“En la visión estadounidense oficial acerca de los
fármacos prohibidos prevalece un enfoque basado en una teoría económica que
privilegia la oferta sobre la demanda. Se arroga además el derecho de atribuir
juicios éticos a otros países y se evita aplicarlos así mismo.
Se construye así una visión desde una posición de
fuerza donde se es juez y parte, lo que permite imponer las reglas del juego,
ignorarlas para sí y cambiarlas a conveniencia”
Luis Astorga
Desde hace ya varios años el modelo prohibicionista se
encuentra fuertemente cuestionado. Las “líneas de fractura”([1]) se empezaron a trazar hace ya varias décadas y sus
primeras manifestaciones activas y serias podemos remontarlas a los movimientos
contraculturales de los años 60. En la actualidad, y desde la perspectiva de la
vigencia del modelo, las críticas podemos clasificarlas en dos grandes grupos.
Por un lado aquellas que sin cuestionar esencialmente el hecho de la
prohibición, sí impugnan algunas de las características que esta presenta. Por
otro lado, aquellas que implican una escisión definitiva con el prohibicionismo
y expresa o tácitamente proponen un modelo alternativo.
El actual modelo prohibicionista constituye tan sólo
una de las múltiples posibilidades de sostener la prohibición. Las críticas que
a continuación se enuncian parten desde la racionalidad misma del modelo, y en
lo esencial, dicen relación con dos aspectos. De una parte se pone en
entredicho la eficacia misma de éste, señalando las deficiencias que ayudarían
a explicar las razones del fracaso y de otra, se cuestiona el hecho político
que se carguen los esfuerzos, y las críticas, en los países subdesarrollados,
sin que, como contrapartida, los países desarrollados, con Estados Unidos a la
cabeza, sean capaces de hacer esfuerzos similares.
Es decir, sin bien estas críticas no cuestionan en sus
características esenciales el modelo, en cuanto implica mantener la
prohibición, ayudan a poner de manifiesto los engaños de éste y particularmente
la desigual distribución de responsabilidades y de sacrificios esperables.
1. Persecución
selectiva de la “oferta” de drogas
Mirada desde una perspectiva económica, el negocio de
la droga implica el encuentro entre la demanda de un producto y la oferta del
mismo. Desde esa misma lógica comercial, el combate a esa actividad puede
enfocarse hacia la oferta, o hacia la demanda. La verdad es, nadie lo puede
dudar, que los grandes esfuerzos, la mayor cantidad de los muertos y en
definitiva los mayores costos están siempre en el área de la oferta, o sea, de
los países subdesarrollados. Son Bolivia, Perú, Colombia, México, Guatemala,
Irán, Afganistán, Laos, Birmania, Tailandia y unos pocos países más los que
sufren la “guerra a la droga” que otros declararon. Son esos países los que
sufren los mayores daños, los que no sólo gastan un porcentaje brutal de sus
reducidos ingresos en combatir el narcotráfico, sino también los que ponen los
muertos. Estados Unidos, que desde el discurso político lidera el modelo
prohibicionista jamás ha realizado en su territorio, para combatir la demanda,
las acciones criminales que promueve, financia y muchas veces dirige en los
países subdesarrollados.
2. Insuficiente
persecución del tráfico de precursores
Tratándose de la mayoría de las drogas, ya sea su
origen de naturaleza vegetal o sintética, se requieren sustancias químicas para
transformarlas en el producto final. Esas sustancias pueden ser elementos
necesarios para la transformación del producto, como el anhídrido acético para
fabricar heroína, o el permanganato de potasio para fabricar cocaína, o
constituir un componente esencial en la elaboración de las drogas sintéticas,
como la seudoefedrina para la producción de anfetaminas.
Para lograr la elaboración o la transformación de los
cientos de toneladas de drogas que se consumen anualmente, es necesario
disponer de cientos de toneladas de productos químicos, que generalmente no se
producen en los países donde se cultiva la coca, la amapola o se fabrican las
drogas sintéticas.
