MACAYA, LARRAIN Y DANIEL JADUE. O la Ley del Embudo

 Desde diversos lugares de Chile, y aún del mundo, un sinnúmero de personas ha pedido que se deje en libertad a Daniel Jadue, por tratarse su encarcelamiento de una conducta discriminatoria, de una verdadera persecución política. Así lo han hecho, entre otros, miles de personas a nivel nacional([1]) y cientos a nivel internacional([2]).

En nuestro país la derecha se ha escandalizado por una afirmación semejante. No les parece posible que alguien sospeche siquiera que el sistema judicial pueda tener un sesgo político y sumarse al anticomunismo que el propio presidente de la república había denunciado hace algunos meses. En una posición paralela, “estamos en plena democracia”, “dejemos que las instituciones funcionen”, el “Poder Judicial es independiente”, etc., distintas autoridades de gobierno y representantes de partidos del oficialismo han salido a defender la conducta de los tribunales, afirmando la imparcialidad del Poder Judicial.

Desde luego no deja de sorprender la amplitud del espectro nacional que se ha mostrado en “santa cruzada”. (Algo así como “el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”([3]).

Pero más allá de esa extraña coincidencia, vale la pena abordar la discusión con un poco de detalles.

Desde el ámbito especulativo, podemos teorizar asumiendo que una persecución política a Daniel Jadue no vendría más que a concretar una faceta más del anticomunismo visceral ya denunciado, más aún, a dejar nuevamente en claro que lejos de ser imparcial,  la justicia responde a los intereses de la clase dominante. Planteamientos de esta naturaleza ha habido en las últimas semanas y no han faltado quienes los han descalificado a priori haciendo presente que se trata del pensamiento marxista (y por tanto propio y exclusivo de los comunistas, con todo el “desprestigio” que eso significa). Más allá de lo absurdo que representa descalificar un planteamiento por el sólo hecho de formar parte de una determinada doctrina, resulta interesante recordar que la idea ni es exclusiva del marxismo ni nace con él.

En verdad ya Platón, en “La República” y a través de su personaje Transímaco, había presentado la tesis de que los gobiernos crean leyes que benefician sus propios intereses y la justicia es simplemente lo que es ventajoso para el más fuerte. Y así como él, son cientos los intelectuales que desde diferentes perspectivas han planteado, de una u otra forma, algo similar. Ya en el siglo XIX el filósofo liberal Rudolf von Ihering nos enseñaba que todo derecho era resultado de “La lucha por el derecho”, (1872), o dicho de otro modo, que la norma jurídica, lejos de ser resultado de un acuerdo sobre el “bien común” o algo así, es resultado de quien gana la lucha. Durante el siglo XX son numerosísimos quienes, con diferentes matices insisten en que el derecho no es neutro. Sólo por mencionar a algunos,  , Pierre Bourdieu señala que las leyes y normas reflejan las relaciones de poder existentes y sirven para legitimarlas y perpetuarlas, M. Foucault, que las instituciones legales y penales funcionan como mecanismos de control social al servicio de los poderosos. Hoy, movimientos académicos e intelectuales, cercanos al marxismo, como el de “Criminología crítica” en América Latina o contrarios a él, como el de los Estudios Jurídicos Críticos (Critical Legal Studies, CLS) en Estados Unidos, han dejado en claro que el derecho y el sistema penal particularmente lejos de ser neutrales, objetivos o apolíticos, reflejan y perpetúan las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes. Anatol France con una fina ironía nos recordaba que “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan para comer”.

Desde la perspectiva popular, los sectores más pobres lo han sabido desde siempre.  Unos versos rescatados de un muro de la cárcel pública de Santiago a fines del siglo XIX, describían, hace unos 130 años, con gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:

 “En este lugar maldito,

donde reina la tristeza,

no se sanciona el delito,

se sanciona la pobreza.”

