“Entonces
El les dijo:
Pues
dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Lucas
20:25
“Todo derecho en el mundo
debió ser adquirido por la lucha”
R. von Ihering
El matrimonio entre
dos personas del mismo sexo es hoy una realidad legal en muchos países del
mundo, incluyendo varios de Nuestra América. En un tiempo más, también será una
realidad en el nuestro. Cuánto “más” será ese tiempo, depende en gran medida de
que la mayoría de los chilenos lo asuma como parte de sus convicciones éticas y
jurídicas, y logre hacer que los parlamentarios, teóricamente sus
representantes, lo aprueben. Y para que ello ocurra, la lucha ideológica que
significa argumentar y defender la legitimidad de esta institución, es
fundamental.
A esa discusión
queremos contribuir, desde una perspectiva que, creemos, no ha sido
suficientemente desarrollada.
En verdad poco se ha
destacado que, como su nombre lo indica, el “matrimonio igualitario”, es de
naturaleza “civil”, esto es, “del César”, y se inserta precisamente en el
proceso de ampliación y desarrollo de las ideas laicas de igualdad y libertad
que simbólicamente estallaran con la Revolución Francesa. Y es que permitir el
matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuánto unión civil reconocida y
respaldada por el estado, constituye precisamente un acto de valoración de la
libertad no solo de elegir a quien amar, sino también con quien comprometerse a
formar una familia, así como de valoración también de la igualdad con que
hombres y mujeres debemos enfrentar nuestra vida afectiva.
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Es precisamente en
estos términos que la lucha por dicho matrimonio se inserta en el camino de aquel
proceso de emancipación iniciado hace más de dos siglos, que los chilenos
rememoramos cada año en septiembre. El 18 de septiembre de 1810 se materializó
en nuestro país la primera forma autónoma de gobierno surgida desde la
Conquista, que sin proponérselo siquiera, dio comienzo al proceso de la
independencia, y se transformó en punto de partida de los cambios políticos,
sociales y culturales que en estos doscientos años se han ido dando, marcados,
en gran medida, por los ideales de la revolución burguesa iniciada hacía siglos
en Europa, y que ponía su acento en los valores de la libertad, la igualdad y
la fraternidad.
A menudo olvidamos
que a septiembre de 1810, nuestra sociedad presentaba una realidad
absolutamente contraria a muchas de sus actuales características. Y por sobre
todo, que esa realidad se encontraba legitimada por la legislación vigente.
En primer lugar,
había una marcada ausencia de libertad, (en menor grado para los españoles y en
máximo para los más de 5.000 esclavos que a esa fecha había en nuestro
territorio), y una profunda desigualdad, (existían notorias diferencias entre
libres y esclavos, españoles y criollos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos y
un sinnúmero más de divisiones). Y todo ello sancionado legalmente por un
conjunto de normas caóticas, generadoras de desigualdad, cargadas de
privilegios, y arbitrariedades.
El proceso
independentista, que en estricto rigor si bien sacó a los españoles mantuvo a
la misma clase social en el poder, generó, a pesar de ello, una evolución
social que fue ampliando, dentro del marco de lo que permitía la revolución
burguesa, especialmente las ideas políticas de libertad e igualdad.
Entre las primeras
medidas adoptadas por los independentistas, debemos destacar la ley sobre
libertad de vientre. Por iniciativa de Manuel de Salas, connotado intelectual y
político, se dicta el 11 de octubre de 1811 la mencionada ley, que en lo
esencial consiste en declarar libres a los hijos de todos los esclavos que
nazcan a partir de ese momento en el territorio. Doce años más tarde, y durante
el gobierno de Ramón Freire, se aprueba el proyecto de ley que consagra la
abolición total de la esclavitud.
En el ámbito de la
revolución liberal, el primer paso hacia una mayor libertad estaba dado.
Faltaban por cierto muchos otros.