Durante décadas dichos productos llegaron a los países
de elaboración de droga sin mayores problemas, desde los principales
productores de químicos, Estados Unidos, Alemania, Suiza, etc. Hoy la situación
ha variado, pero sólo parcialmente.
Fue a partir de la Convención de 1988 cuando recién se
empezaron a tomar medidas contra el desvío de precursores químicos. Al igual
que como ocurrió con el lavado de activos, su incorporación al control fue
motivada, en parte, por el fracaso de la persecución del tráfico, pero también por
la insostenible situación de presión contra los países subdesarrollados
productores de drogas y la ninguna preocupación por ser los países
desarrollados quienes, mediante el envío de los precursores químicos permitían
esa actividad.
Han pasado más de 25 años desde que surgiera esta
obligación, esencialmente dirigida a países desarrollados, y así como ha
fracasado la persecución del tráfico de drogas, también lo ha hecho la
persecución del tráfico de precursores.
Los estimulantes sintéticos, anfetamina,
metanfetamina, éxtasis y otras, están entre las sustancias sintéticas de mayor
consumo, y México es uno de los grandes productores de ellas. Su elaboración
requiere, como principal insumo, efedrina y pseudoefedrina. Sobre el origen de
la primera, el año 2013 se decía “La mayor parte de la efedrina que se envía a
México procede de China, República Checa, Suiza, Tailandia, india, Bangladesh y
Estados Unidos”([2]). Pero el
fracaso en esta materia no se limita a los estimulantes sintéticos y a México.
En verdad es tan obvio, que el Informe Mundial sobre Drogas, del año 2014, elaborado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, dedica el capitulo 2 precisamente a
analizar la fiscalización de los precursores.
3. Insuficiente
persecución del tráfico de armas
La eficacia de los traficantes no sólo radica en su
capacidad técnica para elaborar la droga, o comercial para venderla o incluso
imaginativa para ocultarla, que en algunos casos parece superar toda fantasía
posible, sino también en los recursos materiales que poseen, y particularmente
en las armas con que defienden su imperio, ya sea contra otros traficantes o
contra las policías. Pues bien, las armas que utilizan, cada vez más potentes y
sofisticadas, y que ocasionan los miles de muertos atribuibles al narcotráfico,
tampoco se fabrican en los países de cultivo de la droga. Ellas vienen desde
los Estados Unidos mayoritariamente, o desde Europa. Que sean precisamente los
norteamericanos los que más cuestionan el rol fiscalizador de los países
sudamericanos frente al tráfico, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio.
El caso de Estados Unidos es claramente el más grave,
no tiene voluntad real de controlar el tráfico, aplica sanciones irrisorias
cuando lo descubre, y en ciertos casos aún lo propicia.
La ATF (Agencia de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) de Estados Unidos, ha facilitado
expresamente la venta de armas a carteles mexicanos de la droga, bajo un supuesto plan (o real pero insólitamente mal
diseñado y peor implementado) que les permitiría rastrear dichas armas de fuego y de ese modo
llegar a los líderes de los cárteles mexicanos de las drogas mexicanos y
arrestarlos. Probablemente la más conocida es la llamada operación
“Fast and Furious”, mediante la cual, durante cinco años, entre los años 2006 y
2011, la ATF permitió la venta de alrededor de 2000 armas, de las cuales sólo
se recuperaron poco más de 700. Y no obstante tratarse de una operación de
naturaleza internacional, con el absoluto desconocimiento en el gobierno
mexicano existía sobre ella. Refiriéndose
exclusivamente a dicha operación, Darrel Ilssa, congresista
norteamericano, Presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental,
dijo en una entrevista con CNN “Estamos buscando
personas muertas en ambos lados de la frontera. Un estimado de más de 200
mexicanos han muerto por las armas a las que nuestra administración, nuestro
gobierno, permitió caminar (hacia
territorio mexicano)”([3]).