 

Pero más allá de los aspectos meramente teóricos, que por cierto son fundamentales al momento de realizar un análisis doctrinario del problema, una mirada a nuestra historia reciente puede ayudarnos a tener una idea más concreta de la situación.

Desde luego pocos se atreverán a negar que el Poder Judicial en general, y particularmente la Corte Suprema, actuaron como verdaderos cómplices de los crímenes de la dictadura, desde el momento mismo del golpe de estado. Sólo por recordar algunos hechos, los máximos representantes de la CS acudieron poco después del golpe de estado a saludar y darle su respaldo a la recién instalada Junta de Gobierno, más tarde expulsaron del Poder Judicial a decenas de miembros que eran percibidos como simpatizantes del gobierno de Allende, paralelamente dieron legitimidad a los absolutamente ilegítimos decretos leyes, y durante los 17 años se negaron a acoger los recursos de amparo que se interponían ante las detenciones ilegales, etc., otorgando impunidad absoluta a torturadores y asesinos.

Asumiendo entonces que alguna vez, tal vez, quizás, pudo existir la posibilidad, por remota que haya sido, que nuestro sistema judicial no fuera del todo equilibrado, demos una mirada a algunos casos de los últimos años a ver si de ellos podemos sacar alguna enseñanza.

Recordemos para empezar que Daniel Jadue está recién “formalizado”, esto es que el Ministerio Público (fiscalía) ha presentado ante un juez antecedentes que les permiten sostener que existe una sospecha fundada de que esa persona ha cometido un delito y que se encuentra en prisión, en una determinada celda,

Por el contrario, recordemos que el “señor” Macaya, que ha sido juzgado y condenado a 6 años, por delitos de abusos sexuales a menores, y se encuentra en su casa.

Aclarado lo anterior consideremos lo siguiente.

El bien jurídico protegido con las figuras que se le imputan a Jadue es básicamente el “patrimonio fiscal”. Por el contrario, en el caso de Macaya es la “indemnidad sexual de los menores”. Tenemos aquí de partida una diferencia sideral. Mientras uno se refiere a aspectos económicos, reparables por la misma vía si fuere pertinente, la indemnidad sexual de los menores implica un atentado que prácticamente no tiene reparación directa, que puede perturbar definitivamente la personalidad de los afectados, y por sobre todo que afecta a un tipo de personas que la humanidad entera ha reconocido como dignas de una protección especial, los menores en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, que precisamente tiene como objetivo esencial garantizar la protección integral y el desarrollo de los niños y niñas del mundo.

Un segundo elemento a considerar es que en el caso de Jadue estamos ante una persona contra quien recién se inicia un juicio, en el de Macaya contra un individuo condenado en primera instancia, y a una pena que sólo se puede cumplir privado de libertad.

Otro elemento a considerar es el trato recibido. Mientras Daniel Jadue ha sido exhibido esposado, trasladado por gendarmería, ocupando una determinada celda y sujeto a el sistema regular de visitas limitadas, Macaya, no ha sido exhibido esposado, y durante el poquísimo tiempo que ha estado sometido a la custodia de gendarmería fue llevado al recinto carcelario en vehículo privado, no ha estado en ninguna celda común, sino en la enfermería (sin estar enfermo) y luego en una celda especial para mujeres, con baño privado y sin restricciones de visita.

En verdad como ha señalado la diputada Carmen Hertz “todo lo hecho por el sistema judicial en relación al abusador sexual reiterado de menores Eduardo Macaya es descarado, violento, impúdico”.