El 15 de septiembre
de 1817, el Director Supremo Bernardo O’Higgins expresa: “Queriendo
desterrar para siempre las miserables reliquias del sistema Feudal, que ha
regido en Chile, y que por efecto de una rutina siega se conserva aun en parte
contra los principios de éste gobierno he venido en hacer la declaracion
siguiente.- Todo titulo, Dignidad ó Nobleza hereditaria queda enteramente
abolida; á los ante dichos condes, marquezes, nobles, ó caballeros de tal ó tal
orden, se prohibe darles tales titulos, ni ellos podrán admitirlos. Quitarán
todo escudo de armas, ú otro distintivo cualquiera, y se considerarán como unos
simples ciudadanos.”
Eliminada la
esclavitud y abolidos los títulos de nobleza, ya es otro país el que tenemos.
Otra obra que
refleja claramente esta nueva mentalidad, con mayores niveles de libertad e
igualdad que se empieza a imponer, es la creación del Cementerio General. La
iglesia controla los tres instantes más importantes de la vida de los hombres,
al menos en esa época. El nacimiento, que sólo se registra en los templos mediante
el bautizo. El matrimonio, “Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la
validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído. La lei civil
reconoce como impedimentos para el matrimonio los que han sido declarados tales
por la Iglesia Católica; i toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre su
existencia i conceder dispensa de ellos”, dirá más tarde el Código Civil
redactado por Andrés Bello. Y la muerte, pues el entierro de los cadáveres, que
sólo es posible al interior de las iglesias, o en los cementerios que maneja la
Iglesia Católica, está prohibido para quienes no profesan ese culto. El 9 de
diciembre de 1821, el Director Supremo Don Bernardo OHiggins, inaugura
solemnemente el Cementerio General, dando un paso más a la separación de la
Iglesia y el Estado, que alcanzará su máxima expresión más de un siglo después,
con la Constitución del 25, pero que aún no se concreta del todo.
Pero la lucha por la
igualdad y la tolerancia no se gana de un momento a otro, por el contrario es
resultado de décadas, mejor aún, de siglos de lucha y esfuerzo. En nuestro país
el proceso de independencia representó un significativo avance hacia la
consagración de estos valores, pero lejos se estaba de consolidarlos. Ejemplos
precisamente de lo contrario, esto es de la desigualdad y la intolerancia
encontramos múltiples durante el siglo XIX. Sólo por recordar algunos, podemos
mencionar, a nivel jurídico, el tratamiento que se les da en la ley civil a los
hijos y a la mujer. Y en la más cruda realidad, en el genocidio al pueblo
mapuche, en el proceso de colonización de sus territorios.
Los siguientes paso más relevante en el triunfo del complejo
proceso de consolidación de mayores espacios de libertad e igualdad, se dan en materias de separación de la iglesia del
Estado, que se inicia con una ley que permite a los no católicos practicar su culto en
recintos particulares y en las escuelas privadas (1870), sigue con el decreto
de cementerios de 1871 que establece la sepultura sin distinción de credo en un
espacio debidamente separado para los disidentes y permite la creación de
cementerios laicos con fondos fiscales o municipales que debían ser
administrados por el Estado o el Municipio; y la promulgación, en 1874 del Código Penal, que suprime
el fuero eclesiástico. En virtud de esta última
disposición canóniga los sacerdotes, que tienen a su cargo, la misión de juzgar
a los fieles, no pueden ser juzgados civil ni penalmente por estos, pues ello
“desprestigia su autoridad”, “con detrimento de su consideración y respeto que
deben inspirar los que han de enseñar el camino de la salvación cristiana”, y
por sobre todo, en el ámbito que hoy nos interesa, con la Ley de Matrimonio Civil,
en 1884, que entrega a una institución laica y estatal, el registro y
consagración legal del matrimonio.
Este proceso va alcanzar su
expresión jurídica más relevante con la Constitución
de 1925, que separó oficialmente la Iglesia del Estado,
estableciéndose para cada una autonomía para tratar los temas relacionados con
sus esferas de influencia.