En casos como éste, que han terminado en verdaderos
escándalos –no por nada Wikipedia tiene una página bajo el título de “Escándalos de ventas de
armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos”([4]), y siempre suponiendo buena fe, se dan desde luego
dos irregularidades, la muy defectuosa planificación de la operación, y el
desconocimiento del gobierno a cuyo país se transfieren las armas.
Por otro lado, incluso cuando los traficantes de
armas son sorprendidos y sancionados, se encuentran con condenas
extraordinariamente leves. Por ejemplo, según reporta el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, con fecha 1 de marzo de 2012, el Juez de
Distrito Ricardo H. Hinojosa aplicó sentencias de 51, 30, 33, 36, 25, 24 y aún 5 meses, por
traficar armas a México([5]), lo que obviamente parece una burla.
4. Insuficiente
persecución del lavado de los activos generados por el tráfico
Hoy resulta obvio, los traficantes no buscan pervertir
a la juventud, destruir la moral del país o cualquier otra consigna interesada,
como se sostuvo durante la guerra fría. Estamos frente a una actividad
comercial, que se sustenta en función de las utilidades que genera. Y las
utilidades, para que efectivamente resulten “útiles” se deben ocupar. Una
pequeña parte de ellas debe volver a los centros de producción, para que estos
sigan funcionando, pero la gran mayoría, se mantiene en los lugares de consumo.
(Cuando murió Pablo Escobar, el más importante traficante de la época, se puso
énfasis en que su fortuna era de 20 o 30 mil millones de dólares, lo que
indudablemente no es poco; pero no se consideróa que esa fortuna era el
resultado de casi 20 años de participar de las utilidades del tráfico de
drogas, lo que es una mínima cantidad si se considera que anualmente esa
actividad mueve más de 500 mil millones de dólares.
Como ocurre con la gran mayoría de los productos del
tercer mundo, (incluyendo por cierto todas nuestras exportaciones de frutas) la
mayoría de las utilidades quedarán en manos de los distribuidores. Y los
distribuidores están en los principales lugares de consumo. El mayor lavado de
dinero de la droga ocurre en donde se da el mayor consumido de drogas en el
mundo, y allí se queda, y allí se invierte y allí se disfruta. Ese lugar se
llama Estados Unidos de América, y más allá de declaraciones formales, la persecución
al lavado de activod provenientes de la droga, es claramente mínimo.
5. Modelo
exclusivamente penal
El argumento esencial para la prohibición de ciertas sustancias
psicoactivas es su efecto pernicioso para la salud. Por ello, el que la
protección de la salud se haga desde el derecho penal es ya una contradicción. Y
el modelo prohibicionista que analizamos es eso, un modelo penal. Y así se ha
planteado desde sus orígenes. El artículo 20 de la Convención Internacional del
Opio de 1912 señala textualmente “Las Potencias contratantes examinarán la
posibilidad de dictar leyes o reglamentos que penalicen la posesión ilegal de
opio bruto, de opio preparado, de morfina, cocaína y de sus sales respectivas,
a menos que la materia esté ya regulada por leyes o reglamentos existentes”
Definirlo como modelo penal significa reconocer que
prácticamente todos sus esfuerzos están centrados en definir ciertas conductas
como delito y a continuación perseguirlas por ello. Más aún, el modelo
prohibicionista ha logrado extender el “modelo penal” a límites insospechados,
e inaplicables en otros ámbitos. Desde luego se sancionan como delitos
independientes conductas que van desde “actos preparatorios”, y por tanto
tradicionalmente impunes, por ser precisamente “preparatorios” de la conducta
delictiva, hasta actos de “agotamiento” del delito, que normalmente tampoco se
sancionan por constituir actos posteriores a la consumación. Esto significa,
entre otras cosas, que se ha transformado en delincuentes, y por tanto seres
susceptibles de persecución policial y judicial, y de encarcelamiento, a
millones de personas que se ubican en uno u otro lugar del “ciclo de la droga”.