Alguien podría sostener que lo de Macaya es sólo una excepción, y nuestros tribunales son ecuánimes. Pero las excepciones parecen ser demasiadas. Y para muestra, algunos botones. A Carlos Délano y Carlos Lavin por los delitos tributarios cometidos e investigados en el llamado caso Penta, el año 2018, los condenaros a seguir clases de ética, mientras el año anterior, el 2017, “…3 mil 92 personas inocentes estuvieron privadas libertad para luego ser absueltas.., a Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, presidente del P. Nacional, que manejando en estado de ebriedad atropelló y dio muerte a Hernán Canales Canales y luego se fugó, ¡¡lo absolvieron!!!, a la ex alcaldesa UDI de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por delitos de fraude al fisco, ni siquiera la sometieron a la medida cautelar de prohibición de salir del país, y pudo fugarse tranquilamente por el aeropuerto de Pudahuel. Y mientras tanto, tenemos 18 exuniformados prófugos de la justicia, condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso Quemados, entre otras investigaciones.

La ley del embudo en su máxima expresión.

                                                                                                   Santiago 25 de julio de 2024

 

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[1] A nivel local, entre ellos, Raúl Zurita, poeta, escritor y Premio Nacional de Literatura; Hugo Fazio, economista y exvicepresidente del Banco Central; Diamela Eltit, escritora y Premio Nacional de Literatura; Mauricio Redolés, poeta y músico; Jorge Arrate, economista, exministro y excandidato a la presidencia; Carlos Insunza, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores; Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Tania Melnick, vocera de la organización Judíos Antisionistas y de la Coordinadora de Palestina; Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Luis Cuello en representación de diputadas y diputados comunistas; Claudio Narea, músico; Manuel Riesco, economista; Francisco Villa, cantautor; Pablo Slachevsky, director de LOM Ediciones; Cristian Cuevas, presidente Partido Popular; Gabby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

[2] Entre ellos, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Sumar; Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno español; Maite Mola, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de la Izquierda Europea (que agrupa a más de 40 partidos de ese continente); Susan Borenstein, activista social de Estados Unidos, quien obtuvo la Medalla Bernardo O’Higgins del Estado de Chile por su acción solidaria durante la dictadura; Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Brasil; Roger Waters, integrante del grupo musical inglés Pink Floyd; Rita Segato, antropóloga argentina; Inna Afinogenova, periodista rusa; Federica Matta, artista plástica; Emir Sader, filósofo brasileño; Jorge Magasich, historiador; Nelson Mandela Forum; el sociólogo argentino Atilio Borón, el presidente de Colombia Gustavo Petro.

[3] “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a este fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”. MARX Y ENGELS, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.

CRÍMENES CONTRA MENORES

 

En uno de los fines de semana más marcado por la violencia homicida, el asesinato de 4 menores de edad en la comuna de Qulicura, causó gran conmoción en la ciudadanía. La noche del sábado 13 al domingo 14, durante la celebración de un cumpleaños familiar, un grupo de menores salió a continuar la fiesta a una plaza cercana y mientras hacían una fogata para calentarse pues la noche estaba muy fría, desde un vehículo que momentos después apareció incendiado en las inmediaciones, se bajó un número indeterminado de personas, que disparó indiscriminadamente contra el grupo.

Los medios de comunicación no escatimaron esfuerzos por informar y opinar sobre la noticia. El Mercurio, junto con destacar la noticia en primera página, y luego en su cuerpo nacional, aprovechó la oportunidad -¡como no!- para atacar al gobierno.

Las muertes de menores, ya sea por “balas locas”, enfrentamientos entre bandas, o asesinatos directos, han aumentado sustancialmente en los últimos años. El 2022 tuvimos 54 casos de niños fallecidos por homicidios, el 2023 pasamos a 66. Probablemente dos circunstancias expliquen, al menos en parte el fenómeno, la masiva presencia de armas de fuego entre las bandas criminales, y la creciente incorporación de menores a las actividades de estas.

El delito descrito posee todas las características necesarias para ser especialmente censurable, uso de armas de fuego de repetición o adaptadas para ello, planificación del atentado, actuación cobarde y sobre seguro de los victimarios, masividad de las víctimas, etc.

