En
los últimos años hemos estado plagados de casos de corrupción en los más
diversos ámbitos y en especial el político. No puede llamar la atención
entonces que muchos sostengan que todo el mundo político está en la misma
situación, que todos son igual de corruptos. “Que se vayan todos” es un grito
que de pronto se ha escuchado en alguna manifestación.
Pero
nada más empezar a indagar sobre el fenómeno, se ve que esa no es la realidad.
Si
bien es cierto que la corrupción es un fenómeno complejo, que se presenta en
diversos escenarios, con múltiples formas y niveles en una sociedad, que sus
causas son claramente multifactoriales, y que hay políticos involucrados de
diferentes partidos, lo también cierto es que cualquiera sea el indicador que
se utilice, (políticos condenados, formalizados, investigados por los
tribunales, montos involucrados, etc.,) lo primero que se descubre, es que los
casos de corrupción no están repartidos proporcionalmente al azar, esto es, hay
sectores políticos en donde dicha conducta es muchísimo más frecuente que en
otros. Y lo segundo, que la derecha, con la UDI a la cabeza, seguida de cerca
por RN y ahora por el Partido Republicano, es lejos, y desde hace ya mucho
tiempo, el sector político con más casos de corrupción.
No
se trata de defender a unos corruptos y condenar a otros. NO, Ni desconocer que
también ha habido corrupción en otros sectores políticos. Todos merecen la
mayor condena. Lo que aquí simplemente queremos abordar es por qué en la élite
política de la derecha se dan los mayores niveles de corrupción conocidos hasta
ahora.
Cathy
Barriga, Virginia Reginato, Daniela Peñaloza, Raúl Torrealba, Rodrigo Delgado,
Felipe Guevara, Miguel Ángel Aguilera, Joaquín Lavín, Luis Hermosilla, Marcela
Cubillos, Andrés Chadwick, Andrea Molina, Angela Vivanco, Daniel Sauer, Felipe
Ward, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Cristián Leay, Pablo Wagner, Jaime Orpis,
Marta Isasi, Karen Rojo, Cristian Labbé, Daniela Peñaloza, Carolina Silva, son
algunos de los políticos de derecha más conocidos e involucrados en casos de
corrupción. Hay decenas más solo en municipios menos relevantes, como Mario Meza,
en Linares, José
Luis Yáñez en
Algarrobo, Nora
Cuevas, en San Bernardo. Fernando Paredes en
Puerto Natales, etc. etc. A ellos podríamos agregar también a los más de 70 involucrados
en el fraude con facturas falsas ligados al caso de la plataforma SocialTazk
que controlaba Joaquín Lavín León.
Algunos
de ellos ya han sido condenados, como Jovino Novoa, Jaime Orpis, Marta Isasi, Karen
Rojo, Felipe Arenas, Iván Moreira, otros están ya formalizados, como Cathy
Barriga, Joaquín Lavín León, Raúl Torrealba, o Mario Meza y los más, siguen
siendo investigados.
Surge
entonces legítimamente la pregunta ¿por qué la dirigencia de la derecha es tan
corrupta?
Entendida
la corrupción como el abuso de poder para obtener beneficios de interés
personal, habitualmente económicos, pero no exclusivamente, cuando se trata de
conductas individuales, éstas se pueden explicar a partir de dos condiciones,
un espacio de poder desde donde actuar, y una voluntad de querer hacerlo. Pero
para entender la situación de la derecha surge un tema adicional y es que para
que muchos, dentro de un mismo sector político y social realicen conductas de
corrupción, no basta con estar en un espacio de poder y “tener ganas de ser
corrupto”, se necesita algo más. Y como la respuesta genética (“nacen corruptos”
diría Lombroso) hoy carece de sentido, la respuesta debemos buscarla en el
entorno social.
El
primer sociólogo que estudió seriamente las conductas delictivas desarrolladas
desde el poder fue el norteamericano E. Sutherland. En 1939 presentó ante la
Asociación Americana de Sociología su artículo titulado “Criminalidad de Cuello
Blanco”, en el que desafiaba la idea, generalizada hasta entonces, de que el
delito estaba asociado prácticamente de manera exclusiva a los sectores más
bajos de la sociedad (criminalidad de “cuello azul”, por los overoles de ese
color que generalmente utilizaban los trabajadores manuales). Diez años más
tarde, el mismo autor, ampliando la información, publicó el libro “Delito de
Cuello Blanco”, consiguiendo verdaderamente revolucionar el mundo de los
estudiosos del delito, al exponer decenas de casos en que personas de alta
posición social cometían delitos en el ejercicio de su profesión o actividad.