Otro gran paso en la lucha por
la igualdad lo constituye el sufragio femenino, que en Chile se otorgó desde
1935 pero sólo en elecciones municipales. El 8 de Enero de 1949, en un acto público, realizado en el Teatro
Municipal de Santiago, y con la presencia, donde se encontraba el Presidente,
ministros y parlamentarios, se firma la añorada ley de sufragio femenino. Por
su aprobación no sólo lucharon destacadas mujeres, sino también muchos hombres,
entre los que destaca un gran aliado, Pedro Aguirre Cerda, quien siendo
presidente de la república solicitó la redacción de un Proyecto de Ley sobre la
materia, el que sin embargo queda estancado luego de la muerte del Presidente,
para emerger nuevamente en 1947.
En la misma línea de
fortalecimiento de las normas jurídicas que consagran igualdad y libertad,
podemos encontrar en las últimas décadas la eliminación de las diferentes
categorías de filiación, con la ley 19.585 de 1998, la desaparición, al menos
parcialmente, del antiguo delito de sodomía en el Código Penal, con la ley
19.617 de 1999, así como en el proyecto de aborto por tres causales.
Por supuesto que
nuestra sociedad continúa con niveles de desigualdad y explotación
intolerables. Así por ejemplo, con los pueblos originarios, con las mujeres, con
los trabajadores, etc. Pero el tema central que hoy nos guía está relacionado con
la evolución legal de las manifestaciones de libertad e igualdad, que podemos
vincular a la discriminación que aún existe en materia de las minorías sexuales,
y particularmente de la posibilidad del matrimonio homosexual, en el contexto
de un matrimonio igualitario.
La definición de sus
conductas ha experimentado notables cambios, que dan cuenta de una gran persistencia
en la discriminación. Definidas en alguna época como “pecado nefando”, y
grave inmoralidades, pasaron luego a formar parte de la creciente lista de
patologías. La exclusión del homosexualismo del Manual de Estadísticas y
Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría
Americana, en 1980, no ha significado sin embargo su plena aceptación como una
orientación sexual diferente, y continúa siendo fuente de discriminación, especialmente
motivado por la conducta de la Iglesia Católica. Sobre este tema, esta iglesia,
que se opuso sistemáticamente al reconocimiento de los derechos humanos, a la
tolerancia de otras manifestaciones religiosas, a la igualdad de los hijos, a
la igualdad de la mujer, no sólo sigue sin aprender nada sobre materias
sexuales, -lo que ya debería haber hecho con la desobediencia casi absoluta de sus
normas por las mujeres católicas en cuanto al uso de los anticonceptivos, y su
aquí si “nefando” prontuario en materia de pedofilia - tampoco logra ponerse al
día en los valores que como sociedad hemos ido alcanzando. Valores que por
cierto, no nos han sido regalados por los detentadores del poder, sino que han
sido el resultado de “la lucha por el derecho” de millones de seres humanos.
El matrimonio igualitario,
sobre todo con su carga simbólica, es hoy una necesidad social, de justicia, de
libertad, de igualdad, una lógica consecuencia de nuestro desarrollo histórico
y social, y como todos los derechos, ha de ser resultado de la lucha.
Por último, es siempre necesario destacar, que vivir en un país
conservador y represor en lo sexual, no es sólo un tema teórico, ético o
filosófico. Es esencialmente práctico. Y para muchas jóvenes que por falta de
una educación sexual adecuada han quedado embarazadas, o se han contagiado de
VIH, de mujeres maltratadas por el machismo o de personas homosexuales,
transexuales o lesbianas, puede ser un problema de vida o de muerte, como
trágicamente nos lo recuerdan día a día los casos de Daniel Zamudio, Nabila
Rifo, y desgraciadamente, muchos más.
Santiago, agosto de 2017
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