Pero sin duda lo que provoca el mayor impacto emocional lo constituye la condición de menores de edad de las víctimas. La calidad de “niños” de las víctimas desata, en la inmensa mayoría de la población, sentimientos de afecto, ternura, preocupación. Es verdad que no en todos y no siempre fue así. El capitalismo, especialmente durante la revolución industrial, en fábricas y minas, explotó brutalmente el trabajo infantil. La literatura ha dejado huellas imborrables de esa explotación. Obras como “Oliver Twist”, o David Copperfield de Charles Dickens, o “Germinal” de Émile Zola, dan cuenta de las miserables condiciones de vida, de abuso y explotación de los niños. En nuestro país la explotación laboral en las minas de carbón durante el siglo XIX quedó plasmada en obras como “Sub-terra”, de Baldomero Lillo. Y dentro de ese texto, quien haya leído “La compuerta número 12”, difícilmente podrá olvidar a Pablo, menor de unos 12 años, quien aterrado ante la perspectiva de trabajar en la oscuridad y peligrosidad de la mina, se ve obligado, a hacerlo, por las condiciones de miseria en que vive su familia, abriendo y cerrando una compuerta para permitir la pasada de los carritos de carbón. (Y de paso, el enriquecimiento brutal de los dueños de la mina).

En la actualidad, si bien el trabajo infantil se encuentra reducido en gran parte del mundo, no ha desaparecido. Y miles de niños viven en la miseria cada día, o mueren de hambre o enfermedades curables por falta de medicamentos. Y más aún, otros tantos miles mueren víctimas de las balas y las bombas que el genocidio sionista desata en Gaza y el medio oriente.

La preocupación que hoy siente la mayoría de la población hacia los menores se ha traducido también en normas nacionales e internacionales que buscan su protección. Entre las internacionales destacan, la Declaración de Ginebra, 1924, adoptada por la Liga de las Naciones, que reconoce ya, hace 100 años, la necesidad de proteger los derechos de los niños y la responsabilidad de los adultos en asegurar su bienestar. Más tarde, y con mayor detalle lo hará la Declaración de los derechos del Niño (1959) y 30 años después, la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta última, el documento más completo sobre la materia, reconoce a los niños como sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que los estados partes deben respetar y garantizar. Nuestro país firmó esta convención el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 13 de agosto del mismo año.

Como suscriptor de la mencionada convención, nuestro país está obligado a reconocer como principios guías del actuar gubernamental el “interés superior del niño”, la “no discriminación”, el derecho a la “supervivencia y desarrollo”, así como a que los niños expresen sus opiniones, y sean es cuchados en todos los asuntos que les afectan.

De este modo, los crímenes contra menores no sólo impactan en nuestros sentimientos personales de piedad, ternura o afecto, sino que además importan un rotundo fracaso de un estado que fue incapaz de garantizar el más elemental de los derechos, la vida. Ocurrido el crimen, sólo le queda al Estado perseguir, ubicar a los culpables, detenerlos y sancionarlos con las penas altas que el ordenamiento jurídico permita.

Pero si estos crímenes contra la vida resultan horrorosos, no debemos olvidar que hay otros, mucho más frecuentes, que también lo son. Hay unos, cuyo impacto en la víctima, inmenso y multifacético, puede desestructurar profundamente la personalidad de ella y marcar su existencia durante toda su vida. Trastornos de Estrés Postraumático, ansiedad y depresión, baja autoestima y autoimagen negativa, problemas de confianza, de salud sexual y reproductiva,  trastornos psicosomáticos, sentimientos de miedo y vulnerabilidad, rabia, frustración, aislamiento, soledad, son algunos de los posibles efectos que la agresión puede provocar, dependiendo del tipo de ataque, de las características de la víctima, la reiteración o no de los delitos, así como de la forma en que el menor experimenta en su psiquismo esa vivencia.

La situación es especialmente grave cuando el abuso sexual es prolongado, sistemático, y se da en el contexto de una relación de sometimiento, subordinación y permanente manipulación de la psiquis de la víctima, no sólo desde el poder que otorga el ser adulto sobre un menor, si no a menudo también una autoridad adicional sobre ella, que puede estar dada por la condición de guía espiritual, familiar cercano, dependencia económica, etc.