Pero
hay más que eso, el modelo penal ha significado que todo el fenómeno social que
hay en torno a la producción, transporte, comercialización y consumo de ciertas
sustancias, se perciba desde el derecho penal. La legislación en estas materias
es legislación penal. En Chile, por ejemplo, la ley número. 20.000, la única en
materia de drogas, conocida precisamente como “Ley de drogas”, es en verdad la
ley “que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. El primer título trata “De los delitos”, el segundo “De las técnicas de investigación”, el tercero “De la competencia del Ministerio Público”, el cuarto “De las faltas” y el quinto “De las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales”. Nada útil en materia de prevención, nada útil en materia de rehabilitación. Sólo existe el mundo del delito.
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. El primer título trata “De los delitos”, el segundo “De las técnicas de investigación”, el tercero “De la competencia del Ministerio Público”, el cuarto “De las faltas” y el quinto “De las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales”. Nada útil en materia de prevención, nada útil en materia de rehabilitación. Sólo existe el mundo del delito.
Y ello no sólo se refiere al marco normativo, también
al institucional. En cada país, y en el ámbito internacional también, se han
creado decenas de instituciones relacionadas con el consumo de sustancias
ilegales que giran en torno al delito. Desde los gobiernos hay comisiones
parlamentarias, del ejecutivo, nacionales e internacionales, unidades
policiales, de aduanas o militares, y por cierto, coincidente con eso, los
recursos fiscales van encaminados también al ámbito penal.
La prohibición en el consumo de sustancias
psicoactivas puede abordarse desde una perspectiva de salud, y centrar las
medidas del Estado en la prevención de dicho consumo y el tratamiento de
quienes presentan adicción o consumo problemático. Es decir, existen múltiples
alternativas no penales para implementar un modelo que busca limitar el consumo
de ciertas sustancias.
6. Construcción interesada
del concepto de “narcotraficante”
Cada vez que me parece pertinente, pregunto si conocen
el nombre de algún narcotraficante
internacionalmente famoso y el de alguna organización criminal dedicada al
narcotráfico también de fama. En Chile, generalmente las respuestas mencionan a
Pablo Escobar, bastante menos menos a Amado Carrillo (o el Señor de los
Cielos), y en cuanto a organizaciones, la mayoría aún recuerda a los “carteles”
colombianos de Cádiz y de Medellín, y más raramente algunos recuerdan
organizaciones mexicanas (Sinaloa,) o centroamericanas (mara Salvatrucha). Lo
cierto es que nadie, ni aún quienes debieran estar entre los especialistas
sobre el tema, suelen recordar a algún norteamericano o a una organización
criminal de ese país. Y resulta que allí está el mayor consumo, la mayor venta,
las mayores utilidades. Y como nadie razonablemente puede suponer que desde Cali,
Medellín, Michoacán o Sinaloa se controle el tráfico en Miami, Nueva York, Los
Ángeles, o Chicago, allí están también los mayores narcotraficantes y las
mayores organizaciones dedicadas a dicha actividad.
Cuenta Luis Astorga, en un conocido trabajo publicado
en 1994, que no obstante que el cultivo de amapolas y la producción de opio y
heroína tiene más de cien años en México, la expresión narcotraficante era
desconocida en ese país. Según este autor la palabra narcotraficante empieza a
circular en los diarios mexicanos hacia finales de la década del 50. Antes de
eso, sembrar, cosechar, procesar, contrabandear marihuana y heroína, lo hacían
personas a las que se asignaban distintos nombres: gomero, bandido,
contrabandista, (etc.). Esas palabras no sólo daban cuenta de la diversidad de
actividades requeridas para la producción de un gramo de heroína o para que la
bolsita de yerba llegara a su destinatario final en los Estados Unidos, sino
que además, no tenían la connotación del término narcotraficante.
Hoy “narco” es la expresión genérica que comprende
todas las funciones que la producción, transporte y comercialización de las
drogas ilegales, aplicable al simple burrero que es frecuentemente detenido,
como al gran empresario de la droga. Construida desde el poder, y en gran
medida por policías, abogados, políticos y académicos, los periodistas se han
dedicado a reproducirla y magnificarla. “En todo caso, lo que sobresale al
hablar de la representación del narco es que en última instancia, se ha
convertido en una suerte de marca, made in América Latina.”([6]).
