En
1970, el economista y escritor brasileño Pedro Vianna y luego de ser detenido
por la policía, logra escapar de la dictadura militar, que desde 1964 había
instalado un régimen de terror en ese país. Asilado en la embajada de Chile,
llega a nuestro país a fines de ese año y al poco tiempo colabora en la puesta
en escena de su obra de teatro “Veinticinco años después”, que trata de
cuestiones éticas relacionadas con el compromiso político, la tortura y la
dignidad humana. El nombre de la obra, hace referencia al hecho que,
“veinticinco años después” de terminado el régimen nazi con el fin de la
Segunda Guerra Mundial, se continuaban cometiendo horrores similares, ésta vez
por la dictadura cívico militar que gobernaba su país. Con su obra, Pedro no
sólo denunciaba lo que ocurría en ese momento en Brasil, sino que nos adelantaba
los horrores de la dictadura posterior que sufrimos en Chile y de la que él
también fue una víctima. (Fue detenido el
mismo 11 de septiembre de 1973, y en el Estadio Nacional, en donde estuvimos, y
fuimos interrogados, nos comentó de la presencia de torturadores de su país
“asesorando” a los torturadores del nuestro).
Para
quienes vimos la obra, y compartimos con él, y con otros torturados en Brasil,
nos resultaba, en ese entonces, absolutamente incomprensible el grado de
bestialidad que podían alcanzar algunos seres humanos. Más aún, el título de la
obra nos llevaba a preguntarnos si el tiempo no habías pasado en vano. El tiempo transcurrido y el conocimiento del horror no habían sido suficientes para impedir que éste volviera
a repetirse.
Veintinueve
años después que terminara el horror de la dictadura chilena, nos encontramos
con que este vuelve a estar presente, esta vez en “democracia”.
El
Instituto de Derecho Humanos primero, Amnistía Internacional (AI), luego, y recientemente
Human Rights Watch (HRW) han
ratificado lo que todo el planeta ha podido apreciar desde hace más de 5
semanas. En nuestro país, agentes del Estado, golpean, mutilan, torturan,
violan a hombres, mujeres y niños. Los informes son lapidarios, y más allá de
detalles diferentes no dejan ninguna duda sobre el tema.
Y mientras
tanto, y durante semanas, un gobierno ineficiente guardaba silencio, negaba lo
evidente, o simplemente se limitaba a repetir palabras de buena crianza, con la
obvia intención de aparentar preocupación, cuando en verdad nada hacía. Y más
aún, hasta pedía ampliar las facultades para los mismos responsables de dichas
violaciones.
La responsabilidad política de este gobierno es
obvia. Pero no sólo eso, la responsabilidad penal merece claramente
investigarse. El artículo 150 A, del Código Penal, tratando la tortura, da
cuenta del principio general en estas materias. Allí se dice “El
empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare
o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su
grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de
la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación
de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en
posición para hacerlo”. Es decir, la responsabilidad penal en el delito de
tortura es por acción, “aplicar, ordenar o consentir”, pero también por
omisión, pues alcanza al que pudiendo impedirla, porque conoce y teniendo
autoridad necesaria no lo hace.
Sólo
un ejemplo, recién después de más de 4 semanas de uso, y más de 200 personas
lesionadas en su vista, una de ellas totalmente ciega, se ha limitado el uso de
balines de plomo, forrados en goma. ¿La autoridad política no lo podía haber
hecho antes? ¿No sabía acaso lo que estaba pasando bajo sus narices? ¿O es que Carabineros
se manda sólo? Sin duda estamos ante un gobierno criminal, cuyo Presidente
merece no sólo una acusación constitucional, sino ser llevado a juicio por una
conducta criminal.
En
todo caso, la historia al menos, ya lo condenó.