Este tipo de delitos son tan graves, que nuestra legislación ha estimado necesario declararlos imprescriptibles, en consideración a que sus efectos pueden hacer que las víctimas se sientan con capacidad de denunciarlos recién décadas después de que ellos ocurrieron.

         Delitos sexuales contra menores. ¿Delitos imprescriptibles? Si!!!

        En el día de hoy hemos conocido la sentencia que el Poder Judicial de nuestro país, una de las instituciones más representativas del poder estatal, sujeto como el que más al cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, dictó en contra de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, condenado por abuso sexuales reiterados contra dos menores, de los cuatro casos que originalmente se le imputaron. Fue condenado a seis años.  El proceso se llevó adelante con prohibición de informar públicamente sobre aquello que permitiera individualizar a las víctimas, lo que se tradujo en que no tenemos un conocimiento detallado de los hechos. De todas maneras llama la atención la sanción efectiva, seis años. A esos seis, se le debe imputar el tiempo que estuvo sometido a medidas cautelares, un mes recluido en el hospital y el resto en su casa con arresto domiciliario. Esto es más de un año sin conocer una celda.

¡En menos de dos años más puede estar en libertad! Saque Ud. las conclusiones. 

Santiago 19 de julio de 2024

 

LA DERECHA Y EL SECRETO BANCARIO

 

          

Y si no se trata de defender el narcotráfico, ni tampoco la intimidad, pero la derecha se opone de manera tenaz y obstinada al alzamiento del secreto bancario ¿qué está verdaderamente detrás?

De los fenómenos delictivos que más preocupan hoy, el crimen organizado es lejos el más significativo. Entre las múltiples respuestas que el actual gobierno ha ido elaborando para enfrentarlo, una de las que en las últimas semanas ha generado más noticias, es la petición del levantamiento del secreto bancario.

La discusión adquirió más fuerza cuando la candidata presidencial de la derecha Evelyn Matthei aseguró que había políticos que “se financian con platas de narcos”.  Ante eso, distintas personalidades del oficialismo salieron a señalar que era importante levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero.

Basto eso para que la derecha en bloque, desde sus diferentes trincheras saliera a manifestarse en contra. Bernardo Fontaine intentó ridiculizar la situación “otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias”. En el mismo sentido se expresó la presidenta de los Republicanos, Ruth Hurtado “El narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo”. Y el inefable Diego Schalper ponía el argumento más político “Es una manera de desviar la atención de su fracaso evidente en el combate al delito”.

En verdad nadie que conozca un poco de cómo opera hoy el narcotráfico en el mundo, y Chile claramente no es la excepción, pone en duda la importancia del sistema bancario para lavar dinero. Y esto se sabe desde hace ya muchas décadas. La historia internacional, la experiencia judicial nacional y la simple lógica nos lo enseñan.

La historia nos recuerda que con frecuencia la banca no sólo fue “utilizada” para lavar dinero de actividades ilícitas, sino que en muchas oportunidades participó conscientemente de ellas, porque le producían ganancias excepcionales. Probablemente el caso más escandaloso fue el del Bank of Credit and Commerce (BCCI), que llegó a tener unos 14.000 empleados, más de 420 sucursales, negocios en más de 70 países, ser el mayor banco privado del Reino Unido y el sexto mayor del mundo en su categoría, que según un informe de Naciones Unidas (1993), llegó a lavar unos 20 mil millones de dólares. 