La identificación cultural del latino como
narcotraficante y el norteamericano como víctima del tráfico no es por cierto casual.
Corresponde una vez más al ejercicio del poder hegemónico en el ámbito cultural,
persigue la desvalorización del latino, facilitando su persecución y por sobre
todo la deslegitimación de su existencia. Al “narco” latino, se le puede
perseguir, torturar, asesinar, encarcelar, sin que ello tenga un costo político
significativo. Después de todo, representan lo peor de la especia humana.
7. Instrumentalización
como herramienta política al servicio de los intereses norteamericanos
«La guerra es la continuación de la política por otros
medios», nos enseñó hace casi doscientos años Carl von Clausewitz, y la “guerra a la droga” no es la excepción. En
verdad ya sea con ese nombre, o simplemente como modelo prohibicionista, se
trata de una política pública desarrollada e impuesta por los norteamericanos,
tanto con fines internos como externos. Como instrumento político ha estado sujeto a los
vaivenes de la política exterior norteamericana. Así, durante la guerra fría
fue un eficaz instrumento para apoyar dictaduras, intervenir militarmente
contra partidos o movimientos de izquierda. Con el término de la guerra fría
alcanzó su mayor nivel, “guerra a la droga”, aportando el “enemigo útil”, que
los servicios de inteligencia requerían para seguir justificando los recursos
humanos y materiales que movilizaban y después del ataque a las Torres Gemelas,
cuando surgió otro “enemigo útil”, el “terrorismo internacional”, perdió fuerza
y se transformó en lo que es hoy, un mecanismo político de segundo nivel en la
lucha por la hegemonía mundial.
Siendo juez y parte, las reglas fijadas para este modelo,
e impuestas al resto del mundo, se ignoran o cambian a conveniencia. Dentro de la política interna, el modelo
prohibicionista ha permitido limitaciones racistas en su política de
inmigración en las primeras décadas del siglo XX, el control y persecución de
la disidencia durante la guerra de Vietnam, e incluso hoy, ejercer un fuerte
control sobre las “razas peligrosas”([7]); pero es en el ámbito de su política externa donde
más Estados Unidos ha procedido a ignorar o cambiar las normas establecidas de
aplicación del modelo. En verdad en el ámbito internacional son decenas de
casos los que dan cuenta de una instrumentalización sin límites del modelo
prohibicionista. Sólo por enunciar los más obvios, podemos recordar su
utilización como mecanismo de presión ilegítimo en sus relaciones con los demás
países, la intervención militar en el extranjero, con la excusa del combate al
narcotráfico, la participación directa en actividades de narcotráfico, o su
apoyo al desarrollo de estas actividades por terceros.
Probablemente el último de los mecanismos de
intervención más explícito lo haya constituído el proceso de certificación. Mediante
éste, y a más tardar el 1 de marzo de cada año, el Presidente de Estados Unidos
enviaba al Congreso, una lista de los países considerados principales productores, o
principales países de tránsito de drogas, en la que se calificaba su grado de
colaboración con Estados
Unidos en el combate contra estas actividades ilícitas. La certificación plena,
significaba que en opinión del gobierno norteamericano, el país en cuestión
había cooperada plenamente con dicha nación. Por el contrario, la descertificación implicaba no haber cumplido los requisitos exigidos por el imperio y las
posibilidades de sanciones económicas y políticas a los países. Con
posterioridad al atentado de las torres gemelas, el “enemigo útil” dejó de ser
el narcotráfico, y es así como el año 2002 se aprobó la ley pública 107 – 228, que
si bien elimina los requerimientos anuales de la certificación, permite que el
presidente discrecionalmente designe y retenga la asistencia a los países que
han fallado demostrablemente en sus esfuerzos para combatir el comercio ilegal
de narcóticos
La intervención militar, en territorio extranjero, con
la excusa del combate al narcotráfico se ha dado en todos los ámbitos
imaginables. Así, en algunos casos ha contado con la anuencia del gobierno
local, como ocurrió en Bolivia o en Colombia, en otros ha sido abiertamente
ilegal, como en el caso del secuestro en México del ginecólogo Humberto Álvarez Machain. Probablemente lo peor ha sido la invasión a
Panamá, en 1989, para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Antonio Noriega.