Delitos de cuello blanco, delitos económicos, delitos de los poderosos, son
algunos de los nombres con que hoy se conoce este tipo de crímenes. Se trata,
en términos generales, de delitos cometidos desde situaciones de poder, económico
y/o político preferentemente, en el ejercicio mismo de ese poder y vinculados a
temas relacionados mayoritariamente con dineros, es decir, aquellas conductas
que hoy podemos agrupar en la expresión genérica “corrupción”.
Pero
Sutherland no sólo puso de relieve la conducta delictiva de muchos poderosos, también
hizo presente que hay situaciones en que los delitos cometidos desde las
organizaciones pueden ser sistemáticos y permanecer en el tiempo, incluso
después de cambiar todos los mandos de esas organizaciones. Esto significa que
los delitos no son el resultado de individuos inmorales aislados, sino más bien
que forman parte de un patrón de conducta que se perpetúa dentro de la
organización, debido a normas, incentivos y estructuras que facilitan o
permiten este comportamiento. Sutherland fue, en estas materias uno de los
primeros que propuso una comprensión más estructural de cómo las presiones
sociales afectan a las personas. Hoy innumerables teorías sociológicas tratan
de explicar la incidencia del entorno social en las conductas desviadas. Muchas
de ellas, de una u otra manera plantean la idea de una “subcultura”, que en
este caso, es una “subcultura de la corrupción”.
En términos generales una subcultura es
un conjunto de personas, que dentro de una cultura más amplia, mantienen cierta
identidad propia, comparten valores, creencias, comportamientos, intereses o
estilos de vida propios, y a menudo códigos lingüísticos, formas de consumo,
redes cerradas, y estructuras de socialización particulares que los distinguen
del grupo mayoritario.
La
dirigencia política y económica (a menudo se confunden) de la derecha, como
subcultura, se manifiesta de múltiples maneras. Barrios como Vitacura, Lo
Barnechea, las Condes, Colegios como el Grange, el Verbo Divino, Villa María,
SS.CC. de Manquehue, el Colegio Alemán, (Alguien cree que es casualidad que
Kast y Mathei hallan estudiado en el colegio Alemán de Santiago y Kaiser en el
colegio alemán de Temuco) son algunas de las muestras más visibles de la condición
de sector social diferente al resto. A ello podemos agregar una fuerte endogamia
social: los matrimonios, las amistades y las alianzas empresariales se forman
dentro de un círculo restringido. La élite derechista se relaciona, se casa y
hace negocios dentro del mismo círculo. Los apellidos, los contactos familiares
y las redes sociales cerradas, clubes, empresas familiares, fundaciones, funcionan
como filtros de exclusión. La élite derechista consume productos y experiencias
(ropa, arte, viajes, restaurantes) que no son accesibles a la mayoría, marcando
una diferencia, que claramente las distingue del común de los chilenos. En síntesis,
en una sociedad fuertemente segmentada, como la nuestra, ellos constituyen un
sub grupo social, económico y cultural, una subcultura en términos
sociológicos.
Pero
no se trata de una subcultura cualquiera, es una subcultura de la corrupción.
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Estar
situado en un espacio de poder constituye un requisito esencial para realizar
actos de corrupción. El otorgar conocimiento privilegiado, y/o control y
autoridad sobre decisiones, y/o la capacidad de influir en ellas, afectando
recursos y personas, en definitiva ejerciendo un espacio de poder, es no sólo
tierra fértil para la corrupción, sino un requisito esencial para que ella se
produzca.
Respecto
de este primer requisito, no resulta difícil comprender que la derecha, tienen
“ventajas comparativas” al respecto. Más allá de quien esté en el gobierno, la
derecha sigue controlando los mayores espacios de poder en nuestro país. En
primer lugar, y el más importante pues desde aquí se logra controlar muchos
otros, el poder económico, en prácticamente todas sus áreas, pero además, el
mundo militar y policial, el poder judicial, los municipios más ricos, las
universidades privadas y muy especialmente los medios de comunicación.
Pero
como hemos señalado, es necesario algo más.