El año 1990, Jean Ziegler, a esa fecha profesor de sociología de la Universidad de Ginebra (y más tarde de La Sorbona) y consejero nacional (diputado) en el Parlamento Suizo, publicaba la que sería una de sus obras más conocidas “Suiza lava más blanco”. Allí señalaba, entre otras cosas, que los dineros que movía la banca Suiza eran de tres tipos, el “dinero propio", fruto de transacciones normales y lícitas, el “dinero gris”, producto de la evasión fiscal de las clases dirigentes de diferentes países europeos o distorsiones fraudulentas de dirigentes del tercer mundo, y “…el dinero negro o dinero sucio, desde lejos el más importante”, correspondiente a miles de millones de dólares, que la banca camuflaba, lavaba y reinvertía, y que provenía del “…botín de las redes internacionales del tráfico de drogas, de armamento y otras actividades criminales”. En el texto, señalando fechas, nombres y detalles, daba cuenta de cómo y hasta que nivel, la banca suiza sabía y participaba del blanqueo de esos fondos de origen criminal y particularmente de dineros proveniente del narcotráfico.

Sólo meses después de la aparición  de este texto, en enero de 1991, el periodista colombiano Fabio Castillo, famoso ya por su trabajo anterior  “Los jinetes de la cocaína”,  que denunciaba como muchos hablaban de las “mulas” del narcotráfico, pero nunca de los “jinetes”, publicaba el libro “La Coca Nostra”, cuyo objetivo era “…desentrañar la compleja  trama internacional que se ha urdido en torno al tráfico de cocaína .. que se inicia en Bolivia y Perú, pasa por algunas familias en Colombia….cuenta con el apoyo implícito de laboratorios químicos de Holanda y Alemania Federal, empresas de transporte marítimas y aéreas y una treintena de bancos internacionales diseminados a lo largo de todo el mundo…”.

El año 92, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas señalaba que “La enorme cuantía de las ganancias ilícitas que entran en juego atrae a los bancos, las instituciones financieras y las administraciones corruptas”.

Podemos seguir citando expresiones similares hasta nuestros días. Lo que nos interesa destacar aquí es que desde hace ya varias décadas se tiene certeza que la banca juega un rol destacado en el lavado de dinero ilícito. Ya sea como instrumento de los delincuentes para el lavado de activos, o como partícipes directos y conscientes en ese tipo de delitos.

En nuestro país, tenemos al menos la certeza de que el sistema bancario se ha usado para lavar dineros. El ex fiscal Carlos Gajardo, señalaba que según la Unidad de Análisis Financiero, en más de la mitad de los casos de condenas por lavado de activos se usaron los bancos para ello.

Por lo demás si todo el mundo sabe que las cifras que mueve el narcotráfico son de millones y millones de dólares ¿Puede alguien creer que esas cantidades sólo se manejan en dinero efectivo?

En verdad ya sea para pagar la droga que se recibe desde otra organización criminal, o para poder utilizar las enormes utilidades que el narcotráfico reporta (compra de propiedades, autos de alta gama, joyas y relojes de alto valor, etc.), resulta imprescindible el empleo de tarjetas bancarias, cuentas corrientes, vale vista, etc.. Pero también cuando hay inversiones que buscan precisamente aparentar utilidades que justifiquen los altos ingresos de la droga, como la compra venta de bienes raíces, de joyas, relojes, antigüedades, obras de arte, autos de lujo, operaciones de casinos, clubes nocturnos, hoteles, agencias de viajes, etc. En prácticamente todos esos casos hoy resulta imposible manejarlos exclusivamente en efectivo.

Ahora bien, perseguir “la ruta del dinero” en relación con el narcotráfico reporta varias e importantes ventajas, Por un lado permite que la investigación se encause hacia los jefes de las organizaciones criminales, que son en definitiva los que manejan las grandes sumas de dinero, lo que no suele ocurrir cuando se incauta droga, pues estos tiene la precaución de estar normalmente alejados física y orgánicamente de las drogas. Por otro, la investigación cuenta desde el primer momento que se establece la ilegalidad de las operaciones bancarias, con documentación probatoria, lo que facilita seguir las diferentes redes, así como obtener condenas por los delitos. Por último, permite la incautación de importantes recursos monetarios o materiales (adquiridos con esos recursos), privando a las organizaciones criminales de uno de los principales elementos que permite su existencia. Es decir, perseguir el crimen organizado a través de la ruta del dinero es altamente ventajoso, apunta a los líderes, entrega pruebas y priva de recurso a la organización criminal.  

