos llegado a esta situación
producto de un grupo de ineptos que toman decisiones sin saber lo que hacen? ¿o
más grave aún, de un grupo de criminales a quienes la vida de las personas les
importa poco?
Y ninguna de las dos preguntas
es meramente retórica, por el contrario, la situación es demasiado grave como
para quitarle seriedad y por ello ambas preguntas merecen plantearse, y al
menos intentar unas respuestas.
Para efectos de precisar cuándo
estamos frente a un grupo de “ineptos”, resulta suficiente con lo señalado por
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.. Allí se nos dice que
inepto es “No apto ni a propósito para algo”, en su primera acepción, y “Necio o
incapaz” en la segunda. Ambas acepciones parecen poder aplicarse a varias de aquellas
autoridades que hoy a nivel nacional toman las decisiones sobre la manera de enfrentar
la pandemia.
Pero no basta con esos calificativos, cuando una conducta causa
daños a la vida o la salud de las personas, y en este caso a miles de
habitantes de nuestro territorio, es legítimo y necesario preguntarse si esta
situación no constituye además un verdadero delito. Después de todo
precisamente entre los delitos más graves tenemos el “matar a otro”.
El Derecho Penal desde hace
siglos ha considerado que las conductas delictivas pueden ser resultado de una
voluntad dirigida al resultado delictivo (delitos dolosos) o dirigida hacia un
objetivo no relevante, pero con una conducta ejecutada con tal falta del debido
cuidado (imprudencia, negligencia, ignorancia) que se produce un desvío del
curso causal perseguido, produciéndose un resultado dañino, especialmente sobre
la vida o la salud de las personas, ((“cuasidelitos”, en un lenguaje
tradicional, “delitos culposos”, en un lenguaje más actualizado)..
Hoy el razonamiento
general es que en una sociedad compleja, como la nuestra, existen innumerables
conductas que generan riesgo. (Basta pensar en realizar una instalación eléctrica,
conducir un vehículo motorizado, efectuar una cirugía, pilotar un barco, o un
avión, o simplemente construir un edificio, dar un paseo en bote, o simplemente
cambiar una ampolleta). Ahora bien, las conductas riesgosas jurídicamente se
justifican en la medida que los beneficios que ellas reportan son mayores que
los riesgos que provocan. Así por ejemplo, aun sabiendo que cada año hay
cientos de muertos y heridos en accidentes de tránsito, a nadie se le ha
ocurrido prohibir el uso de los vehículos motorizados. Pero el que dichas
conductas se acepten jurídicamente no significa que se pueden ejecutar de
cualquier forma. Por el contrario, ellas requieren para su legitimidad
jurídica, ser realizadas con el “cuidado debido”.
Pues bien, el Derecho
Penal chileno sanciona como delito conductas que se realizan, “sin el debido
cuidad”, y atentan “contra las personas” (vida y salud). En este sentido es
ejemplificador el artículo 490 del Código Penal que señala textualmente “El que
por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia,
constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado…”, y
por si quedara dudas, el artículo 492 dice “El
médico, cirujano,… que causare mal a las personas por negligencia culpable en
el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del
artículo anterior”.
Aclarado
lo anterior, la pregunta precisa es saber si las conductas realizadas por
nuestras autoridades en relación con el control de la pandemia han sido
ejecutadas con el debido cuidado, o por el contrario, lo han sido con “imprudencia
temeraria”. Para evaluar esto podemos considerar dos elementos. Por una lado la
realidad que vivimos, la peor que hemos tenido durante toda la pandemia, por
otro, la información que se tenía y debían conocer y aplicar las autoridades. Y
aquí basta recordar que la experiencia internacional, los especialistas
nacionales más reconocidos, así como el Colegio Médico y las sociedades
científicas, indicaron desde siempre un camino distinto. Pero la soberbia por
un lado y el privilegiar la economía y especialmente el modelo neoliberal por
otro, han permitido que nuestras autoridades nos hayan llevado al horror que
hoy padecemos. Y el horror ha sido demasiado y debe tener su costo. No es posible
que los responsables de miles de contagios y de muertes, del sufrimiento de millones
de personas, que se pudieron haber evitado, o al menos sobrellevado de manera
más digna, queden en la impunidad. Paris debe asumir sus responsabilidades, pero
el responsable mayor es Piñera y ambos deben pagar política y penalmente por
ello.
Santiago 2
de abril de 2021
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