Con escándalo, hemos
vista una realidad en el SENAME que a nadie parece gustarle, y con estupor, que
la responsabilidad se le atribuye a los funcionarios actuales de dicho
organismo, olvidando completamente que la responsabilidad sobre esos niños es
de un estado que ha sido por décadas incapaz de diseñar políticas adecuadas, destinar
los recursos y llevar adelante los programas que esa infancia vulnerable
requiere. Escondimos un cadáver bajo la alfombra, y cuando toda la habitación
apestaba descubrimos lo que allí había.
Pero hoy queremos
hablar de una realidad aún peor, en donde los derechos humanos se violan de
manera más violenta, más bestial en realidad, y de la que todos tenemos
conocimiento, pero seguimos no sólo ocultando bajo la alfombra, sino buscando
argumentos para empeorarla.
Pocas cosas deben
resultar políticamente más incorrectas hoy que pedir cordura, racionalidad y
mesura en materia de delincuencia. En verdad es infinitamente más fácil, y sobre
todo más rentable políticamente, pedir penas más altas, mayor persecución, más
cárceles, más policías.
En verdad son tales
los niveles de irracionalidad que día a día escuchamos en nuestro país sobre
este tema, que sentimos la necesidad, casi como una catarsis, de entregar estas
líneas.
Hace ya más de 100
años que Durkheim nos previno sobre “el involucramiento de los espectadores en
el proceso penal, los significados simbólicos de los rituales penales y las
relaciones de las instituciones penales con el sentimiento público” (Garland,
1999, 43), dejando claro que “La esencia del castigo no es la racionalidad ni
el control instrumental –si bien estos fines le son superpuestos- su esencia es
una emoción irracional, irreflexiva, determinada por el sentido de lo sagrado y
su profanación” (Garland, 1999, 49). Pero si ello es así a nivel de ciudadanía,
no puede significar que quienes ostentan el poder político, que quienes en
definitiva están obligados a poner racionalidad, cordura, eficiencia en el
manejo de las instituciones estatales, lejos de hacerlo, se sumen al coro de
irreflexión y compitan por mostrar quien es más irracional frente al tema.
En los últimos años
hemos visto a autoridades políticas pedir, entre otras cosas, castración para
los delincuentes sexuales, encierro prácticamente perpetuo para el tercer
hurto, eliminación de las medidas alternativas para ciertos delitos, penas mayores
que para el homicidio para el traficante de marihuana, control mediante GPS de
determinadas personas, y la guinda de la torta, transformarnos
todos en policías para estar atentos si este sujeto está o no en un lugar. Así
como éstas, por lo demás, un sinnúmero de medidas de igual o mayor
calibre.
Frente a esta
realidad, queremos
1. Recordar
que los derechos humanos, garantizados en nuestra constitución y en todos los
tratados internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia, son de
común exigencia para todos los habitantes, incluso para quienes han cometido un
delito y por cierto para quienes, sin haber sido condenados aún, se encuentran
en nuestros recintos penales. Y que en ellos no hay garantía del derecho a la vida,
la integridad, la dignidad, la salud, la vivienda en condiciones dignas, y un
largo etcétera.
2. Recordar
también, aunque para muchos sea una novedad, que la experiencia histórica nos
indica que las penas desproporcionadas, como muchas de las que hoy se aplican,
no sólo no sirven para generar conductas acordes con el derecho, sino que
producen un efecto contrario, su menor aplicación. Los jueces –al menos los más
conscientes - se niegan a castigar –por ello se inventó hace siglos, la teoría
del delito continuado, y hace pocos años el concepto de “microtráfico” y los
testigos a declarar, como lo demostró la experiencia inglesa durante el siglo
XIX.
3.
Denunciar,
que nuestra actual política criminal (lo que el Estado hace y no hace en
relación con el tema), resulta absolutamente insostenible. No solo porque cada
vez necesitaremos más recursos, más cárceles, más policías, más gendarmes, más
fiscales, más jueces, y muchos otros “mas”, sino porque nuestras cárceles están
creando cada día nuevos y peores delincuentes (¿o alguien cree que alguno se
rehabilita allí?, que en algún momento saldrán, y probablemente afectarán a
nuestro hijos o nuestros nietos.
4.
Insistir en que el fenómeno delictivo es un
problema “social”, no “policial” y que sólo respuestas variadas, creativas,
novedosas, y por sobre todo “humanas”, pueden contribuir a mantener el problema
dentro de límites aceptables para un estado social y democrático.
5.
Instar también al estudio de él, hoy un
desafío permanente, un desafío teórico, en cuanto queremos entender al hombre,
un desafío ético, en cuanto de esa comprensión saldrán decisiones sobre la
libertad de muchos, y la justicia de todos.
6.
Que se asuma, que abordar hoy el problema es
también un desafío político del cual dependerá, en parte significativa, la
calidad de vida que tendrán, en el caso mío, mis nietos.
Santiago. Agosto, 2017
No hay comentarios.:
Publicar un comentario