Recordemos,
para empezar que los dos partidos históricos de la derecha surgen desde la
corrupción misma, durante el gobierno del dictador, genocida y ladrón Augusto
Pinochet, para defender dicha dictadura, (ambos partidos, en el plebiscito del 5
de octubre de 1988, apoyaron la opción "Sí", es decir, que Pinochet
siguiera asesinando y robando desde el poder por 8 años más), de la que muchos
de sus fundadores fueron activos integrantes. No olvidemos que es durante esta
dictadura que la corrupción alcanzó los mayores niveles de la historia en
nuestro país. Sólo el propio dictador se robó más de 16 millones de dólares
según lo ha dictaminado la justicia recientemente.
La
UDI surge desde el llamado “movimiento gremialista”, cuyos máximos dirigentes
estuvieron involucrados ya en la estafa que significó la “Cooperativa de
Ahorro, Crédito y Servicios Financieros "La Familia" Ltda.”, en los
años 1976 y 1977 y que significó la condena de varios en 1982.
Renovación Nacional surge de la fusión
del Movimiento Unión Nacional, liderado por Andrés Allamand, el Frente Nacional
del Trabajo, vinculado a Sergio Onofre Jarpa, ministro del interior del
dictador y responsable directo de centenares de muertos en las protestas, el Partido
Nacional Renovado, y otros grupos menores.
Pero
recordemos también que no sólo surgen para apoyar a un gobierno corrupto del
que formaban parte. Hasta hoy, sus principales exponentes en este momento, Matthey,
Kast y Kaiser, siguen defendiendo el gobierno más criminal, corrupto y asesino
que ha conocido nuestra historia.
Sin
embargo el elemento que mejor ayuda a explicar una subcultura de la corrupción
probablemente sea el mantenimiento de forma sostenida en el tiempo, de una
ética carente de principios, que hace de la corrupción una práctica más, que en
algunos casos se esconde, en otros se apoya y en algunos se condena de los
dientes para afuera.
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Tener
principios morales significa adherirse a un conjunto de normas y valores que
guían el comportamiento de una persona, que funcionan como una verdadera
“brújula” interna que lo orienta ayudándolo a diferenciar entre lo que
considera correcto e incorrecto, justo e injusto. En resumen, tener principios es
actuar de acuerdo con un conjunto de valores que guían el comportamiento hacia
lo que se percibe como correcto, promoviendo el bienestar propio y el de los
demás. Se tiene principios no cuando en el discurso público se anuncian, sino
cuando éstos orientan las decisiones y las acciones en la vida diaria, cuando
existe una consecuencia entre el decir y el actuar.
Con
la élite derechista pasa todo lo contrario. Por un lado presentan un discurso
valórico muy rígido, en algunas materias con apego irrestricto al discurso
católico conservador, en materia de corrupción a veces con un discurso vociferante,
pero un gran número de sus más altos dirigentes hacen exactamente lo contrario,
y ello con la condescendencia de sus organizaciones.
Sabido
es que en materia sexual y matrimonial su discurso suele ser de una pacatería
propia de Edad Media, pero defendieron a pedófilos como Paul Shafer, Karadima o
Macaya. Marcela Cubillos, como muchos de su sector votó en contra del divorcio,
pero nada más aprobada la ley, se divorció para casarse con Andrés Allamand. Kathy
Barriga, alcaldesa de la UDI, el partido más conservador en su discurso
moralizante, terminó haciendo pornografía y vendiéndola.
Jovino
Novoa condenado como delincuente a una pena remitida de 3 años el 2015,
continuó en el partido hasta su muerte, seis años después, el 2021.
Joaquín
Lavin Infante reconoció en un programa de televisión haber lucrado con su
inversión en la Universidad Del Desarrollo, lo que era, y es, absolutamente
ilegal, pues por ley las universidades no pueden tener fines de lucro, y sin
embargo siguió siendo militante de la UDi sin problema alguno por sus declaraciones.
Un
caso paradigmático de este doble discurso es el caso del diputado Marcelo
Ojeda, diputado del Partido Republicano, cuyo encendido discurso anticorrupción
en el parlamento sigue circulando en las redes sociales. Hoy está preso por fraude
al Fisco reiterado y fraude frustrado y la Fiscalía pide una condena a 19 años.
En
donde sin embargo el cinismo, el doble estándar y la falta de principios
alcanza niveles inconmensurables es en materia económica.