Y si esto es así, y la derecha lo sabe. ¿Por qué entonces se niega al levantamiento del secreto bancario? ¿Para proteger al narcotráfico? No es descartable en alguno que otro caso; pero claramente no parece ser el objetivo más buscado.

Oficialmente la derecha dice defender la “intimidad” de las personas. Y de ahí lo expresado por Macaya sobre la materia “No queremos que un funcionario público, nombrado por el gobierno de turno pueda saber la compra que tú hiciste en el supermercado”. Pero dicha argumentación es desde toda perspectiva absolutamente ridícula. Desde luego porque en la cartola del banco aparece el total de lo pagado, y no lo que compraste. Pero además, porque nadie ha propuesto una cosa similar, sino por el contrario. Se trata de que funcionarios especializados, con antecedentes serios para ello y los debidos resguardos, puedan acceder a la información bancaria de determinadas personas, quienes además podrán recurrir a los tribunales para oponerse a ello. Por lo demás, el argumento de la protección de la intimidad se desploma cuando de empresas se trata. ¿o alguien cree que las empresas también tienen intimidad que defender? Y sin embargo la derecha tampoco está disponible para levantar el secreto bancario respecto de las empresas.

Y si no se trata de defender el narcotráfico, ni tampoco la intimidad, pero la derecha se opone de manera tenaz y obstinada al alzamiento del secreto bancario ¿qué está verdaderamente detrás? No se necesita ser muy perspicaz para descubrirlo. El verdadero temor es que el levantamiento del secreto bancario aumenta considerablemente las posibilidades de descubrir los casos de recepción de dineros provenientes de la corrupción, así como los de evasión y elusión tributaria. Y en estas materias la derecha tiene el tejado de vidrio, y también lo sabe.

La experiencia nos muestra que los dineros provenientes de los grandes casos de corrupción se mueven y blanquean a través de la banca. Bastaría recordar que Torrealba, el corrupto ex alcalde de Vitacura tenía una cuenta en el Banco Chile con cientos de millones, monto acumulado mayoritariamente a partir de depósitos en dinero efectivo; que el llamado “Pacogate”, el más grande fraude al fisco, por más de 35.000 millones se descubrió por movimientos bancarios irregulares en los Bancos del Estado y Banco Falabella. que en el caso Corpesca, la empresa que realizó pagos a políticos a cambio de influencias y favores en la legislación pesquera los canalizó a través de cuentas bancarias y transacciones financieras. Y así podríamos recordar decenas de otros casos, incluyendo por cierto el del dictador Augusto Pinochet, alias Daniel López, alias Juan Manuel Riesco, alias José Ramón Ugarte, que fue descubierto en una investigación del Banco Riggs, y otros más detectados

Por otro lado, la elusión y evasión tributaria en nuestro país resulta a todas luces brutal. Recientemente, en diciembre de 2023,  el exdirector del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorrat entregó al Ministerio de Hacienda un informe elaborado junto al equipo técnico del servicio que revelaba que el incumplimiento tributario en materia de IVA es aproximadamente de un 18,4%, lo que es equivalente al 1,8 del PIB y el incumplimiento empresarial es del 51,4% aproximadamente, lo que añade un 4,7 del PIB. Es decir, estamos ante un incumplimiento tributario del 6,5% del valor total de todos los bienes y servicios finales producidos por nuestro país.

Y eso es lo que defiende la derecha. Que sus funcionarios corruptos no sean descubiertos y que los grandes millonarios, dentro de los cuales con frecuencia están ellos mismos, sigan sin pagar impuestos.