La operación dejó no menos de 3 mil muertos civiles.
Resultaría larguísimo que hiciéramos un análisis, por
somero que fuera, de las principales veces que Estados Unidos ha entendido que
las normas no se aplican a sus instituciones gubernamentales, por lo que sólo
haremos una breve referencia a los casos más conocidos.
Probablemente Estados Unidos viene apoyando el tráfico
de drogas a través de alguna o algunas de sus agencias desde el momento mismo
en que descubrió que le podía ser útil para intereses políticos definidos como
más relevantes. Existe numerosa
bibliografía sobre el tema, que permite no poner en duda la afirmación. El
principal organismo implicado ha sido, desde sus orígenes, la CIA, con decenas
de casos de tráfico, apoyo al tráfico, o encubrimiento de narcotraficantes. La
multiplicidad de casos y la certeza de ellos permite que “Wikipedia. La
Enciclopedia Libre”, dedique una página especial bajo el título “Implicación de
la CIA en el tráfico de drogas” ([8]). En lo esencial, el apoyo está dirigido a permitir
que lleguen recursos a organizaciones anticomunistas, o directamente a obtener
recursos para entregar a ese tipo de organizaciones.
Richard Davenport-Hinnes, en su historia de la droga
referida a los últimos 500 años, destaca que ya a fines de la década de 1940,
las acciones encubiertas de la CIA provocaron un incremento de los niveles de
tráfico de heroína.
En la década de los años 50 se puede identificar el
apoyo de la CIA a los nacionalistas chinos anticomunistas, organizados en el Kuomintang,
y dirigidos por Chiang Kai–shek, que representaba la única oposición seria a
Mao Zedong en ese momento, para pasar opio de China y Birmania a Bangkok y
Tailandia. El apoyo se hizo proporcionando los aviones de la compañía Air
Americade, empresa de la propia CIA.
“Después la CIA apoyó a la tribu laosiana hmong en su
lucha contra los comunistas cerca de la frontera de Vietnam del Norte. Los
principales ingresos de los hmong provenían del cultivo de opio para fumar; sus
jefes militares expandieron las áreas cultivadas con el pretexto de financiar
actividades anticomunistas. Se ha constatado que la CIA ayudó a transportar
este opio hasta laboratorios situados en el “Triángulo Dorado”, donde
convergían las fronteras de Birmania, laos y Tailandia. Armados con aviones,
helicópteros y lanchas norteamericanas, los hmong comenzaron a introducir
heroína de alta concentración en Vietnam del Sur. Muchos viejos oficiales
militares y políticos de países productores como Tailandia y países
consumidores como Vietnam participaban en el narcotráfico. La CIA protegía el
negocio de la heroína de sus jefes militares aliados en tanto que sus
operativos distribuían la heroína en Vietnam.”([9]).
Michael Levine, ex agente de la DEA y William Blum,
entre otros, han documentado decenas de casos en que la CIA ha estado implicada
en la protección de narcotraficantes. Hoy no existe duda que apoyó en 1980 el golpe
de estado en Bolivia contra el gobierno de Lidia Gueiler, liderado por el
coronel Luis Arce Gómez y apoyado por “Novios de la Muerte”([10]), un grupo de más de 600 paramilitares, adoradores
del nazismo, reclutados por Klaus Altman, en realidad Klaus Barbie([11]), criminal de guerra nazi protegido por la CIA”([12]).
La Cía apoyó también a varios
comandantes rebeldes afganos, cultivadores de opio y traficantes de heroína,
como el líder muyahidín Gulbuddin
Hekmatyar, que luchaba contra el gobierno de Afganistán y las fuerzas de la Unión
Soviética.