Toda
la derecha dice defender el libre mercado, pero defendieron y representan a
aquellos empresarios que no tuvieron escrúpulos para robar a todos los chilenos
con la colusión de los pollos y del papel tisú (papel higiénico, servilletas,
toallas de papel, pañuelos desechables, a los enfermos con la colusión de las
farmacias, a los compradores de autos con la colusión de las navieras que los traían,
a los jugadores con la colusión de los casinos, o a las empresas naviera
comprando parlamentarios que aprueban leyes cuyos textos son redactados por las
mismas navieras que se benefician con ellos. (Hoy deberíamos hablar del “
Tren de los Pollos” o el “Tren de las Farmacias”, aunque el daño económico causado
a los chilenos por estos delincuentes es mayor, en monto y número de personas
afectadas, que el ocasionando por los otros delincuentes a quienes si llamamos “Tren
de Aragua”).
La
corrupción en la derecha no es por cierto un tema individual, y no comprende
sectores aislados de las esferas de poder en el país. El caso Hermosilla por
ejemplo, permitió develar una compleja telaraña, en la que las redes de
corrupción comprendían, entre otros a abogados, (Luis Hermosilla, María Leonarda
Villalobos), empresarios (Daniel Sauer), políticos (Andrés Chadwick, Marcela Cubillos),
fiscales del Ministerio Público (Manuel Guerra), Ministros de Corte Suprema (Ángela
Vivanco), Director General de la PDI (Sergio Muñoz Yáñez), y con la Escuela de
Derecho de la Universidad San Sebastián como caja pagadora de favores políticos,
financiada entre un 57 y un 60% con recursos públicos, (Aporte Fiscal Directo
AFD, Aporte Fiscal Indirecto, AFI, fondos de gratuidad, becas, etc.), es decir
de todos los chilenos.
Pero
no sólo eso, incluso premian a los corruptos, conociéndose públicamente que son
corruptos.
La
médico María Luisa Cordero, cuya concepción política es pre revolución
francesa, pre democracia, en donde el voto de las personas vale lo mismo para
todos, (el voto de ella debiera valer 10 veces el de nana, dice ella ) fue
sorprendida por un equipo de televisión vendiendo licencias, sin que existiera enfermedad,
y luego fue premiada por la derecha con una candidatura a diputada, que le
permite hoy ocupar un escaño como parlamentaria de la nación. Y no olvidemos que
cuando estalló el escándalo de los viajes al extranjero estando con licencia
médica, destapado por la Contraloría, salieron rasgando vestiduras y desprestigiando
-una vez más- a todos los funcionarios públicos.
Hace
unas semanas José Antonio Kast presentó con mucho orgullo a su “coordinador de
toda la propuesta económica”, el “destacado economista” Jorge Quirós, quien fue
la persona que diseñó el modelo económico que permitió que las principales
empresas avícolas se repartieran el mercado mediante cuotas de producción, la
colusión de los pollos, coordinador de
la colusión de los pollos, y más tarde el que defendiera a SalcoBrand, negando la
colusión de las farmacias.
Como
alcaldesa de Providencia, Matthey contrató a Manuel Guerra como “asesor de
probidad” en la municipalidad, más tarde lo hizo Rodolfo Carter en la
municipalidad de La Florida, para ejercer el rol de "defensor de la
gente", hoy implicado en el caso Hermosilla.
Matthei
contempla en su equipo de “expertos en seguridad” a Christian Alveal, ex
funcionario de gendarmería, condenado por acoso laboral en 2023, y sancionado
por la Contraloría por dejar sin efecto un sumario que lo involucraba a el
mismo, por pago de doble remuneración.
Pues
bien, no puede extrañar entonces que una historia de corrupción, y una práctica
que lejos de condenarla, (más allá de los discursos), terminan minimizándola, o
aún premiándola, generan una subcultura en que el soborno, el cohecho y en
general la corrupción, se presentan como una realidad cotidiana, que no merece
sanción social alguna entre los pares, o cuando estalla por la prensa, muy baja,
(¿clases de ética?) pues al tener capturada buena parte de la institucionalidad,
y ser dueños de los medios de comunicación, la impunidad es la regla.
Edwin Sutherland, el mismo autor que
citamos al comienzo, plantea, en su teoría de la asociación diferencial, que el
comportamiento delictivo se adquiere mediante contacto frecuente con personas
que aprueban o practican el delito. Tal vez sea tiempo de tenerlo presente para
entender la corrupción en la derecha.
Fernando
García Díaz
Julio
de 2025