Entre 1985 y 1986, el gobierno norteamericano vendió
armas al gobierno iraní cuando este se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak y financió el movimiento conocido como Contra nicaragüense, movimiento armado creado y financiado por
los Estados Unidos para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua. La ayuda a la Contra nicaragüense provenía de tres
fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas, realizado
por la propia CIA.
Sobre
“Drogas y Narcotráfico” en este mismo blog:
·
MARIHUANA.
DERECHO PENAL DEL ENEMIGO (octubre)
[1] Según David Garland, es posible comprender
las características generales de la “cultura del control”, si somos capaces de
describir: 1, la distribución de los elementos, 2. los principios organizadores
que los relacionan, y 3, las líneas de fractura en torno a las cuales se
estructuran los conflictos. “La cultura del control. Crimen y orden social en la
sociedad contemporánea”, Editorial Gedisa, traducción de Máximo Sozzo, primera
edición Barcelo, abril de 2005.
[2] ORGANIZACIÓN
DE ESTADO AMERICANOS, OEA, “Problemas de Droga en América”,
Informe entregado 2013, pág. 41.
[3] CNN México “200 mexicanos murieron por armas de 'Rápido y
furioso': congresista de EU”. Disponible en http://mexico.cnn.com/nacional/2011/10/28/200-mexicanos-murieron-por-armas-de-rapido-y-furioso-congresista-de-eu
(consultada 3.2.2015)
[4] Wikipedia,
Escándalos de ventas de armas en Estados Unidos a
cárteles mexicanos. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalos_de_ventas_de_armas_en_Estados_Unidos_a_c%C3%A1rteles_mexicanos consultada 3.2.2015
[5] U.S. Department of justice. For Immediate
Release, March 1, 2012, Kenneth Magidson, United States Attorney, Contact:
Angela Dodge, Public Affairs Officer, (713) 567-9388
[6] POLIT DUEÑAS, GABRIELA “De cómo leer
el narcotráfico y otras advertencias”, Apuntes de investigación del
CECYP 2014. Año XVII. Nº 24. pp. 177-185, pág. 178 (en cursiva el original)
[7] Hay miles de
ejemplos que lo acreditan, pero basta recordar que aproximdamente el 40% del
total de la población carcelaria es afroamericana, en circunstancias que
representan sólo el 12% de la población nacional.
[8] Wikipedia,
Implicación
de la CIA en el tráfico de drogas, disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n_de_la_CIA_en_el_tr%C3%A1fico_de_drogas (consultada
3.2.2015)
[9] DAVENPORT-HINNES, RICHARD, “La búsqueda
del olvido. Historia global de las drogas, 1500-2000, Fondo de Cultura
Económica, primera edición en castellano, Madrid, septiembre de 2003, pág.
408-409.
[10] “Criminales de guerra nazis, mercenarios provenientes de África,
neofascistas italianos que habían trabajado para la dictadura de Augusto
Pinochet, veteranos de la legión extranjera y ultraderechistas de diversas
procedencias se congregaron en Bolivia a fines de la década de 1970 para apoyar
un golpe de estado que instalaría en el poder a los principales productores de
cocaína del mundo” La Nación, 8 de agosto de 2007) ¿?.
[11] “El Carnicero de Lyon». Como jefe de la Gestapo local, fue acusado de numerosos crímenes, incluyendo la captura de
cuarenta y cuatro niños judíos escondidos en la villa de Izieu, y la tortura y posterior muerte de Jean Moulin, el miembro de la Resistencia francesa de más alto rango jamás atrapado por
los nazis. Sólo en Francia se atribuyen a su
actividad o a la de sus subordinados el envío a campos de concentración de 7.500 personas, 4.432 asesinatos y el arresto y tortura de 14.311
combatientes del Resistencia.(Wikipedia)
[12] LEVINE, M. “La
Gran Mentira Blanca”, en Drogas, Desarrollo y Estado de Derecho, edición a
cargo de L. Pantoja y L. Guridi, Universidad de Deusto, Bilbao 1995., págs. 223-
239.
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